Decomisan armas, drogas, televisores, celulares y Xbox en penal de Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO: Esta madrugada (Lunes) elementos de la Fuerza Tamaulipas llevaron a cabo un operativo sorpresa en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, en donde aseguraron desde armas, drogas, televisores y celulares hasta aparatos de Xbox.

En un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) destacó que este operativo se realizó con la participación de 350 elementos de Fuerza Tamaulipas como parte de las acciones implementadas para mantener el orden al interior de ese penal.

También detalla que en esta acción se busca salvaguardar la integridad de los reclusos, además de reforzar el trabajo de readaptación social que se lleva a cabo en los penales de Tamaulipas.


Luego subraya que el operativo se realizó en estricto apego a los derechos humanos de los mil 888 internos durante la inspección de las celdas, los módulos, talleres y diversas áreas administrativas.

Además, indica que en el lugar aseguraron tres mesas de juegos, una jaula con una culebra pequeña, una báscula digital, un equipo para tatuaje, cinco máscaras, dos extensiones de luz de uso rudo, tres Xbox 360 con cuatro controles y 25 videojuegos de Xbox.

Incluso encontraron un radio despertador, 39 desarmadores, 35 cuchillos, 14 martillos, una lima grande, 33 tijeras y tres formones, un pelador de papas, siete cargadores de luz, 16 baterías de celular, un minidron incompleto, 91 puntas hechizas, un arco calador, seis teléfonos celulares y un radio portátil.

Asimismo, decomisaron seis bocinas con amplificador y entradas, 35 televisores Led, un reproductor de DVD, cinco reproductores de BluRay, una jaula con cuatro pájaros, un hacha, dos pinzas, 18 encendedores, cuatro cervezas en lata, una escuadra metálica grande, unas pinzas de asar carne, un cepillo de alambre y una tabla de castigo.

También dos dosis de cocaína, un cigarrillo de mariguana, un mazo, un cincel, un taladro, 36 cortauñas, una perica, un punzón, dos fierros cuadrados, dos tarjetas SIM y un microchip.

El GCT resalta que todos los objetos y artículos asegurados fueron puestos a disposición del MP, sin embargo, ningún interno fue consignado, ya que no fueron sorprendidos en posesión de lo decomisado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 14 MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433456/decomisan-armas-drogas-tv-celulares-xbox-en-penal-reynosa

La cultura del abuso en los penales, arraigada: Miguel Sarre

CIUDAD DE MÉXICO: En septiembre de 2015 la CNDH dio a conocer un informe sobre la situación de las cárceles estatales y federales en México. El Cefereso número 1, El Altiplano, obtuvo una de las más bajas calificaciones en “aspectos que garantizan la integridad y moral del interno”. Se detectó sobrepoblación, deficiencias en la atención médica, deficiencias en la prevención de violaciones a derechos humanos y deficiencias de supervisión del funcionamiento de la cárcel por parte del director.

Desde el 12 de febrero pasado Emma Coronel denunció que a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recapturado en enero pasado tras su fuga del mismo penal, lo “torturan lentamente” en El Altiplano al no dejarlo dormir con el constante pase de lista y que esto ha dañado su salud e incluso ha puesto en riesgo su vida. Además se queja de que les han impedido tener las visitas familiares reglamentarias.

Consultado al respecto, el doctor Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y experto en derecho penal y derecho penitenciario, explicó que la cultura del abuso está arraigada en las cárceles mexicanas de máxima seguridad. Explicó que hace años, cuando abrió sus puertas El Altiplano, él recorrió el lugar junto con Juan Pablo de Tavira, quien desarrolló este concepto de prisiones en México.

“Los internos reclamaron por qué los despertaban en la noche y la justificación que me dio De Tavira es que tenían que asegurarse de que estuvieran vivos y no hubieran dejado un maniquí, como ocurrió en la cárcel de Alcatraz. Los despertaban cada media hora, lo cual era una práctica de tortura; son culturas que se van dando generación en generación y se toman con casos más significativos como el de Guzmán Loera.”

Detalla que esta práctica de no dejar dormir horas corridas a los internos, como se ha quejado la familia de Guzmán Loera, “es como la vieja tortura de la gotita de agua: una gotita de agua en el cráneo no nos hace nada, pero si nos ponen una cada varios segundos durante largo tiempo es uno de los métodos de tortura más infame. La tortura no es despertar a una persona una vez sino hacerlo sistemáticamente y romper los ciclos vitales; es muy grave”.

Señala que el artículo 17 constitucional ordena el cumplimiento de las resoluciones judiciales plenamente, “en sus términos, sin excesos y sin privilegios. No está en las funciones de la autoridad dar escarmiento a nadie, esos son desvíos del poder”.

Emma Coronel presentó en enero pasado una queja ante la CNDH por el trato discriminatorio a su esposo (Proceso 2047). Esta reportera comprobó con fuentes de la prisión, incluyendo un interno que acaba de ser liberado, que Guzmán es el único recluso al que se le da este trato de vigilancia física presencial fuera de su celda, con un perro en la puerta y el pase de lista cada hora, durante el día, y cada cuatro horas durante la noche. El gobierno mexicano ha justificado públicamente este trato por la “alta peligrosidad” del líder del Cártel de Sinaloa y el antecedente de sus dos fugas de penales de máxima seguridad.

“La Constitución previene el trato discriminatorio en perjuicio de cualquier persona. Esto desde luego es discriminatorio, es un trato diferenciado por razones no establecidas en la ley”, señala el doctor Sarre. Explica que a la autoridad administrativa del Cefereso 1, que depende de la Secretaría de Gobernación, “lo único que la legitima es el cumplimiento de un mandato judicial”: cumplir el auto de formal prisión contra Guzmán Loera. Por tanto, sus fugas no deberían ser argumento para darle un trato diferenciado a otros internos, porque en la Constitución no existe la categoría de presos de alta peligrosidad.

“En ninguna parte las normas de un mandato judicial establecen que haya de haber un trato especial, diferenciado, para determinadas personas en razón del comportamiento que hayan tenido antes o durante el internamiento. Es decir, está fuera de la ley y manda un mensaje muy equivocado: si las altas autoridades consienten esto, están transmitiendo el mensaje para que haya otros abusos y eso es la antítesis de la cultura de la legalidad.

“Con esto están diciendo que se vale poner ingredientes propios, no establecidos en la ley, y que se pueden cumplir las resoluciones judiciales a ‘nuestra manera’. ‘Tú ponle de lo tuyo que yo le estoy poniendo de lo mío’, es un mensaje tremendo. Es la ley del más fuerte, y en este momento el más fuerte es el Estado.”

El doctor del ITAM puntualizó que cuando esta cultura del “más fuerte” se genera en el Estado se replica en la propia delincuencia, “porque quien delinque está haciendo lo mismo que le enseñó el Estado: ‘Cuando tengas el poder, aprovéchate’. Eso es lo que hace el secuestrador, lo que hace el violador; es exactamente el mismo mensaje que socava la legalidad”.

Cuando una persona comete un delito y es sometida a proceso, continúa Sarre, “con eso ya se reivindicó la justicia y no hay que ir más lejos, porque si se va más lejos se pierde la ventaja moral. El Estado requiere tener una ventaja moral sobre quien delinque, y si el Estado comete delitos en contra de las personas que delinquieron pierde la ventaja moral y se coloca al nivel del rufián.

“Sólo tocaremos fondo cuando tengamos estado de derecho, el estado de derecho se construye o se destruye en escenarios como éste, justamente, no cuando nos enfrentamos con los buenos sino cuando nos enfrentamos con quienes han sido responsables de cometer graves delitos, en el trato que se les dé a ellos se demuestran las convicciones del estado de derecho.”

Sarre señaló que las prácticas de las que se queja la familia de Guzmán Loera son generalizadas, “las prisiones de alta seguridad se vuelven espacios de muerte lenta” y esto ocurre porque están “fuera de la mirada pública”.

El sábado 5 el Juzgado Primero en Materia de Amparo y Procesos Federales admitió la demanda de amparo 298/2016 que ese mismo día interpuso la defensa de Guzmán Loera y le concedió la suspensión de plano a favor del capo; en consecuencia, prohibió al gobierno federal los actos de “incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos”, como consta en el expediente judicial consultado.

En la resolución quedó asentado que “tal medida cautelar se traduce en la posibilidad de tener comunicación con sus familiares autorizados y sus defensores, siempre y cuando tenga relación con la adecuada defensa del quejoso y de acuerdo a los requisitos y horarios que establezcan en los reglamentos correspondientes”.


Sin embargo, el pasado miércoles 9, el Tercer Tribunal Colegiado del Estado de México determinó que son válidos los protocolos de seguridad impuestos a Guzmán Loera por la Comisión Nacional de Seguridad, porque su aplicación es de “interés general de la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433394/la-cultura-del-abuso-en-los-penales-arraigada-miguel-sarre

Mujeres en reclusión, “las más vulnerables”: CADHAC

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONG hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), hace hincapié en que las damas en reclusión son “las más vulnerables”, debido a la grave situación en la que se encuentran.

“Si las mujeres sólo por su género son más vulnerables a ser víctimas de la desigualdad, discriminación y violencia, estas problemáticas se agravan para las mujeres que están privadas de su libertad porque al ser aisladas de la comunidad su realidad se vuelve invisible para la sociedad pues se desconoce cómo viven y cómo sus derechos fundamentales son transgredidos de múltiples formas. Más aún cuando las internas son trasladadas a centros penitenciarios lejos de su familia y lugar de origen, ya que esto potencializa su vulnerabilidad”, señaló CADHAC en un comunicado..

Asimismo recuerda que dentro del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado en 2015, se reiteró la gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas.

La CADHAC hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.


El comunicado íntegro de la ONG:

7 de marzo de 2016

Boletín de Prensa No. 1603/15

“La situación de la mujer en prisión la hace más vulnerable, por el doble abandono de que es objeto. En primera instancia, por parte de la familia como una forma de reprocharle, en su condición de mujer, haber infringido la ley, y por haber sido etiquetada como delincuente y haber estado en prisión”. – Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas)

Mujeres en reclusión: las más vulnerables

El Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo es un evento que permite hacer un llamado público a poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

En Nuevo León, la violación de los derechos de las mujeres es una constante. Problemas como la desaparición de mujeres, el feminicidio, la violencia doméstica, la violación y el acoso sexual son de gran preocupación, como lo han señalado instancias internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, un tema que preocupa a CADHAC particularmente en este momento es la grave situación en la que se encuentran las mujeres internas en los centros de reclusión. Si las mujeres sólo por su género son más vulnerables a ser víctimas de la desigualdad, discriminación y violencia, estas problemáticas se agravan para las mujeres que están privadas de su libertad porque al ser aisladas de la comunidad su realidad se vuelve invisible para la sociedad pues se desconoce cómo viven y cómo sus derechos fundamentales son trasgredidos de múltiples formas. Más aún cuando las internas son trasladadas a centros penitenciarios lejos de su familia y lugar de origen, ya que esto potencializa su vulnerabilidad.

Dentro del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado en 2015, se reiteró la gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas.

Menciona que en el caso del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, un centro de reclusión mixto, las mujeres internas han sido víctimas de la prostitución, exponiéndolas al abuso sexual, físico y psicológico. Además, las mujeres que han ejercido el autogobierno dentro del área femenil son controladas por los grupos del área varonil.

Esto deja ver cómo el sistema patriarcial y los roles de género estereotipados asignados a las mujeres permean incluso en espacios aislados, como la prisión, lo que permite que sigan siendo víctimas de la violencia y del abandono por parte de su pareja y/o familia.

Los señalamientos que la CNDH hizo respecto a la situación de las internas en Nuevo León están basados en las visitas de supervisión que hizo en el Topo Chico, mismo en el que el 11 de febrero sucedió la masacre en la que hubo 49 internos muertos y 12 heridos. A raíz de estos hechos, fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad a 268 internos, de las cuales 32 son mujeres.

Estas irregularidades se repiten en la mayoría de los centros penitenciarios en México. Por ello, CADHAC hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTIICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/mujeres-en-reclusion-las-mas-vulnerables-cadhac/

Se enfrentan reos en penal de Zacatecas; un muerto y 4 heridos

Zacatecas, Zac. Un reo murió y cuatro más resultaron lesionados –dos de ellos se encuentran hospitalizados de gravedad-, cuando internos del penal de Cieneguillas pertenecientes a los cárteles del Golfo y Los Zetas se enfrentaron la mañana de este lunes, en el área de visita conyugal.

En la riña habrían participado al menos 20 internos, lo que provocó un motín general en el lugar.

La riña ocurrió minutos antes de las 9:00 de la mañana, y originó la movilización de más de 500 agentes de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial, de la Metropol, de la Policía Federal y el grupo de reacción especial del Ejército Mexicano, quienes montaron un perímetro de resguardo afuera del penal ubicado cinco kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

El general Jesús Pinto Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, salió del penal alrededor de las 11:15 horas e informó a los medios de comunicación que el reo que fue ejecutado es Cristian Iván Carrillo Castañeda, de 32 años de edad, quien murió, dijo el funcionario, “por un ataque directo de sus agresores, quienes ya habían planeado todo, y los atacaron (a él y sus acompañantes), a puñaladas”.

El ataque ocurrió a pesar de que en el interior del penal de Cieneguillas, las autoridades penitenciarias tienen divididos a los integrantes del Cártel del Golfo y a los Zetas, en dos zonas distintas.

Pero el general  Pinto Ortiz reveló este lunes que para atacar a sus oponentes, uno de los “grupos contrarios”,  sometió a un custodio y le quitaron las llaves de una celda, para luego brincarse por una azotea y llegar a la zona donde se encontraba su víctima.

Los dos reos lesionados de gravedad –y quienes inicialmente se informó estaban muertos-, fueron identificados como José Manuel Rodríguez Landeros y Rodolfo Landeros Sandoval, quienes fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Zacatecas, para ser atendidos por heridas punzo cortantes profundas en pulmones y estómago.

Asimismo se informó que otros dos reos que resultaron con “lesiones de menor consideración”, que no pondrían en riesgo sus vidas, son Hugo Reyes Perea y Armando Jacobo Almeida, quienes fueron atendidos de sus lesiones dentro del centro penitenciario.

El enfrentamiento de esta mañana en el penal de Cieneguillas ocurrió, dijo el general Jesús Pinto Ortiz, “porque detectamos que hay síntomas de repercusiones, después de lo ocurrido en Topo Chico, donde los reos de los penales de varias partes del país andan inquietos”.

La riña de hoy ocurrió a sólo dos semanas de que el gobierno de Zacatecas solicitó al gobierno federal la transferencia de 23 reos de alta peligrosidad, del penal de mediana de seguridad de Cieneguillas, a centros penitenciarios federales de máxima seguridad.


Pinto Ortiz informó al respecto que “nosotros desde Zacatecas enviamos al sistema penitenciario federal el nombre de 23 reos, pero la lista luego lo bajaron a 18, y finalmente fueron trasladados 14 internos de alta peligrosidad, nada más, que eran los que nos estaban haciendo ruido”. Sin esos 14 reos que hacían “ruido”, ocurrió la riña y motín de este lunes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/07/se-enfrentan-zetas-con-reos-de-cieneguillas-1-muerto-y-4-heridos-2173.html

Tras revisión hallan 142 mil pesos en efectivo en Topo Chico

MONTERREY, NL: Una revisión sorpresa efectuada los días miércoles y jueves al interior del penal de Topo Chico arrojó el hallazgo de 142 mil pesos en efectivo, así como puntas hechizas y un teléfono celular, dio a conocer el gobierno estatal.


En el cateo efectuado a las 23:30 de ayer, como parte de las incursiones programadas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia de Administración Penitenciaria, revisaron los locutorios del Centro de Prevención y Reinserción Social (Cepreso).

En una primera inspección fueron encontrados 19 mil pesos en efectivo en un envoltorio, así como cuatro puntas metálicas y un teléfono celular.


En el siguiente operativo, efectuado esta mañana, custodios reportaron el hallazgo, en el interior de la capilla del penal, de otras dos bolsas de plástico que contenían billetes de distintas denominaciones que sumaban 123 mil 608 pesos.

La dirección del penal notificó de los hallazgos al Ministerio Público para que efectuara las investigaciones correspondientes.

“Estas revisiones aleatorias se llevarán a cabo de forma permanente y son posibles debido a las medidas de control que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado al interior de los penales. Esta dependencia, a través de la Agencia de Administración Penitenciaria, reitera el compromiso por avanzar hacia un apropiado proceso de reinserción social en Nuevo León”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

Luego del incidente del 10 de febrero en el interior de este centro penitenciario, donde fueron asesinados 49 reclusos, la SSPE emprendió acciones para erradicar de manera permanente los sistemas de autogobierno en este y las otras dos cárceles en el estado.


Las autoridades señalaron que en la época en que los criminales controlaban el penal Topo Chico, eran obtenidos hasta 20 millones de pesos mensuales por el cobro de venta de droga, extorsiones y privilegios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432341/tras-revision-hallan-142-mil-pesos-en-efectivo-en-topo-chico

5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH

Sobrepoblación en 200 de 388 cárceles, prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los problemas de que padece México, difundido el pasado miércoles 2 de marzo, se enumeran fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.

Esas carencias llevaron a que  el 10 de febrero murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.

A continuación puedes leer sobre una decena de problemas en las cárceles que identificó la Comisión Interamericana, tras la visita de sus especialistas a México el año pasado:

1.- Hacinamiento

En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal.

Hay una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%).

“Aproximadamente el 42.22% de las personas privadas de su libertad se encuentra en prisión preventiva”, detalla la Comisión.

El dato de que hay 254, 469 personas presas, permita calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.

“Es decir, hay un nivel de hacinamiento general del 25.5%, por encima de su capacidad de alojamiento. De los 388 centros penales del país, 200 se encuentran sobrepoblados”, indica la CIDH.

“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”.

2.- Corrupción y autogobierno

El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.

“Esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada”, indica el reporte.

“En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones”, agrega.

En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.

3.- Aislamiento

La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.

A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.

El régimen de aislamiento, agrega el estudio, es uno de los castigos más comunes. Se lleva a los internos a “celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares”.

En una visita de la CIDH al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, se observó “las condiciones deplorables de las celdas de castigo utilizadas”, y se constató el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

“Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo por haber discutido con un jefe de seguridad; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada”, indicó la Comisión.

En una celda donde se tenía a tres internas sometidas a régimen de aislamiento, se observaron “condiciones deplorables en cuanto a limpieza; en particular, el excusado estaba sucio, la celda estaba repleta de basura; se encontraba comida en mal estado, papeles, e incluso, una toalla femenina usada estaba a la vista”.

4.- Privatización de las cárceles

Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.

Es decir, se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio.

Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.

De hecho, según su reporte, la Comisión solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.

Otro punto de preocupación, según la CIDH, es la de que se habría iniciado en 2008 un “proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, a través de la certificación internacional por parte del American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en inglés)”.

De acuerdo con el reporte, el comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo Desconcentrado —que administra las prisiones— informó que al conseguir la certificación, a través del apoyo de la Iniciativa Mérida, “se consiguen apoyos en especie, tales como equipos tecnológicos y médicos”.

“Esta Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida respecto a que por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos”, indicó el reporte de la CIDH.

“En este sentido, dichos regímenes han implicado en la práctica excesivas restricciones de visitas por parte de familiares y defensores de las personas privadas de libertad; limitadísimo acceso al aire libre y actividades de recreación; revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de los visitantes”, agregó.

5.- Falta de atención diferenciada

La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”.

En cuanto a las personas con discapacidad que están en prisión, la CIDH apuntó que en su mayoría se encuentra en centros inadecuados para su condición o tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones, con condiciones de insalubridad y hacinamiento.


El reporte completo:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH:

  Situación de Derechos Humanos en México CIDH by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/5-fallas-que-tiene-el-sistema-de-carceles-en-mexico-segun-la-cidh/

El carcelero de turbio historial

En Ciudad Juárez el Papa visitó una cárcel, el Cereso número 3. Se eligió esa por considerársele ejemplo de transformación impecable: lo que era un sitio de corrupción y violencia presuntamente se volvió modelo de reinserción social. Y el simple hecho de la visita papal a ese lugar significó un espaldarazo al funcionario que presume de ser autor de la milagrosa conversión: Eduardo Guerrero Durán, exdirector de las prisiones chihuahuenses. Pero este hombre, ahora a cargo de los reclusorios federales, tiene tras de sí una historia de ineptitud, extorsiones y muertes.

CIUDAD DE MÉXICO: A Eduardo Guerrero Durán, el principal carcelero de Joaquín El Chapo Guzmán, sólo le faltaba la bendición. Cuando el Papa Francisco acudió el miércoles 17 al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, de Ciudad Juárez, a oficiar en la prisión que el sexenio pasado fue escenario de cruentas batallas entre bandas del narcotráfico, el ahora jefe de las cárceles federales mexicanas recibió un espaldarazo a lo que él considera la transformación de uno de los penales más violentos de México.

Pero detrás de la historia de éxito de ese Cereso estatal, que se le acredita a Guerrero cuando fue director de las prisiones de Chihuahua, hay también una secuela de muertes, extorsiones y compra de voluntades que hablan de un control corrupto impuesto en los penales de ese estado por el llamado Grupo Sonora, encabezado por el mismo funcionario.

Uno de los argumentos que el saliente gobernador de Chihuahua, César Duarte, vendió para que Jorge Mario Bergoglio visitara ese penal fue que ahí también se reflejaba la disminución de la violencia que había hecho de Ciudad Juárez la urbe más violenta del mundo.

Duarte explicó que donde había un altar a la Santa Muerte se construyó durante su gobierno una capilla, la misma donde ofició el pontífice ante 800 internos y a la cual le donó un Jesucristo de cristal.

Designado –después de la fuga del Chapo– comisionado nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Guerrero fue entre 2010 y 2015 titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a la cual llegó desde el sector privado. En 2008 fue gerente de Selicsa S. A. de C. V., empresa de transporte sin depósito; y en 2009 se convirtió en socio director de Seinco S. A. de C. V., empresa de servicios, entre ellos de seguridad, limpieza y venta de equipos de vigilancia.

Licenciado en derecho por el Instituto del Occidente y en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora, ambos en Hermosillo, su gestión estuvo marcada por numerosos asesinatos de custodios y jefes de penales, incluidos algunos de sus colaboradores cercanos.

Sin embargo logró construirse una imagen de eficiencia. Además de amigo de Duarte, tuvo el apoyo federal el sexenio pasado, en particular del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; del subsecretario del Sistema Penitenciario, José Patricio Patiño Arias; y del anterior titular del OADPRS, general Eduardo Enrique Gómez García.

En 2014 Gómez García fue inhabilitado más de 20 años por la Secretaría de la Función Pública para ocupar un cargo público, además de que fue sancionado con más de 60 millones de pesos.

Uno de los méritos que Duarte y Guerrero se atribuyen es el de haber reducido la población penitenciaria. No por políticas de readaptación social, sino por la mera entrega de reos a cárceles federales y de la conversión del penal estatal en Ciudad Juárez en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9, Norte, pese a su inadecuada infraestructura.

Clasificado como un penal federal de baja seguridad, a mediados de 2013 se le derrumbó parcialmente una barda perimetral, se propuso desde entonces su cierre, despresurización y remodelación, de acuerdo con el diagnóstico de los ceferesos elaborado el 7 de marzo de 2014.

Además Guerrero se concentró en comprar las certificaciones que Duarte y él tanto presumen. Se trata de documentos hechos por una asociación privada de exfuncionarios carcelarios de Estados Unidos que también han avalado cárceles de ese país donde después han ocurrido tragedias.

Cadena de ejecuciones

La gestión de Guerrero estuvo marcada además por el asesinato de una docena de custodios o jefes policiales, incluidos algunos de sus más cercanos colaboradores.

La primera fue una ejecución sumaria: el 13 de octubre de 2010 fueron asesinados seis custodios del Cereso 1 de Aquiles Serdán, en las afueras de la capital, entre ellos el encargado en jefe, Jesús Miguel García de la Cruz, cuando iban a su centro de trabajo.

El siguiente mes, el 14 de noviembre, fue muerto quien acababa de ser nombrado coordinador de Penales de Chihuahua, Gerardo Ortiz Arellano, junto con su hijo de 28 años, en la capital estatal. Ortiz fue asesinado a su llegada de la Ciudad de México, donde había participado en una reunión para organizar el desalojo del penal de Ciudad Juárez.

Antes había sido director del Cereso municipal de Ciudad Juárez, el actual Cereso estatal número 3, visitado por Bergoglio.

En enero de 2011 fue ultimado, mientras manejaba su vehículo, Marco Muñoz, jefe de custodios de la Unidad de Bajo Riesgo (UBR) en Chihuahua.

Las UBR eran cárceles municipales que se volvieron estatales.

Uno de los crímenes con más resonancia fue el del exdirector de la UBR de la ciudad de Chihuahua, Fernando Oropeza Oaxaca, el 1 de junio de 2011. Originario de la Ciudad de México y excapitán del Ejército, se confrontó abiertamente con los nuevos jefes de penales conocidos en el mundo penitenciario de Chihuahua como el Grupo Sonora.

En 21 de agosto de ese año, Raúl Ángel Acosta, custodio del Cereso 1 de Aquiles Serdán, fue asesinado en la ciudad de Chihuahua, luego de que en marzo de ese año otros tres guardias de ese mismo penal fueron detenidos como probables responsables de la construcción de dos túneles en esa cárcel. Ningún funcionario fue implicado.

Apenas en mayo del año pasado fue asesinado Luis Alfredo Franco García, quien también había sido coordinador de penales estatales y uno de los principales integrantes del Grupo Sonora. Excolaborador de Guerrero, había sido suspendido de su cargo desde marzo de 2013, aunque él argumentó que se retiraba por motivos de salud. Fue asesinado en Obregón, Sonora, por un grupo armado.

Unos días antes había declarado al programa Punto de Partida, de Televisa, que había estado al frente de las acciones para tomar el control de los penales, entre ellas quebrar el autogobierno de las pandillas. Y presumió que le decían El Diablo, porque “cuando los delincuentes se portan mal, se les aparece el diablo”.

Franco García había sido señalado en 2011 por el exsubdirector de la UBR de Chihuahua, Fernando Oropeza Oaxaca, como responsable del cateo en ese penal y que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, calificó como un robo. Oropeza lo consideró una represalia por no dejar que se quedaran cuatro jefes de custodios que habían llegado a extorsionar a los internos.

Durante el cateo no dejaron entrar ni a Armendáriz ni a Oropeza, quien también denunció el hecho ante la V Zona Militar. Pidió incluso que lo detuvieran si había pruebas en su contra y responsabilizó de lo que pasara al Grupo Sonora. Oropeza se plantó tres días después frente al palacio de Gobierno para retar a Duarte a que lo aprehendiera.

Internos y custodios denunciaron que fueron despojados de objetos personales, incluso los autorizados por reglamento, dinero y hasta ropa interior. Oropeza y la CEDH dijeron que los agentes estatales que llegaron al penal iban con el rostro cubierto y obligaron al custodio de la torre de vigilancia a voltear las cámaras de seguridad, por lo que no quedó registro de lo que hicieron. Guerrero respondió que no se permitiría el ingreso de la CEDH a los cateos.

En entrevista en 2011 con la corresponsal de Proceso en Chihuahua, Oropeza aseguró que la acción “fue porque no acepté a cuatro jefes de custodios que me impusieron, porque llegaron a extorsionar internos y custodios. Les pedían cuotas para salir de vacaciones a los custodios, para dar permisos. Los internos también les sacaban la vuelta. Le dije a Franco que yo no los quería. Me dijo que era su gente, que los apoyara”.

A los 20 días los retiraron, “pero desde entonces (Franco) me agarró idea, por eso digo que es venganza (el cateo)”. El 1 de junio de 2011 Oropeza fue asesinado muy cerca de su casa, en la capital del estado. El Grupo Sonora se hizo del control del penal. Las denuncias de los custodios siguieron.

Además de violaciones a sus derechos laborales, denunciaron que las autoridades de los penales cobraban entre 10 mil y 20 mil pesos por los traslados de reos de alta peligrosidad a las UBR, que cobraban cuotas a los internos por el ingreso de personal de higiene, material de trabajo y cambios de módulo, además que ingerían bebidas alcohólicas dentro del penal, así como de haberles incumplido con más medidas de seguridad después del asesinato de seis de sus compañeros.

Entrevistados por este medio después del asesinato de Oropeza, señalaron expresamente la designación de Guerrero Durán y Franco García en sus inconformidades. Aseguraron que hasta ese momento de gestión del Grupo Sonora, más de 60 internos habían sido cambiados a las UBR.

Bajo el mando de Guerrero en las cárceles de Chihuahua ocurrió, además, el 31 de enero de 2014, el homicidio de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, acusado de asesinar a la activista Marisela Escobedo Ortiz en 2010, afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua, cuando confrontaba al gobernador Duarte por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.

El preso apareció muerto en su celda del área de alta seguridad del penal de Aquiles Serdán. El asesinato evidenció la pugna entre Guerrero Durán y su jefe, el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás. La oficina de Guerrero dijo que Jiménez Zavala murió de un infarto y que un custodio lo vio convulsionarse. Pero más tarde la fiscalía Zona Centro informó que fue asesinado por estrangulamiento a manos del interno Jaime Noé Baeza, El Jimmy, por haberlo delatado como partícipe en una masacre en 2012 en la ciudad de Chihuahua.

Cuando fue detenido, El Wicked declaró a la prensa que mató a Escobedo por órdenes de sus jefes, sin precisar quiénes, aunque las autoridades los identifican como miembros de La Línea, grupo armado del cártel de Juárez. Posteriormente se convirtió en “la estrella” del programa Libre de Prisiones, formado por un grupo de reos que iban a otros penales e incluso a un gimnasio de la ciudad de Chihuahua, a dar su testimonio a estudiantes de educación media superior y superior sobre las consecuencias de delinquir.

Entre los integrantes del Grupo Sonora que fueron jefes de la UBR de Aquiles Serdán están Samuel Luzanilla, quien tuvo una demanda por acoso de una empleada, y el comandante Usiel Zazueta, quien salió en medio de acusaciones de cobrar cuotas.

También estuvo el comandante Jesús Francisco Soto Silva, quien entre 2010 y 2015 fue director de Seguridad Penitenciaria con Guerrero Durán. Cuando éste asumió el OADPRS, lo nombró director general a cargo de la seguridad penitenciaria en la Coordinación General de Centros Federales. Entre sus funciones está el traslado de los internos. Licenciado en derecho burocrático por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Cajeme, Sonora, Soto Silva fue infante de Marina durante un año y entre 2000 y 2008 fue el comandante del Sistema Estatal de Seguridad Penitenciaria en Sonora.

Desde el sector privado

En la trayectoria de Guerrero Durán en los penales de Chihuahua hay otras tragedias.

El 5 de octubre de 2013 una llamada “troca monstruo” atropelló a más de 100 personas –de las cuales nueve murieron– durante el festival Aeroshow que coorganizó el ayuntamiento de Chihuahua. En las investigaciones policiales se supo que Guerrero participaba en una empresa de seguridad privada, Safe It, contratada para la exhibición.

La razón social de la empresa es Seguridad Privada y Vigilancia del Bravo, S. A. de C. V., tiene oficinas en Chihuahua y Ciudad Juárez, en ésta con más de 10 años de funcionamiento. Según la carpeta de investigación 15822-2013 de la Fiscalía General del Estado, la asociación civil Espectáculos Extremos de Chihuahua contrató a Safe It por 1 millón 5 mil 727 pesos para asignar 80 guardias privados que brindarían seguridad.

Asignaron 29 personas en las diferentes áreas de los espectáculos que se desarrollarían en tres días y, según el expediente, la empresa no entregó los protocolos de seguridad que debió haber seguido. El apoderado de la empresa es Juan Pedro Santa Rosa.

De acuerdo con custodios y excustodios entrevistados, Santa Rosa tiene la concesión de las “tienditas” de los penales y están a cargo de personas que laboran para él.

Junto con Duarte, Guerrero fue el promotor de las certificaciones carcelarias que han vendido como muestra de éxito y que se pagaron con recursos de la Iniciativa Mérida, según ha explicado el fiscal general del estado.

Pero la certificación, además de pagada, es sólo administrativa y en el papel abarca condiciones de seguridad, orden y justicia.

En noviembre de 2012 la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización privada que se dedica a acreditar penales, integrada por funcionarios y exfuncionarios de diversos centros de detención de Estados Unidos, certificó el Cereso de Aquiles Serdán, y en octubre de 2014, el 3, de Ciudad Juárez.

En esa ocasión afirmó que el de Juárez cumplió con los 91 estándares internacionales para la operación de una prisión de mediana seguridad, desde medidas de seguridad, higiene, alimentación y derechos humanos, hasta aspectos jurídicos, capacitación a internos, trabajo e infraestructura.

Para lograr la certificación, el gobierno invirtió 35 millones de pesos en infraestructura, la mano de obra estuvo a cargo de los internos del penal y aumentaron la capacidad a 3 mil 2 personas, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los había reprobado con 5.6 en 2014 por sobrepoblación.

De acuerdo con la organización civil de defensa de los derechos humanos Prison Legal News (PLN), la ACA, que se presenta como asociación sin fines de lucro, carece de supervisión de las agencias gubernamentales.

En un informe de octubre de 2014, la asociación dio a conocer que la ACA vende cada acreditación de entre 8 mil 100 a 19 mil 500 dólares, según el número de días, auditores involucrados y número de instalaciones que acredite. Sólo en 2011 la ACA recibió cuatro y medio millones de dólares en cuotas de acreditación, casi la mitad de sus ingresos totales de ese año.

El proceso de acreditación es una revisión en papel y no proporciona supervisión o monitoreo permanente a los centros penitenciarios; sólo verifica si un establecimiento tiene políticas que cumplan con las normas promulgadas por cuenta de la ACA y luego las vuelve a revisar en tres años, denuncia PLN.

Refiere también que prisiones acreditadas por la ACA han tenido problemas significativos, como el Centro Correccional de Kentucky, operado por la Corporación de Correccionales de América, acreditado en 2009 pese a que por lo menos cinco de sus empleados fueron procesados por violar y abusar sexualmente de los presos.

La ACA acreditó también al organismo privado Walnut Grove Youth Correctional Facility, en Misisipi, aun cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró prácticas de actividad sexual en las instalaciones, entre personal y delincuentes, indica la organización.


En 2014 Guerrero Durán fue designado presidente del Capítulo México de la ACA.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO Y PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431529/431529.

Decomisan armas blancas, droga y hasta pantallas planas en Puente Grande

GUADALAJARA, Jal: La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó esta tarde la realización de un operativo en el penal de Puente Grande, donde se aseguraron cientos de objetos prohibidos como armas blancas, pantallas planas, antenas aéreas, al manos 15 teléfonos celulares, una pistola de utilería, tres envoltorios con droga y hasta una báscula gramera.


La revisión y el aseguramiento se dio entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El saldo del operativo quedó asentado en el acta de hechos que abrió la Fiscalía sobre las irregularidades encontradas. En el mismo documento notificó que al menos seis personas, entre custodios y otros servidores públicos, quedaron sujetas a investigación.

El expediente es el número 1126/20016 quedó radicado en la Agencia A de Detenidos por el delito de robo a persona, casa habitación o comercio por el probable delito de intromisión –al penal– de armas y objetos prohibidos, según prevé el artículo 119 del Código Penal de Jalisco, así como por presuntos delitos en la administración de la justicia, según aclaró fiscal, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez.

El funcionario dio referencia del decomiso en dormitorios y áreas de servicio del núcleo penitenciario:

“Se aseguraron 48 mil 740 pesos divididos en denominación de 89 billetes de 500 pesos; seis de 200 pesos; 28 de 100 pesos; cuatro de cincuenta pesos y dos de 20 pesos, dinero del cual no se acreditó su legal procedencia”.

Además, se encontraron 196 objetos prohibidos en la zona conocida como “zorra”, donde se ubican dormitorios y áreas de servicio.

En el operativo participaron 578 elementos de la Fiscalía General y más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de personal que ayudó en el resguardo de las áreas externas del penal; es decir, cerca de 800 personas.

Entre las armas halladas entre los internos había cuchillos, dagas, tijeras, desarmadores y soleras trabajadas en forma artesanal para ser utilizadas como armas blancas, además de clavos, brocas, tornillos. En cuanto a sustancias, se encontraron 123 medicamentos prohibidos, junto con 105 pipetas para el consumo de droga.

La autoridad también resguardó dos memorias USB, 17 chips para teléfonos móviles, 30 cargadores de celulares, tres envoltorios –dos con polvo blanco y otro de vegetal verde– y 84 encendedores.

A los presos les aseguraron cinco pantallas planas de televisión de 19 y 22 pulgadas, cinco aparatos DVD, cinco radios transmisores, 10 decodificadores, varios reguladores, ocho bocinas, dos esteros de casa, ocho controles de aire acondicionado, DVD o televisión.

En el mismo operativo se incautaron 20 antenas aéreas de aluminio, varios discos para la recepción señales de televisión y 150 metros de cable para tv de paga.

De acuerdo con el fiscal, en el operativo se aseguraron 15 teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para realizar extorsiones en contra de la población. El funcionario agregó que el operativo fue realizado a iniciativa de autoridades estatales, ante el riesgo que se observaba de un posible brote de violencia en las instalaciones penitenciarias.

Almaguer Ramírez reconoció que luego de esa acción, al menos seis empleados, entre custodios y otros servidores, quedaron bajo investigación por su presunta participación en el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel de Puente Grande.


Sin embargo, se reservó la información sobre si en el proceso de investigación se podría involucrar a más custodios o servidores públicos de distintos rangos. Tampoco precisó cuántos reos serán objeto de denuncia penal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431277/decomisan-armas-blancas-droga-y-hasta-pantallas-planas-en-puente-grande

Hallan celdas de lujo y droga en penal de Apodaca

Monterrey, NL. Luego de más de 12 horas de revisión, la policía estatal Fuerza Civil encontró en el penal del municipio metropolitano de Apodaca celdas con lujos, droga y diversos objetos prohibidos, reveló el gobierno a través de un comunicado enviado la noche del miércoles.

Por ello, los coordinadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano demandaron el cese del director y los funcionarios responsables y que se les siga un procedimiento legal, como en el caso de los ex directivos del penal del Topo Chico, quienes fueron acusados de homicidio calificado de las 49 muertes registradas la semana pasada.

Durante el cateo realizado al centro penitenciario donde en 2012 murieron 44 internos ejecutados para ocultar una fuga, se encontraron "celdas acondicionadas con pisos cerámicos, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas", señala el comunicado.

Los 598 elementos de Fuerza Civil también hallaron cocaína y mariguana durante la revisión a las instalaciones y los chequeos físicos a cada uno de los mil 890 internos.

Arturo Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), demandó “tomar las mismas medidas que existen en el Topo Chico; cesar al director del penal e iniciar un procedimiento en contra de él y los demás celadores y administrativos que permitieron esto, porque esto es muy simple: había corrupción por omisión y por participación.

“Había privilegios, y lo que pedimos es que en este momento se cese al director del penal de Apodaca y se inicie el proceso de investigación y se llegue a las últimas consecuencias y en esta misma semana vayan a catear el penal de Cadereyta”, dijo Salinas.

Héctor García, del PRI, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en señalar que los directivos deben ser separados de su cargo, porque es imposible que no conozcan en qué condiciones se encuentran las celdas.

“El cese del director debe ser inmediato y además debe procederse legalmente en su contra por no tomar las medidas necesarias”, dijo el representante de Movimiento Ciudadano.


Por su parte, el diputado del PRI señaló: “No es posible que no te des cuenta de lo que pasa si tú eres el director, es colaboración o es omisión, pero hay delito y el director del penal debe ser cesado, además de aplicarle las sanciones que dicte la ley".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERICK MUÑIZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/hallan-celdas-de-lujo-y-droga-en-penal-de-apodaca-1749.html

Desaparecidos en Nuevo León podrían encontrarse detenidos en penales: Fundenl

MONTERREY, NL: Desde el año pasado familiares de desaparecidos exigieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) que buscara en penales de la entidad a personas secuestradas, dado que tenían información de que podrían encontrarse indebidamente encerradas en esos espacios.

Hoy, luego de la tragedia en el penal de Topo Chico, donde 49 reos perdieron la vida, vuelve a resurgir esa petición, sobre todo después de que el procurador Roberto Flores Treviño reconoció que entre los fallecidos del pasado miércoles 10 había cuatro internos sin registro, situación que consideró “irregular”.

En entrevista, el vocero de Fundenl, Jesús González, recordó que el año pasado, durante la administración del priista Rodrigo Medina, presentaron una solicitud al entonces procurador Javier Flores para que efectuara una revisión, persona por persona, en cada uno de los tres penales que administra el estado: el Topo Chico, en esta capital, el de Apodaca y el de Cadereyta.

Y es que desde entonces, dijo, tienen información de que algunos desaparecidos podrían encontrarse encerrados en alguno de esos Centros de Readaptación Social (Cereso), pero su solicitud de revisión fue ignorada.

“Los procuradores de la administración anterior no nos hicieron caso. Nosotros les solicitamos directamente a ellos que hicieran una confronta, persona por persona, dentro de los penales, para saber quiénes están ahí, pero lo más que nos ofreció el último procurador de (Humberto) Medina, Javier Flores, fue revisar por medio de las huellas dactilares, pero no sirve, porque si hay una suplantación, es la misma registrada con las huellas que le tomaron. Y la revisión no se dio”, explicó.

De acuerdo con González, la presencia de personas ingresadas subrepticiamente a los penales ocurre en ocasiones porque algunos elementos ministeriales atrapan a sospechosos y los encarcelan, para luego ver “cómo le hacen” para procesarlos.

El activista expuso que en el proceso de transición, luego de que Jaime Rodríguez Calderón ganó la gubernatura, Fundenl entregó un plan de trabajo al actual procurador Roberto Flores Treviño, en el que de nueva cuenta se le pidió que hiciera la verificación de identidad de los internos, pero otra vez fueron ignorados.

Tras la masacre en el penal regiomontano, el gobierno de Nuevo León inició la identificación de los fallecidos y de inmediato se logró la filiación de 40 cadáveres, pero nueve de ellos estaban sin nombre.

De éstos, cinco terminaron calcinados y cuatro no contaban registro. Los primeros finalmente fueron identificados como: Angelino Sánchez Jaramillo, Morgan Jesús Rosales Villeda, Jaime Cabello Figueroa, José Ovalles Salas y José Juan Salazar Leija.

En tanto, los que no tenían registro son: Roberto de Jesús Martínez Govea, Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán, Juan Mario Pérez Herrera y Diego Enrique Martínez Ávila, pero no se ha esclarecido si formaban parte de la población penitenciaria.

El procurador estatal informó que tras la muerte de los 49 internos se inició un juicio por los delitos de homicidio calificado contra la directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles; l subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar.


El gobierno nuevoleonés ordenó la reubicación de 233 internos en diversas cárceles del país para aliviar el hacinamiento en el penal de Topo Chico, donde elementos de la Policía Federal encontraron celdas “de lujo” con pantallas de plasma, baños sauna y cantinas, además de puestos y tendajos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430226/desaparecidos-en-nuevo-leon-podrian-encontrarse-detenidos-en-penales-fundenl

3 mil custodios en prisiones estatales reprobaron los controles de confianza

A nivel nacional, 1 de cada 10 custodios no superó las pruebas de control de confianza, pero sigue laborando. Hay estados en donde los guardias reprobados son más del 40% o 50%.

La seguridad de las cárceles estatales en México está a cargo de casi 30 mil custodios, entre mandos y guardias. En promedio, hay un custodio para cuidar a ocho internos, lo que está dentro (apenas) de los estándares internacionales. El problema es que más de tres mil de esos guardias, incluidos 200 mandos, no son confiables.

Datos oficiales revelan que a nivel nacional, por lo menos uno de cada 10 elementos de seguridad asignados a los centros penitenciarios estatales, incluyendo a los propios mandos, no deberían estar ahí, pues no superaron las pruebas obligatorias para establecer si son aptos y confiables para desempeñar su trabajo.

Hay estados donde la realidad es aún más dramática. En Nuevo León por ejemplo, donde se encuentra el penal estatal de Topo Chico que el pasado 11 de febrero registró una riña que dejó 49 muertos, casi la cuarta parte de los custodios no son confiables. En Veracruz más de la mitad del personal está reprobado.

En total, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionadas a Animal Político por la organización Causa en Común, hay 29 mil 534 elementos de seguridad en activo en los reclusorios de los estados.

De todos ellos, tres mil 155 reprobaron el proceso de evaluación de control de confianza, lo que representa un 11% del estado de fuerza total.

En el universo del personal hay mil 820 efectivos que son mandos de distinto nivel, de los cuales poco más de 200 no son confiables. En tanto, de los 27 mil 700 custodios operativos, tres mil 155 están reprobados. En ambos casos es una proporción del 11% de los servidores públicos en funciones.

Las deficiencias en los esquemas de seguridad de las cárceles, son un común denominador en incidentes graves como el ocurrido en Topo Chico o en la muerte de 44 reos en la cárcel de Apodaca en 2012, y en donde fueron cómplices custodios, jefes de seguridad y directores.


En el país están en funcionamiento 285 centros penitenciarios estatales que albergan a poco más de 223 mil personas recluidas, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Cárceles en mayor riesgo

En Veracruz, la mayoría del personal de seguridad asignado a los reclusorios estatales, no es confiable. Es la única entidad en el país en donde son mayoría los elementos de prevención y readaptación social reprobados que los aprobados. El 57% de los más de 700 efectivos en funcionales no superaron los exámenes

Además, la entidad que gobierna Javier Duarte ocupa el segundo sitio en mandos de cárceles reprobados con 48%.

Cabe señalar que en Veracruz hay 17 Centros de Reinserción Social cuya seguridad depende del estado, En dichas cárceles hay casi siete mil internos que representan una sobrepoblación superior al 8%.

Tabasco es la segunda entidad con la mayor proporción de custodios de las cárceles reprobados, con aproximadamente el 40%. En dicha entidad hay seis penales estatales, siendo la de mayor tamaño el centro de Reinserción Social de Tabasco, que tiene una sobrepoblación que supera el 65%.

Otro foco rojo es Zacatecas en donde el 38% de los custodios de las prisiones fueron calificados como no aptos. Incluso, la entidad cuenta con el mayor porcentaje de mandos reprobados. De sus 15 jefes de seguridad en reclusorios, ocho no superaron las evaluaciones, que representan el 53%.

En Zacatecas existen 16 centros penitenciarios responsabilidad del estado que albergan a cerca de dos mil reos.

En Sinaloa el 36% de los custodios de las prisiones y el 38% de sus jefes no son en teoría confiables. El estado cuenta con cuatro penales estatales con cerca de siete mil internos de los cuales, más de mil 300 son del orden federal, principalmente vinculados con el crimen organizado. La sobrepoblación carcelaria en la entidad es de casi 7%.


En Baja California Sur, donde hay cinco prisiones estatales con más de 14 mil reos, 124 de los 400 custodios y mandos en las cárceles tampoco son confiables, lo que equivale a casi la tercera parte de todo el equipo de seguridad.

Déficit en vigilancia

Hasta el cierre del año pasado había poco más de 223 mil personas recluidas en los penales bajo administración de los estados, los cuales en realidad fueron construidos con espacios para albergar únicamente a 148 mil internos. La sobrepoblación en estas cárceles supera entonces el 63 %.

A cargo de la seguridad de todos esos reos hay poco más de 29 mil custodios (27 mil sin contar los mandos), lo que es en promedio un elemento de seguridad para cuidar a cada 8 o 9 internos.

Dicha proporción se encuentra dentro de los márgenes del estándar internacional para los centros penitenciarios. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mínimo de seguridad en una cárcel debe ser de un guardia de seguridad por cada diez personas presas.

Pese a lo anterior, existen algunas entidades en el país en donde si existe un déficit en tema de custodios, en comparación con el referido parámetro internacional.

El caso más grave es el de Quintana Roo en donde los centros penitenciaros locales albergan a poco más de cuatro mil reos, sin embargo el estado de fuerza es de solo 136 elementos de seguridad, lo que apenas es un policía por cada 29 internos.

En el estado de Sinaloa, que se encuentra entre los de mayor proporción de custodios no aptos, hay 596 guardias de seguridad a cargo de siete mil 233 internos, lo que arroja un promedio de un custodio para cada 12 reos.

Otro caso es el de Baja California en donde hay 15 mil 658 internos frente a mil 405 guaridas de seguridad lo que en una proporción de un custodio para 11 encarcelados. El mismo déficit de seguridad se presenta en Oaxaca e Hidalgo con un promedio de un guardia por once reos.

Bombas de tiempo

Las deficiencias en los esquemas de seguridad de los centros penitenciarios en los estados ha derivado ya en el surgimiento de algunas situaciones de crisis, sobre todo relacionadas con hechos de violencia o la fuga de reos.

El último caso y el más violento hasta ahora fue el del pasado 11 de febrero en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, en donde una presunta pelea entre internos dejó 49 muertos. El incidente exhibió además las deficientes condiciones de vigilancia y seguridad en el penal. Por ese caso fueron detenidos tres mandos del centro, incluyendo su directora: Gregoria Salazar.

Otro hecho grave se registró en el centro penitenciario de Apodaca, también en Nuevo León, entre el 19 y 20 de febrero del 2012. Tras una serie de disturbios 44 internos perdieron la vida mientras que otros 30 lograron escapar de las instalaciones. El entonces gobernador Rodrigo Medina dijo que mandos del reclusorio, entre ellos el director y el jefe de seguridad, tuvieron responsabilidades en los hechos.

El diciembre de 2010, por mencionar otro ejemplo de varios, se registró la fuga de reos más grande de la que se tenga registro de una cárcel local: 151 internos escaparon del penal de Nuevo Laredo .Seis meses más tarde otros 61 internos también escaparon de dicha prisión bajo jurisdicción del estado.


En total ocho funcionarios del penal, entre ellos el director y diversos custodios, fueron consignados por el Ministerio público por su responsabilidad y complicidad en la fuga de los internos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/11-de-los-custodios-en-prisiones-estatales-reprobaron-controles-de-confianza/