Chilpancingo, Gro. Los 71 habitantes de diversos municipios de la Sierra de Guerrero –entre campesinos y autotransportistas– abandonaron el penal de Chilpancingo después de la una de la madrugada de este sábado, luego de pagar una fianza de 20 mil 895 pesos cada uno, un total de un millón 461 mil pesos, informó Arturo López Torres, comisario de la comunidad Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo.

Los liberados abandonaron la prisión en grupos de 10 a partir de la 1:15 bajo la supervisión de un equipo encabezado por Ramón Navarrete Magdaleno, titular de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), que dio cuenta del estado físico y mental de los liberados.

Patrullas de la policía estatal escoltaron los vehículos en que los recién liberados fueron trasladados hasta el poblado Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y posteriormente harían lo propio los elementos de la Policía Federal (PF) hasta el poblado de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo.

El jueves 28 de abril por la noche, efectivos de la PF desalojaron de la Autopista del Sol México-Acapulco, a cientos de habitantes provenientes de los municipios serranos de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Chilpancingo, y detuvieron a 73 personas –dos fueron liberadas anteriormente–, bajo la causa penal 20/16 por los delitos de terrorismo, portación ilegal de armas, daños a terceros, posesión de enervantes y ataques a las vías generales de comunicación.

Pese a que la juez primero de distrito Estela Platero Salado, decretó la libertad bajo fianza de los 71 campesinos y transportistas y determinó retirar cuatro de los cinco delitos que se les imputaban, la juez Dolores Guzmán Ballina, del Juzgado Primero de Distrito, les decretó auto de formal prisión por el delito de ataque a las vías generales de comunicación.

En entrevista el comisario Arturo López Torres explicó que el juez resolvió fijar una fianza “el proceso sigue, ellos salen bajo caución, pagamos la fianza, por eso salen. El dinero se recabó entre vecinos de unas 80 comunidades y diversas organizaciones sociales y de transportistas, nos tocó una aportación cercana de 18 mil pesos por cada pueblo u organización”.

Manifestó que los hoy liberados “tendrán que venir a firmar cada semana a Chilpancingo mientras concluye el proceso”.

También dijo que los pueblos de la sierra sí aceptaron el apoyo jurídico que les propuso el gobernador Héctor Astudillo Flores “lo que sucedió es que se distorsionaron los hechos. Se aceptó la ayuda del gobierno estatal a través de un equipo de abogados, lo mismo que de la Coddehum, que estuvieron acompañándonos en todo el proceso. Lo que pasó es que tuvimos que contratar un abogado, porque el juicio va a continuar, porque los compañeros salieron bajo caución”.

De manera escueta, María Eugenia Salgado Guzmán, expresó con relación al paradero de su hermano Servando que “todavía se desconoce, posteriormente haremos una declaración al respecto”.

Fuente: La Jornada

Autor: Sergio Ocampo Arista

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