Uno a uno, las y los mexicalenses se subieron al templete para compartir sus inconformidades relacionadas a las decisiones realizadas por la administración estatal actual, concluyendo que, estas en lugar de ver por la ciudadanía, terminan afectado directamente a la población, más con los cobros.

También, hicieron referencia a las manifestaciones realizadas en el año 2017 en la administración de Francisco Vega de LaMadrid, argumentando que, esta lucha ya se había hecho en aquella ocasión y que lamentablemente, al paso de los años, los gobiernos no aprenden y siguen tratando de dañar al pueblo con sus cobros, además de reiteran en varias ocasiones que, con la presencia de personajes que fueron panistas dentro del gobierno actual, es prácticamente una calca la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la del ex gobernador blanquiazul.

El profesor Ignacio Gastelum Ruíz quien es integrante de las resistencias unidas, señaló que, a pesar de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció el pasado sábado que se aplicará un 80% de descuento al cobro del reemplacamiento, siguen en contra de que se aplique y buscarán a toda costa que el propio gobierno del estado retire la obligatoriedad del mismo.

“Es agravio más a la gente (el anuncio del descuento), se pusieron los cerebros del gobierno del estado a buscar la forma para desactivar esta manifestación, esa era la intención, entonces son llamados a decir, ya los vimos, están presentes, ya no sigan manifestándose”.

Informó que, se está organizando otra manifestación más grande para volver a presentar su rechazo sobre este cobro para el próximo viernes 17 de enero, misma que se llevará a cabo en la plaza de los tres poderes en Centro Cívico y posteriormente, se trasladarían a las oficinas de subrecaudación de rentas; sin embargo, comentó que, hasta el momento, todavía no es tiempo de tomar las instalaciones estatales.

“No hemos recibido nada, ni un mensaje, ni anónimo, ni llamadas; nada”, agregó su hijo.

Señaló que entre las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado se encuentran las personas que fueron desalojadas por invadir, a quienes no han localizado.

“Para nosotros es nuestra sospecha por el terreno, pero no ubicamos a las personas que son. No han dicho quiénes son ni nada los vecinos, ellos deben saber, pero a lo mejor por miedo a que haya represalias con ellos por parte de estas personas, no nos han dicho nada”, comentó.

Asimismo, respecto a las cámaras de seguridad de los vecinos, no han obtenido información relevante, más que el hecho de que algunas no se encontraban grabando. Sin embargo, han acudido a la FGE todos los días tras la desaparición de su madre.

“Es un gran vacío, es un pilar de la casa, ella es un gran pilar de la casa y hace falta. Estamos desesperados por no saber su paradero, a más no poder”, compartió Oscar Guadalupe Martínez, hijo mayor de la señora Blanca Patricia Martínez.

Recalcó que hasta ahora han considerado que las autoridades investigadoras se han portado a la altura del caso, por lo que tienen la esperanza de pronto tener resultados. Además, se han llevado a cabo acciones como la pega de volantes en múltiples colonias de Tijuana, así como el movimiento a través de internet.

“Tenemos toda la fe de que hoy tendremos alguna noticia de ella, ya sea por nuestra parte o por parte de la fiscalía. Espero en Dios que hoy tengamos una buena noticia y saber de su paradero”, dijo.

La búsqueda de campo, que estaba agendada para las 9:00 a.m., inició hasta las 10:30 a.m. debido a la espera del resguardo de la Guardia Nacional, el cual fue solicitado, pero la corporación no llegó.

Guiados y acompañados por los colectivos “Dando Luz y Esperanza Para Que Regresen a Casa” y “Nos Falta Liz Puga y Nos Faltan Todos”, iniciaron la búsqueda de Blanca, según informó Karen García, líder del colectivo. Terrazas de La Presa es una zona de alta incidencia de riesgo para brigadas, por lo que dio indicaciones para evitar correr peligro.

“A la ciudadanía, que se tienten el corazón y nos digan si saben algo, cualquier cosa puede ayudar”, añadió su hijo Alan.

La media filiación de Blanca es la siguiente: estatura 1.60 metros, tez blanca, peso 85 kilogramos, cabello rubio corto, frente regular, ojos claros medianos, boca pequeña, nariz pequeña y ancha. El día de su desaparición, vestía pantalón negro, saco café y tenis blancos.

A quien cuente con información que pueda apoyar en la localización de su paradero, se le invita a comunicarse al número en Tijuana (664) 683-9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.

En agosto de ese año lo detuvieron por otros delitos; no tenían elementos suficientes en el caso del periodista, buscaban declaraciones entre testigos amenazados, pero 29 meses más tarde, siguen sin reunir los elementos necesarios para imputarlo. Técnicamente la carpeta del asesinato de Margarito no ha registrado movimientos.

Caso similar el de Lourdes Maldonado, también asesinada por sicarios de la célula del Cabo 20, de acuerdo a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un homicidio a sueldo, y como parte de las líneas de investigación, no descartan llamar a declarar al ex gobernador y entonces senador, Jaime Bonilla, porque la reportera se había presentado en una de las conferencias mañaneras del entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pedir apoyo y decirle que temía por su vida como resultado del juicio laboral que estaba llevando con una televisora propiedad de Bonilla. Pleito que la periodista había ganado días antes de su asesinato. Maldonado también había señalado al ex gobernador de cometer irregularidades financieras y fiscales en sus empresas.

“No va a haber ninguna consideración en esta investigación hacia nadie, nada más en la espera de los tiempos legales y va a ser citado a comparecer quien tenga que ser citado”, expresaría en junio de 2024 la fiscal Andrade, cuestionada respecto al crimen de Maldonado.

El 12 de septiembre de ese año, Bonilla fue citado a declarar en la FGE, pero sólo compareció por permitir la firma del contrato de la planta fotovoltaica Next Energy sin tener facultades y atribuciones. Pero de la muerte de Lourdes Maldonado, casi tres años después, todavía nada.

La noche del 29 de diciembre, la FGE inició una nueva carpeta que apunta a la impunidad en tema de autores intelectuales y materiales. Lo hicieron después que delincuentes colgaran una manta en la colonia Libertad de Tijuana, cuyo mensaje contiene una ambigua y extraña amenaza a delincuentes del Cártel de Sinaloa, en la que mencionan “periódicos” y a ZETA, lo que sucedió posterior a que este Semanario publicara dos trabajos periodísticos informando que las autoridades -FESC o Secretaría de la Defensa Nacional- habrían dejado escapar a Pablo Huerta alias El Flaquito, quien de acuerdo a las autoridades, protagoniza una pugna interna con su otro cómplice, Brayan Corona alias El Apache, y se identifica por nombre a operadores criminales -antes desconocidos- de ambas células.

La FGE inició la carpeta por “terrorismo y lo que resulte, contra quien resulte” y le envió un desglose a la Fiscalía General de la República, ya que la fiscal María Elena Andrade aseguró que era un tema federal, como deslindándose de su obligación constitucional de investigar las amenazas, pero no pudo. La indagatoria de la delegación de la FGR es diferente, por “asociación delictuosa”, con la finalidad de identificar a la agrupación criminal y los delitos federales que cometen, mientras dieron vista a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

A la fecha, se sabe que únicamente la FGR solicitó y obtuvo algunos informes de autoridades y videos relacionados con la manta, sin mayores resultados. Del resto, nada.

Infortunadamente, tratándose de ataques contra periodistas en Baja California, la impunidad no es novedad.

Sólo en el caso de ZETA, el autor material del homicidio de Héctor Félix, cometido en 1988 por escoltas del dueño del Hipódromo Caliente, Jorge Hank Rhon, no ha sido investigado; no hay nadie preso por el atentado armado contra Jesús Blancornelas (1997) en el que murió su escolta, y tampoco hay detenidos por el asesinato del editor general Francisco Ortiz en 2004.

Además de las muertes de Martínez y Maldonado, durante los gobiernos morenistas de Jaime Bonilla y Marina Ávila, en BC, “funcionarios públicos, escoltas, elementos de seguridad, manifestantes y particulares no identificados” han agredido o amenazado a diversos periodistas verbal y físicamente. Difamaciones, hasta un carro quemado, sin que los presuntos responsables fueran detenidos y procesados.

La cruda realidad es que las denuncias, los análisis de riesgo, botones de pánico y patrullajes ofrecidos por el Mecanismo de Protección de Periodistas, el cual tenía Lourdes Maldonado, no salvaguardaron su vida y no resguardan la seguridad de ningún reportero.

Las amenazas a la vida y seguridad de los periodistas sólo pueden ser neutralizadas por una presidenta y una gobernadora que de verdad combatan la impunidad y presionen a sus fiscalías a dar resultados tangibles, que investiguen, identifiquen, procesen y apresen a los autores materiales y a los intelectuales, para que no sigan ordenando y ejecutando ataques.

El 4 de noviembre, cansados por la precaria situación que enfrentan que no ha mejorado a pesar de diversas manifestaciones y promesas, los trabajadores de este nuevo esquema salieron a las calles a protestar de nuevo.

Bloquearon el Puente Mano Amiga en la colonia 8 de octubre, lo que generó que las autoridades estatales convocaran a una reunión para atender la problemática una vez más.

De acuerdo con Marlene Cota, en este encuentro los representantes estatales de IMSS-Bienestar se comprometieron a atender el rol equitativo de traslados, así como pendientes en pagos en horas extras y festivos.

“Seguimos en las mismas; el personal de coordinación está de vacaciones y no hay nadie que resuelva nada. Esta coordinación carece de voluntad, se vuelve todo mera simulación”, comentó.

“Tenemos una minuta firmada, pero de ahí nada se ha cumplido a pesar de los acuerdos; la última reunión fue el 9 de diciembre”, agregó.

Recientemente se manifestaron de nuevo en instalaciones del hospital Juan María de Salvatierra en la ciudad de La Paz, esto por la falta de pago en bonos navideños y otras prestaciones, los cuales, según la secretaria, ya fueron cubiertos por las autoridades.

Sin embargo, los trabajadores enfatizan que la precariedad sigue siendo la constante cuando se habla de IMSS-Bienestar.

Anteriormente, el coordinador estatal del OPD, Bogdan Arriaga, declaró que esperaban que la situación se regularizara con el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el recurso de IMSS-Bienestar depende totalmente de la federación.

Cabe recordar que son más de 400 trabajadores en Baja California Sur que fueron contratados bajo este nuevo esquema de servicio de salud, promovido durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un comunicado las autoridades señalaron que un total de 191 policías de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal (DSCTM) serán enviados al cumplimiento de la Evaluación de Control de Confianza (C3) ante la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo relevados por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), y con el apoyo de personal del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional (GN).

“Esto responde a las políticas públicas de seguridad federal, así como de la preocupación de nuestra Gobernadora, en razón de que todas las corporaciones de policías deban de cumplir con sus exámenes de control de confianza”, señaló el titular de la SSCBC, General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.

Según el comunicado, el alcalde de Tecate, Román Cota, mencionó que dicha estrategia es parte de lo acordado durante la firma de convenio del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, el cual presidió la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el pasado mes de diciembre del año 2024.

De manera extraoficial, se informó que se realizarán exámenes de confianza a 70 policías municipales.

“40 el día de hoy y 35 el próximo jueves”, detalló una fuente.

Los agentes están siendo trasladados a la ciudad de Tijuana en dos unidades de transporte de la empresa ABC.

“A partir de este momento, ningún policía municipal está activo”, agregó una fuente cercana a la investigación.

Las oficinas donde despacha la directora de la Policía, Marina Calderón, están resguardadas por agentes de la FESC, Guardia Nacional y Ejército; así como también el Palacio Municipal del llamado Pueblo Mágico.

Germán Rubio Gaxiola, fue ultimado a balazos a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Los Gavilnes.

Se desconocen detalles de los presuntos responsables que escaparon a gran velocidad y sin que testigos pudieran referir muchos datos sobre el crimen.

La víctima fue trasladada a un centro de salud de dicha comunidad, pero debido a las heridas requirió un traslado a la ciudad de Mexicali. Sin embargo, las largas distancias jugaron en su contra y la víctima falleció.

El oficial fallecido fue expuesto hace años como un presunto operador del conocido Cártel del Mar, dirigido en ese entonces por Óscar Parra Aispuro, alias el Tekolin o el Parra, agrupación que – presuntamente- se dedicaba a la pesca y venta de totoaba, un pez de gran valor en el mercado chino.

Dentro de las últimas semanas se han dado múltiples asesinatos en la comunidad portuaria, donde destacan los hijos del ex delegado de San Felipe Andrés Mandujano.

Horas más tarde, a las 17:06 horas del mismo jueves, se reportó vía central de radio que un hombre había sido lesionado por proyectil de arma de fuego, en la calle Circunvalación número 10 del fraccionamiento La Sierra.

Al lugar se trasladaron oficiales de la Policía Municipal quienes encontraron en el suelo a un hombre de entre 50 y 55 años con lesiones de bala en la cabeza.

La víctima era de tez blanca, cabello corto canoso, de complexión robusta y 1.70 metros de estatura; y estaba vestido con camisa a cuadros color rosa, pantalón de mezclilla azul y botas de color negro.

Los elementos municipales solicitaron la ayuda de la Cruz Roja, pero los paramédicos de la unidad indicaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con testigos, los presuntos responsables iban a bordo de un vehículo tipo sedan de color blanco desde el que arrojaron el cuerpo del hombre, para inmediatamente después darse a la fuga.

La tercera víctima, de quien se desconoce identidad, sexo y edad, también fue calcinada. A las 02:56 horas de la madrugada de este 3 de enero, a través de un reporte al 911, se informó que sobre la calle Real de las Lomas de la colonia Real de San Francisco, se encontraba el cuerpo abandonado.

No se informó de personas detenidas en ninguno de estos hechos.

En lo que va de 2025 Tijuana ya suma cinco víctimas de homicidio doloso.

La manta de hecho, dejada en la zona de influencia criminal de Corona, refierer al final que “Tijuana para los Tijuanenses” y es firmada por “Atte: La FEA”, lo que presumen puede identificarse como “fuerzas armadas del Apache”, aunque a los investigadores les surge la duda del gentilicio de tijuanense, dado que Brayan Corona es norteamericano, ciertamente residente y persona de interés en Tijuana debido a su actividad criminal.

A la letra, el mensaje escrito en una manta con tinta negra, dice así:

“Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido ni podrán X (dos flechas entrecurazadas) 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA”.

En la última edición de ZETA, la que está en circulación a partir del viernes 27 de diciembre de 2024, en el reportaje de portada titulado “Pagó 300 mil dólares por huir” y es ilustrado con una fotografía de Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, se publican entre otros temas, dos premisas que surgieron a partir de investigaciones de inteligencia oficiales: la probable reunión del Flaquito, miembro aun del cártel Arellano Félix, en un casino propiedad de Jorge Hank Rhon con algún miembro de la célula de los hermanos Zambada, del cártel de Sinaloa, y la pugna interna que sostienen en el CAF, la célula de Brayan Corona, con la de Huerta Nuño, de la cual ha habido resultados fatales, y que “se ha recrudecido en el último semestre del 2024, han destacado las muertes o ataques armados en contra de algunos comerciantes, casa-cambistas, así como hombres y mujeres en la delegación La Mesa, y las colonias Libertad, Postal, Independencia, Gabilondo, Chapultepec y Playas en Tijuana, quienes ha resultados ser integrantes de ambas células criminales de diferentes niveles”.

El mensaje criminal, en el cual es mencionado el Semanario ZETA, está siendo investigado por autoridades locales, estatales, federales y extranjeras, algunas de las cuales tienen un lugar en la mesa de seguridad de Baja California, que, oficialmente, encabeza la gobernadora, Marina Ávila Olmeda.