La cruenta guerra criminal que sostienen los grupos del Cártel de Sinaloa en Culiacán, con Los Mayos indignados porque Los Chapos entregaron a las autoridades de Estados Unidos a su padre, suma cientos de asesinatos y desapariciones, y ha comenzado a expandirse a otros estados, entre éstos Baja California.
En el Valle de Mexicali, como se consigna en un reportaje publicado en esta edición de ZETA, Los Chapitos han logrado lo que por muchos años intentaron: asentarse en esa zona limítrofe con el Estado de Sonora, para desde ahí controlar la criminalidad en el Noroeste de México. Como puede resultar evidente, no lo hicieron por las buenas, dejando muchos muertos en el camino y una estela de sangre y casquillos a su paso.
En tres años de gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha logrado ni combatir la inseguridad, ni disminuir los índices de violencia en la entidad. En unos días tomará posesión del cargo su tercer secretario de Seguridad, otro General del Ejército Mexicano comisionado a la zona.
El primero fue el General Gilberto Landeros, quien no logró coordinarse con la Fiscalía General del Estado y fue cambiado ante la falta de resultados, debido a esa descoordinación. El segundo fue el General Leopoldo Aguilar Durán, quien logró enemistarse con mandos municipales, tomar policías en los ayuntamientos y relevarlos de sus funciones para investigarlos, pero tampoco consiguió la depuración ni la baja en los índices delictivos en el Estado.
El tercero en el cargo llegará los primeros días de febrero: General Laureano Carrillo Rodríguez, pero no con buenos antecedentes, al menos no de resultados; su última encomienda previa a la bajacaliforniana, fue en Celaya, Guanajuato, ciudad tan insegura que le ha quitado a Tijuana los primeros sitios entre las más violentas del país. Sin embargo, el Ejército, que no la gobernadora, le ha confiado otra de las zonas más golpeadas por la criminalidad organizada, Baja California.
Aparte de a punta de balazos, amenazas y sangre, asentarse Los Chapitos en el Valle de Mexicali para desde ahí dirigir su ilícito negocio hacia el resto de BC, el Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene una extensa guerra contra Sinaloa en otros tres municipios: Tecate, Ensenada y Tijuana.
En el exceso del terror que les da la impunidad, el domingo 26 de enero, los del CJNG secuestraron a un comerciante de alimentos de Tecate. A las horas abandonaron su cuerpo cercenado en una zona agreste de ese municipio, y después, su cabeza fue dejada en una hielera en otro municipio, en Ensenada. En ambos casos, con mensajes amenazantes del CJNG hacia elementos del CDS, y en medio, policías coludidos con estos últimos.
A esta guerra insana entre cárteles se suma el hecho que las policías municipales de Baja California no han sido debidamente acreditadas en los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza, lo cual es evidente con el señalamiento de policías de cómplices de células del narcotráfico, o con la aprehensión de elementos en la comisión de delitos que deberían impedir, o por los resultados de los exámenes, como el caso de Tecate, donde prácticamente el 50 por ciento de la corporación no los aprobó.
Baja California está siendo tomada por los cárteles y los crímenes ya están afectando a ciudadanos que nada tienen que ver ni están relacionados con los mismos o con sus células delincuenciales. Un investigador explicó a ZETA sobre el caso del secuestrado y asesinado en Tecate, que la hipótesis de que los privan de la libertad porque están involucrados en el negocio ilícito, en esta ocasión no tenía cabida, dado que el hombre era una persona honesta, trabajadora y dedicada a la venta de marisco, pero sospechaban que algunos de sus clientes pertenecen al Cártel de Sinaloa, lo cual fue percibido por los criminales Jalisco y arremetieron contra un inocente.
A pesar de aparatosos retenes de los tres órdenes de gobierno, los cárteles de la droga en Baja California tienen libre tránsito entre un municipio y otro. Ahí está el caso del domingo 26 de enero, cuando asesinaron al restaurantero en Tecate, tiraron su cuerpo cercenado, pero la cabeza la trasladaron en vehículos por 106 kilómetros, atravesando incluso la Ruta del Vino, para ir a dejarla al puerto de Ensenada. Esto resulta en una bomba que en cualquier momento estallará, como ha sucedido en Sinaloa, ante la colusión de gobiernos locales, de la mano del nacional, con las estructuras del tráfico de drogas.
Según números oficiales, el año 2024 cerró en Baja California con 2 mil 401 personas asesinadas de manera violenta. En 30 días de enero de 2025, van 180 ejecutados en el Estado 29, entre ellos inocentes, mujeres, niños, trabajadores honestos.
La escalada de violencia va de la mano con la actitud omisa de una Fiscalía General del Estado que desde la cabeza arguye que su responsabilidad no es perseguir al crimen organizado y el narcotráfico, donde se originan la mayoría de los homicidios dolosos, pero tampoco es capaz de combatir el narcomenudeo, base de los cárteles de la droga y que legalmente sí está en su facultad perseguir. Lo mismo que los cárteles impunes amplían poderíos territoriales ante una evidentemente fracasada estrategia desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya va por su tercer titular y cero continuidad.
La creciente violencia de los cárteles, los actos de terror con narcomantas y asesinatos, requieren una pronta estrategia integral que funcione. De lo contrario, el estallido criminal será imparable en esta frontera norte.
