Banobras y Del Mazo, involucrados en las irregularidades del Paso Exprés: SFP

CIUDAD DE MÉXICO: Las numerosas irregularidades en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca involucran también al nuevo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizó el proyecto ejecutivo con la empresa ORVA Ingeniería SA de CV, “posterior al procedimiento de licitación, realizado del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014”.

Según la auditoría interna realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en enero de 2015, justo antes de abandonar Banobras para irse como candidato del PRI a diputado federal, Del Mazo Maza firmó un proyecto ejecutivo después de que se había firmado un contrato por 1 mil 45 millones de pesos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas Aldesem y Epccor.

El BID buscará que sus proyectos sean sustentables en materia ambiental

Ciudad de México. En todos los proyectos de inversión futuros que realice el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revisará que éstos sean sustentables en materia ambiental para coadyuvar en el combate al cambio climático.

Verónica Zavala Lombardi, representante del BID en México, explicó que a partir de 2018 todo lo que haga el BID se hará con una perspectiva de cambio climático con los objetivos de desarrollo sustentable establecidos en la agenda 2030.

Del Mazo en Banobras: 2,605 mdp en autos, aviones, prensa, fiestas, iPads, boliche, yoga, ajedrez, ropa

Alfredo del Mazo Maza llegó a la dirección de Banobras el 7 de diciembre de 2012, cuando el PRI, de nuevo en la Presidencia y con los mexiquenses al frente, repartía sus piezas en el Gobierno federal. En los dos años que Del Mazo estuvo al frente de ese banco se gastaron ahí 2 mil 605 millones 810 mil 431 pesos en juicios de demandas, fiestas de día de muertos, publicidad, uniformes, regalos, software, deportes, autos, camionetas, árboles de navidad, cortinas y renta de instalaciones, de acuerdo con los 889 contratos públicos disponibles en el POT. Luego, en 2015, Del Mazo dejó Banobras y ese mismo año, la austeridad económica llegó al Gobierno federal.

Trabajar en Banobras en los tiempos de Alfredo del Mazo Maza, de 2012 a 2015, fue saborear cucharadas soperas de la vida de Paris Hilton: clases de tenis y boliche, viajes en aeronaves rentadas al amigo Armando Hinojosa Cantú, celulares, autos y estacionamientos privados.

Fueron dos años sin limitaciones, a todo lujo… en un país con 55.3 millones de pobres, de los cuales 8 millones 269 mil personas están en el Estado de México, que él aspira a gobernar y donde su familia ha hecho una carrera y se ha enriquecido.

Aspe también se lleva dinero en Banobras: gana por proyectos… pero esconden 5 años los datos

El diseño de las Zonas Económicas Especiales con las que el Gobierno federal ha anunciado que busca reactivar regiones del país con altos niveles de pobreza –y que son estratégicas y ricas en recursos naturales–, como Chiapas y Oaxaca, quedó en manos de consultoras vinculadas a ex funcionarios federales, entre ellos Evercore, de Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

El Gobierno federal calificó como información reservada por cinco años los estudios de factibilidad, proyectos de dictamen y demás diagnósticos relacionados con el diseño de las Zonas Económicas Especiales, polígonos aún por determinar y con los que, se ha informado, se busca “democratizar la productividad” en diversas regiones pobres pero con “ventajas naturales”, como el Itsmo de Tehuantepec.

Los documentos con los que se determinará la ubicación de estos polígonos, de acuerdo con el contrato DAGA/055/2016, fueron elaborados, entre otras empresas, por la consultora Evercore Partners, propiedad del ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, y anterior fuente de trabajo del hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Detiene PGR a acusado de desviar 91 mdd de contrato petrolero

México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, acusado de participar en el desvío de un crédito de 91 millones de dólares otorgado por Banobras para financiar contratos asignados por Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción (PEP).

En un comunicado, la dependencia precisó que al detenido se le imputan delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, así como el de asociación delictuosa, luego de que presuntamente pidió un crédito que iría destinado a la compra de equipo de perforación de pozos petroleros terrestres, pero en realidad desvió el dinero para otros fines.

La PGR precisó que la captura se realizó en el Distrito Federal cuando Álvarez llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Washington DC, y de inmediato fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juzgado décimo tercero de distrito de procesos penales federales.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

Banobras y Monex han financiado a OHL

Otorgaron créditos por casi 8 mil millones de pesos entre 2010 y 2013. La empresa constructora confirmó que supervisores de la CNBV realizan una inspección.

El fondo de pensiones australiano IFM Global Infrastructure, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Grupo Financiero Monex figuran entre las principales fuentes de financiamiento de OHL, constructora que se encuentra envuelta en presuntas prácticas fraudulentas en proyectos de construcción y peaje.

En diciembre de 2010 Banobras otorgó un crédito de garantía por 2 mil 250 millones de pesos, para el pago de un crédito subordinado del accionista de control de OHL, recursos utilizados para pagar un crédito anterior en favor de Goldman Sachs International.

Más adelante, el 13 de diciembre de 2013, Concesionaria Mexiquense (Conmex), en su carácter de acreditado, Goldman Sachs Bank, como estructurador líder, y Banco Monex, en su carácter de agente de garantías, celebraron un contrato de crédito para OHL por un total de 6 mil 465 millones de pesos.


Posteriormente, el 14 de enero de 2015, OHL alcanzó un acuerdo con IFM Global Infrastructure para la venta de 24.99 por ciento del capital social de la subsidiaria de OHL, Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), y de 24.99 por ciento del capital de OPCEM, subsidiaria de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de Conmex, por un monto de 8 mil 777 millones de pesos.

OPI es la sociedad filial ciento por ciento de OHL México que es tenedora directa de Conmex, que opera 110 kilómetros de la carretera de peaje conocida como Circuito Exterior Mexiquense, en la región noreste de la zona metropolitana del estado de México.

Los bancos de capital español BBVA Bancomer y Santander actuaron como asesores financieros de OHL México.

IFM es un estructurador global de fondos con más de 48 mil millones de dólares bajo gestión y fue creado hace más de 20 años y pertenece a los 30 principales fondos de pensión australianos.


La filial mexicana de la española Obrascón Huarte Lain (OHL) confirmó el viernes que supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizan una inspección en la compañía para determinar si han quedado protegidos los intereses de los accionistas minoritarios después de que audios difundidos en Internet mostraron a directivos de la constructora en acuerdos para alterar las estimaciones de ingresos en una carretera que tiene concesionada en el estado de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.

Banobras-Higa, opacidad e impunidad

MÉXICO, D.F: En 2013 Banobras, dirigido en ese momento por Alfredo del Mazo Maza, cercano al grupo Atlacomulco del que forma parte el presidente Enrique Peña Nieto, otorgó un contrato al grupo Higa por mil 300 millones de pesos para construir un tramo de la autopista de Guadalajara. Hace unos días el periódico Reforma descubrió ese contrato. Hay varios problemas aquí. Veamos.

Primero. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) vigente dispone en el artículo 7º fracción XIII que: “Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 (…) la información siguiente: (…) Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de cumplimiento de los contratos”.

Respecto a esta información, que es pública de oficio –es decir, sin necesidad de que nadie la solicite–, Banobras ha invocado el “secreto fiduciario” previsto en el artículo 14, fracción XII. La primera pregunta central reside en saber si la figura del “secreto fiduciario” encuadra en la hipótesis para reservar esa información por 12 años. Es menester señalar que los fideicomisos (denominados trusts en Estados Unidos) se dividen en privados y públicos. El fideicomiso público se encuentra definido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala:

“Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 3°, fracción III, de esta ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos”. Como es entendible, los fideicomisos públicos utilizan recursos del erario destinados a diversas finalidades y prioridades lícitas y de interés público.

Segundo. Por la existencia de recursos de la sociedad, los fideicomisos públicos no pueden ser clasificados como reservados. El 22 de diciembre del 2004 el IFAI emitió los “Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativas a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

En el artículo 3° dispone: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán reservar, con fundamento en el artículo 14 fracción 11 de la ley, la información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias que se lleven a cabo con recursos públicos federales, sin perjuicio de que dicha información pueda ubicarse en algún otro supuesto de clasificación previsto en la ley”. En el segundo párrafo establece una excepción cuando se trate de fideicomisos que busquen el “fomento económico”.

Para no dejar dudas al respecto, empero, el artículo 4° de los citados lineamientos determina: “Para efectos del presente capítulo, por operaciones fiduciarias se entenderán aquellas que se realicen en virtud de fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, así como fideicomisos, mandatos o contratos análogos que involucren recursos públicos federales, en términos del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal”.

Como puede verse, Banobras no tiene atribuciones para clasificar el contrato con la empresa Higa por 12 años, con independencia de que sea fideicomiso público o privado, debido a la existencia de recursos del erario en esa operación fiduciaria. Probablemente un recurso de revisión ante el IFAI podrá resultar en una resolución que deje sin efectos dicha clasificación. Aunque eso tampoco asegura nada, porque el consejero jurídico de la Presidencia de la República podría iniciar una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resguardar el ilegítimo secreto.

Tercero. La reserva de Banobras del contrato con el Grupo Higa deja a la sociedad sin conocer prácticamente nada: a) No se sabe si fue adjudicación directa o licitación pública nacional o internacional; b) Se desconoce si la oferta de Higa fue la mejor para el interés público o existen precios inflados con la connivencia de las autoridades; c) Se ignora si los materiales ofrecidos son de la mejor calidad al mejor precio. Todos estos elementos, en una lógica mínima, serían razones suficientes para que tal información fuera abierta al escrutinio público, sobre todo con los antecedentes de conflicto de interés EPN-Videgaray-Higa.

¿Por qué Banobras reservó por 12 años el contenido del contrato con Higa? ¿Por qué no fueron menos o más? La explicación es más sencilla, y no obedece a una mera ocurrencia de Alfredo del Mazo Maza, sino a un tema de importancia capital: la prescripción. Si se hubiera optado por un periodo de clasificación menor y se hiciera una investigación, las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hubieran tocado a Del Mazo Maza y a sus operadores internos, porque los ilícitos administrativos prescriben; es decir, dejan de aplicarse al presunto responsable.


Por otra parte, el artículo 101 del Código Penal Federal ordena: “La prescripción es personal, y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley”. Y la ley señala que en delitos que merezcan pena corporal se aplicará la media aritmética entre la sanción menor a mayor y se empezará a cumplir si es un delito continuado hasta que se haya realizado la última acción. De esta suerte, Alfredo del Mazo se cubre en el mejor de los casos para él con un plazo mucho mayor con el fin de que la prescripción opere en su beneficio y el de su equipo. Y, por otra parte, aprovecha que la reserva de información no interrumpe el tiempo en que empieza a correr la prescripción porque no está previsto en la ley. El gobierno de EPN actúa con estrategias del crimen organizado utilizando recursos del erario para preparar escenarios a fin de extraer recursos del pueblo sin ninguna sanción. A ese bajísimo nivel hemos caído.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).

Banobras se deslinda de Gabino Fraga, involucrado en el caso Monex

MÉXICO D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Antonio Fraga, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución.

En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa.

Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución.

Asimismo explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”.

En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga funge como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramientios e lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014

Un delegado fiduciario de Banobras es un apoderado legal que representa a la dependencia en los fideicomisos; se encarga de su administración y vigila que se cumplan los objeticos para los que fue creado el instrumento financiero.

Dicha figura posee poder general para actos de dominio, poder general para suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de crédito; comparecer a nombre de Banobras ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales, fiscales, militares y de trabajo, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal o en estados y municipios.


La empresa de Fraga, Grupo de Abogados Profesionales (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.


Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Banobras adjudicó contrato millonario a Higa y lo reservó hasta 2025

MÉXICO, D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) adjudicó un contrato a Grupo Higa, la misma compañía involucrada en el caso “Casa Blanca”, por mil 332 millones de pesos, mismo que declaró como reservado hasta el año 2025.

El contrato otorgado a Grupo Higa fue para la ampliación a cuatro carriles de la autopista Guadalajara-Colima y fue adjudicado por un fideicomiso privado.

Banobras argumentó que dicha información deberá permanecer reservada “por ser propia de operaciones de un fideicomiso, a lo cual se denomina secreto fiduciario”.

El periódico Reforma publica este martes que:

“El 20 de diciembre de 2010, el consejo directivo de Banobras autorizó al fideicomiso un crédito simple de 4 mil 784 millones de pesos para modernizar la autopista, cuya concesión está asignada al fiduciario, es decir, al propio Banobras.

“El contrato no aclara si hubo licitación previa, aunque da a entender que existió alguna competencia entre varias constructoras.

“El 3 de junio de 2013, Banobras informó al comité técnico del fideicomiso sobre la decisión de contratar a Higa, misma que no fue objetada”.

La obra deberá quedar concluida el 20 de junio de este año; sin embargo, ingenieros y arquitectos del proyecto reconocieron al periódico que será concluido hasta dentro de dos años.


El pasado martes 3, Peña Nieto instruyó a la Secretearía de la Función Pública a iniciar una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por Grupo Higa, así como la forma en que adquirieron sus residencias a esta compañía la primera dama y el secretario de Hacienda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.