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martes, 14 de junio de 2016

Tres personas se fugan del penal de Barrientos, Edomex, tras un riña entre internos

Las autoridades indicaron que las personas fugadas cumplían penas por delitos como violación, homicidio y robo.

Tras una riña entre internos en el penal de Barrientos, en el Estado de México, tres personas que cumplían penas por diversos delitos se fugaron de la cárcel, informó este martes 14 de junio el secretario de Gobierno estatal, José Manzur.

El funcionario detalló que a las 20:00 horas del lunes 13 de junio se registró la riña, con quema de colchones y otros objetos en la cárcel ubicada en Tlalnepantla.

Ante los hechos, acudieron cientos de policías y controlaron el disturbio cerca de las 10:40 horas.

Horas después, ya en la madrugada de este martes, se realizó un pase de lista y se identificó la ausencia de tres internos. Las autoridades activaron un operativo, para tratar de recapturarlos.


“Las personas fugadas han sido identificadas como Ángel Roberto Hernández, quien está sentenciado por el delito de cohecho y homicidio, a partir del 26 de enero de 2010; José Antonio Arvizu Caballero, quien estaba recluido por robo a casa habitación, a partir del 10 de julio de 2013, y Bernabé Ángeles Ramírez, recluido por violación a partir del 20 de octubre de 2010”, dijo Manzur.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/tres-personas-se-fugan-del-penal-de-barrientos-edomex-tras-un-rina-entre-internos/

INCENDIAN PENAL DE BARRIENTOS POR MOTIN DE REOS

TLALNEPANTLA, Méx: Internos del penal de Barrientos protagonizan un motín, por lo que cuerpos de emergencia de la zona se trasladan hacia ese reclusorio mexiquense.

En estos momentos se registran varios incendios en diversos puntos del centro penitenciario.

Reportes indican que el motín inició esta tarde, aunque aún se desconocen las causas y participan unos 500 internos.

Esta mañana, un reo de 19 años de edad se dio a la fuga cuando se encontraba en el área de juzgados del centro penitenciario, después de lo cual ingresaron elementos de la policía estatal al lugar.

El reclusorio Barrientos es considerado uno de los de mayor sobrepoblación del estado de México y ha sido escenario de varias fugas y motines.


Al sitio se trasladan elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y  policías municipales.



FUENTE: LA PRENSA MX
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 13 JUNIO 2016.
LINK: https://la-prensa.mx/tlalnepantla/video-incendian-penal-barrientos-motin-reos

martes, 7 de junio de 2016

Detienen a cinco responsables de la masacre en penal de Piedras Negras

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de cuatro años de ocurrida la matanza de reos en el Penal de Piedras Negras, Coahuila, la Procuraduría General de Justicia del estado cumplimentó cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas.


Se trata de David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elguezabal Hernández, informó el encargado de la Subprocuraduría Especial Para la Búsqueda de Personas No Localizadas, José Ángel Herrera Cepeda.

En enero de 2012, al menos 150 personas fueron asesinadas por células del crimen organizado dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras.

Las víctimas, la mayoría de ellas vinculadas con la delincuencia, fueron secuestradas en distintos municipios de la zona norte de Coahuila y llevadas al Cereso de Piedras Negras, donde las mataron internos y personas en libertad que tenían acceso al inmueble.

Sobre esos hechos, las investigaciones han arrojado la detención de cinco personas, destacó este lunes Herrera Cepeda, y sostuvo que hay otorgadas otras 10 órdenes de aprehensión que se está buscando cumplimentar.

“Derivado de una revisión que se hizo al interior del Centro Penitenciario de la Ciudad de Piedras Negras, se obtuvo información de que en dicho lugar existió un autogobierno dirigido por miembros de la delincuencia organizada, específicamente del grupo denominado ‘Los Zetas’”, señaló el funcionario estatal, de acuerdo con información difundida por el diario Vanguardia.

Herrera Cepeda añadió que por diversas entrevistas con internos se identificó a Burciaga Magallanes, uno de los detenidos, como quien ordenaba ejecutar e incinerar posteriormente a internos.

“Posterior a la incineración de los cuerpos, las cenizas fueron trasladadas y vertidas en el Río San Rodrigo, a la altura de ejido ‘El Moral’, que se encuentra en la carretera Piedras Negras-Acuña”, detalló.

Y dijo que de aproximadamente 138 entrevistas se obtuvieron 42 declaraciones testimoniales de carácter ministerial, por lo que se advierte que hay más involucrados en el caso, quienes se habrían fugado de ese penal en septiembre de 2012.

“Las personas fugadas y que han sido recapturadas se encuentran internas en distintos centros penitenciarios federales del país, por ello se solicitó colaboración para recabar sus declaraciones y en su momento ejercer la acción penal correspondiente”, añadió Herrera Cepeda.


Asimismo, aseguró que se cuenta con diversas evidencias, como fragmentos óseos recolectados en el interior del penal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443239/detienen-a-cinco-responsables-la-masacre-en-penal-piedras-negras

martes, 31 de mayo de 2016

A plena luz de día, se fugan 2 secuestradores del Reclusorio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO: A través de una rejilla de prácticas, aprovechando su traslado a la zona de juzgados, dos secuestradores que cumplían sentencias de 64 y 114 años de prisión escaparon la tarde del lunes pasado del Reclusorio Oriente luego de desahogar diligencias.


Se trata de Agustín Miranda Orozco, de 46 años, y Roberto Sánchez Ramírez, de 50, quienes estaban recluidos en el Módulo de Alta Seguridad Diamante.

Según custodios consultados por el diario Reforma, hay videos en los que se aprecia que los reos pudieron cambiarse de ropa por lo que se cree que se trató de una acción planeada y con ayuda del exterior.

Miranda Orozco, tiene una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro.

Sánchez Ramírez, compurgaba una pena de 114 años, por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego. Además ya se había evadido en cuatro ocasiones. En 1994 y 1995 se fugó del Reclusorio Norte, en 1998 del Oriente y en 1999 del Sur.

Junto con dos hermanos, formaba parte de la banda Los Ponchos, que operaba en el Valle de México y Puebla y mutilaba a sus víctimas.

Tras la evasión de ambos reos, la Subdirección Jurídica del Reclusorio Oriente interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

Asimismo, se activó la búsqueda de los reos fugados con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública local, y se inició una investigación en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades del personal de seguridad a cargo del traslado, resguardo y autorización de las salidas a las diligencias, entre otros.


La subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México investiga a los custodios Juan Casados Gutiérrez y Jesús Piña Cid.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442312/a-plena-luz-dia-se-fugan-2-secuestradores-del-reclusorio-oriente

lunes, 30 de mayo de 2016

Cierran 4 cárceles en Tabasco por no reunir condiciones de estancia digna

VILLAHERMOSA, Tab: Cuatro de nueve cárceles municipales que se pretenden clausurar este año en la entidad ya fueron cerradas oficialmente, reportó el titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), Arturo Maldonado Pulgar.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dijo, ya cerró las cárceles de Jonuta, Emiliano Zapata, Teapa y Jalapa. Y próximamente hará lo mismo con las de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Balancán, Paraíso y Villa La Venta, Huimanguillo, apuntó.

Sólo quedarán ocho cárceles regionales estatales que reúnen las condiciones para una estancia digna de los reos que serán reubicados, comentó.

Las cárceles que se están desocupando fueron hechas hace 30 años para albergar a personas que cometían infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, donde eran recluidas 36 horas máximo.

“No podemos tener procesados que van a enfrentar todo un proceso o sentenciados que van purgar una pena en un lugar en que sólo está la celda y si acaso tienen un pequeño tragaluz”, señaló.

En los primeros cierres se reubicaron entre 30 y 45 reos y 60 más en la siguiente fase.

“Se diagnosticó que las cárceles municipales son instalaciones inadecuadas porque no reúnen las condiciones para una prisión, ya que no tienen infraestructura para áreas médicas, deportivas, educativas y no debe haber escuelas ni parques cerca”, puntualizó el director del Creset.

Refirió que la estrategia permitirá ahorros en servicios de agua y luz, y que el personal de custodia, médicos, psicólogos y otros que laboraban en los penales cerrados, serán concentrados en un centro regional para atender a los internos.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de abril disminuyeron en Tabasco los robos a negocios, vehículos, homicidios, extorsiones y abigeato, en comparación con marzo de 2015.

Los homicidios también bajaron, pues en abril hubieron 53 (18 dolosos), menor a los 67 de marzo del año pasado (22 dolosos).


En contraste, repuntó el secuestro con seis casos en abril contra dos de marzo, así como hurtos a casa habitación y robos a transeúntes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442254/cierran-4-carceles-en-tabasco-reunir-condiciones-estancia-digna

martes, 17 de mayo de 2016

Penales de Chihuahua: corrupción y opacidad

El penal federal de Ciudad Juárez es –a decir de la CIDH y diversas ONG– reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la dirección penitenciaria. Así, resulta inexplicable que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar al Chapo Guzmán a esa prisión.

CHIHUAHUA, Chih: El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.

La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución.

Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal.

Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.

Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.

El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.

“Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento)…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440878/penales-chihuahua-corrupcion-opacidad

viernes, 29 de abril de 2016

La corrupción en cárceles de México hace de penales en EU un juego de niños, dice exreo

“Las prisiones en Estados Unidos no son un día de campo, pero en México las cárceles son otro mundo”, dijo a El Daily Post un expandillero de 25 años que ya pisó también las rejas del otro lado de la frontera.

Después de haber sido condenado a seis años de prisión por robo con violencia en el Estado de México, el expandillero de 25 años y también deportado Williams Castro podría presumir el dudoso honor de haber pasado tiempo en prisión en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.

Castro, con poco espacio en el cuerpo para más tatuajes y ex miembro de la pandilla Bad Boys de Los Ángeles, fue encarcelado en Estados Unidos por manejar ebrio en varias ocasiones. Posteriormente fue deportado a México, donde pronto volvió a tener problemas con la ley. Para él, la vida tras las rejas en Estados Unidos fue cosa de niños comparado con la corrupción y la violencia que atestiguaría dentro del sistema penitenciario mexicano.

“Las prisiones en Estados Unidos no son un día de campo, pero en México las cárceles son otro mundo”, dijo a El Daily Post un Castro hoy reformado que trabaja previniendo la formación de pandillas en la ciudad de México con la organización no gubernamental Cauce Ciudadano. “En México, el dinero y las conexiones lo son todo si quieres sobrevivir”.

A medida que México empuja una amplia reforma de su sistema de justicia penal, la podredumbre dentro de las cárceles en el país ha sido pasada por alto. Sin embargo, una serie de tragedias carcelarias violentas, y la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad en julio de 2015, ilustran la profundidad de la decadencia de su sistema penitenciario.

Los prisioneros son los jefes

Los legisladores mexicanos se encuentran actualmente en las etapas finales del debate de una Ley Nacional de Ejecución Penal para regular un sistema jurídico que abogados, grupos de derechos humanos y ex convictos insisten está plagado de abusos.

Estando en la cárcel en el Estado de México, Williams Castro dice que vio un sistema en el que cualquier objeto personal, los privilegios y la protección física tienen un precio. Los internos más viejos actúan como usureros, y los guardias son frecuentemente sobornados para hacerse a un lado cuando algunos prisioneros llevan a cabo venganzas violentas.

“Teníamos un dicho, decíamos que era el hotel más caro del mundo”, bromeó Castro. “En EU, para bien o para mal, las prisiones son administradas como instituciones públicas. Las cosas se hacen de acuerdo con reglas. En México, los internos hacen las reglas”.

La gravedad del problema quedó en evidencia de manera atroz en febrero pasado, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Topo Chico en Monterrey se saldó con la muerte de casi 50 reclusos. Días antes el Papa Francisco había visitado una prisión en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez como parte de su visita oficial de Estado a México.

Poco antes de la medianoche del 10 de febrero, dos grupos de presos, aparentemente facciones rivales del Cártel de Los Zetas comenzaron a pelear entre ellos e incendiaron el almacén de comida y las áreas de descanso. Una carnicería se desató: decenas de reos murieron a golpes o consumidos por las llamas.

Una investigación posterior de las autoridades reveló que la prisión tenía una sobrepoblación de 35% y estaba dominada por dos grandes bandas cuyos líderes vivían a todo lujo, disfrutando incluso de acceso a teléfonos celulares, computadoras portátiles y saunas.

“Topo Chico es un caso extremo de lo que puede salir mal cuando el sistema es tan disfuncional”, dijo Layda Negrete, una abogada e investigadora que ha participado en el debate sobre la reforma de las prisiones. “Cada prisión en México está sujeta a una lucha interna por el control, y en Monterrey esta batalla llevó al desastre”.

Terrible hacinamiento

Después de pasar 27 años tras las rejas en Sudáfrica, Nelson Mandela dijo la famosa frase de que nadie conoce realmente a un país hasta que está dentro de una de sus cárceles. Esa máxima aplica completamente a México.

De acuerdo con un estudio publicado a principios de este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la actualidad hay 247 mil personas encarceladas en México, a pesar de que el gobierno reporta que el sistema penitenciario tiene capacidad física para apenas 190 mil presos. En uno de los casos más graves, una cárcel de Puebla tenía 266 reclusos hacinados en una instalación construida para albergar a sólo 46 personas.

Según el mismo informe, de 130 prisiones estatales, 95 carecen de guardias y personal adecuados y 104 juntan a convictos sentenciados con personas en espera de juicio. Sanciones alternativas, como la libertad condicional o el servicio a la comunidad son raras en México, donde el 96.4 de todos los sentenciados están encarcelados, muchos de ellos por delitos relativamente menores.

“La cárcel es el último eslabón de la cadena del sistema de justicia”, dijo María Sirvent, presidenta de Documenta, una organización humanitaria con sede en la Ciudad de México. “Cuando la prisión falla, el sistema falla. Ha sido un elemento ausente en la lucha de las autoridades para combatir la delincuencia”.

Por otra parte, la CNDH estima que el 70% de las cárceles del país son “gobernadas” o “cogobernadas” por los presos y el crimen organizado. Según el ex preso Williams Castro, estos gobiernos internos pueden estar constituidos por pandillas formadas dentro de la cárcel, por bandas callejeras que están en el desde el exterior, o incluso, como en el caso de Topo Chico, por miembros de temibles cárteles de la droga.

“Dentro de la mayoría de las cárceles mexicanas, el comercio de mercancías y la venta de favores son controlados por estos grupos, y casi siempre lo hacen con la complicidad de los funcionarios carcelarios”, dijo Castro. “Si tienes contactos en alguna de las bandas, estarás bien y obtendrás lo que necesitas. Si no es así, estás en serios problemas”.

Condenas injustas

La impunidad en México es alta. La Secretaría de Gobernación calcula que hasta 99% de los crímenes quedan sin castigo. Sin embargo, como se ve en el documental de 2008 “Presunto culpable”, muchos ciudadanos terminan siendo condenados erróneamente con pruebas débiles o por falta de asesoría judicial.

Rebeca Álvarez, un ama de casa de la Ciudad de México, insiste en que este es el caso de su hermano Felipe, de 38 años, un exmaletero del aeropuerto que fue condenado a 10 años de prisión acusado de tráfico de drogas después de que manipuló por error una maleta con cocaína.

Álvarez, miembro de la organización Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, que apoya la reforma, ha documentado una serie de abusos por parte de las autoridades penitenciarias, incluyendo la negación de atención médica esencial, el confinamiento injustificado y la tortura a los reos por parte de los guardias.

“No estamos abogando por un sistema en el que los criminales violentos sean tratados a la ligera”, dijo Álvarez. “Lejos de eso, se trata de tener un sistema que se rija de acuerdo con la ley. De lo contrario, ¿cómo podemos, como sociedad, decir que se está haciendo justicia?”.

Sin embargo, con México sumido en un largo período de violencia por la guerra contra las drogas y altas tasas de criminalidad, la simpatía del público por los derechos de los internos es comprensiblemente baja.

“Este no es un tema que preocupe al ciudadano común sin experiencia personal en el sistema (carcelario)”, dijo Layda Negrete. “Ha quedado en las familias de los presos y en los activistas que buscan reformar el sistema de justicia la responsabilidad de exigir una mayor rendición de cuentas”.


En este contexto, ¿hay alguna posibilidad para la readaptación real de los presos? ¿Qué pasará con los reos cuando vuelvan a integrarse a la sociedad, si es que eso es posible? ¿Quién mantendrá el poder de las cárceles?

ÁRTICULO COMPLETO

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, EL DAILY POST.
AUTOR: PAUL IMISON.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-corrupcion-en-carceles-de-mexico-hace-de-penales-en-eu-un-juego-de-ninos-dice-exreo/

martes, 26 de abril de 2016

PF amenaza que si nos llegan a agarrar nos llevarán directamente a una cárcel federal: sobreviviente de Iguala

Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que en octubre de 2014, Enrique Peña Nieto se comprometió con ellos a que se sabría la verdad del caso Iguala. En el acuerdo, dijeron las también víctimas, se contempló que si los funcionarios a cargo de las investigaciones no daban resultados, entonces se tenían que ir, incluyendo el jefe del ejecutivo federal.

Con las nuevas aportaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que dio a conocer en su último informe, los padres de familia aseveraron que el Estado miente y por esa razón, los funcionarios de alto nivel que han llevado el caso, deben dejar su cargo.

El movimiento que pide la aparición con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, acusaron al titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de sembrar pruebas, pues un día antes de que se hallara una bolsa con restos humanos, el funcionario, un agente vestido de civil y Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los inculpados en el caso, estuvieron cerca del Río de San Juan, sin que esto haya sido consignado en el expediente, de acuerdo con un video.

Tanto Mario Patrón, como Santiago Aguirre Espinosa, ambos del Centro Prodh, y quienes acompañan el caso de Ayotzinapa, informaron que desde hace siete meses los padres han pedido que se abra una investigación interna por “obstrucción a la justicia” que incluye fabricación de evidencias, posible tortura para generar una teoría del caso y diligencias que no están integradas en la averiguación previa y que por lo tanto son violatorias del debido proceso”.

“Hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre ese video. Los padres exigen una investigación independiente”, comentó Santiago Aguirre.

También adelantó que ya existe una denuncia formal de ese hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Desde el primer informe, emitido por el equipo de expertos el 6 de septiembre (de 2015), una de las recomendaciones era la investigación interna de las responsabilidades en cuanto a obstrucción de la justicia, los padres solicitaron desde aquel entonces la creación de una oficina de investigación que tuviese dos mandatos: uno para dar con la verdad -en términos de dar con el paradero de sus hijos y no se ha cumplido- pero el segundo objetivo constituyó en generar una investigación de responsabilidades internas. Como parte, justo de esa solicitud de los padres, es que se incorpore el informe del GIEI a la propia investigación”, dijo Mario Patrón.

Los padres exigieron a las autoridades acepten el mecanismo de seguimiento del caso tal y como lo formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Patrón detalló que ya informaron a la CIDH los requerimientos que debe tener el mecanismo: visitas periódicas, reuniones de alto nivel con el Estado, acceso a la información de fuente directa.

“Nosotros pedimos que el encargado del mecanismo sea el presidente de la Comisión Interamericana (Emilio Álvarez Icaza Longoria), que a su vez es relator de México; y estamos solicitando, también, que un integrante del grupo de expertos pueda formar parte de este mecanismo de seguimiento”, detalló.

“El reclamo es al presidente de la República, no a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, no a la PGR, sino centralmente a Enrique Peña Nieto, porque fue él quien se comprometió con ellos a dar condiciones al mandato del Grupo Interdisciplinario, y hoy sabemos que el GIEI no tuvo esas condiciones para hacer su trabajo”, destacó Santiago Aguirre, quien agregó que el compromiso fue una promesa empeñada a no cumplirse.

Finalmente, los padres hicieron un llamado a la sociedad a protestar este martes en la jornada global por Ayotzinapa. La marcha en la Ciudad de México, se realizará a partir de las 17:00 horas en el Ángel de la Independencia, y partirá al Hemiciclo a Juárez.

No queremos verlos en la cárcel

“Marlboro”, uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala contó a Revolución TRESPUNTOCERO que la investigación está plagada de irregularidades y “mentiras”, de las cuales las autoridades no han querido salir.

“Le hemos dicho desde nuestras declaraciones que por ahí no va, porque no se llevaron a los 43 juntos. En donde yo estaba, había al menos 15 compañeros estudiantes; el otro punto, que es el palacio de justicia, no sabemos a cuántos se llevaron de ahí”, narró el joven, quien agregó “sin siquiera hacer una investigación, ya nos estaban dando restos de otras personas”.

El normalista comentó que en su declaración inicial señaló presencia de policías, federales, estatales y de elementos del Ejército; sin embargo, esa información no fue tomada en cuenta.

“Marlboro” comentó que han recibido amenazas por parte de la Policía Federal, la cual por medio de intermediarios o mensajes de texto o llamadas les han dicho: “no queremos verlos en la cárcel. Nos dijeron que a cualquiera de nosotros que nos lleguen a agarrar, ni siquiera lo vamos a procesar, directamente lo vamos a llevar a una cárcel federal”.



Fuente: Revolución 3.0
Autor: Sergio Rincón
http://revoluciontrespuntocero.com/pf-amenaza-que-si-nos-llegan-a-agarrar-nos-llevaran-directamente-a-una-carcel-federal-sobreviviente-de-iguala/

jueves, 14 de abril de 2016

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz


Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.


“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.



Fuente: NDMX Veracruz
Autor: Redacción
http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

miércoles, 13 de abril de 2016

10 problemas que enfrentan las cárceles en México

Hacinamiento, falta de custodios, sin protocolos en caso de motín, penales donde los presos asumen las funciones de la autoridad... La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico sobre la situación de violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas.

Las violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas continúan siendo una constante año tras año.

Esta es una de las principales conclusiones que expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos, la persistente falta de atención médica y las malas condiciones de higiene, o que en algunas cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas.

“En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, concluyó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, durante la presentación del Diagnóstico de la CNDH.

En Animal Político te exponemos una radiografía de la situación de las cárceles, a partir del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Sin avances en el 2015

Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.

Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones.

13 estados tienen cárceles en situación grave de violaciones a derechos humanos

Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua.

No obstante, el informe hace hincapié en que hasta 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

La prisión que enfrenta peores condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit, con una calificación de 3.9 puntos sobre 10.

El Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, es la segunda peor cárcel, con 4.38 puntos.

Faltan custodios, malas condiciones de higiene, sin protocolos en caso de motín..

Del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, la CNDH refiere que en 104 detectaron que personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes.

Asimismo, en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.

En 84 centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor.

Además, hasta en 75 centros es una constante la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad.

Sobrepoblación, privilegios y falta de oportunidades laborales

La CNDH subraya que otro problema reiterado en 65 prisiones estatales es la sobrepoblación de reos y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas.

Además, en 71 centros existe hacinamiento. En este sentido, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, explicó que detectaron centros donde 30 reos comparten una celda diseñada para cuatro personas.

Otro problema: en 73 centros se detectaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.

Prisiones autogobernadas por los reos

En su diagnóstico, la CNDH documenta otra deficiencia grave: en al menos 71 cárceles los presos asumen las labores propias de la autoridad. Es decir, son los mismos presos quienes brindan ‘seguridad’ a otros reos y ‘gobiernan’ la prisión.

En este apartado destacan los casos de la Ciudad de México y el Estado de México, con cinco y seis centros penitenciaros, respectivamente, autogobernados por los prisioneros.

En la Ciudad de México, la CNDH documentó que esta situación de autogobierno se da en los Reclusorios Prevenivos Varonil Oriente, Norte y Sur; en Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Martha Acatitla.

En el Edomex, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlalnepantla, y Cuatitlán.

Las riñas, el acontecimiento violento más recurrente

Otra situación grave que expone la CNDH hace referencia a las riñas en los penales.

De los 2 mil 110 incidentes registrados en 2015 (mil 142 en cárceles estatales y 968 en cárceles federales), el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas con un total de mil 382 (808 en cárceles estatales y 574 en centros federales).

Le siguen los desórdenes con 280 (205 en prisiones estatales); los homicidios con 54 (52 en centros estatales); los abusos con 55 (48 en cárceles estatales); los suicidios con 23 (todos en prisiones estatales), y los motines con 6 (también todos en cárceles estatales).

Sonora, donde más riñas se producen en sus penales y con más eventos violentos

Por estados, Sonora destaca como el estado donde se producen más riñas al interior de sus penales, con un total de 220 casos. Le siguen el Edomex (87), Chihuahua (75), Nuevo León (74) y Michoacán (51).

Asimismo, Sonora también es el estado con mayor número de incidentes violentos en sus cárceles, con 359 casos. Una cifra muy superior a la del segundo clasificado, el Edomex, con 99 casos.

Prisiones de la CDMX, donde más homicidios dolosos

La Ciudad de México ocupa el primer lugar de prisiones con mayor número de homicidios dolosos registrados: 14. Le sigue Tamaulipas con 6.

Las deficiencias en cárceles federales

En cuanto a las cárceles federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en 16 casos hay insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales, en 11 se mezclan procesados y sentenciados; y en 8 hay hacinamiento.

En Ciudad Juárez y Sonora, las peores cárceles federales

La cárcel federal peor clasificada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de los presos es el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de ciudad Juárez, en Chihuahua.

La segunda es el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora.


El informe completo:

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 by http://www.animalpolitico.com:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/

miércoles, 23 de marzo de 2016

Hay “autogobierno” en penal de Chiapas: CNDH

La vigilancia en "El Amate" es de apenas 120 elementos de seguridad (varonil y femenil) en ambas guardias, ante una población de 2 mil 520 reclusos, señala.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al gobierno de Chiapas a elevar el número de custodios en el penal El Amate y clasificar a los presos de acuerdo con el artículo 18 constitucional, entre otras medidas para erradicar las condiciones de “autogobierno” que aseguró hay en el lugar.

En un comunicado informó que ha emitido la recomendación 04/2016 dirigida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la muerte en 2014 de un reo de origen tzotzil.

Recordó que el 4 de agosto de ese año el convicto fue encontrado muerto en un baño del segundo piso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14 (CERSS 14) “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación por ese suceso, que posteriormente fue atraída por el organismo nacional.

La CNDH concluyó que “la autoridad penitenciaria no tomó las medidas para garantizar una debida seguridad y custodia en los módulos, en particular en el lugar donde fue encontrada la víctima, lo que incidió en una afectación en su integridad física sin que el personal se hubiere percatado oportunamente”.

Ello debido a “la falta de cuidado, deficiencia en la seguridad, vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias”, expresó el organismo autónomo.

La autoridad penitenciaria incumplió, entre otros aspectos, lo establecido en el artículo nueve del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas.

Entre sus observaciones, la CNDH destacó que el número de agentes de seguridad del penal –120 divididos en dos turnos para las áreas varonil y femenil- es insuficiente para cubrir las necesidades de los dos mil 520 presidiarios.

Para garantizar efectivamente el “derecho a la integridad personal” de los reclusos, la CNDH recomendó al gobierno chiapaneco incrementar el personal de seguridad y la vigilancia en los módulos del penal, erradicar el autogobierno, evitar que internos ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia .

Asimismo sugirió llevar a cabo “la clasificación de la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución federal”.

La Comisión Nacional solicitó además una colaboración más amplia en el procedimiento administrativo “que se inicie contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas”.

También pidió al gobierno brindar capacitación, de manera periódica, al personal técnico de seguridad y custodia en materias penitenciaria y de derechos humanos.


Todas las acciones que se emprendan deberán acatar los principios que rigen en el servicio público en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen a la recomendación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2203/mexico/hay-autogobierno-en-penal-de-chiapas-cndh/

miércoles, 16 de marzo de 2016

Desatino, una cárcel para secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO: Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.


Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.


Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433395/desatino-una-carcel-secuestadores

El gran fracaso de la certificación penitenciaria

La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO: Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

“A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”.

Cifras negras

En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit.

Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California.

En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos.

Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten.

En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM.

Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos.

En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios.

Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios.

El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales.

De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.

Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias.

Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego.

Y las quejas se multiplican

Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa.

El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66.

En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01.

En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19.

Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA.

Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos.

En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22.

La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18.

El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53.

La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país.

Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos.

La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542.

El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó.

El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre.


El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433658/gran-fracaso-la-certificacion-penitenciaria