Tras tres días de audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó su solicitud de vinculación a proceso en contra de 16 funcionarios y exfuncionarios imputados por presuntas irregularidades en los contratos otorgados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) entre 2011 y 2012 para la construcción de ocho penales con recursos provenientes de ocho consorcios privados.

La representante de la Fiscalía, Lucía Santiago Leyva, así como sus fiscales auxiliares, tardaron más de 20 horas para exponer la teoría del caso en contra de 16 imputados, incluyendo a cuatro excolaboradores del extitular de la SSPF, Genaro García Luna, señalados por firmar los ocho contratos originales para la construcción de los centros penitenciarios con un presunto sobrecosto de 62 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación formal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades contra 16 funcionarios y exfuncionarios encargados de los penales federales por un presunto daño de 62 mil 840 millones de pesos a las finanzas públicas, derivado de la firma con sobrecostos en los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Federal (SSPF) a consorcios privados para la construcción de ocho centros penitenciarios.

Tras dos audiencias fallidas y una espera de más de seis meses, la FGR también imputó el delito de asociación delictuosa a dos exmandos que colaboraron con Genaro García Luna cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal. Asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que, a la larga, serían instalaciones más seguras para los internos, con mejores esquemas de readaptación, y a su vez con una menor carga económica para el Estado.

Una década después los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. Mientras dichas “cárceles privadas” absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario – aunque albergan la mitad de los reos – sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros.

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, de donde nueve reos se fugaron esta semana, incluyendo al líder huachicolero José Artemio Maldonado Mejía, alias “el Michoacano”, arrastra desde hace seis años irregularidades en su funcionamiento que han sido denunciadas por familiares de presos y documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) documentó que en al menos 23 ocasiones, mujeres reclusas en la Comisaría de Reinserción Femenil fueron trasladadas de manera masiva a diversos centros de reclusión para varones en el estado, como el Reclusorio Metropolitano del Estado, la Comisaría de Sentenciados del Estado y la Comisaría de Prisión Preventiva para asistir a “eventos sociales”.

Al cierre de febrero pasado casi 218 mil hombres y mujeres estaban privadas de su libertad en cárceles municipales, estatales o federales del país. Más del 40 por ciento de ellos de forma preventiva, sin que se haya probado si cometieron o no un delito.

El crecimiento ha sido tal que tan solo en los últimos doce meses se sumaron cerca de 16 mil personas más a las cárceles lo que ha provocado que, por primera vez desde 2016, haya más reos que espacios disponibles. Es decir, que a nivel nacional haya otra vez condiciones de hacinamiento.

En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.

Israel Vallarta, detenido desde 2005, acusado de ser líder de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, envió un audio al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar corrupción y tortura en el Cefereso 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde se encuentra recluido desde el pasado julio.

La grabación fue transmitida por una de las reporteras que cubre la conferencia matutina en Palacio Nacional. En esta, Vallarta expresa que está siendo custodiado por un régimen inhumano, degradante, abusivo e involucionado.

En una revisión que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) detectó que dentro de cárceles de los 125 municipios del estado se comenten agresiones, torturas, abusos, tratos degradantes, suicidios y fallecimientos de personas detenidas por faltas administrativas, con lo que se afecta sus derechos humanos, así como de sus familiares. 

La CEDHJ informó que, en los últimos tres años, se cometieron cinco homicidios, cuatro de ellos en Zacoalco de Torres y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos. En ese mismo lapso, se registraron 16 suicidios, dos de ellos de mujeres ocurrieron en 2020.