Duarte voló a sus fincas 50 veces en 2 años, en helicóptero oficial; daba a prensa 82 millones al mes

Al actual Gobierno de Chihuahua, el priista César Duarte Jáquez no le dejó ni para pagar la gasolina de los vehículos, dijo Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de la entidad. En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el ex Gobernador dejó en caja 21 millones de pesos para la operación y antes de irse desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado casi a última hora. La situación financiera de Chihuahua, destacó, es aún peor que la que dejó en Veracruz el también priista Javier Duarte de Ochoa, y hoy cada ciudadano del estado debe 11 mil 308 pesos.

El Gobierno entrante de Chihuahua reportó hoy enfrentar problemas de operación debido a que las deudas de la administración anterior redujeron a 21 millones de pesos el “saldo de caja” disponible al día siguiente de la toma de posesión del panista Javier Corral Jurado.

“El día que recibimos, recibimos un saldo de caja de 594 millones de pesos; pero, de esos 594 millones de pesos, 573 estaban comprometidos para entregarse a los municipios al día siguiente prácticamente, el día 5; quiere decir que el disponible que tenía el estado era de solamente 21 millones de pesos”, dijo hoy en la ciudad de Chihuahua el Secretario de Hacienda del nuevo Gobierno, Arturo Fuentes Vélez.

“La totalidad de los recursos del crédito que se contrató de 6 mil millones de pesos (…) fueron dispuestos en la administración anterior”, agregó el funcionario con relación al último préstamo gestionado en los días finales de la administración del priísta César Duarte.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno para difundir el diagnóstico de las finanzas públicas encontradas, Fuentes Vélez insistió en que, “en contexto”, la situación financiera generada por Duarte Jáquez en Chihuahua es peor que la de su homólogo veracruzano Javier Duarte de Ochoa.

“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo.

“Y el otro dato importante es la deuda pública por habitante, donde la nuestra duplica la deuda de Veracruz. La nuestra está en 11 mil 308 pesos por habitante (…) mientras que cada veracruzano o veracruzana debe cinco mil 621 pesos”, agregó Fuentes Vélez.

La presentación del funcionario –difundida por la oficina de Comunicación Social estatal– agregó información que muestra cómo la deuda pública del Estado de Chihuahua se encuentra actualmente en más de 55 mil millones de pesos; 48 mil 213 millones registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros siete mil encontrados en otras facturas pendientes de pago.

Eso, insistió, Fuentes, al 28 de octubre, debido a que, conforme aumenten las revisiones de lo encontrado en cada dependencia, prevé, los pasivos pueden aumentar hasta 200 millones de pesos sólo en una semana.


NI PARA GASOLINA…

Ante la falta de liquidez, la nueva administración del ex Senador panista Javier Corral Jurado reportó también enfrentar problemas diversos, desde el abastecimiento de medicamentos en los hospitales responsabilidad del estado, hasta el parque vehicular de todas las dependencias, como las encargadas de la seguridad pública.

“¿Qué efectos tiene una deuda de esta magnitud? Pues claro que el primero, y algunos de estos son los que hemos estado reportando, el desabasto de medicinas en hospitales públicos y, obviamente, los adeudos que se tienen también en el tema de medicamentos y hospitales”, dijo Fuentes Vélez.

“La suspensión de apoyos en programas estatales o de obras en proceso; la limitada capacidad de la operación del Gobierno y las restricciones en el mantenimiento en la operación de vehículos de seguridad pública, y no sólo de seguridad pública, sino de todas las dependencias en general”, agregó.

Otra información difundida hoy por el nuevo Gobierno de Chihuahua está relacionada con “hallazgos preliminares en materia de corrupción”, y que detectaron pagos por 486 millones de pesos a una empresa creada en 2012 y que proveyó materiales a precios, dijo Fuentes Vélez, por encima del mercado.

El nombre de esta compañía fue mantenido “en reserva” por el funcionario, que sólo agregó que, a diferencia de otras, las facturas de la nueva empresa sí fueron liquidadas.

También dijo haber encontrado pagos por 512 millones de pesos por asesorías sin justificación o evidencia del trabajo realizado solamente en 2016, así como un gasto de dos mil 736 millones de pesos para contratos de publicidad o “publicaciones” entre 2013 y este año; es decir, unos 82.9 millones de pesos mensuales en difusión de las actividades del anterior Gobierno.

“Solamente en 2016, la cantidad en publicaciones representa 10 veces lo que se destina a pueblos indígenas”, dijo Fuentes Vélez en su presentación.

Otros datos difundidos fueron sobre el uso “discrecional” del helicóptero del estado y que Duarte, dijo Fuentes, utilizó “sin justificación” en al menos 50 ocasiones en los últimos dos años para acudir a sus propiedades en el sur del estado de Chihuahua. También, que dispuso de 127 millones de pesos para adquirir una nueva aeronave a través de una adjudicación directa y sin esperar a la resolución de la compañía aseguradora a la que se le reclama todavía el pago de la que fue siniestrada en agosto de 2015, con el ex mandatario y su esposa a bordo.

Desde este fin de semana, el Gobierno de Corral reportó que, además de haber recibido una grave deuda pública, enfrenta la negativa de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal a apoyar su gestión con recursos adicionales tanto al presupuesto de 2017 como para hacer frente al cierre de la administración anterior.

Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la SCHP había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.

Ayer, este medio solicitó información a la SCHP sobre el reporte del Gobierno de Chihuahua, pero no hubo respuesta.

De acuerdo con lo que ha reportado Corral en Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte puede ser calificada de “desfalco” y contó con la “corresponsabilidad” de la federación debido a que ésta no vigiló que el priísta no aumentara el déficit.

No aumentar el déficit, agregó la información del nuevo Gobierno, era a su vez parte de las condiciones del Fideicomiso Maestro F/152 a través del cual se generó la “reestructura” de la deuda de Duarte y que fue administrado por la Casa de Bolsa Evercore, propiedad del ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

“Cuando se firma el Fideicomiso Maestro se establecen una serie de condiciones para el estado, cinco o seis cláusulas; hablan de no incrementar servicios personales, de mantener el déficit en cierto nivel, y ese nivel se suponía que se iba a llegar a cero en 2021, y obviamente con lo que encontramos es imposible llegar a cero en 2021”, dijo Fuentes Vélez el domingo.

“Ahí es donde señala el Gobernador [Javier Corral] que ese plan de ajuste no se cumplió, y de alguna manera hay responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, que debería estar vigilando que se cumpliera”, agregó.

Pese a esta “corresponsabilidad” federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade Kuribreña– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.

“A otros estados les dieron 900, 1000, y 1,200 millones de pesos. Todo apunta a un trato diferenciado (a Chihuahua)”, agregó la información del nuevo Gobierno de la entidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112678

El Gobierno federal ahorca a Chihuahua: le niega dinero para enfrentar el desastre de Duarte

A unas horas de que el Gobierno de Javier Corral Jurado se pronuncie sobre el déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos que le heredó la administración del priista César Duarte Jáquez –además de una deuda pública histórica por 42 mil millones de pesos–, funcionarios estatales y el propio mandatario loca destacan la corrresponsabilidad del Gobierno federal y, en especial, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no frenó ni advirtió en la entidad lo que hoy es una situación de desfalco y cuya falta de liquidez amenaza con paralizar actividades.

Luego de que el Gobierno del priísta César Duarte Jáquez dejara en Chihuahua una deuda por más 42 mil millones de pesos y un déficit por otros 7 mil 200, la Presidencia de Enrique Peña Nieto recortó a menos de la mitad los recursos ofrecidos a la nueva administración del panista Javier Corral Jurado.

Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral Jurado enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.

El Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, dará a conocer hoy en conferencia de prensa detalles sobre la generación del déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos encontrados en las finanzas públicas; cantidad superior a los 2 mil 500 millones de pesos que esperaba encontrar el nuevo Gobierno estatal y que, informó el funcionario, eran los establecidos en los compromisos de la “reestructura” de la deuda del estado.

El Gobierno anterior, indican los datos de la administración entrante, ocultó deudas, contrató empresas sin acreditar la entrega de los bienes o servicios y, entre otros compromisos, generó uno por mil 300 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hay pagos pendientes a proveedores; hay aportaciones a convenios federales que no se han realizado, un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, de mil 300 millones de pesos, por un convenio que se firmó con la administración anterior y el Estado no hizo las aportaciones”, dijo Fuentes Vélez ayer domingo.

De acuerdo con lo que ha reportado Corral a los medios de Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte Jáquez puede ser calificada de “desfalco” y ha puesto en riesgo incluso la dotación de gasolina para el parque vehicular de la Fiscalía General del Estado, justo en un periodo de aumento de la violencia en aquella entidad fronteriza.

“Chihuahua no puede enfrentar solo, ni siquiera con el crédito de corto plazo que hemos pedido, de mil 800 millones de pesos, este desfalco, porque estamos ante un desfalco, es más que una crisis financiera: es un problema de caja, no hay liquidez, nos falta dinero hasta para pagar la gasolina de la mitad del parque vehicular en términos, por ejemplo, de la Fiscalía General”, dijo Corral el jueves ante los medios de Ciudad Juárez.

Y en este “desfalco”, ha señalado también el nuevo Gobierno panista, Peña Nieto tiene “corresponsabilidad” debido a que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, debió haber vigilado que Duarte Jáquez no rebasara el nivel de déficit que le ordenaba la reestructura de su deuda.

“Cuando se firma el Fideicomiso Maestro se establecen una serie de condiciones para el estado, cinco o seis cláusulas; hablan de no incrementar servicios personales, de mantener el déficit en cierto nivel, y ese nivel se suponía que se iba a llegar a cero en 2021, y obviamente con lo que encontramos es imposible llegar a cero en 2021”, dijo Fuentes Vélez.

“Ahí es donde señala el Gobernador que ese plan de ajuste no se cumplió, y de alguna manera hay responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, que debería estar vigilando que se cumpliera”, agregó.

Pese a esta “corresponsabilidad” federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.

“A otros estados les dieron 900, 1000, y 1200 millones de pesos. Todo apunta a un trato diferenciado [a Chihuahua]”, agregó ayer la información del nuevo Gobierno local.

Fuentes Vélez explicó que el déficit de más de 7 mil millones de pesos significa una violación a los términos del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, constituido el 26 de noviembre de 2013 entre la administración de Duarte Jáquez y la división Casa de Bolsa de la empresa Evercore, dirigida por Aspe Armella y antiguo lugar de trabajo de Videgaray.

Este fideicomiso, de acuerdo con un listado de los créditos adquiridos a su amparo y contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 del Estado de Chihuahua, permitió al ex Gobernador priísta obtener once préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos; estos, adicionales a 23 mil que había acumulado hasta 2012.

La participación de Evercore –antes llamada Protego– aparece en los decretos oficiales del Estado de Chihuahua que dieron inicio a la tramitación de los diferentes créditos de Duarte.

De acuerdo con Fuentes Vélez, más que la empresa privada de Aspe, la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso era de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; unidad a cargo de la funcionaria Marcela Andrade Martínez –también ex empleada de Evercore.

“[La responsabilidad de la SCHP era] que se cumplieran las cláusulas establecidas en el fideicomiso, concretamente a lo que se refiere el déficit. La coordinación principal es a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas”, agregó Fuentes.

El nuevo titular de la Hacienda chihuahuense explicó también que en las reuniones en las que se ha planteado este incumplimiento de parte de Duarte al Fideicomiso Evercore, la oficina a cargo de Andrade ha explicado que la Fedración partió “de la información que el Gobierno anterior (de Chihuahua) le daba”.


“OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”

Mientras, la denuncia penal para que se investigue la participación del ex priísta César Duarte Jáquez en el Banco Unión Progreso enfrenta lo que el abogado que documentó este vínculo, Jaime García Chávez, califica de “obstrucción” de la justicia por parte de la Procuraduría General de la República.

Ante la falta de avances de la AP/PGR/UEAF/001/2014-09 la denuncia de hechos fue interpuesta el 23 de septiembre de 2014–, García Chávez se presentó esta mañana ante la entrada de la delegación estatal de la PGR para entregar un documento en el que denuncia la relación de “compadrazgo” entre Duarte y el nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, además de exigir la consignación del expediente.

“Le hacemos patente nuestra enérgica protesta por la obstrucción de la procuración de justicia en que ha caído la institución que hoy usted encabeza, dada su reciente designación, que no podemos ver sino inadecuada a la finalidad de combatir realmente la corrupción. En otras palabras, su trayectoria personal nos permite dudar razonablemente de la imparcialidad con la que ha de conducirse”, dice el escrito de García Chávez.

“Pero, más allá de esta circunstancia, no está de más que le recordemos que el expediente abierto (AP/PGR/UEAF/001/2014-09) contra el ex Gobernador y sus cómplices estuvo inicialmente en manos de Jesús Murillo Karam, para pasar luego a las de Arely Gómez, y ahora a las de usted”, agrega.

Desde la semana pasada, el abogado chihuahuense ha denunciado la dilación aplicada a una investigación “sencilla” y que debe solamente establecer con documentos el origen de 65 millones de pesos que el ex mandatario priísta aportó en 2012 al Fideicomiso 744773 y que lo hizo accionista de la entidad financiera.

“Dicha inestabilidad (los cambios en PGR) nos acarrea el perjuicio de que cada uno de los que va llegando –y en poco menos de dos años usted es el tercero– se toma el tiempo del mundo para imponerse de un expediente, abultado innecesaria y artificialmente, para sepultar con varias toneladas de papel un hecho tan sencillo y demostrable como el enriquecimiento ilícito del ex Gobernador, el conflicto de interés y los desmanes delictivos de sus cómplices”, agrega el escrito.


“Queremos decirle que ¡ya basta!, que la consignación del expediente a un tribunal competente está más que fundado para que se dicten las correspondientes órdenes de aprehensión y se les someta a juicio penal por así estar previsto en el orden jurídico vigente en el país”, cierra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112568

César Duarte está feliz: el nuevo Procurador es íntimo amigo, dice abogado que reveló Banco Unión

Para el priista César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, la mejor noticia que ha recibido este año fue la del nombramiento de su “amigo íntimo” y también priista Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República, afirma el abogado y activista Jaime García Chávez, quien también es el autor de la denuncia contra el presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario local. Las dudas sobre la imparcialidad del nuevo Procurador para juzgar el caso de César Duarte son muchas, aun así García Chávez dice que en la entidad no se van a conformar con que el PRI lo expulse de sus filas, porque eso es lavarse la cara de la corrupción. En Chihuahua “lo que queremos es justicia real”, afirma.

El nombramiento del ex Senador priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República es preocupante para la investigación iniciada por corrupción al ex Gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, consideró Jaime García Chávez.

El motivo, explicó el abogado que interpuso la denuncia de hechos por probable enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario priista, es su relación de amistad con el hoy titular del Ministerio Público Federal.

“Creo que uno de los días más felices que ha tenido [Duarte Jáquez] Duarte este año es cuando nombran a su amigo [como Procurador General de la República]”, dijo García Chávez en entrevista vía telefónica a la ciudad de Chihuahua.

“Es un nombramiento impertinente, en general, para el combate a la corrupción; si Arely Gómez no tenía esas características, mucho menos las tiene este funcionario que, por otro lado, tiene gran cercanía con otro alto funcionario de la Presidencia de la República, y esto nos habla de que está a merced de lo que diga el poder”, agregó.

Raúl Cervantes Andrade, de acuerdo con su perfil en la página del Senado de la República, es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997, partido en el que ha fungido como consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional.

Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre pasado como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acéfala desde la salida de Virgilio Andrade Martínez.

Cervantes Aguirre es además primo del actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del Comisionado Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.


En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez.

“Es un puesto de 15 años sumamente importante en el orden jurídico”, dijo en noviembre pasado Samuel Kenny, entonces coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.

“Y nuestra preocupación, con base en la elección pasada, cuando fue electo [el ex Procurador General de la República] Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agregó Kenny.

El nombramiento de Cervantes Andrade en la SCJN no se concretó pero, el pasado 26 de octubre, fue nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto como nuevo Procurador General de la República y ratificado por el Senado en los días siguientes.

UNA INVESTIGACIÓN EN RIESGO

De inmediato, García Chávez advirtió que estaba en peligro la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciada a partir de la denuncia de hechos que él presentó el 23 de septiembre de 2014 por la participación del ex Gobernador en un Fideicomiso que lo hizo accionista del Banco Unión Progreso.

“Esa preocupación nace, con hechos objetivos, por la cercanía de Cervantes Andrade con el ex Gobernador, lo que en estricto rigor lo debería llevar a declinar del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”, escribió García Chávez en su página electrónica el 27 de octubre.

En entrevista, el abogado agregó que la investigación a Duarte cuenta con pruebas suficientes para ser consignada al Poder Judicial, por lo que en la próxima semana organizarán una protesta en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República exigiendo esta medida.

“Arely Gómez se condujo con gran falsedad, porque hace un año nos prometió en entrevista que tuvimos [el hoy Gobernador] Javier Corral y yo con ella, que se iba a acelerar, que se iban a dictar las diligencias para seguir la ruta del dinero, y fue un vil engaño: ella estuvo ahí nada mas haciendo que hacia y nunca hizo nada, lo que por otro lado, la mal recomienda que el encargo que Peña Nieto le ha hecho, porque no ha presentado resultados tangibles”, dijo García Chávez.

“Entonces, Arely Gómez ha defraudado a los chihuahuenses. Y ahora llega Raúl Cervantes, en primer lugar con el descaro de, siendo Senador, estar aspirando a ser Ministro de la Suprema Corte y luego Constituyente de la Ciudad de México, y aquí tiene la agravante de que ha sido abogado del PRI y, está documentado, tenemos testimonios de que es amigo íntimo de César Duarte; entonces, eso nos hace dudar muchísimo de su imparcialidad para conocer la causa de su amigo”, agregó.

García Chávez –quien busca se aclare la aportación de 65 millones de pesos que César Duarte hizo a un Fideicomiso y lo convirtió en accionista del Banco–, explicó que ex Gobernador declaró a PGR que invirtió el dinero después de que le hizo un donativo de 40 millones al hoy diputado federal Carlos Hermosillo (también señalado en la denuncia) y éste se los regresó.

“Entonces, Duarte toma sus 40 millones de pesos y luego (declara que) tiene otros 25 millones de ahorros, utilidades y demás, y de pronto tiene 65 millones de pesos en las manos y dice ‘¿qué hago? Creo un fideicomiso para ser accionista del banco’ que iba a crearse desde los tiempos que estaba en campaña”, dice García Chávez.

“Pero si revisamos las declaraciones patrimoniales que como servidores públicos están obligados a hacer, porque Hermosillo estaba en la Junta Central de Aguas, resulta que nunca declararon una operación de 40 millones de pesos (…) Si te regalo 40 millones de pesos, lo debo registrar notarialmente, pero esa es la defensa infantil que hace César Duarte”, agregó.

Sobre el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, señalado en la denuncia de hechos por tráfico de influencias y uso excesivo de atribuciones, “está más que acreditado con los depósitos hasta por 80 mil millones de pesos y el reconocimiento de que era accionista del propio banco donde estaban depositando el dinero público”.

Por tanto, insiste el abogado, hay elementos para consignar el caso y se hará la protesta ante la delegación de la PGR en Ciudad Juárez.

“Aquí no nos vamos a conformar con que los expulsen del PRI, que es lavarse la cara de la corrupción”, dijo García Chávez en relación a la demanda interna en el tricolor contra Duarte Jáquez y otros tres ex mandatarios.

“Lo que queremos es justicia real, que se le vincule a un procedimiento”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-11-2016/3110879

César Duarte construyó una presa en uno de sus ranchos sin permiso de la Conagua

Poco después de asumir el cargo de gobernador de Chihuahua, César Duarte comenzó la construcción de una presa dentro de uno de sus rancho sin que la Conagua le diera permiso de explotar aguas federales.

A un mes de asumir el cargo como gobernador de Chihuahua, César Duarte comenzó la construcción de una presa dentro de uno de sus ranchos, a pesar de no tener concesión alguna por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de acuerdo con un reportaje difundido en el noticiario 10 En Punto de la periodista Denise Maerker.

La presa –cuya inversión fue de 100 millones de pesos– almacena 3 millones de metros cúbicos de agua que sirven para regar sembradíos de nogal dentro del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador priista.


El Saucito es uno de los seis ranchos que Duarte tiene en el municipio de Balleza, en Chihuahua.

La obra que no tuvo el aval de Conagua tuvo una inversión de 100 mdp #10EnPunto https://t.co/GSIMvjB1UP

— Denise Maerker (@DeniseMaerker) 25 de octubre de 2016

Este no es el primer caso de un gobernador que construye una presa sin la autorización de la Conagua para explotar aguas federales.

En febrero de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) multó al ahora prófugo exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por la construcción de una presa sin permiso. 

Meses antes, en noviembre de 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un procedimiento administrativo-sancionatorio contra de Padrés Elías por la construcción de una presa sobre un cauce federal, en el rancho de su propiedad conocido como Pozo Nuevo.


El 21 de noviembre iniciamos formalmente procedimiento administrativo, la primera etapa fue de inspección y el 21 notificamos un procedimiento administrativo sancionatorio, lo cual permite que eltitular del predio tenga la oportunidad de aportar las pruebas que crea convenientes en el procedimiento y tiene un término de hasta 20 días hábiles para hacerlo y la autoridad hasta 40 días hábiles para responder. Es un procedimiento administrativo-sancionatorio lo que se inició”, indicó el entonces titular ¡de la Conagua, David Korenfeld.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/cesar-duarte-construyo-una-presa-en-uno-de-sus-ranchos-sin-permiso-de-la-conagua/

La lucha por el control político de la policía dispara la violencia en Ciudad Juárez, dicen analistas

En julio pasado, un mes después de la derrota del PRI en los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el entonces Fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció la llegada de Rafael Caro Quintero a disputar el narcotráfico a Cártel de Sinaloa y, por este motivo, un futuro recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. La violencia, efectivamente, aumentó conforme se dio el cambio de Gobierno de la entidad, pero en la disputa no apareció Caro Quintero sino el propio González Nicolás, acusado por organizaciones de la sociedad civil de proteger a la delincuencia organizada durante el sexenio del priista César Duarte Jáquez y, desde el pasado 7 de octubre, nuevo jefe de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Juárez.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Había pasado un mes desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la elección por los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez cuando el conteo de homicidios de El Diario registró un drástico repunte: trece en tres días; siete de ellos el sábado 2 de julio; otros cinco el domingo siguiente.

La explicación que dio el abogado Jorge González Nicolás, entonces todavía Fiscal del Gobierno del priísta César Duarte Jáquez, incluyó al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, quien estaría, dijo, por arribar a la entidad para disputar el negocio que a la fecha realiza ahí el Cartel de Sinaloa.

“Se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener Chihuahua de uno de los narcotraficantes más conocidos del país, Rafael Caro Quintero”, dijo González Nicolás a los medios de Ciudad Juárez el 5 de julio, de acuerdo con El Diario.

“Tenemos información de que pretende venir para acá a disputar con el Cártel de Sinaloa parte de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, agregó el jefe policiaco.

Una manta colocada en un predio del sur de esa frontera ratificó días después la presunta amenaza y advirtió que empezaba una “limpia”.

“Le doy una semana a González Nicolás y elementos colaboradores para que pidan baja o si no los voy a hacer pedazos”, agregó el mensaje, sostenido a una malla ciclónica con listones color azul y firmado “atentamente (por) Caro Quintero”.

La violencia en esa frontera, efectivamente, se recrudeció entre los últimos meses del Gobierno de César Duarte, cuando los indicadores de la mesa de seguridad registraron un aumento de 38 a 51 casos entre junio y julio, y a 56 en agosto.

El conteo de El Diario sumó otros 55 casos en septiembre y, en la primera mitad de octubre, alrededor de las tomas de posesión del nuevo Gobernador panista Javier Corral Jurado y del nuevo Alcalde “independiente” de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, la violencia alcanzó niveles no vistos en la ciudad desde 2012: 52 asesinatos en 17 días, o un promedio de tres diarios.

El modus de los asesinatos, en lugares públicos –como restaurantes o bares–, delante de testigos o contra jóvenes reunidos en colonias populares, reconstruye también la impunidad de la actuación criminal de los años en los que la ciudad fue una de las más peligrosas de México.

Violencia que escaló mientras entre los dos nuevos gobiernos se generó una abierta disputa por el control de los cuerpos policiacos en el estado; sobre todo los de Ciudad Juárez, históricamente vinculados con el crimen organizado internacional.

En el centro del enfrentamiento no apareció el nombre de Caro Quintero, sino el de Jorge González Nicolás, acusado por organizaciones que apoyaron a Corral de haber desmantelado la vigilancia contra la delincuencia organizada en el estado y, el 6 de octubre pasado, nombrado por Cabada Alvídrez como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal en Juárez.

En ese contexto, cada Gobierno anunció en los días pasados el aumento de patrullajes armados en las calles de Ciudad Juárez; recorridos que, insistió la administración de Javier Corral, serían al margen de la nueva administración del municipio fronterizo.

“Se trabajará en patrullaje, con el Ejército, pero no se compartirá información con jefes policiacos del Municipio de Juárez, porque no hay confianza con los jefes de la Policía Municipal”, dijo a este diario digital el vocero de la nueva administración estatal, Antonio Pinedo.

“BASTIÓN DE DUARTE”

El priista y ex Gobernador César Duarte Jáquez colocó a una de sus piezas al frente de la seguridad pública en Ciudad Juárez: Jorge González Nicolás, su ex Fiscal. Foto: Cuartoscuro

El nombramiento del ex Fiscal de Duarte Jáquez como nuevo jefe de seguridad en Juárez fue reprobada de inmediato por el nuevo Gobernador Corral Jurado, quien basó su campaña en la oferta de castigar los casos de corrupción de la anterior administración estatal priísta.

Los grupos de la sociedad civil que lo apoyaron, aglutinados como Alianza Ciudadana, demandaron también la remoción del nuevo mando policiaco fronterizo e incluso hubo fracturas en la organización juarense Mesa de Seguridad, donde hay empresarios que apoyan a González Nicolás y activistas que hoy trabajan con Corral.

De acuerdo con Hugo Almada, investigador académico, ex integrante de la Mesa de Seguridad y ahora Subsecretario de Desarrollo Social del nuevo Gobierno estatal, la discrepancia se generó a partir de los diferentes resultados del trabajo de González Nicolás, ya que si bien durante su gestión descendieron los asesinatos en Juárez, no ocurrió lo mismo en otras regiones de Chihuahua, sobre todo en las zonas de la sierra y el noroeste.

“En todo el noroeste del estado su gestión es muy criticada; es acusado incluso de proteger a grupos de la delincuencia organizada; entonces, es polémico en estos momentos y, sin dudar de sus méritos, representa una situación complicada dada la salida del Gobernador Duarte y la estela de corrupción que deja”, dijo Almada en entrevista el pasado viernes 14 de octubre.

Pese a las críticas, González Nicolás fue ratificado por el Cabildo, entre quienes se habría informado que, en un contexto de aumento del trafico de la droga sintética conocida como cristal o metanfetamina, la llegada del funcionario contaba con la aprobación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal.

“Los nombramientos posteriores confirman la intención de construir en la lastimada frontera un bastión de César Duarte oculto en un alcalde independiente, y nos recuerdan el fatídico slogan ‘el poder es para poder’ que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”, denunció el colectivo Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura del panista Corral.

“Como Fiscal General, González Nicolás desmanteló importantes áreas de la institución, como la red de comunicación del C3, la cual fue financiada con fondos del Plan Mérida, esta estrategia permitía observar el comportamiento de grupos delictivos en todo el estado”, agregó el posicionamiento, difundido el pasado 17 de octubre.

El nuevo fiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel –ex delegado en Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2010 y 2015, con sede en Juárez– atribuyó la violencia creciente a una disputa por el tráfico de cristal que había empezado en abril y que la Fiscalía anterior dejó crecer.

“No se implementaron las estrategias necesarias para contener esa ola de violencia”, dijo Peniche Espejel en Chihuahua el pasado martes 18 de octubre.

La mañana siguiente, los medios reportaron el asesinato de cinco personas del sexo masculino en el interior de una peluquería del suroriente de Juárez; entre ellos, publicó El Diario, Israel Rojas Rosales, de 28 años y custodio del penal estatal.

DE PODER A PODER

La normalidad con la que González Nicolás se refirió en julio a la presencia del crimen organizado en Ciudad Juárez no fue nueva.

Abogado, ex académico y ex titular de la defensoría pública en Ciudad Juárez, a su llegada a la Fiscalía declaraba que su responsabilidad no era contener a los grupos del narcotráfico, inevitables en esa frontera, sino su circulación y operación “aparatosa” en las vías públicas.

“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro”, dijo en septiembre de 2014, en entrevista con SinEmbargo.

“Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, agregó el funcionario entonces.

Felipe Calderón, quien en 2008 inició el despliegue militar en la ciudad presuntamente para combatir al crimen organizado, había declarado desde 2013 que el descenso en la violencia se debía a la su estrategia “holística” que combinaba el envío de tropas, la “reconstrucción” de los cuerpos policiacos locales y el programa de inversión social y participación comunitaria Todos Somos Juárez.

“Mandamos al Ejército y a la Policía Federal a restaurar la Ley y el orden y a proteger a la gente. Esto, junto con otros componentes de la estrategia, ha conducido a la reducción de la violencia y el crimen”, escribió Felipe Calderón en febrero de 2013, en un ensayo publicado por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

González Nicolás, al frente del poder policiaco de Chihuahua, sostenía por su parte que los grupos criminales se mantenían en el estado.

“Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país”, dijo a este medio en la entrevista de 2014. “Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está [para eliminarlo]. Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó.

Parte de un Gobierno cuyo titular tomó posesión advirtiendo que “el poder es para poder”, su llegada a la Policía Municipal de Juárez fue considerada por Alianza Ciudadana como una ratificación de esa política “que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”.

“LIGAS CRIMEN-GOBIERNO”

En este contexto de aumento en la violencia, cambios de Gobierno, indicios de vinculación de cuerpos policiacos con el crimen organizado e impunidad, dice el activista Gabino Gómez, incluso una intervención de grupos políticos sobre los asesinatos es una hipótesis.

“Resulta muy sospechoso que, efectivamente, desde el triunfo de Javier Corral aumentan los delitos”, dice Gómez, dirigente de la organización El Barzón e integrante de la Alianza Ciudadana.

“Esto nos muestra la posibilidad de las relaciones y ligas que hay entre algunos ex funcionarios o funcionarios en otros lugares con los grupos criminales, que lo están provocando para generar el conflicto que se está dando, que existe, pero que en mucho ahora pueden estar generado. En los anteriores funcionarios hubo fuertes relaciones con los grupos que hoy lideran esos acuerdos o los fomentan”, agregó Gómez desde la capital del estado.

La falta de investigación policiaca, sin embargo, coincidieron los entrevistados, mantendrá sin esclarecimiento la violencia, como en los últimos años, en los que también se mantuvo el contexto que permite la operación del crimen organizado.

“Se están rotando las sillas, pero no están cambiando la política”, dijo Molly Molloy, analista sobre temas de la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México.

“La situación de violencia se tranquilizó en los últimos dos años, pero el sistema no ha cambiado; el repunte es algo que podríamos esperar porque no han cambiado nada de fondo: la pobreza, la gente trabajando en las maquilas sin poder mantener a sus familias; un sistema en que los jóvenes buscan dinero de otra manera y que en muchos casos es el crimen organizado o el narcomenudeo el que los emplea”, agregó.

Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/22-10-2016/3106652 

César Duarte ocultaba “depa de lujo” en oficinas de gobierno; la recámara fue desmantelada

De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Zona Norte de Chihuahua, el departamento estaba en las oficinas estatales y nadie se había dado cuenta; aún así, pese a lo lujoso de la instalación, hay goteras y la construcción se encuentra en mal estado.

De acuerdo con El Diario, Un departamento de lujo, que supuestamente fue usado por el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue hallado y desmantelado en las oficinas estatales. Así lo informó el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte del estado, Ramón Galindo Noriega.

El departamento estaba en las oficinas estatales y contaba con lujosos muebles, tales como una televisión gigante y sillones forrados de piel. De igual manera contaba con un escritorio, libreros, alfombras y lámparas; un piso de madera color café oscuro y un jardín vertical con plantas naturales en las paredes.

De acuerdo con el medio chihuahuense, Galindo Noriega dio a conocer que el inmueble contaba con un elevador exclusivo, una puerta de emergencia y un despacho. Declaró también que ese tipo de lujos no correspondían al nivel de vida de la gente de Ciudad Juárez.

El funcionario agregó que al momento de hacer el relevo de subsecretario, el departamento fue desmantelado. Sin embargo, la zona cuenta con goteras, lo que indica que está mal hecha pese a lo costosa.

“Ese espacio va a convertirse en área de trabajo y para empezar se va a ampliar el espacio de la Secretaría de Economía, que ahora va a tener su sede en Ciudad Juárez”, dijo Ramón Galindo Noriega.

El Diario informó también que el nuevo jefe del Registro Público de la Propiedad, Rubén Trejo Ortega, advirtió que muchos de los documentos resguardados en las oficinas estatales corren el riesgo de “echarse a perder” por las goteras en el edificio. Dijo que hay trabajadores que tiene  que estar sacando cubetas con agua.

A raíz de esto, Galindo pidió a la Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se revisen las instalaciones para eliminar las goteras y filtraciones de agua.


El subsecretario agregó que en ese lugar hay una serie de espacios, algunos bastante disimulados, que conectaban con el despacho del subsecretario y que nadie se imaginaba que existen.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3103061

Así endeudó Duarte a Chihuahua: El PRI autorizó, Videgaray lo vio y Aspe lo operó… y se llevó su parte

Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.

Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.

Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.


Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.

La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.

Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.

“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.

“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.

El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.

Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.

Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.

Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.

En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.


LA MANO DE EVERCORE

Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.

Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.

“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.

Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).

La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.

“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.

“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.

El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.

Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.


“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.



Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.

La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.

Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.

También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.

“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.

“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.

Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.

“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.

“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.


LÍDER EN “REESTRUCTURAS”



El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.

De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.

Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.

Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.

Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.

“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.

“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.


DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”

Antes de empezar a trabajar con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.

Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.

Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.

“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Uno de sus accionistas es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan ganancias”, agrega.

El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.

El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.

En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.

Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.

“Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.

En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.

“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.

“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.

El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.

Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.

“En caso de que la Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número 1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.

Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.

También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.

Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.

En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.

El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.

Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.


“SEÑAL DE RIESGO”

Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.

“Para su posicionamiento como inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero pasado.

Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.

En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.

“Con base en los criterios establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.

Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.

“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.


“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3102818