La Sedena debe hacer públicas fotos y videos tomados por militares sobre el caso Ayotzinapa

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá hacer públicas las fotografías y videos que han sido tomados por militares la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, resolvió este domingo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado ponente que presentó el caso ante el pleno, Joel Salas Suárez dijo que “la mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente”.
Aseguró que la transparencia es la mejor vía para garantizar a los mexicanos que los militares actuaron en todo momento conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. “Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, señaló el comisionado.

“Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo Salas Suárez.

Ante ello, una particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

La Sedena declaró inexistente esta información, pero entregó a la solicitante un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar. La particular se inconformó ante el INAI pues según la versión pública del expediente dada a conocer por la PGR hay aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

El comisionado Salas dijo que no se valida la respuesta de la Sedena, por ello el INAI ordenó a la dependencia una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre ellas la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-sedena-debe-hacer-publicas-fotos-y-videos-tomados-por-militares-sobre-el-caso-ayotzinapa/

Presenta GIEI nuevas interrogantes sobre el 27 Batallón en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa plantea nuevas interrogantes sobre el papel del Ejército la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, como la presencia de un camión militar en la colonia donde eran perseguidos los sobrevivientes a los ataques, la fotografía de una patrulla militar presente en el lugar donde los estudiantes fueron atacados, la negativa de ayuda a las víctimas que esa noche acudieron al 27 Batallón de Iguala y las contradicciones entre los soldados que participaron en el levantamiento de cadáver del estudiante desollado.


También menciona un informe de inteligencia de la Secretaría de Marina que se refiere a un militar apodado El Satánico, del 27 Batallón, a quien se acusa de vender armas a Guerreros Unidos. Durante las primeras indagaciones de los hechos quedó establecido que los integrantes de ese batallón presenciaron los ataques a los estudiantes, pero no los ayudaron.

“En el mes de junio se produjo la declaración ante la PGR del informe de inteligencia de un marino CGP (clave), donde señala que un elemento del 27 Batallón sería traficante de armas para el grupo Guerreros Unidos. Su declaración no aporta otros datos, pero el GIEI pidió a la PGR que se ampliara su declaración para poder realizar una investigación en profundidad sobre ese hecho”, se lee en el Informe Ayotzinapa II.

Aunque la respuesta que la PGR dio al GIEI fue que no se pudo localizar a ninguna persona con ese sobrenombre, el grupo señaló que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación sobre ese tema y que desconoce si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha hecho la propia.

Cabe recordar que desde hace un año que comenzó la investigación independiente, gracias a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el grupo de expertos no obtuvo la autorización de entrevistar a los miembros del 27 Batallón que presenciaron los ataques de los estudiantes que llegaron a Iguala a tomar autobuses, y que fueron repelidos por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos, y tampoco a los elementos que hicieron patrullajes la noche en la que eran desaparecidos.

En este segundo y último informe, el GIEI menciona los movimientos del Ejército que pudo documentar la noche del 26 al 27 de septiembre.

“A) Acciones de vigilancia de los normalistas, llevadas a cabo por agentes de inteligencia vestidos de civil, tanto antes de su llegada a la ciudad como en el escenario en que se estaban dando los ataques; b) Visitas al Hospital General de Iguala para registrar los heridos o muertos producidos por los ataques; c) Salidas de dos patrullas con dos vehículos cada uno al escenario del crucero de Santa Teresa por una parte, y al escenario del Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez y Hospital Cristina por otra; d) Envío de una patrulla en la mañana del día 27 a la custodia y protección de la escena del Camino del Andariego, donde apareció el cuerpo de Julio César Mondragón” (en referencia al estudiante desollado).

En el apartado sobre las actuaciones del Ejército, el GIEI señala dos datos nuevos que no pudo aclarar por la prohibición para entrevistar a militares. El primero fue que en la calle Juan N. Álvarez, donde los estudiantes eran atacados a balazos, había una patrulla militar a las 01:35 horas, según la evidencia fotográfica mostrada por periodistas y sus testimonios. Esa información fue ocultada o no mencionada en las declaraciones que hicieron los militares ante la PGR.

“Dicha información (la presencia de la patrulla militar) es contradictoria con la señalada por la práctica totalidad de los militares que iban en las dos patrullas que realizaron ese recorrido, que señalan que al pasar por dicha zona siguieron su camino hacia el Hospital Cristina. La relevancia de este hecho está sin determinar”, se lee en el informe.

La otra información recogida por el GIEI es la presencia de un camión militar en la colonia 24 de Febrero, donde los estudiantes estaban siendo perseguidos por policías municipales que trabajaban para Guerreros Unidos, dato que difiere con la información aportada por los militares.

“Según un testigo que circulaba aproximadamente a la 01:30-02:00 horas tratando de buscar ayuda médica por una pista de terracería en la colonia 24 de Febrero, con el objetivo de salir, a través de dicho camino, a la carretera Iguala-Chilpancingo librando el lugar conocido como El Tomatal, donde estaba situado el retén de la policía municipal, adelantó por dicha pista un camión militar, donde refiere que había unos 8-10 efectivos en la parte de atrás. La existencia y el recorrido de dicho vehículo militar no ha sido señalada en ninguna de las declaraciones del personal del 27 Batallón”.

El testigo que aportó ese dato es un familiar de uno de los futbolistas del equipo de Los Avispones, atacados esa misma noche, quien declaró: “Mi tirada era encontrar una calle que saliera acá para librar el retén de la entrada. Lo que hice fue subirme al cerro, ahí por donde está la trituradora, por el rumbo del asta bandera, por la trituradora. Ahí yo vi al Ejército, como a las 2 am, en sus camiones, ya con armas, lo único que pensé fue ‘ya que pasó la tempestad ya salen estos amigos’. Pero yo no tenía idea de lo que estaba pasando. La trituradora es por el rumbo del asta bandera. Es la colonia 24 de Febrero, por Periférico Poniente. Más o menos por ese rumbo, ya en la salida a Chilpancingo. Ahí fue donde vi un camión con unos 8-10 elementos armados atrás pero hasta ahí, de esos con lonas, de los grandes, no Hummer, sino grande. Ellos iban adelante de mí y yo los rebasé”.

El GIEI menciona en su informe que justo a esa colonia había huido el grupo de normalistas que viajaban en el quinto autobús Estrella Roja que, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos cerca de la zona del Palacio de Justicia, “eran perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia”.

“También en dicha colonia se refugiaron los ocupantes de uno de los vehículos que fue a pedir ayuda al 27 Batallón, y que relataron que cómo no tuvieron apoyo de los soldados, se retiraron a casa de unos familiares, también en dicha colonia”, señala.

Como la presencia del camión militar en esa colonia no está registrada en ninguna declaración ni reporte hasta ahora y tampoco el vehículo militar (“identificado por el testigo como un ‘camión grande’ con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla”), el GIEI señala que los hechos deben ser esclarecidos y el testigo que lo vio debe ser protegido.

El informe menciona que los testimonios de los militares que encontraron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón también presentan contradicciones en la hora del hallazgo (de tres horas de diferencia: entre 9 y 12 del día), y tampoco coinciden con la bitácora levantada por el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Guerrero.

Sobre las declaraciones de los militares entrevistados por la PGR, se detectó que durante su tercera declaración mencionaron algo a lo que no se habían referido antes, su presencia en la barandilla de la policía municipal de Iguala a donde, ahora se sabe, fue llevado un grupo de normalistas que luego fue desaparecido.

“(Fueron a la) comandancia no a conocer la situación de los normalistas detenidos, sino a preguntar por una moto que habría sido dejada abandonada en el escenario del Palacio de Justicia por el militar de inteligencia, debido a que tenía miedo de los policías municipales por su actitud agresiva. Según esto, el motivo y el contenido de la visita a la comandancia de barandilla después de haber pasado por el escenario del Palacio de Justicia, no estaría relacionado con la detención de los normalistas, sino con la desaparición de dicha moto. Sin embargo, en las declaraciones previas realizadas en diciembre de 2014 no se encuentra ninguna referencia a la desaparición de dicha moto, ni que el agente de inteligencia la hubiera dejado abandonada en el escenario del Palacio de Justicia”, hace notar el informe.

Otro momento que consigna el reporte elaborado por los expertos menciona las diferencias en las versiones de los militares que acudieron al Hospital Cristina, donde un grupo de 25 estudiantes estaban escondidos, entre ellos uno que tenía un disparo en la boca, y la de los estudiantes.

“Mientras los militares señalan que el trato fue digno y respetando sus derechos en todo momento, los relatos de los normalistas y el maestro señalan todo lo contrario. Los normalistas dicen que fueron regañados, que los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus pertenencias en una mesa, que se les apuntó con armas y que pidieron los nombres, ‘den el nombre real, si no, no los van a encontrar’”, asienta.


La información que pidió el grupo de expertos y que nunca pudo obtener fue la siguiente:

1. Entrevistas con el personal del 27 Batallón activos la noche del 26/27 de septiembre de 2014
2. Las bitácoras o registros de acciones llevadas a cabo en esa noche.
3. Fotografías y videos registrados u obtenidos esa noche por miembros del 27 Batallón.
4. Reportes escritos y grabaciones que se tengan del C-4.
5. Reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones, Reglamento General de Partidas Militares y el Manual de Procesos de Campaña.
6. Los convenios entre las diversas policías municipales, federales y Ejército respecto del sistema de seguridad.
7. Informes de los GISES (Grupo de información de zona) y GAFES (Grupo de tropas especiales) del Batallón 27, respecto de los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438460/presenta-giei-nuevas-interrogantes-27-batallon-en-caso-ayotzinapa

Caso Ayotzinapa: las preguntas al Ejército

A 1 año 5 meses de la tragedia en Iguala, aún hay múltiples dudas y sólo algunas certezas.

A un mes de que concluya su investigación del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insiste en entrevistar a los miembros del Ejército Mexicano que estuvieron presentes en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo indicó que “nuevamente, pide tomar declaraciones a los miembros del 27 batallón, presentes en diferentes escenarios de los hechos”.

El GIEI enlistó algunas preguntas que aún no ha podido hacer a los soldados.

Desde su informe presentado en septiembre pasado, los expertos detallaron momentos de la participación del Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre 2014. Con base en dicho documento y nuevos elementos, en diciembre pasado Aristegui Noticias publicó el reportaje titulado Los militares lo vieron todo. Además, el miércoles en este sitio se dio a conocer que los militares de Iguala no sólo no ayudaron al equipo de los Avispones de Chilpancingo, sino que “recibieron maltrato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos”.

Entre las preguntas que tiene el GIEI se encuentra una relacionada con el capitán José Martínez Crespo, quien junto con otros soldados visitó la comandancia municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre.

“Si el 27 Batallón supo de la detención en Palacio de Justicia, fue a la policía y no vio a los jóvenes, ¿qué hizo con la información?“, se pregunta el grupo de expertos. Una de las grandes dudas que permanece hasta la fecha es si los normalistas en verdad llegaron a la comandancia municipal, pues no hay pruebas de ello, pese a que la versión oficial insiste en que sí estuvieron ahí.

Crespo declaró que la madrugada del 27 –después de haber ido a buscar a los normalistas en la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde no los encontró- llegó al Hospital Cristina, donde, según él, “hablé con los jóvenes, (les dije) que estábamos para darles seguridad, no les pedí los nombres ni les hicimos revisión alguna”. En contraste los normalistas declararon que los soldados les tomaron fotos, no ayudaron a los heridos y les hicieron diversos cuestionamientos. Además, estudiantes normalistas e incluso un maestro niegan el supuesto “buen trato” que declaró Crespo.

Otras preguntas del GIEI son:

“Si el 27 Batallón fue la Policía y no vio a los jóvenes detenidos, ¿qué acciones urgentes tomó? ¿a qué autoridades del Estado lo reportó?”.


Y “¿Qué instrucciones recibió al reportar que los jóvenes llevados por policías de Iguala no estaban en el cuartel?”.

Miembros del 27 Batallón estuvieron presentes en diversas escenas del crimen, especialmente en el Palacio de Justicia. #InformeGIEI

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 1 de marzo de 2016

En Palacio de Justicia, el soldado EM afirma que: "Me percaté que los estudiantes que bajaban del camión la policía municipal los esposaba".

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 1 de marzo de 2016

El soldado EM dice: "La policía municipal los esposaba hacia atrás y en forma agresiva los tendía en el piso boca abajo". #InformeGIEI

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 1 de marzo de 2016

Dice el soldado EM sobre Palacio de Justicia: "opté por retirarme del lugar, no sin antes reportarle lo sucedido a mi mando". #InformeGIEI

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 1 de marzo de 2016

El soldado EM volvió a Palacio de Justicia con el comandante JMC: "seguía el autobús Estrella de Oro, pero ya no había nadie". #InformeGIEI

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

El cabo RSE acompañó a EM y JMC al Palacio de Justicia y de ahí van a la Policía Municipal, donde estuvieron unos 5 minutos. #InformeGIEI

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

Es decir, el 27 Batallón, incluido el comandante JMC, supo que los jóvenes fueron detenidos por policía de Iguala, como lo reportó EM.

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

Si el 27 Batallón supo de la detención en Palacio de Justicia, fue a la policía y no vio a los jóvenes, ¿qué hizo con la información?

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

Si el 27 Batallón fue la Policía y no vio a los jóvenes detenidos, ¿qué acciones urgentes tomó? ¿a qué autoridades del Estado lo reportó?

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

Preguntas al 27 Batallón: ¿Qué instrucciones recibió al reportar que los jóvenes llevados por policías de Iguala no estaban en el cuartel?

— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) 2 de marzo de 2016

Este jueves, la agencia EFE dio a conocer que dos de los miembros del GIEI pidieron ayuda a la Unión Europea, para que los apoye con su trabajo en México, ante los obstáculos que está encontrando para esclarecer el caso Ayotzinapa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0303/mexico/preguntas-al-ejercito/

Caso Ayotzinapa: De nada sirve interrogar a los militares por escrito, dicen expertos ante la CIDH

Existen serias dudas sobre la participación y papel del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, así lo aseguraron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la audiencia en la sede de la CIDH.

Existen serias dudas sobre la participación y papel del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, así lo aseguraron los miembros  del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes manifestaron que de nada servirá enviar sus preguntas al Ministerio Público si ellos mismos no pueden interrogar a los soldados del 27 batallón de Iguala, Guerrero.

“Para nosotros es claro que el Ejército mexicano estuvo presente en varios momentos y tuvo distintas participaciones, es por ello que tenemos dudas y, por tanto, es necesario que estemos presentes en los interrogatorios a los militares y podamos hacer nuestras preguntas conforme van  contestando, eso nos ayudaría a resolver nuestras interrogantes”, indicó una de las expertas del GIEI, Claudia Paz y Paz, durante una audiencia en al sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, EU.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa, dijo que de acuerdo con la ley los expertos  sólo podrán enviar sus preguntas al Ministerio Público, pero no aclaró si en algún momento podrán estar presentes en los interrogatorios.

“En los términos de la ley podrán preguntar a través del Ministerio Público, este es un tema que tendremos que ir trabajando y analizando con los expertos del GIEI, es un punto que aún tendrá que resolverse, lo único cierto es que será una diligencia que tendrá que desarrollarse estrictamente en los términos de la ley”, explicó Campa.

Este tema fue uno de los más delicados durante y después de la audiencia de oficio realizada en las instalaciones de la CIDH; incluso al ser cuestionado sobre el tema, Campa aseguró que el punto de interrogar a los militares por parte del GIEI no está contenido dentro de los nuevos acuerdos.

Frase que molestó a Ángela Buitrago, del grupo de expertos del GIEI, quien manifestó al pleno de la CIDH que hasta la fecha han solicitado interrogar a los miembros del 27 batallón del Ejército y no han obtenido resultados positivos.

“Hemos hecho a la fecha seis solicitudes para interrogar a los militares e incluso les hemos dado los nombres de los soldados que queremos interrogar y no hemos tenido respuesta, y para nuestra sorpresa luego de pasarle los nombres a la PGR nos enteramos que los militares fueron finalmente cuestionados por el Ministerio Público y de esas declaraciones no hemos tenido el acceso, y es por ello que no entiendo orquesta en este tema siempre tenemos una respuesta evasiva”, dijo Buitrago.

Pese a ello, Campa refirió que a la fecha han declarado 50 miembros del batallón y refirió que sus declaraciones se pueden ampliar, siempre y cuando esto ocurra dentro del marco legal.

Funcionarios de la PGR revelaron que sobre este punto –el interrogatorio a militares– nunca ha existido solicitud formal a dicha dependencia  para que se le formulen interrogatorios de ley a los militares, y aseguraron que los expertos solo han hecho la solicitud a la Secretaría de Gobernación, siendo que por ley y como coadyudante la PGR con una sola solicitud tendría que formular los interrogatorios a los militares.

Tras concluir la audiencia de oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, el grupo de expertos del GIEI adelantó en conferencia de prensa, que tras la firma de un segundo compromiso con el estado mexicano, solicitarán en los próximos días 25 acciones concretas que se deberán aplicar en las próximas semanas las autoridades mexicanas.

Dentro de estas 25 acciones el GIEI dará detalle de las zonas y municipios en los que deberán iniciar la búsqueda de los estudiantes, así como el tipo de tecnología y mapeos que deberá hacer la Procuraduría General de la República y el nuevo equipo de investigación.

PGR inicia averiguaciones previas

Luego de que los expertos del GIEI le señalaran a la autoridad mexicana que existen 54 casos de posible tortura o maltrato entre los 111 detenidos por el caso Ayotzinapa, la PGR informó al pleno de la CIDH que ya se tienen iniciadas dos averiguaciones previas en contra de personal de la PGR que participó en los interrogatorios y de elementos federales o militares que participaron en las detenciones.


Fue el subprocurador Eber Betanzos quien detalló que es la Visitaduría General de la PGR quien tiene una de las investigaciones del caso y la otra está en manos de otra área de la PGR que investiga posibles actos de tortura o maltrato.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.

Gobierno mexicano descarta que expertos interroguen a militares por caso Ayotzinapa

La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR se encargará de "relanzar" la investigación que hasta esta semana estuvo a cargo de la SEIDO.

En Washington, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, descartó que expertos de la Comisión Interamericana interroguen de forma directa a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado.

En la audiencia pública de este martes ante la CIDH, el enviado de Gobernación indicó que “el tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón… no forma parte de los puntos convenidos el día de ayer y me parece importante destacarlo”.

Pese a lo dicho por el funcionario mexicano, los expertos aseguraron que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

Ángela Buitrago recordó que han hecho 6 peticiones a la PGR sobre la necesidad de interrogar a los miembros del batallón de Iguala, sin que hasta ahora les permitan hacerlo.

“Lo que no entendemos como grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una evasiva”, comentó. Se trata de una “necesidad de verificar una serie de información que nosotros le pusimos de presente a la PGR… diligencias y declaraciones que nosotros consideramos vital” señaló.

A su vez, Carlos Beristain dijo a los representantes del gobierno mexicano que uno de los compromisos es la “observancia y participación del grupo” en lo que considere relevante, como es el caso de las entrevistas con los militares.

A su vez, Campa indicó, escuetamente, que cualquier interrogatorio a los militares será “a través del Ministerio Público”. 

El funcionario indicó que en el MP ya han declarado casi 50 integrantes del batallón de Iguala.

La discusión sobre el interrogatorio a militares comenzó luego de que el relator James Cavallaro le preguntara a los representantes del gobierno si “el jefe de la Sedena puede determinar quién colabora en la investigación”, pues dijo que no permitiría que se realizaran las entrevistas con el grupo de expertos de la CIDH.

Por su parte, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, reveló que a partir de este jueves, cuando regrese a México, la investigación del caso Ayotzinapa estará a cargo de la Subprocuraduría que él encabeza. Expuso que un “nuevo equipo de trabajo” será el encargado de “relanzar” la investigación, que hasta ahora estuvo en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).


En la presentación del informe de los expertos, resaltaron algunas de sus conclusiones: los normalistas no fueron a Iguala a boicotear un acto político; no hay evidencia de que formaran parte de algún grupo del crimen organizado; la incineración de los estudiantes no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula, en las condiciones descritas por los detenidos; además de que resaltaron la necesidad de investigar el quinto autobús tomado la noche del 26 de septiembre.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Patrullar sin enfrentar a los estudiantes, orden a militares

Ejército y Marina tenían presencia en ocho sectores de Iguala. Sin revelar nombres dan a conocer testimonios del 27 batallón de infantería.

El 27 de septiembre, elementos del Ejército y de la Armada de México recibieron la orden de investigar el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que habían desaparecido horas antes, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

De acuerdo con tarjetas informativas conjuntas de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional de Seguridad y Policía Federal, que forman parte del expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa, al cual La Jornada tuvo acceso en su versión pública, los militares participaron en la búsqueda de los estudiantes por órdenes directas de sus respectivos mandos.

El delegado de la PGR en Chilpancigo, cuyo nombre aparece tachado en el expediente, confirmó en su declaración ministerial que, como parte de las acciones para combatir la delincuencia, la ciudad de Iguala ya se había sectorizado en ocho partes, en las que tenían presencia soldados y marinos.

Con base en esa división, indicó el funcionario en su declaración, soldados y marinos implementaron el patrullaje y vigilancia en el lugar: los militares se hicieron cargo de seis sectores y los marinos de dos.

En su testimonio, el funcionario señala que los militares también participaron desde la madrugada del 27 de septiembre en la vigilancia de las entradas y salidas de Iguala.

Además, en el expediente se encuentran las declaraciones ministeriales que realizaron todos los integrantes del 27 batallón de infantería con sede en Iguala al personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), el 3 de diciembre de 2014, entre las 8 y las 22 horas.

Los nombres de los militares fueron borrados, así como los datos personales que pudieran llevar a su identificación; sin embargo, el Ministerio Público federal permitió, con base en la Ley de Transparencia, que se puedan conocer sus testimonios sobre lo ocurrido durante la desaparición de los normalistas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Las declaraciones de mandos y tropa corresponden a los 14 elementos que esa noche, a bordo de dos unidades, recorrieron varios puntos de Iguala, entre ellos el sitio donde se volcó un camión de carga, el cual fue levantado por cinco grúas; su llegada al lugar en el cual fueron atacados los integrantes del equipo de futbol Avispones; su ingreso al hospital Cristina, así como su arribo adonde dos de los normalistas quedaron sin vida.


El primer testimonio se refiere a un militar que regularmente realiza labores de albañilería y vigilancia en sus turnos, con más de 10 años en las fuerzas armadas y que esa noche fue despertado para que acompañara a otros 13 militares a realizar patrullajes a la ciudad de Iguala.

El soldado señaló que su labor en cada punto fue brindar seguridad perimetral a sus compañeros y conducir a momentos una de las unidades en los puntos que recorrieron.

El segundo militar afirmó que a las 22 horas su comandante le dijo que se alistara, porque lo que pasa es que un grupo de manifestantes en la parte del centro están siendo agredidos y hay otra agresión. De acuerdo con los datos, el militar se refería al primer ataque que policías de Iguala e integrantes de Guerreros unidos realizaron contra los normalistas cerca del Palacio de Justicia.

Luego, señaló que recorrieron el hospital Cristina y que regresaron como a las seis de la mañana al 27 batallón de infantería, porque durante varias horas dieron protección perimetral a la zona del Periférico en la cual los estudiantes fueron agredidos y dos de ellos abatidos.

El militar declaró: el segundo día nos dimos a la tarea de buscar a los estudiantes, ya que fue orden general para todo el batallón, por lo que fuimos a dar rondines en la ciudad en búsqueda de estas personas. El tercer día los policías estatales dijeron que habían encontrado una fosas, por lo que nos ordenaron que diéramos seguridad perimetral.

El tercer soldado refirió que los integrantes del 27 batallón de infantería acudieron al hospital Cristina porque recibieron un reporte que decía que en el lugar había gente armada. Cuando llegaron al nosocomio gritó, siguiendo los protocolos: Ejército Mexicano. Entonces un hombre se asomó con las manos en alto y dijo: somos estudiantes de Ayotzinapa.

Agregó que no se realizaron revisiones corporales a ninguno de los alrededor de 25 personas que estaban allí; sí se recabaron fotografías de los estudiantes cuando estaban sentados. Las fotos están en el archivo del 27 batallón. El militar no pudo precisar si las imágenes fueron realizadas con cámara profesional o con un celular, pero dijo que la imagen que se realizó era grupal, no individual.


Durante el interrogatorio al que fue sometido, el militar sostuvo que el día 26 les ordenaron a todos los miembros de ese grupo salir a patrullar a la salida a Iguala sin tener algún enfrentamiento con los estudiantes de Ayotzinapa.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Gustavo Castillo, Jesús Aranda y Alonso Urrutia.

Cerrazón militar en caso Ayotzinapa genera suspicacia: Santiago Corcuera

La última respuesta es que les manden las preguntas a los militares por escrito, lo cual, dijo, no es aceptable para el informe que elabora el grupo de la CIDH.

La cerrazón del Ejército Mexicano para que sus elementos no sean entrevistados por los expertos de la CIDH que investigan el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ”produce un mal sabor de boca, una sensación negativa, porque nos han dicho que no tuvo nada qué ver, que fueron los policías municipales, y luego el crimen organizado”, expuso Santiago Corcuera, académico e integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Si a la hora de que se les quiere interrogar, ¿oye, tuviste algo qué ver?, ¿o qué sabes?, te dicen no quiero hablar contigo, lo único que produce eso es un mal sabor de boca, una sensación de suspicacia: ¿por qué no quieren hablar conmigo?, ¿por qué no me quieren decir dónde estaban esa noche?”, preguntó en entrevista para Aristegui CNN.

Recordó que este es un caso emblemático y botón de muestra de lo que ocurre con los desaparecidos en el país, un caso muy conocido por la sociedad, muy cuidado, al grado de que tenemos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigándolo, y no obstante “nos enteramos de evidencias que no fueron dadas a conocer a las familias” como ropa de los normalistas.

“Si estas cosas pasan en un caso tan cuidado, donde los reflectores están puestos sobre este asunto, ¿qué no pasará en otros casos?.. permanecen en absoluta impunidad”, indicó.

Mencionó que en Guerrero hay padres y familiares que buscan a los desaparecidos sin los reflectores que tiene el caso de los normalistas. Por ello consideró que en México la impunidad es “prácticamente absoluta”.

Lamentó que las instituciones castrenses del país no se han democratizado; “me da una envidia los procesos que se han abierto en Chile”, refirió sobre casos contra generales.

Señaló que con el absoluto hermetismo de las fuerzas armadas, por el cual no se puede penetrar a las instituciones castrenses para que digan la verdad y no se les pueda entrevistar, quedará pendiente este tema en el informe que presentarán los expertos en septiembre próximo.

“Los expertos dicen que no entienden porqué no han podido entrevistar a militares”, mencionó.

En teoría la autoridad civil está por encima de la militar y debería intentar la apertura del batallón de Iguala, pero hasta ahora “no han podido entrevistarse con el batallón, ¿para qué dicen que hay mucha apertura si no la hay?”, preguntó Corcuera y calificó el tema como una “sombra” en el caso.

En materia de desaparición forzada, precisó que “necesitamos una buena ley que subsane los gravísimos errores y lagunas que tiene el orden jurídico mexicano en esta materia”, por la falta de profesionalismo de las legislaturas estatales y el propio Congreso de la Unión.

El académico abundó que “el tipo penal de desaparición forzada está mal a nivel federal y, para mayor vergüenza, en algunas entidades no es delito desaparecer personas”.

Y agregó que se necesita “una buena ley general que subsane errores, que tenga buenos tipos penales, la declaración de ausencia por desaparición…”, para avanzar en la materia.


Actualmente ”vamos bien”, “hemos estado participando en foros”, por lo que confió que la iniciativa que se presente satisfaga las expectativas de los familiares de personas desaparecidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No vamos a permitir” que expertos de CIDH entrevisten al Ejército en Iguala: Osorio

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana pidió al Estado mexicano entrevistar "de manera directa" a los militares de ese batallón.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó la posibilidad de que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes investigan el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entrevisten a los militares del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con La Jornada, el funcionario opinó que ello significaría someter a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste.

Además, consideró que existe un interés, no de los especialistas de la CIDH, sino de otras instancias, en desprestigiar y debilitar a instituciones como el Ejército Mexicano.

–¿La negativa a que los soldados sean entrevistados tiene alguna relación con que los expertos de la CIDH son extranjeros? ¿Hay algún impedimento legal en ese sentido?-, se le preguntó.

–No, no (sino) a ese proceso al que algunos quieren llevar, de debilitar a nuestras instituciones. No tiene nada qué ver con ellos (los expertos), (pero) no lo vamos a permitir.

Y sostuvo: “Cuando nuestra institución (el Ejército Mexicano) ha estado en incidentes como Tlatlaya (donde ocurrieron ejecuciones de civiles), esto ha sido admitido”.

“Cuando no ha tenido nada que ver, como es el caso de Iguala, no tenemos por qué entrar a un proceso de desgaste en el que no hay ni un solo señalamiento de una participación del Ejército Mexicano. Por eso es que no (se autorizará la entrevista, solicitada por el grupo de la CIDH)”, abundó.

Lo que sí podrían hacer los expertos de la CIDH, señaló el titular de la Segob, es que revisen los expedientes de las averiguaciones previas elaboradas por las procuradurías de Guerrero y General de la República; en dichos expedientes existen declaraciones por parte de los militares.

–¿Se podría realizar la entrevista a militares por la vía de una tercera persona?

–No hay hoy todavía un acuerdo respecto de cómo; no hay forma. Lo digo con mucha claridad: no podemos (entrar) a ese proceso al que muchos quieren llegar –insistió.

–¿Pedirá entonces que exploren otras vías?

–Que se vayan a la investigación que tiene que ver con lo que sucedió ahí (en Iguala).

En su más reciente informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH solicitó nuevamente al gobierno mexicano el ingreso al 27 batallón de infantería del Ejército, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’, a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

Los especialistas sostuvieron que esas entrevistas son clave en el proceso de esclarecimiento del caso de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

Los expertos urgieron las “entrevistas con agentes del Estado” y remarcaron que el grupo “continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del batallón 27. Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con el mandato del GIEI”. 

Además, solicitaron entrevistar “a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre”.


El documento con sus peticiones y avances en el caso:

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En el mismo sentido, en entrevista para Aristegui CNN, el pasado 12 de mayo, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, expuso que “(los expertos de la CIDH), van profundizando en sus indagaciones, han tenido facultades para tener acceso al expediente, a las personas vinculadas con el caso, y los lugares vinculados”.

“El ex procurador, Jesús Murillo Karam, faltó a la verdad al decir que no había ningún elemento en la investigación que vinculara al Ejército, lo que hemos dicho es que el Ejército desde el día uno tuvo que ser investigado, por dos causas”, indicó Patrón.


Recordó que “los expertos pidieron entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de infantería y hasta ahorita no ha sido posible el contacto, han querido (el gobierno) que ese contacto sea a través de la PGR”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Interrogar a militares, clave en el caso Ayotzinapa": CIDH

México, DF. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar “directamente y no por intermediación de la PGR” a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre.

Consideran que esta diligencia es “clave” en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.

Al rendir el tercer reporte de avances de la misión desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad en dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses— integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Debe abrirse línea de investigación que incluya al Ejército, exige Omar García

Si tuvieron a los 43 en el cuartel de Iguala, pues ya los sacaron, dice normalista. Los celulares indican que en el 27 Batallón de Infantería fue el último lugar donde estuvieron, señala.

Perder la vista del ojo izquierdo es lo que menos le preocupa a Omar García, después del enfrentamiento con militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala. En este momento, su mayor inquietud es encontrar a sus 42 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, aunque sabe que en esa misión se juega la vida: desde el 26 de septiembre yo vivo como si ya hubiera muerto.

Aún convaleciente, con las heridas visibles en un ojo, Omar García asume de manera estoica que puede ser el 44 en desaparecer, debido a su visible liderazgo llevado con lealtad inquebrantable y compromiso con los padres de los normalistas desaparecidos.

Explica que dejó el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste) de Chilpancingo, porque el oftalmólogo que lo atendía se dedicaba a expresarle sus opiniones en contra de las acciones que estudiantes y padres de los normalistas realizan: me hacía preguntas que no venían al caso y comentarios como que no era bueno entrar a los cuarteles militares.

Le dije que eso no le incumbía y que tenía que limitarse a su trabajo. Por eso preferí irme, dice en entrevista con La Jornada.

Pasado el momento de peligro del desprendimiento de retina, Omar García, convertido en líder estudiantil visible del caso Ayotzinapa, se recupera ahora de las graves lesiones en su ojo izquierdo con la mejor medicina: la solidaridad y el cariño de sus amigos.

Indudable, línea de indagatoria

Este joven de 24 años, que cursa el segundo año de normal, no tiene duda que la línea de investigación por el crimen de Estado de Ayotzinapa pasa necesariamente por el Ejército: Queríamos demostrar que entraríamos. Muchos dirán que estamos locos, que esa fue una acción arriesgada, pero no hay locura en esto, estamos demostrando que vamos en serio y que queremos entrar a los cuarteles para encontrar a nuestros compañeros. Y lo vamos a hacer.

El lunes 12 de enero, el golpe seco de una pedrada le provocó un ligero mareo; luego, con la vista nublada fue sintiendo un intenso dolor. La sangre corría por su rostro y lo llevaron a urgencias, junto a otros padres que también resultaron heridos.

Pudo habernos irnos peor. Sabíamos que ir a un cuartel militar no era cualquier cosa. Pero desde hace dos meses estamos insistiendo que se abra una línea de investigación al Ejército por su participación en la desaparición forzada de mis compañeros, de la cual soy testigo, como otros más que pueden confirmar la versión.

La reacción inmediata del gobierno fue anunciar la posibilidad de que los padres entraran a los cuarteles militares, pero después, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que sólo se permitiría la entrada al de Iguala.

Nosotros no somos tontos. Si tuvieron a nuestros compañeros en algún momento en el cuartel militar de Iguala, como lo demuestran algunos teléfonos celulares de mis compañeros, es obvio que ya los sacaron de allí. Eso lo sabemos.

Omar García se refiere a la localización que los familiares de los normalistas recibieron a través de sus celulares, como el caso de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, quien señala que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Celulares sin investigar

La localización de los celulares no ha sido investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), según señala, algo que les sorprende: Es una línea de investigación que no han tomado en cuenta. Existe la geolocalización y la retención de datos. Cada llamada y cada mensaje están registrados y las empresas de telecomunicaciones tienen el deber de guardar esos datos durante dos años.

–¿Y por qué la PGR no ha investigado los celulares de los normalistas desaparecidos?

–A tres meses y medio la PGR no investiga, incluso a los ocho días pudieron haber dado una localización de los 43 teléfonos de nuestros compañeros que salieron de la escuela. Todos tenían celular. En algún momento les tienen que haber quitado los celulares y en ese momento deben saber si se los llevaron juntos o los dividieron. Nosotros tenemos varios celulares de compañeros que nos indican que estuvieron en el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.

Para Omar García no sólo esto resulta sospechoso, sino también el tiempo que tardó la PGR en reaccionar sobre el caso Ayotzinapa: Se tardó 10 días. Tuvieron mucho tiempo para armar un gran teatro.


Y añade: El Ejército pudo movilizar a la gente hacia donde se le haya antojado, como al Campo Militar Número Uno y otros lugares donde se sabe que se ha torturado y encarcelado a gente que desaparece. Sabemos de vuelos de la muerte, de presos políticos, incluso hay ex guerrilleros que lo demuestran, porque estuvieron en esas prisiones y manifiestan que los militares se dedicaban a desaparecer gente. Además de los asesinos a sueldo que el gobierno tiene por donde quiera.

Una historia negra

Omar García exige, junto con los padres de los normalistas, una investigación profunda al Ejército en el caso Ayotzinapa, un crimen de Estado, dice, perfectamente planeado, y no están dispuestos a aceptar la última decisión del gobierno, que asegura haber agotado las líneas de investigación para aparentemente dar carpetazo y olvidar el asunto.

La PGR puede intentar lo que sea, pero Ayotzinapa no se olvida ni se olvidará. Nuestro plan es revisar todos los cuarteles militares. A nosotros no nos van a dejar satisfechos con entrar sólo al cuartel de Iguala. Vamos a seguir luchando, incluso después de que se demostrara que nuestros compañeros están muertos. No son 43, son miles en México.

Para sustentar su tesis se remonta a la historia negra del Ejército en otras ocasiones donde se ha demostrado que participó: El Ejército está presente en las masacres y no va a cambiar. Ese Ejército durante años se ha acostumbrado a eso. Llegando allí adoctrinan para obedecer sin cuestionar las órdenes, es un aparato vertical, burocrático, corrupto.

Dice que de acuerdo con las investigaciones que estudiantes y padres de la Normal Rural han hecho, les han llegado versiones de militares desertores que refieren de lo que sucede en las instalaciones militares: Nos han contado que son testigos de la corrupción en el Ejército, de las prisiones secretas, aparatos de tortura y todo lo que tienen clandestinamente.

–Esa línea de investigación que involucra al Ejército, ¿la van a continuar pese a que no los dejen entrar a los cuarteles?

–Nunca la vamos a descartar. Yo estuve allí frente a los soldados esa noche. Ellos insinuaron que nos iban a desaparecer.

–¿Por qué el Ejército querría desaparecer 43 jóvenes?

–No atacaron a estudiantes comunes y corrientes, se han llevado ya muchos otros, como en Cocula; esta vez eran estudiantes normalistas, jóvenes que piensan diferente al Estado. Es lo que representa Ayotzinapa en el movimiento de Guerrero.

–¿Ustedes son incómodos para el Ejército?

–Siempre lo hemos sido. Y desarmados para colmo.

–¿Son considerados subversivos?

–Nos gustaría que nos consideraran subversivos, pues nos consideran vándalos y delincuentes, que es peor.

Omar García no puede olvidar cómo aquella noche del 26 de septiembre algunos de ellos solicitaron a los soldados que atendieran su compañero Édgar, pero un militar les contestó que se lo merecía y se tenían que aguantar.

“No hay ayotzi que no haya sido encañonado en el pecho a las dos o tres semanas que haya ingresado a la escuela. Siempre llegan los marinos, la policía o los militares y te encañonan en el pecho. Eso es para probarte. Con el tiempo ellos mismos nos han quitado el miedo.”

Vamos a seguir

La reciente detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, por participar en la desaparición de los normalistas, es un hecho intrascendente para Omar: “De qué sirve que detengan a 97 personas si las estructuras detrás siguen intactas.

“A nosotros nos importa un comino las estructuras visibles de sicarios, porque detrás de ellas están los verdaderos criminales, los que mueven todo. Sin el Estado, la delincuencia organizada no funcionaría. Sin las estructuras del Estado no habría delincuencia organizada. Detrás de los que andan con sus cuernos de chivo están los otros sin armas, pero que son los que organizan todo.”'

Omar García espera recuperarse totalmente para volver en unos días a la búsqueda de sus compañeros. Sabe que el Ejército lo vigila, y desde hace tres meses y medio se mueve constantemente de lugar para sobrevivir al acoso. Pese a todo, ríe de manera espontánea y pasa su mano por el cabello para señalar a los responsables del caso Ayotzinapa:


El brazo armado del Estado es el Ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del Ejército de nada sirve que cambie el gobierno; quien tiene el poder real en México son los militares'. Y si logramos demostrar que fue el Ejército, los militares van a apuntar a muchos funcionarios y políticos como cómplices de todo lo que han hecho. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.

Sedena presenta denuncia por irrupción a sus cuarteles en Guerrero

El lunes, normalistas y maestros irrumpieron en las instalaciones militares de Iguala, lo que originó un enfrentamiento con la policía militar.

El agente del Ministerio Público Militar presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras la agresión a militares en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Iguala, Guerrero.

La Sedena ratificó su pleno respeto a la libertad de reunión, asociación y manifestación de las ideas, pero al mismo tiempo condenó enérgicamente “hechos violentos” como los registrados el lunes pasado.

La dependencia detalló mediante un comunicado que 11 militares resultaron lesionados durante la agresión, y uno de ellos recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda.

“Adicionalmente se reportó que cinco policías estatales resultaron lesionados por golpes contusos y uno por una herida penetrante en el glúteo izquierdo. Los conductores de los camiones de la Coca Cola y de la cerveza Corona, resultaron con golpes contusos en diversas partes del cuerpo”, indicó.


“Uno de los heridos recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda”, añadió.

VÍDEO:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Policía Militar usó “piedras y gas” contra padres de los 43 y estudiantes: Tlachinollan

Padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” denunciaron que en la protesta que realizaron el día de ayer en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, la Policía Militar con equipo antimotines ya esperaba su arribo y los agredió “con gas lacrimógeno y piedras”.

Otras versiones indican que fueron los padres y los estudiantes los que lanzaron piedras, palos y cohetones contra elementos de la Policía Militar que cruzaron la barricada de alambre con puntas de acero.


Pero los padres y los estudiantes tienen la propia:

“Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos denunciamos la agresión cobarde que sufrimos. El Estado Mexicano no conforme con desaparecer y matar a nuestros hijos y compañeros y negarse a abrir líneas de investigación relacionadas con el Instituto Armado nos agrede nuevamente. Los militares aprovechando su superioridad numérica y entrenamiento nos agreden, cuando nuestro único delito es exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros”, denunciaron los padres y compañeros de los 43.

Mediante un comunicado de prensa difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual suscriben Dayro Ángel García y Miguel Sánchez del comité estudiantil, y Meliton Ortega y Felipe Cruz del Comité de Padres de Familia, los familiares denunciaron que alrededor de la una de la tarde de ayer lunes, “los padres de familia llegamos a las instalaciones del cuartel en la ciudad de Iguala, donde éramos esperados por decenas de militares con equipos antimotines”.

Precisaron que tras realizar un mitin y cuando los padres y estudiantes demandaron la apertura del cuartel para buscar a los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, fueron agredidos “por los elementos castrenses que con gas lacrimógeno y piedras empezaron a golpearnos”.


“Para evitar ser más agredidos los estudiantes optamos por retirarnos abordando los camiones para trasladarnos a la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’. En la agresión resultaron heridos los padres de familia Mario César González Contreras, Bernabé Abrajam Gaspar, María Concepción Tlatempa y los estudiantes Omar García, Sergio Ochoa Campos y José Hernández Peña”, refiere el documento fechado ayer.

Esta mañana, en entrevista para Radio Fórmula, Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan, dijo que efectivos militares arrojaron gas lacrimógeno y piedras a los manifestantes, por lo que los normalistas y padres de familia, utilizando un camión, quitaron una barricada hecha con malla de alambre.

“Los padres intentaron ingresar metros más adentro. Se quitó la barricada de alambre. [Los militares] empezaron a tirar gases lacrimógenos y piedras”, comentó Rosales.

Dijo que los estudiantes derribaron con un tráiler una malla y es cuando se da “un enfrentamiento más directo [...] De parte de militares vienen las piedras”.

“Son los militares los que empiezan a tirar gas lacrimógeno primero, quieren impedir que nos acerquemos más”, comentó Rosales.

Los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos manifestaron su alarma de que se utilice al Ejército en la disuasión de manifestaciones públicas “lo que es propio de regímenes autoritarios”.

“De igual forma es desproporcionada la forma en que el Ejercito Mexicano se apresta a contener manifestaciones públicas y reprimir a los movimientos sociales, contrario a la actitud omisa y timorata que muestra ante la delincuencia organizada, que le permite libertad de acción y movimiento”, denunciaron.

Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos reiteraron que no descansarán hasta encontrarlos con vida, “y alcanzar verdad y justicia para nuestros hijos y para nuestro pueblo”.

Hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a seguir pendientes frente “a la represión que estamos sufriendo y a mantener sus acciones de solidaridad para vencer la impunidad”.


Asimismo exigieron al Estado mexicano la presentación con vida e inmediata de los 42 normalistas, justicia para los estudiantes ejecutados extrajudicialmente y reparación integral de daños para los caídos y lesionados en los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014 y cese a la represión contra los familiares de los estudiantes desaparecidos, estudiantes normalistas y el movimiento nacional e internacional que se ha solidarizado con nuestra justa lucha.

EL ENFRENTAMIENTO

Mario César González, padre de César Manuel González, dijo ayer a SinEmbargo que fueron 27 padres los que ingresaron al cuartel de Iguala y el resto en Acapulco para sacar a sus hijos con sus propias manos, afirmó, porque están seguros que las fuerzas castrenses los tienen.

“Queríamos que se nos abrieran las puertas para buscar a nuestros hijos, era lo que pedíamos, porque estamos seguros que ellos participaron, ellos les quitaron los teléfonos en el hospital. Cuando entramos había muchísimos militares y nos mandaron a los antimotines y tuvimos que defendernos”, indicó.

De acuerdo con el padre de familia, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, canceló una cita que tendría con ellos en la Ciudad de México.

“Ya estábamos listos para salir a las seis de la mañana y un tal Jaime nos habla y nos dice que Osorio Chong no va a estar, que nada más [Jesús] Murillo Karam, que se cancelaba. Ya a los padres no nos quieren ni ver, entonces más tarde, como a las tres que ya estábamos en el cuartel nos hablan para decirnos que nos estaban esperando”, dijo el padre de César Manuel.

Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.

Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel, para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses.

Mario César indicó que a pesar de los golpes recibidos hoy, seguirán buscando a sus hijos y no descansarán hasta encontrarlos.

“Si ellos tienen armas, no nos interesa, lo que nos interesa a nosotros es la vida de nuestros hijos. Ya ni la Procuraduría tiene tiempo para nosotros, entonces, decidimos buscarlos por nuestra cuenta, aunque nos sigan reprimiendo”, dijo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, participó en la protesta en el cuartel de Acapulco y dijo que lo único que los padres querían, era que los altos mandos salieran a dar la cara.


“Queríamos que los altos mandos dieran la cara, para exigirles que ya los busquen, con los mismos militares, ellos los tienen porque hay evidencia de que el Ejército estaba resguardando a los 43, hay testigos y no han hecho nada”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216869.