Explicó: “El Tribunal de Disciplina es un órgano que no existe. Empezará su existencia a partir del primero de septiembre, y se pone a, por ejemplo, a los seis consejeros que están actualmente en funciones de consejeros, que no es un cargo jurisdiccional, no son solamente tres, en todo caso son magistrados, pero no están ahorita en funciones de magistrados, sino de consejeros.”

Molina también cuestionó la ausencia de la ministra Norma Piña en las listas de candidatos, a pesar de ser parte del pleno del consejo, y resaltó que otros consejeros como Lilia Mónica López Benítez habían presentado su declinación para no continuar en sus funciones, pero igualmente aparecieron en las boletas.

“A mí me gustaría saber, si son todos los que integran el pleno del consejo, ¿por qué no está la ministra Norma Piña? Porque también integra ese pleno “, comentó Molina.

En relación con las modificaciones en el sistema de competencias del Poder Judicial, Molina alertó sobre el incumplimiento de los principios constitucionales, particularmente el respeto al federalismo.

“El federalismo ya no se respeta, porque ahora el Poder Judicial Federal tendrá competencia local“, afirmó, refiriéndose a la descoordinación territorial en las nuevas reglas.

Uno de los puntos más críticos que mencionó la magistrada fue la designación de personas que no tienen el perfil adecuado para asumir funciones jurisdiccionales.

“Se ponen a personas que no son juzgadoras, que son secretarios en funciones, pero que están en funciones de titulares, pero siguen siendo secretarios sin que se hayan registrado”, explicó.

La magistrada también reflexionó sobre las implicaciones de estos problemas para la credibilidad de las instituciones judiciales y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

“Esta forma de elección toda desaseada sería gravísima para cualquier oficina de gobierno. Sin embargo, que sea para la elección de la mitad de titulares de uno de los tres poderes de la Unión, me parece que es sumamente grave y que, además, no nos estamos dando cuenta como sociedad de la trascendencia.”

Molina mencionó que el actual proceso de reforma y su implementación podrían tener efectos negativos en el futuro del país.

“Le vamos a dejar a México jueces y juezas, magistrados y magistradas, que nadie sabe quiénes son, que nadie las revisó, que nadie sabe si pueden hacer su trabajo, que no tienen la capacidad técnica, que no van a ser independientes, que van a estar cooptados por el oficialismo”, lamentó la magistrada.

Además, Molina insistió en que la reforma, tal como se está llevando a cabo, no ha sido entendida en su totalidad.

“Desde mi perspectiva, nadie ha entendido cómo funciona el Poder Judicial, nadie le ha interesado saber cómo funciona el Poder Judicial de la Federación”.

Destacó que el Senado, a pesar de su protagonismo en el proceso, no ha corregido los vicios observados.

“Lo cierto es que el Senado es a quien le tendría que hacer esta corrección, pero la verdad es que dudo que tengan la forma de corregir porque no han entendido de qué se trata”, concluyó.

Al final, la magistrada alertó sobre el daño que podría ocasionar la falta de una reforma adecuada y precisa.

Según la magistrada, no solo afecta al Poder Judicial, sino que podría tener repercusiones más amplias en la democracia y en la calidad de las instituciones mexicanas.

La reforma fue avalada por la Cámara de Diputados en 2022, la misma fue presentada por diputados de Morena y permite retener hasta 40 % del salario de los trabajadores para cobrar créditos de diversas instituciones.

En ese momento la reforma fue rechazada en el discurso por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero recientemente se descongeló en la Comisión de Hacienda del Senado para avalarla.

“Originalmente les había dicho que el jueves, pero los compañeros, compañeras de la Mesa Directiva me han pedido que, como el primero vamos a estar aquí para la instalación de Congreso General, que hiciéramos la insaculación el viernes, y hemos accedido. El acuerdo que hay de la Mesa Directiva es el viernes 31 a las 12 del día, en el Pleno de la Cámara de Senadores”, detalló.

“A más tardar el martes 4 de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Senado de la República remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero. Incluso, por conducto del Pleno de la Suprema Corte.

“Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, o no los someta a trámite, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta ¿qué quiere decir eso? Que quedan aprobados, los aprueben o no.

“Por lo que la Mesa Directiva del Senado podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el proceso electivo”, explicó.

El legislador detalló que la resolución del tribunal les pide que la insaculación sea pública, por lo que será transmitida en el Senado y habrá notario público.

Además explicó que serán mil 50 aspirantes, ya que fueron los registrados que tendría que haber entrevistado el Comité del Poder Judicial para posteriormente insacularlos y sacar un número menor. Pero, tras la orden del tribunal, todos estarán en la tómbola del Senado.   

“La Corte determinó mil 50 como elegibles para ir a las entrevistas. Esos mil 50 es los que el tribunal nos está diciendo: ‘Todos van a insaculación’ en el área donde se inscribieron, penal en penal, civil en civil, administrativo, competencia, Tribunal de Disciplina, electoral, ministros, ministras de la Corte. Cada uno en su parte vamos a ir haciendo la insaculación el viernes 31, que es el plazo máximo que tenemos para hacerla”, detalló.

El Senado de la República declaró este martes constitucional la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Las modificaciones incluyen los delitos de extorsión y tráfico de fentanilo, así como actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.