“El trámite quedó trunco, se votó en el Senado y se votó en algunas legislaturas, aquí hay unas láminas, no espero que sean todas, esta es la lámina del Senado, del Sistema de Información Legislativa, aquí dicen que nada más hay 16 legislaturas, que lo han aprobado. 

“Por lo tanto, no se puede hacer la declaratoria de constitucionalidad y, por lo tanto, pues no ha entrado en vigor, según el Senado. Sin embargo, acá están ustedes viendo las legislaturas que lo han aprobado, según la Secretaría de Gobernación, pero son 31 legislaturas las que lo han aprobado, acá las pueden ver también con las fechas en las cuales ya se aprobaron”, explicó. 

Para finalizar, el legislador tricolor recalcó que la reforma no se ha publicado porque este gobierno está quebrado. 

“Estamos hablando de un acto gravísimo, porque se está burlando la voluntad popular y la voluntad de los legisladores y, además, es un acto que demuestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que quería era intervenir en las elecciones y generar una gran narrativa, que ahora vemos que era tan sólo eso, una narrativa”, denunció.

La promesa a las trabajadoras

Hasta 2024, el Senado mantenía en subcontratación a personas encargadas de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, a través de Fonatur S.A. de C.V., una empresa de la Administración Pública Federal, cuya mayor parte de sus recursos son gubernamentales.

En diciembre pasado, los senadores anunciaron que a partir de este 2025 las trabajadoras formarían parte de la plantilla del Senado y que se respetarían sus derechos laborales.

Tras la finalización de los contratos con la empresa Fonatur S.A. de C.V, la Junta de Coordinación Política que preside Adán Augusto López Hernández autorizó la creación de 448 plazas —para cuatro mandos, 32 personas de servicio técnico y 412 más de servicios generales— con la intención de cubrir los servicios de limpieza y mantenimiento del Senado de la República.

El 4 de diciembre, López Hernández anunció desde el pleno la finalización de contratos con la empresa Fonatur S.A. de C.V.  y lo calificó como un precedente histórico de justicia social que, además de un reconocimiento a sus derechos, significaba también un ahorro presupuestal para la institución tras terminar dos contratos anuales por más 180 millones de pesos.

El legislador aseguró que los trabajadores que percibían un salario mensual de 7 mil 100 pesos recibirían 11 mil pesos, e incrementarían un bono navideño de 2 mil 2,000 a 14 mil 100 pesos; además de que serían afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y recibirían por fin prestaciones de ley. 

“Fonatur va a liquidarlos a ellos en sus prestaciones y que nosotros a partir del 1 de enero los vamos a contratar como empleados de confianza de este Senado”, dijo el legislador.

Con el cambio, la Cámara se ahorraría 82 millones de pesos, según las propias cifras que dio López Hernández.

“Tienen que alzar la voz”: Fernández Noroña

Una semana después, el 10 de diciembre, el Senado organizó un evento público para formalizar el anuncio rodeados de trabajadores y trabajadoras. Ahí, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tomó la palabra para celebrar el anuncio y sugerirles a las trabajadoras que defendieran sus derechos y su dignidad laboral.

“Tienen que alzar la voz, tienen luchar. Tienen que tener en claro que absolutamente nadie debe pasar por encima de su dignidad como seres humanos. Que lo que aquí estamos diciendo no es demagogia, no es retórica. Que efectivamente sin su trabajo nada funcionaría (…) A todas y a todos se les va a responder con justicia”.

Justo detrás de Fernández Noroña, en ese día de celebración, se encontraba precisamente Carmen Loyola, una de las 13 trabajadoras que hoy está despedida tras limpiar por años esas instalaciones.

“Hablan mucho del derecho de la mujer como ahora que pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ellos hayan hecho esta injusticia y crueldad con todas nosotras”…, lamenta la señora Carmen.

Griselda Villavicencio, que tenía 8 años como trabajadora en el Senado, relata que funcionarios del Senado las citaron en la sala 1 de la Planta Baja, donde les informaron que les entregarían la hoja de baja.

“Que quieren personas que se queden calladas. Que si a usted la mandan, usted tiene que obedecer sin responder ni dar su punto de vista”… acusa.

Las trabajadoras se han puesto en comunicación con el equipo del senador Gerardo Fernández Noroña y con la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de quienes aún esperan una respuesta.

Desde el anuncio del cambio en la estructura laboral, en enero y febrero, las trabajadoras no firmaron un contrato como personal de confianza con el Senado; sin embargo sí les ajustaron el salario de acuerdo con el anuncio y les argumentaban que estaban en proceso de trámites para formalizar su vínculo laboral.

Dos de las personas despedidas forman parte de la antigua sede de Xicoténcatl y 11 de la sede principal del Senado de la República.

Fabiola Franco, quien limpiaba el salón del Pleno durante las tardes, acusa que tras la finalización con la empresa Fonatur, las personas supervisoras, quienes tenían el poder de renovarles sus contratos de manera mensual sin la posibilidad de generar antigüedad continúen al frente de la estructura de las trabajadoras pese a que la empresa se fue. 

“Es muy lamentable que los hayan dejado otra vez en el cargo, empezando por el coordinador (Raúl Hernández Sánchez)”, subraya.

La reserva, presentada por la senadora morenista Nora Ruvalcaba, fue aprobada a mano alzada por la coalición mayoritaria. Minutos antes, los senadores de Morena, PT y PVEM habían aprobado la iniciativa con 71 votos a favor y 21 en contra.

Dependencias exentas de transparencia

La propuesta presidencial de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que en cada dependencia de gobierno deberá integrarse un Comité de Transparencia con acceso a la información para determinar su clasificación. Sin embargo, también propone que distintas dependencias de seguridad no estarán obligadas a seguir las determinaciones de esos Comités y pueden gestionar el resguardo, acceso y clasificación de la información conforme a sus propios protocolos.

En esos casos, las funciones de los Comités de Transparencia serán responsabilidad de la persona titular de la dependencia o unidad administrativa. 

Esos organismos exentos son el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o las unidades administrativas que lo sustituyan. 

Aprobación acelerada

En menos de tres horas, el Senado aprobó la reforma que crea Transparencia para el Pueblo, el nuevo órgano gubernamental que sustituye al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La presidenta Sheinbaum nombrará al funcionario que presidirá el nuevo organismo.

La coalición mayoritaria aceleró su aprobación y omitió la segunda lectura del dictamen, para que fuera aprobada desde este martes y enviada a la Cámara de Diputados.

La iniciativa es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinnbaum, con la que crecen las causales para que dependencias gubernamentales puedan ocultar información, con los argumentos de que ello compromete el desarrollo de proyectos prioritarios o la paz social.

Con la propuesta, los órganos internos de control de las propias instituciones públicas deberán atender las denuncias y los recursos de revisión cuando las personas consideren que se vulnera su derecho a la información.

Los argumentos principales de la coalición morenista para la aprobación de la iniciativa recayeron en gastos excesivos por parte del INAI. En la presentación del dictamen, la morenista Margarita Valdez argumentó que los comisionados del INAI cambiaban su actividad por boletos de futbol soccer.

La senadora enfatizó que uno de los objetivos de la reforma busca suprimir gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.

La iniciativa también busca armonizar las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales con la reforma constitucional que desapareció al INAI y otros órganos autónomos, así como tutelar el acceso a la información pública y protección de datos personales.

Así, el Senado aprobó expedir la Ley general de transparencia y acceso a la información pública, la Ley general de protección de datos personales en posesión de particulares, la Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, además de una reforma al artículo 37 de la ley orgánica de la administración pública federal.

Legislar sobre transparencia sin transparencia

El senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, aprovechó para denunciar que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera para su dictamen, en lugar de la de Anticorrupción y Transparencia que él preside y que, conforme al reglamento, debería recibirla.

“¿A quién le beneficia no escuchar a una Comisión que preside la oposición?”, cuestionó.

El priista Rolando Zapata Bello también preguntó a la coalición mayoritaria si la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder y calificó como una argucia el criterio de austeridad con el que se sostiene la reforma.

“No estamos ante un recorte presupuestal genuino que busque eficiencia, estamos ante una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo, eliminando los organismos que garantizaban la fiscalización independiente”. 

El exgobernador de Yucatán subrayó que la institución fiscalizada y el fiscalizador serán lo mismo, lo que minará los procedimiento, ya que el acceso a la verdad dependerá exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno.

Hubo seis reservas realizadas, pero sólo se aprobó la realizada por la morenista Nora Ruvalcaba. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados.

Partido Verde propone mover reforma contra el nepotismo hasta 2030

Luego de un acuerdo con Morena y Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México anunció una reserva para que la reforma contra el nepotismo entre en vigor hasta 2030 y no en 2027 como propuso en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó la información y dijo que se sumarían legisladores morenistas.

“Van a presentar una iniciativa, tengo conocimiento, perdón una reserva, el Partido Verde Ecologista —van a acompañar algunos senadores de Morena—, para que se modifique el transitorio, quede establecido en el transitorio que ya entra… su propuesta es que sea a partir de la elección de 2030, para armonizarla con la no reelección o evitar la elección consecutiva”.

Tanto Mier como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, destacaron la intención de mantener la unidad dentro de la coalición conformada por Morena, Partido del trabajo y el Partido Verde. 

“Mantiene su alianza con el Partido Verde, eso es lo que hemos estado viendo desde la mañana el grupo parlamentario, escuchando todas las voces de nuestras compañeras y compañeros (…) Tan importante es la agenda legislativa de Morena para sacar adelante las reformas constitucionales a las que se han sumado tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde y otros senadores que se sumaron a nuestro movimiento, como la agenda que tiene tanto el Verde como el Partido del Trabajo”.

Previo al inicio de la sesión, sin dar detalles, Fernández Noroña aseguró que lograron librar las diferencias sobre la votación, que había mantenido su coalición desde el 5 de febrero cuando fue presentada la iniciativa. 

“El Verde la va a apoyar, ya verán ustedes las condiciones (…) De repente no se valora lo difícil que es construir la mayoría calificada, no es solo Morena, es PT y Verde la coalición y tenemos que mantenernos unidos en una sola línea y no se valora las contribuciones que pueden hacer personas que se van sumando”.

En tanto, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, explicó que su bancada siempre ha mantenido la postura de que entre en vigor la reforma hasta 2030.

“Creemos que la reforma debe ser aplicada en lo general en el 2030 y no creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie”, dijo al respecto.

Los beneficiados con la reforma

La reserva que ingresaron Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco abre la puerta a que la senadora Ruth González Silva, del PVEM, pueda suceder a su esposo Ricardo Gallardo Cardona en la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Aunque ambos habían dicho que apoyaban la iniciativa con la aplicación desde 2027, la reforma aprobada permitiría que Félix Salgado Macedonio pueda contender ese mismo año por el gobierno de Guerrero, que está a cargo de su hija Evelyn Salgado. Al respecto, el guerrerense dijo que hasta ahora no ha manifestado su intención de participar en ese proceso.

Otro legislador que podría continuar los pasos de sus hermanos Ricardo y David en la gubernatura de Zacatecas es Saúl Monreal.

La senadora Ruth González no rechazó su intención por buscar suplir a su esposo en la gubernatura y presumió que obtuvo 526 mil votos para llegar al Senado:

“El pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea el o la candidata, vamos a ganar”.

La reforma está dirigida para personas legisladores federales, gobernadoras, diputadas locales, presidentes municipales; personas regidoras o síndicas, así como alcaldesas o concejalas, que no podrán contender si en los últimos tres años anteriores al día de la elección tuvieron un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de es cargo.

La minuta contra la reelección consecutiva y el nepotismo, con la modificación del Senado, será enviada a la Cámara de Diputados.

Explicó: “El Tribunal de Disciplina es un órgano que no existe. Empezará su existencia a partir del primero de septiembre, y se pone a, por ejemplo, a los seis consejeros que están actualmente en funciones de consejeros, que no es un cargo jurisdiccional, no son solamente tres, en todo caso son magistrados, pero no están ahorita en funciones de magistrados, sino de consejeros.”

Molina también cuestionó la ausencia de la ministra Norma Piña en las listas de candidatos, a pesar de ser parte del pleno del consejo, y resaltó que otros consejeros como Lilia Mónica López Benítez habían presentado su declinación para no continuar en sus funciones, pero igualmente aparecieron en las boletas.

“A mí me gustaría saber, si son todos los que integran el pleno del consejo, ¿por qué no está la ministra Norma Piña? Porque también integra ese pleno “, comentó Molina.

En relación con las modificaciones en el sistema de competencias del Poder Judicial, Molina alertó sobre el incumplimiento de los principios constitucionales, particularmente el respeto al federalismo.

“El federalismo ya no se respeta, porque ahora el Poder Judicial Federal tendrá competencia local“, afirmó, refiriéndose a la descoordinación territorial en las nuevas reglas.

Uno de los puntos más críticos que mencionó la magistrada fue la designación de personas que no tienen el perfil adecuado para asumir funciones jurisdiccionales.

“Se ponen a personas que no son juzgadoras, que son secretarios en funciones, pero que están en funciones de titulares, pero siguen siendo secretarios sin que se hayan registrado”, explicó.

La magistrada también reflexionó sobre las implicaciones de estos problemas para la credibilidad de las instituciones judiciales y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

“Esta forma de elección toda desaseada sería gravísima para cualquier oficina de gobierno. Sin embargo, que sea para la elección de la mitad de titulares de uno de los tres poderes de la Unión, me parece que es sumamente grave y que, además, no nos estamos dando cuenta como sociedad de la trascendencia.”

Molina mencionó que el actual proceso de reforma y su implementación podrían tener efectos negativos en el futuro del país.

“Le vamos a dejar a México jueces y juezas, magistrados y magistradas, que nadie sabe quiénes son, que nadie las revisó, que nadie sabe si pueden hacer su trabajo, que no tienen la capacidad técnica, que no van a ser independientes, que van a estar cooptados por el oficialismo”, lamentó la magistrada.

Además, Molina insistió en que la reforma, tal como se está llevando a cabo, no ha sido entendida en su totalidad.

“Desde mi perspectiva, nadie ha entendido cómo funciona el Poder Judicial, nadie le ha interesado saber cómo funciona el Poder Judicial de la Federación”.

Destacó que el Senado, a pesar de su protagonismo en el proceso, no ha corregido los vicios observados.

“Lo cierto es que el Senado es a quien le tendría que hacer esta corrección, pero la verdad es que dudo que tengan la forma de corregir porque no han entendido de qué se trata”, concluyó.

Al final, la magistrada alertó sobre el daño que podría ocasionar la falta de una reforma adecuada y precisa.

Según la magistrada, no solo afecta al Poder Judicial, sino que podría tener repercusiones más amplias en la democracia y en la calidad de las instituciones mexicanas.

La reforma fue avalada por la Cámara de Diputados en 2022, la misma fue presentada por diputados de Morena y permite retener hasta 40 % del salario de los trabajadores para cobrar créditos de diversas instituciones.

En ese momento la reforma fue rechazada en el discurso por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero recientemente se descongeló en la Comisión de Hacienda del Senado para avalarla.

“Originalmente les había dicho que el jueves, pero los compañeros, compañeras de la Mesa Directiva me han pedido que, como el primero vamos a estar aquí para la instalación de Congreso General, que hiciéramos la insaculación el viernes, y hemos accedido. El acuerdo que hay de la Mesa Directiva es el viernes 31 a las 12 del día, en el Pleno de la Cámara de Senadores”, detalló.

“A más tardar el martes 4 de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Senado de la República remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero. Incluso, por conducto del Pleno de la Suprema Corte.

“Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, o no los someta a trámite, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta ¿qué quiere decir eso? Que quedan aprobados, los aprueben o no.

“Por lo que la Mesa Directiva del Senado podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el proceso electivo”, explicó.

El legislador detalló que la resolución del tribunal les pide que la insaculación sea pública, por lo que será transmitida en el Senado y habrá notario público.

Además explicó que serán mil 50 aspirantes, ya que fueron los registrados que tendría que haber entrevistado el Comité del Poder Judicial para posteriormente insacularlos y sacar un número menor. Pero, tras la orden del tribunal, todos estarán en la tómbola del Senado.   

“La Corte determinó mil 50 como elegibles para ir a las entrevistas. Esos mil 50 es los que el tribunal nos está diciendo: ‘Todos van a insaculación’ en el área donde se inscribieron, penal en penal, civil en civil, administrativo, competencia, Tribunal de Disciplina, electoral, ministros, ministras de la Corte. Cada uno en su parte vamos a ir haciendo la insaculación el viernes 31, que es el plazo máximo que tenemos para hacerla”, detalló.

El Senado de la República declaró este martes constitucional la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Las modificaciones incluyen los delitos de extorsión y tráfico de fentanilo, así como actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.