Formados hasta por 4 horas, adultos mayores enfrentan burocracia para cobrar pensiones

Burocracia e ineficiencia es lo que viven quienes acuden a cobrar los cuatro meses de pensión para los adultos mayores que el presidente ordenó entregar, por la crisis del COVID-19.

A las 11 de la mañana de este lunes 6 de abril hay, a un costado de la explanada del palacio municipal de Tlalnepantla, una fila de mucho más de 50 personas esperando para cobrar la pensión de adulto mayor de los meses de marzo a junio. La mayoría son población de riesgo frente a la epidemia de COVID-19, la mayoría no debería estar en la calle. 

Pero, por orden del presidente de la República, la Secretaría de Bienestar entregará la pensión para adultos mayores de manera anticipada para no hacerlos acudir por ella en una fase más avanzada de la contingencia y también para que cuenten con un respaldo económico en estos días de crisis. 

Activista concluye huelga de hambre en Tapachula

San Cristóbal de las Casas, Chis. Luego de dos días de haber iniciado una huelga de hambre, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, consiguió que el Instituto Nacional de Migración (INM) agilizara la entrega de nueve oficios de salida para migrantes cubanos y el otorgamiento de 12 visas humanitarias, de las cuales cinco fueron para cubanos y el resto para centroamericanos.

El primer recorte de EPN al gasto [2015] quitó dinero a desarrollo, y le dio más a la burocracia: ASF

En 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto junto con Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidieron que por “el contexto internacional adverso”, la economía mexicana tenía que recurrir a “ajustes preventivos”. Así, el 30 de enero de aquel año se anunció un primer recorte presupuestal por más 124 mil millones de pesos. Le seguirían otros que afectarían principalmente los grandes planes de infraestructura del sexenio peñista. Pero de acuerdo con la ASF, la información pública no permite saber qué se hizo con ese recorte aunque, gracias a los requerimientos de información, se sabe que lo que quedó intacto fue el gasto corriente gubernamental.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los recortes presupuestales realizados en 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí se realizaron e impactaron sólo en rubros de desarrollo económico, pues el  gasto corriente quedó intacto. Además, los altos grados de opacidad no permitieron conocer a ese organismo cómo y en qué se aplicó la política de austeridad, que ha presumido el Gobierno federal desde entonces.

Burocracia y represión contra el magisterio disidente en Tabasco

Defender dos derechos fundamentales: el laboral y el de expresión, fue la causa de mi cese como maestro, tras 29 años de servicio.

La Secretaría de Educación de Tabasco lo ha hecho faltando a la lógica, a la ética y a la ley. Así lo demuestran los hechos.

6 de junio: La efervescencia de la lucha en contra de la mal llamada reforma educativa crecía en el estado y el país. Acudí a mi centro de trabajo, la escuela Telesecundaria Álvaro Obregón del poblado Once de Febrero de Cunduacán. Padres y maestros dialogamos acerca de los impactos negativos de la reforma. Para apoyar la causa del magisterio de la CNTE, los padres de familia deciden cerrar la escuela al siguiente día.

7 de junio: Me presenté a laborar. La escuela era custodiada por los padres. Conforme al reglamento, se levantó un acta circunstanciada y me dispuse a participar en las acciones que, desde la CNTE, hacemos los maestros en oposición a la reforma laboral que no tiene nada de educativa. Estoy en esa trinchera por la defensa de mis derechos fundamentales.

8 de junio: El día fue idéntico al anterior. Me presenté en la escuela y me retiré bajo las mismas circunstancias.

9 de junio: Padres de familia, en menor número que los dos días anteriores, mantenían la escuela cerrada. Hablamos de cómo el movimiento magisterial crecía en unos sitios y se apagaba en otros. En Cunduacán, la única telesecundaria cerrada era la nuestra. El director del plantel no acudió; vía telefónica nos explicó que había sido llamado por el Encargado del Departamento de Telesecundaria quien, acompañado de la Directora de Educación Secundaria, el Jefe de Sector 2, y un asesor jurídico, lo presionaron para firmar oficios de descuentos por tres días laborales a toda la plantilla docente. Esas faltas, de acuerdo con la Ley del Servicio Profesional Docente, nos ponían en la antesala del cese inmediato. Consternados, los maestros le insistimos considerar la arbitrariedad de la que éramos objeto; a él le constaba nuestro cumplimiento laboral y su firma validaba las actas circunstanciadas. Frustrados, los padres acordaron reabrir la escuela.

10 de junio: Las clases se desarrollaron con normalidad. Se presentaron algunos padres y el Supervisor de la zona escolar. Los maestros expusimos la acción dolosa que nuestro director fue obligado a ejecutar. Los padres nos reiteraron su apoyo. El Supervisor se comprometió a informar a sus superiores y arreglar el asunto. Días después, regresó por el libro de entradas y salidas de la escuela. Ni el libro fue devuelto, ni el arreglo se llevó a cabo.

17 de junio: De los 11 que conformamos la plantilla docente, sólo mi compañero Juan Pérez López y un servidor, recibimos un citatorio de la SETAB en el que se nos informaba que, según oficio enviado por el Encargado del Departamento de Telesecundaria, habíamos faltado a nuestras labores los días 6, 7, 8 9 y 10 de junio, y se nos daba un plazo de 10 días hábiles para aportar elementos que justificaran el incumplimiento laboral.

18 de junio: En el plantel, el Director convocó a reunión de maestros para declarar que, el 14 de junio fue hostigado, atormentado y amenazado en la Dirección de Educación Secundaria por el Jefe de Departamento, el Jefe de Sector 2 y un asesor jurídico, esta vez para firmar nuestros descuentos salariales de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de junio, mismos que le presentaron ya elaborados. Dijo haber levantado un acta en aquel momento, explicando al mismo Jefe de Departamento, la ilegalidad del acto perpetrado contra nosotros. Nos entregó una copia del acta: tiene sello y firma de recibido del Departamento con fecha 15 de junio.

Ciertos del dolo institucional y apesadumbrados por nuestra vulnerabilidad, buscamos asesoría legal. Actas, fotografías y diversos testimonios fueron presentados por nuestro abogado dos días antes del plazo perentorio.

14 de julio: Ante el abogado y compañeros maestros, el director de la escuela nos reveló que, el 11 de junio, la Directora de Recursos Humanos de la SETAB lo requirió y, acompañada por el Jefe de Sector y el Director de Asuntos Jurídicos, lo obligó a desconocer los sellos de todas las actas presentadas como pruebas a nuestro favor en el proceso de marras.

20 de julio: La Jefa del Departamento de Telesecundaria gira un oficio informando a los miembros del subsistema que, los docentes de aquellas escuelas que permanecieron cerradas no pueden tener receso hasta entregar calificaciones y documentos pendientes. Significa que los maestros no serán cesados y sólo se les “castigará” con menos vacaciones.

21 de julio: Juan Pérez López y un servidor fuimos notificados del cese laboral.

Pese a todas las evidencias de la ilegalidad de su proceder, los burócratas de la educación estatal cometen estos actos viles y cobardes porque repudian la disidencia y son intolerantes a la crítica.

Fuente: Centro de Medios Libres

Autor: Redacción

https://www.centrodemedioslibres.org/2016/07/28/cronica-burocracia-y-represion-contra-el-magisterio-disidente-en-tabasco/

La Ley de Movilidad en la CDMX lleva dos años sin aplicarse por la falta de un reglamento

Fue publicada en julio de 2014 y se estableció un plazo de 180 días para que se expidiera su reglamento, pero hasta ahora eso no ha ocurrido; la ley, entre otros puntos, establece que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tienen derecho a un seguro.

El 14 de julio de 2014 entró en vigor la Ley de Movilidad de la capital mexicana que establece, entre otras cosas, que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tiene derecho a un seguro;  que las licencias de manejo solo se darán tras aprobar varios exámenes; o  que se creará un fondo con el dinero de las multas que se paguen.

El objetivo es reorganizar la política de movilidad para dar prioridad al peatón, reducir al mínimo los percances viales y salvar entre el 2014 y el 2020 más de 50 mil vidas.

Pero nada de eso ha ocurrido en dos años, porque no existe un reglamento que permita aplicar en la realidad lo que hoy solo sigue en el papel.

El gobierno capitalino tenía 180 días, como máximo, para expedir el Reglamento que estableciera la forma en que se aplicarían los más de 250 artículos de la norma; ya pasaron más de dos años y no se ha expedido.

“Tenemos una ley de movilidad con las mejores prácticas del mundo sin duda pero ¿de qué nos sirve tener un papel increíble sino podemos actuar de ninguna forma? Tener una ley sin reglamento es como no tener nada, no te está asegurando nada”, dijo Fernanda Rivero Banfield, directora de la asociación civil México Previene.

Rivero firmó una carta respaldada por más de 20 organizaciones civiles especializadas en movilidad que hace un mes fue entregada a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para pedir la publicación del reglamento. En el documento recordaron que al día tres personas mueren solo por accidentes viales.

Animal Político contactó a la Consejería encabezada por Manuel Granados para preguntarles sobre el reglamento. Confirmaron que éste no se ha expedido y  se debe a que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la ciudad no ha mandado el texto correspondiente para su análisis final.

En la SEMOVI la titular del Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros, reconoció que existe un retraso, pero dijo que a partir de julio de 2015, cuando ella asumió su actual cargo, se aceleró el trabajo, lo que permitió finalizar y entregar un proyecto de Reglamento la semana pasada, que se espera se revise y apruebe antes que concluya el 2016.

“¿Qué si se tenía que haber sacado antes? Pues por supuesto que tendría que haber salido antes, pero justamente porque no se hizo al principio es que se crea el Nuevo Modelo de Movilidad para avanzar en esto”, dijo.

Cuatro claves de la ley

La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en 2014 reordena prácticamente a todos los actores que comparten el espacio público de la ciudad; la norma establece la prioridad que tiene le peatón y el ciclista sobre los demás; las reglas para la concesiones del transporte de todo tipo y sanciones; los parámetros de clasificación de las avenidas, entre otros.

Pero además incluye varias innovaciones, la mayoría propuestas por organizaciones de la sociedad civil, que buscan alcanzar una movilidad más equitativa y segura.  Estas disposiciones requieren de reglas que no se han establecido. Aquí el ejemplo de cuatro de ellas.

*Seguro para las víctimas

La Ley de Movilidad protege a las personas en la calle o en el transporte, en caso de ser víctimas de un accidente. El artículo 196 establece que una persona que sufra daños y perjuicios en la vía pública (incluyendo peatones o ciclistas) a causa del mal estado de las calles, avenidas o de las señalizaciones, debe ser indemnizada.

El artículo 72 indica que todos los conductores de autos particulares están obligados  a contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos que se establezca en el Reglamento. Además el artículo 110 establece la obligación de los concesionarios del transporte público para contar con una “póliza de seguro” que proteja tanto a los terceros que resulten afectados en un incidente, pero también a los usuarios.

Para que esto funcione y lo haga bien en la realidad, Rivero Banfield indica que el reglamento debe establecer las características mínimas de la protección que se dará a las personas.

“En el reglamento debe de venir detallado el seguro obligatorio de responsabilidad social. Esto es decir más o menos cual es el monto a asegurar (…) Este seguro cubriría a daños a terceros y a ti. Hay muchos seguros que solo cubren daños al automóvil por ejemplo, entonces es una trampa que solo se hable de la obligatoriedad de seguros, debe ser un seguro bien detallado”, dijo.

La experta recordó que según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 75 por ciento del parque vehicular no está asegurado actualmente, por lo que es vital que esto se materialice conforme los parámetros que establezca el reglamento.

*Exámenes para conducir

El artículo 65 de la Ley de Movilidad establece que para obtener licencias o permisos para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado “será necesario acreditar las evaluaciones y cursos” que establezca la Secretaría de Movilidad.

El Reglamento de la Ley de Movilidad que aún no se expide, deberá establecer la batería de exámenes que tendrá que cumplir la persona que aspire a una licencia, y que se prevé que sean de tres tipos: médicos, teóricos y prácticos, explicó Rivero Banfield.

“Se habría dicho que sería antes de 2017 pero evidentemente ya vamos atrasados en este tema porque no existe el reglamento. También  está la parte de diferenciar los exámenes de manejo por ejemplo para las motocicletas. Actualmente si tú tienes una licencia puedes manejar un auto o una moto y esto debe diferenciarse”, dijo la experta.

Otra cosa que el reglamento debe detallar según la presidenta de México Previene, son las especificaciones para cursos en línea o prácticos, la elaboración de un manual de capacitación con parámetros homologados, y la regulación básica de las escuelas de manejo.

*Fondo de Movilidad

El artículo 32 de la ley establece la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial cuyo objetivo será el de “captar, administrar y aportar recursos” que contribuyan a mejorar  las condiciones de infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura vial en materia d e movilidad

“El fondo de movilidad lo que va a hacer es canalizar todos los recursos que se generan  por ejemplo de los parquímetros, de las multas, de las fotomultas… esto se tiene que definir con mucha precisión en el reglamento y también que es lo que va a pasar con ese dinero”, dijo la presidenta de México Previene.

De acuerdo con Rivero Banfield, deben establecerse reglas claras sobre el manejo de estos recursos para que su ejercicio realmente este encaminado al beneficio de la movilidad y el espacio público.

*Reorganización del transporte

La Ley de Movilidad promete por fin reorganizar todo el sistema de transporte público. Además de nuevas normas para el otorgamiento de concesiones y permisos, también plantea una revisión constante de los distintos sistemas para priorizar un mejor traslado y cobertura de rutas y demandas

Lo anterior implicará, de acuerdo con el artículo 223 de la Ley,  que la secretaría de Movilidad será la responsable de coordinar todas las políticas de movilidad a través de un “Centro de Gestión” que evaluará las condiciones de las vialidades  y de los sistemas.  Pero todo este proceso deberá detallarse en el Reglamento que aún no existe.

“Esta ley lo que hace es cambiar atribuciones de prácticamente todas las dependencias que tienen que ver con movilidad (…)da atribuciones a SEMOVI como cabeza de sector para integrar el Centro de Gestión de Movilidad y esas son atribuciones que en parte hoy tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Laura Bellesteros.

¿Cuándo estará listo?

El pasado 7 de junio más de 20 organizaciones civiles especializadas en temas de movilidad entregaron una carta a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México (de la que Animal Político tiene copia con el acuse de recibo) en la que piden se acelere la expedición del reglamento, luego de que el límite para ello se sobrepasó hace año y medio.

Fernanda Rivero Banfield dice que hasta ahora no han recibido una respuesta de la Consejería, pese a que de acuerdo con la información que tienen ya recibieron el texto del reglamento elaborado por la Secretaría de Movilidad para su aprobación.

Animal Político buscó la posición de la Consejería Jurídica. La respuesta, a través del área de comunicación social de dicha dependencia, es que en efecto no se ha expedido el reglamento pero se debe a que Secretaría de Movilidad aun ha entregado el texto para su verificación final, pues se encuentra analizándolo con organizaciones civiles.

Laura Ballesteros, titular del Nuevo Modelo de Movilidad de la SEMOVI dijo que antes de que acabe el 2016 será expedido el reglamento. El proyecto ya se terminó y es cuestión del proceso administrativo de revisión para que se materialice.

Reconoció que en el primer año luego de expedida la Ley no se trabajó a la velocidad a la que se debería pero tras asumir el cargo, en julio de 2015, se plantearon como meta sacar en un año todos los pendientes y en ese proceso están trabajando,

“Además del reglamento estamos trabajando en  el Programa Integral de Seguridad Vial  para que esté listo en noviembre de este año.  Y próximamente también se hará la instalación del Órgano Regulador del Transporte (…) invitamos a la sociedad civil a que siga dando seguimiento y presionado con estos temas”.

Marchas no serán reglamentadas

Los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad abordan el tema de las manifestaciones en la ciudad. Se indica que la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a dar las facilidades para la libre manifestación (incluyendo marchas), pero también que los organizadores deben avisar 48 horas antes a las autoridades.

La ley además estipula que la policía está facultada para “evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua” con “apego a la normatividad aplicable”. Todos los lineamientos que regulen  este apartado, según la ley, estarán contenidos en el Reglamento de la misma (con el que aún no se cuenta).

Ballesteros explicó que ese tema ha quedado suficientemente claro en la Ley y no será motivo de mayor reglamentación.  Recordó que los artículos mencionados están en un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Leopoldo Maldonado, Coordinador del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien promovió junto con otras organizaciones la impugnación ante la SCJN, dijo que los artículos de la Ley de Movilidad sobre manifestaciones implican en los hechos “un permiso de la autoridad” para poder manifestarse, situación que es una violación a la libertad de expresión y debe ser eliminado de la Ley.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-ley-de-movilidad-cumple-dos-anos-sin-reglamento-en-la-cdmx/

Burocracia atora el presupuesto de la CAME, solo ha gastado el 17% de sus recursos contra la contaminación

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha invertido cerca de 15 millones de pesos en la elaboración de estudios de medición de contaminantes. El coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, reconoció que por cuestiones burocráticas se ha frenado la inversión de los recursos.

En 2015, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) tuvo un presupuesto de 91.7 millones de pesos para invertir en proyectos contra la contaminación ambiental, pero sólo gastó el 17 % de los recursos, alrededor de 15 mdp, en cuatro programas de monitoreo.

Dichos recursos forman parte del fideicomiso 1490, creado hace más de 20 años para los proyectos de la Comisión Ambiental Metropolitana y que era financiado con recursos de la Secretaría de Hacienda provenientes del sobreprecio de la gasolina.

En 2014, cuando la CAME inició operaciones, en sustitución de la Comisión Ambiental Metropolitana, el fideicomiso tenía 41 millones 973 mil pesos. El primer acuerdo de la CAME fue que los gobiernos participantes (Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos) aportarían a este fondo, 5 pesos por cada auto verificado.

Estas aportaciones sumaron al fideicomiso 48 millones 866 mil pesos durante 2015; por lo tanto, de los recursos de 2014 y 2015, el fideicomiso tuvo 91 millones 764 mil pesos disponibles para proyectos ambientales, según el reporte de la Cuenta Pública 2015.

El coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, explicó que “cuestiones burocráticas” han impedido que se gasten los recursos. La Comisión tuvo que diseñar, por ejemplo, su propio funcionamiento y las nuevas reglas de operación del fideicomiso en los primeros meses de 2014 y las aportaciones estatales comenzaron a fluir hasta 2015.

En entrevista con Animal Político, Gutiérrez Lacayo aseguró que el procedimiento para concretar un proyecto ambiental debe cumplir con una serie de procedimientos, según las reglas de operación.

Primero, el subcomité de evaluación y seguimiento de proyectos, integrado por funcionarios de Semarnat, y luego el Comité técnico del fideicomiso, diseñan “conceptos” de proyectos que puedan beneficiar a la megalópolis o resuelvan algún  requerimiento específico de las entidades.

En 2015, se aprobaron 16 “conceptos”, que van desde el monitoreo de emisiones contaminantes, hasta una estrategia de comunicación para la CAME y de carácter legal para hacer más operativo el fideicomiso.

Después, deben publicar las convocatorias y una vez que llegan las propuestas, analizar cuáles serán las mejores opciones. Aunque en 2015 se lanzaron siete convocatorias, sólo hubo participaron en cuatro y el resto se declararon desiertas.

Por lo tanto,  en diciembre de 2015, la CAME informó la selección de cuatro proyectos enfocados a la medición de contaminantes, por un monto de 15 millones 708 mil pesos, que comenzarían a realizarse en 2016. El 2014, dice, Gutiérrez Lacayo, prácticamente fue el tránsito burocrático de la Comisión Ambiental Metropolitana a la CAME.

¿En qué gastaron los recursos?

El proyecto con el mayor monto (5 millones 500 mil pesos) lo obtuvo el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre medio ambiente A. C., por el programa para “apoyar proyectos de verificación vehicular obligatoria de la megalópolis”, cuyo objetivo era evaluar y generar recomendaciones de los programas de verificación vehicular para “incrementar su eficiencia y confiabilidad”.

La organización Geosistemas sustentables A. C., ganó el proyecto para “apoyar proyectos de generación de información geográfica para la CAME”, por un monto de cuatro millones 582 mil pesos. Según la convocatoria, debían presentar datos cartográficos de la megalópolis, mapeo de cuencas atmosféricas y de transporte de contaminantes, entre otros.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, obtuvo dos millones 900 mil pesos por la “elaboración de la línea base de contaminantes atmosféricos a nivel de calle de las dos primeras etapas de la ecozona de Cuernavaca, Toluca; el perímetro central de Puebla y en el corredor de transporte masivo Tuzobus en Hidalgo.

El proyecto con menor monto (dos millones 726 mil pesos) fue para “identificar las necesidades regulatorias para la homologación de políticas públicas en materia ambiental en la región y fortalecer la operación de la CAME”, que ganó Gladius asesores legales S. C.

¿Y qué tan indispensables son los proyectos?

De acuerdo con Leonardo Martínez, director de AEQUUM, A.C., Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, los proyectos de monitoreo son indispensables para la estrategia ambiental porque “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.

Martínez -excoordinador de Política Ambiental Urbana del Instituto Nacional de Ecología y perito en Desarrollo Urbano- asegura que la labor de monitoreo “es crucial para poder diseñar las líneas más efectivas para reducir las emisiones contaminantes”.

El también ex profesor de la Universidad Iberoamericana y del ITAM, sostiene que estos proyectos son pertinentes porque “no sabemos bien a bien la cantidad de contaminantes que se emiten por ningún tipo de fuente porque hay muchos vacíos en las metodologías”.

Otros gastos

La Comisión Ambiental de la Megalópolis está integrada por un órgano de gobierno conformado por los seis gobernadores de las entidades participantes y por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el coordinador ejecutivo.

Por lo tanto, el organismo no tiene una estructura burocrática como otras oficinas gubernamentales. De hecho, sólo tiene 11 plazas que son pagadas por la Semarnat y trabajan en oficinas de la dependencia. Sin embargo, hay cuatro vacantes.

De acuerdo con la antigua operación del fideicomiso, los recursos sólo podían usarse “para el desarrollo de proyectos y programas por parte de las entidades que conforman la Comisión”, pero ahora también lo podrán usar para gastos de operación.

Por siete plazas de dirección de la CAME, que incluye al coordinador ejecutivo, tres directores generales y tres directores, la Semarnat paga 631 mil pesos de salario bruto, según información del Portal de Obligaciones de Transparencia.

A casi tres años de su conformación, la actuación de la CAME ha sido ineficiente. El trabajo se ha enfocado en cuestiones administrativas y no en una estrategia integral para combatir la contaminación, como documentó Animal Político.

Sin embargo, el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, los avances sí son visibles, como la homologación de los programas de verificación en las seis entidades participantes, aunque con diferencias de carácter administrativo que no depende de la Comisión.

Asegura que aunque las sesiones de la CAME duran menos de dos horas, hay trabajo previo detrás entre los funcionarios de la Comisión, la Semarnat y los representantes de los gobiernos. Por lo tanto, llegan a las sesiones con acuerdos técnicos que son avalados por los titulares.


La crisis ambiental ha llegado a grados que no se habían visto en los últimos 14 años. Hasta el 1 de junio, el Valle de México sólo tuvo 19 días limpios, es decir, con una contaminación menor a 100 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca). En contraste, se han activado ocho contingencias fase I y cuatro precontingencias que han superado los 150 puntos Imeca, según la dirección de Monitoreo atmosférico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/came-gasta-en-monitorear-contaminacion-no-en-combatirla/

La burocracia desaparece cadáveres

Un migrante salvadoreño desapareció en Tamaulipas en 2011. Su madre comenzó a buscarlo y supo que zetas y policías municipales lo habían asesinado. Supo luego que lo sepultaron junto con otros 67 cuerpos en una fosa común de San Fernando. Y dice que aun cuando desde 2012 las autoridades mexicanas conocían la ubicación del cadáver, construyeron un laberinto burocrático para desaparecerlo de nuevo y no entregárselo. Apenas en enero de 2015 pudo recuperarlo y la semana pasada ganó en la Suprema Corte un amparo para que sea considerada como víctima


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque vive en El Salvador, la señora Bertila Parada conoce detalles de la tortura que sufrió su hijo Carlos Alberto en México a partir de aquel 27 de marzo de 2011, cuando dejó de reportarse.

Sabe que nunca llegó a la frontera con Estados Unidos y que estuvo a unos kilómetros de la misma, pero el autobús donde viajaba fue interceptado por Los Zetas y policías municipales a la altura de San Fernando; lo obligaron a bajar.



Sabe que lo atormentaron antes de matarlo: a golpes le tumbaron nueve dientes y le destrozaron el cráneo.

Sabe que en sus últimos instantes de vida vestía una camisa que no le conocía, unos calcetines y unos calzones que sí eran suyos, y estaba amordazado.

Sabe que así, con la mordaza, fue enterrado en una colina donde duró poco más de dos semanas.

Sabe que a su cuerpo, cuando fue hallado, la Procuraduría de Tamaulipas le asignó el número 3 en la fosa 3 de la brecha El Arenal, del municipio de San Fernando, donde se encontraba con otros 12 asesinados. Todavía faltaban 44 fosas por descubrirse, de las cuales fueron sacados 193 cadáveres en el llamado caso de las “narcofosas” o “San Fernando 2”.

Sabe también que el 17 de abril lo trasladaron a la morgue de Matamoros y que al día siguiente le tocó turno para la autopsia.

Mas por decisiones de la burocracia, su hijo volvió a desaparecer el día que fue sepultado con otros 67 cuerpos en una fosa común tamaulipeca: lo enterraron en la fila 11, lote 314, manzana 16, del panteón municipal de la Cruz, Ciudad Victoria. Permanecieron ahí hasta octubre de 2014, cuando fueron enviados a la Ciudad de México.

En abril de 2011, otros 122 habían corrido mejor suerte al ser trasladados a una morgue capitalina, donde los mantuvieron congelados durante meses; luego los destinaron al panteón de Dolores.

En la fosa común tamaulipeca, Carlos Alberto esperó tres años y 10 meses a que Bertila lo rescatara y lo condujera de regreso a casa. Fueron casi cuatro años de tortura para ella y su familia, ya no por parte de los criminales, sino de las autoridades mexicanas que, aun cuando desde el año 2012 conocían la identidad del cuerpo 3 de la fosa 3, lo perdieron en los laberintos de la burocracia.

Bertila sospecha que los funcionarios lo desaparecieron “a propósito” como represalia por las protestas que ella hacía desde El Salvador y por el amparo que interpuso en 2013 –promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho– para que conservaran su cuerpo y no lo incineraran, como hizo la Procuraduría General de la República (PGR) con otros migrantes, y también para conocer la averiguación previa que México abrió por ese asesinato y que le permitirá saber en detalle cómo y por qué perdió la vida su hijo, al igual que las investigaciones al respecto.

“Siempre he querido saber toda la verdad, aunque me duela; por eso he estado luchando. No quiero enterarme por otros de lo que le pasó; quiero ser la primera en saberlo porque yo, como todos los migrantes, queremos saber qué pasó a nuestros hijos, al esposo, a aquel padre que también se quedó en el camino, en un país donde nos robaron algo, donde nos robaron todo motivo de vivir”, explica.

Al tiempo que expresa esto, Bertila llora en el jardín de su casa de Sonsonate –construida con paredes de adobe, techo de lámina oxidada, cables colgantes y, en el jardín comido por las gallinas, la lona vieja de una aerolínea usada como techo de porche–, donde muestra las fotos de su muchacho, ora disfrazado de payasito, ora sosteniendo un diploma escolar, ora en la playa.

Tiene a su lado una carpeta que el 28 de enero de 2015 le entregó la PGR y que contiene las fotos del cráneo destrozado y del panteón donde su hijo estuvo como anónimo, así como algunos de los oficios que funcionarios de Tamaulipas enviaron a la PGR, y en los que desde 2012 se menciona que debería avisarse a la familia salvadoreña de la muestra genética 115 que su hijo es el cuerpo 3 de la fosa 3. Una orden que nadie cumplió.

O quizás, especula esta mujer a la que la tristeza carcomió sus 56 años de vida, nadie quiso cumplir…

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dice mientras muestra las fotografías en las que se observa el cadáver en distintas tomas y la cruz oxidaba que marcaba su tumba cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3, Fosa 3”.

El 28 de enero de 2015, en la PGR, ella supo esa parte de la verdad gracias a la Comisión Forense instalada en septiembre de 2013 y que autoriza al Equipo Argentino de Antropología Forense y a diversas organizaciones de familiares mexicanas y centroamericanas a trabajar al lado de los peritos de la procuraduría para devolver la identidad a los cuerpos de los migrantes masacrados en San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012).

Cuando le entregaron el cadáver de su hijo menor, pidió a las antropólogas argentinas le explicaran lo que el maltratado cuerpo denunciaba.

“Yo quería saber cómo había muerto mi hijo. Cuándo más o menos había sido encontrado. Qué es lo que tenía: si llevaba documentos, dinero, prendas que podíamos reconocer. Pero no, sólo el calcetín, el bóxer y la manga larga. Quería saber cómo fue su muerte. Yo me pongo a pensar en todo lo que vivió en el tormento que sufrió. Yo lo presentía todo, quería saber cómo fue, por eso les pedí: ‘Contéstenme todo lo que pregunte’. Me dijeron que la muerte fue un golpe contundente de este lado –dice mientras se toca la sien del lado derecho–. De eso murió.”

Ese día, en la Ciudad de México, solicitó ver los restos. Aunque ya eran huesos, ella constató que sí era él: “Lo reconocí por el físico de la cara, por los dientes que le habían quedado –muy rectecitos y suavecitos– y los pies, que eran poco anchos. Sí le pude reconocer eso”.

Emigrar para sobrevivir

Carlos Alberto abandonó Sonsonate cuando tenía 25 años porque iba a tener un hijo y quería ofrecerle una vida digna. No encontraba trabajo, le desesperaba que Bertila vendiera pupusas en los autobuses para darle dinero, y era amenazado por las pandillas.

Cuando el pollero que lo recogería en la frontera con Texas avisó que nunca había llegado, Bertila, ayudada por una sobrina, puso una denuncia en su país el mismo mes de abril y avisó a la embajada de México, donde, afirma, sólo “se burlaron”, la engañaron diciendo que lo estaban buscando. No supo entonces ni le informaron del hallazgo de las fosas de abril.

“Quedamos esperando, pero esa espera se hizo larga, torturadora.”

Su segundo martirio comenzó en diciembre de 2012, al recibir llamadas de la cancillería y la fiscalía salvadoreñas avisándole que las autoridades mexicanas habían encontrado a su hijo, que lo cremarían y enviarían sus cenizas a casa.

Ella se comunicó con el Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, que se contactó con la Fundación para la Justicia, para interponer un amparo a fin de evitar la incineración.

El último día del sexenio de Calderón, en diciembre de 2012, la PGR ya había mandado cremar 10 de los cadáveres hallados en San Fernando (Proceso 1886). Su muchacho estaba en la lista de los siguientes.

En ese tiempo Bertila comenzó a armar protestas, dejó de dormir y comer, tuvo deseos de matarse ante la embajada de México para que le hicieran caso. Salía por las noches a la calle a esperar a su hijo. Corría cada vez que veía a alguien de cachucha blanca porque pensaba que era él. Terminó ingresada en un hospital psiquiátrico.

“Fue al año y nueve meses cuando me dijeron que sí lo tenían ahí, como el 14 de diciembre de 2012. Que estaba enterrado. Luego, ante mis protestas y el amparo, dijeron que nunca me habían llamado. Mi dolor para poder enterrar a mi hijo duró tres años 10 meses”, cuenta mientras barajea el expediente, y agrega: “Pienso que las autoridades mexicanas se negaron a ayudarme. Ellos ya sabían de él, lo encontraron, ya lo tenían”.

No era la única: También la familia de Manuel Antonio Realegeño Alvarado –quien estaba entre los muertos de San Fernando– recibió el mensaje de que lo iban a cremar por motivos de salubridad.

El 24 de mayo de 2013 el gobierno mexicano repatrió a El Salvador el cuerpo de Realegeño. A Carlos Alberto no lo enviaron.

“A la mamá (de Antonio) le dijeron que su hijo estaba en el DF. No lo habían enterrado. Estaba refrigerado; al mío lo habían sepultado en Ciudad Victoria.”

Esa fue otra patada en el corazón.

“Siempre supe que si me ofrecían las cenizas de mi hijo me podían dar un animal, una persona equivocada o cenizas de madera, de cal. Ellos querían terminar evidencias, que ahí acabara todo. El gobierno estaba cubriendo algo, no dice la verdad. No es que yo sea detective. Como madres armamos nuestra conclusión: se violaron mis derechos como persona, como ser humano.”

En octubre de 2014, ella y otras mujeres centroamericanas se reunieron con el entonces procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, para conminarlo a permitir a la Comisión Forense devolver a sus hijos.

Murillo la miró con sorpresa y le preguntó: “¿Su hijo todavía está aquí?”. Bertila se dio cuenta de que él sabía que hacía tiempo había sido identificado.

El 28 de enero de 2015, cuando la citaron a la PGR, ella tenía la leve esperanza de que el cuerpo que le entregarían no fuera el de su vástago. Pero al verlo se convenció.

“(La antropóloga) me dio información bien veraz: que un 99.98% era compatible. Me enseñaron algo de ropa: alguna que no era de él. Le cambiaron documentos que llevaba.”

La de su hijo era la averiguación previa 52/2011.

En el expediente se lee la cadena de torpezas que cometió la PGR y por las cuales Carlos Alberto volvió a desaparecer, aunque ya estaba identificado.

El 13 de julio de 2012, según se lee en los folios internos de la PGR 43858 y 54729, se solicita confrontar los perfiles genéticos de los cadáveres que en noviembre de 2011 había enviado la procuraduría tamaulipeca contra los perfiles genéticos aportados por El Salvador el 18 de octubre de 2011 a través de la entonces SIEDO, y cuya misión estaba a cargo del maestro Guillermo Meneses Vázquez, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. También, el contraste contra las muestras de las fosas de “San Fernando, Durango, Guerrero y Sinaloa”.

La conclusión era clara: “Los perfiles genéticos de las muestras (…) que corresponden a la familia 115 de El Salvador (…) presentan relación de parentesco biológico con el perfil genético de las muestras, ‘piezas dentales’ extraídas del cuerpo número 3 fosa número 3, con clave NN 527, remitido por Tamaulipas”, según firmó el biólogo Adrián Bautista Rivas.

El 24 de octubre de 2012, ya con la conclusión en la mesa, se turna un acuerdo que instruye a Fernando Reséndiz Wong, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, mandar un oficio a El Salvador para informar que los perfiles genéticos de la familia 115 presentaban “relación de parentesco, biológico y de las dentales” extraídas al cuerpo 3 fosa 3, con clave NN 527, inhumado en el panteón municipal de la Cruz.

En el oficio, Judith Janet Rueda Fuentes, agente del Ministerio Público estatal, exhorta a Reséndiz Wong, director de Procedimientos Internacionales de la PGR, a establecer “contacto con dicho país y estar en posibilidad de solicitar los requisitos indispensables para la exhumación y entrega de los restos de los cuerpos”.

Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin respuesta. Fueron los meses en que Bertila estuvo protestando y cuando el amparo ya había sido interpuesto. Casi a mediados de mayo, el expediente tuvo un salto.

El 14 de mayo de 2013, el oficio DAPE/292/2013, firmado por el director de Averiguaciones Previas de Tamaulipas, Pedro Efraín González Aranda, requiere a Guillermo Meneses, entonces coordinador de Asesores del subprocurador de la SEIDO, su “colaboración” y “apoyo” para que realice las gestiones necesarias con el fin de obtener los datos que correspondían a la familia número 115, por ser pariente del cuerpo 3 de la fosa 3.

Durante otros ocho meses el expediente no presentó movimientos.

El 19 de enero de 2015 otro oficio informaba que el 19 noviembre de 2014 la Comisión Forense por fin exhumó los restos varados en Tamaulipas, los cuales llegaron el 21 a la capital del país; 33 de esos cuerpos habían sido exhumados en 2011 y otros 37 en 2014. Entre ellos iba el de Carlos Alberto.

A finales de enero de 2015 se lo entregaron.

Últimas noticias

El amparo de Bertila fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reconoce, por primera vez, el derecho de familias migrantes a ser aceptadas como víctimas ante la justicia mexicana, a conocer la verdad y a acceder a las indagatorias sobre violaciones graves a los derechos humanos donde perdieron la vida sus parientes, como es el caso de San Fernando. Ella confía en que esta resolución abra la puerta para que las familias de migrantes encuentren a sus hijos que quedaron en cementerios clandestinos mexicanos.

El pasado miércoles 2, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella lloraba mientras escuchaba la resolución de los cinco magistrados al mismo tiempo que alzaba la foto de su Carlos Alberto.

“Mi hijo estuvo ahí, sentado conmigo –dice llorando–, y ¡ganamos, ganamos, ganamos! Está más cerca la justicia, para mí y para todos.”

Sonríe al recordar un sueño que tuvo los primeros meses en que su hijo desapareció. Estaba ella frente a cinco hombres vestidos de negro, ante una mesa redonda, cada uno de los cuales portaba un cartel con la palabra “justicia”. Recordó ese sueño al entrar a la Suprema Corte.

La Fundación para la Justicia espera que en la sentencia final se reconozca la calidad de migrantes de las víctimas, se analice el caso como una grave violación a los derechos humanos, se reconozca también a las víctimas de desaparición, se analice la obstaculización a la justicia que representa dividir los casos entre PGR y procuradurías estatales –como en la historia de Bertila– y que se revise el trabajo de Servicios Periciales.

“Siempre quise saber la verdad, siempre he pedido justicia. Que la muerte de mi hijo no quede impune. Yo quiero saber, porque siento que un día habrá justicia”, señala Bertila confiada. l

*Este reportaje forma parte de la serie “Másde72”, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

Fuente: Proceso

Autora: Marcela Turati

http://www.proceso.com.mx/433037/433037

Con Emilio Lozoya se triplicó la alta burocracia en Pemex

El número de direcciones corporativas pasó de cuatro que había en 1992 a nueve. Aumentaron en más de 500 las plazas en el corporativo, según un documento reservado. La reorganización incluyó nuevos directores generales, subdirectores, gerentes y subgerentes.

En el trienio en que Emilio Lozoya Austin dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) se triplicó la alta burocracia en la petrolera y engrosó el número de direcciones corporativas, de cuatro que existían desde 1992, a nueve, y se agregaron nuevas subdirecciones, gerencias y subgerencias, lo que aumentó en más de 500 las plazas en el corporativo.

La reorganización corporativa de Pemex, sus empresas productivas, subsidiarias y filiales, aprobada por el consejo de administración, fue clasificada como información reservada para un periodo de cinco años, a partir del 10 de noviembre de 2014, y en su contenido se revela el crecimiento del número de nuevos funcionarios.

El documento, del cual se tiene copia, está firmado por Lozoya Austin. La justificación para aumentar el número de funcionarios administradores de alto nivel es que se buscaba la eficiencia y competitividad, maximizando el valor de los hidrocarburos y la rentabilidad de las actividades de transformación industrial.

Así, la reorganización que implementó Lozoya Austin modificó la estructura de Petróleos Mexicanos, que en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas, se dividió en cuatro organismos subsidiarios y un corporativo, así como 69 empresas filiales que dependían de la entonces paraestatal.

“La estructura propuesta para Pemex –expone el documento– emana de su estrategia integral y aprovecha la oportunidad para alcanzar la optimización integral que requiere al convertirse en un competidor más del mercado. La elaboración de esta propuesta demandó las revisiones exhaustivas de las mejores prácticas empresariales en la industria, el aprovechamiento de su experiencia, la decisión de gestionar a la empresa basándose en procesos y la eliminación de duplicidades administrativas”.

Sin embargo, el proyecto avalado por el consejo de administración incluyó la designación de nuevos directores generales, subdirectores, gerentes y subgerentes.


Así, se aceptó la propuesta de crecimiento administrativo: a la dirección ejecutiva se agregaron cinco direcciones generales, 24 gerencias y 50 subgerencias. En la dirección corporativa de procesos de negocios y tecnología de información se autorizaron una dirección general, cuatro subdirecciones, 19 gerencias, y 40 subgerencias.

En la dirección corporativa de alianzas y nuevos negocios se creó una dirección general, tres subdirecciones, 10 gerencias y 20 subgerencias.

A la dirección corporativa de finanzas se le agregó una dirección general, cinco subdirecciones, 24 gerencias y 50 subgerencias. A la dirección corporativa de recursos humanos, una dirección general, tres subdirecciones, seis gerencias y 12 subgerencias.

A la dirección corporativa de administración y servicios, una dirección, cinco subdirecciones, 29 gerencias y 60 subgerencias. En la dirección corporativa de procura y abastecimiento, además de la dirección general se instalaron cinco subdirecciones, 26 gerencias y 70 subgerencias.

Mientras, en la dirección jurídica opera una dirección general, cuatro subdirecciones, 20 gerencias y 45 subgerencias.

Para la dirección corporativa de investigación y desarrollo tecnológico se aceptó la operación de un director, cuatro subdirecciones, 21 gerencias y 46 subgerencias.

En el Órgano Interno de Control se autorizó el nombramiento de cinco auditores y 14 gerencias.

En Pemex Exploración y Producción se autorizó una dirección general, 13 subdirecciones, 54 gerencias y 100 subgerencias, mientras en la Dirección Corporativa de Transformación Industrial se instaló una dirección general, 15 subdirecciones, 62 gerencias y 150 subgerencias.

Dicho crecimiento en la alta burocracia de Pemex contrasta con el despido, jubilación o retiros anticipados o voluntarios de 14 mil 694 trabajadores que realizó la empresa en 2015, de manera que la plantilla laboral pasó de 153 mil 85 a 139 mil 391 empleados.


En febrero, después de su designación como director, José Antonio González Anaya reconoció que el recorte de 100 mil millones de pesos para Pemex incluye los fondos para el recorte de personal, mientras la Secretaría de Hacienda calculó que serán despedidos unos 10 mil trabajadores de la empresa, de los 15 mil que se prevé recortar en la administración pública.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/08/economia/021n1eco