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jueves, 22 de septiembre de 2016

César Duarte niega pacto para pagar deuda privada con recursos del erario

CHIHUAHUA, Chih: El gobernador César Duarte Jáquez anunció hoy que demandará al empresario español Ángel Cano Martínez por intento de extorsión, luego de que éste lo acusara de pretender pagar una deuda privada con recursos del erario.


En un comunicado difundido a través de WhatsApp, el mandatario adujo que el presidente de ACM Invernaderos busca armar un escándalo y lucrar, aparte de que enfrenta 50 denuncias por presunta extorsión.

“Nunca tuve una negociación privada con Ángel Cano, no existe adeudo con él”, se desmarcó Duarte.

Enseguida aclaró que en el sexenio de Patricio Martínez (1998-2004) se tuvo un adeudo con ACM Invernaderos por unos terrenos en la región de Cuauhtémoc, donde se iba a desarrollar un proyecto, pero que luego de un litigio que el gobierno perdió debieron indemnizar al empresario español con 300 mil dólares.

César Duarte insistió en que no hubo pacto por alguna deuda personal con el empresario ni con la empresa que representa, aunque reconoció que años antes Ángel Cano hizo negocios con su compadre Olegario Guzmán Orquiz.

En el mensaje, Duarte Jáquez recuerda que Guzmán Orquiz falleció y que aun así Cano Martínez contactó “a la viuda” Alma Dalila Martínez Correjudo, para intentar cobrar una deuda que, asegura, no existe.

Esta mañana Cano Martínez denunció en el programa de Carlos Loret de Mola que el gobernador intentó pagarle una deuda con recursos del erario.

A pesar de que existen audios y constancias documentales, el gobernador aseguró que no existe un embargo ordenado en Murcia, España, “pero además ya es tiempo suficiente para que hubiera llegado por un juzgado de distrito a notificarnos el hecho, si existiese un adeudo (…) No hay ningún registro en el Registro Público de la Propiedad, ningún embargo, no existe en ningún juzgado de Murcia, son falsos esos documentos que él presentó”.

Por eso Duarte dice que se trata de un intento de extorsión, que quiso consumarse en un momento político muy adecuado. “Lo que sí nos dijeron en Murcia, es que ese señor (Ángel Cano), tiene más de 50 demandas en su contra, porque es precisamente una persona que se dedica al fraude y la extorsión”.

En la entrevista con Loret de Mola, Ángel Cano dio a conocer dos audios en los que César Duarte se refiere a ambas deudas y cómo intentó pagar una deuda privada con recursos públicos y con el apoyo del secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, y del actual diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

El empresario español también anunció que denunciará a Duarte penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque hay una deuda de 4 millones de dólares.

“La deuda y el embargo son reales, intentó pagar 4 millones de dólares, los cuales ha querido pagarnos con dinero público del gobierno, donde han intervenido instituciones del más alto nivel político, personas del estado de Chihuahua”, dijo Ángel Cano.

El auto de embargo indica que Duarte cuenta con inversiones de banco, compañías forestales, 15 cuentas bancarias, 37 propiedades en los municipios de Parral, Balleza y Juárez y casas de cambio.

La deuda pública que existía era de 2004, coincidió con Duarte, y explicó que hubo un acuerdo para pagar un millón 125 mil dólares, pero que sólo le hicieron un primer pago de 150 mil dólares.

En 2015, prosiguió, renegociaron la deuda, pero no cubrieron la cantidad, y el pasado 10 de mayo Cano Martínez acudió a la casa de gobierno en Chihuahua: “Mi gran sorpresa es que en la reunión había personas del más alto nivel político de Chihuahua, en un asunto personal, que es del gobernador, estaba el secretario de Gobierno estaba ahí presente”.

En noviembre de 2013, detalló, se reunió dos veces en un hotel de Beijing, China, a donde Duarte viajó con el presidente Enrique Peña Nieto, a una gira de trabajo. En el encuentro, el gobernador chihuahuense le dijo a Cano: “Mira, hazme varias propuestas de inversiones en Chihuahua y compensamos una cosa por la otra”, se escucha en uno de los audios.

El empresario le dice que existen dos deudas de una administración anterior de gobierno y otra personal de Duarte, por la compra de cuatro invernaderos a nombre de Industrial Parral Forestal.

“Hazme una propuesta en los dos sentidos: una, qué necesitas para que fuera un tema que te trajera invertir y echarlo a volar, concluirlo o qué planteamiento sería el finiquitar el asunto, salgo el miércoles, regreso y el viernes ya me voy”, le dice Duarte.

En otro momento, el empresario se reunió con Carlos Hermosillo, pero tampoco logró cobrar nada, y en otro audio Cano le dice a Duarte:

“Estuve con Carlos Hermosillo, como me lo mandaste, estuve hablando con todo mundo… esto va a pegarle el carpetazo, vamos a hacerle una quita, equis, o que por lo menos que pague la Secretaría de Desarrollo Industrial, la Secretaría de Desarrollo Industrial me debe 700 y pico mil dólares”.

Duarte le responde que ya habían llegado a una negociación, pero el empresario le refiere que no fue así, que el acuerdo al que llegaron fue por la deuda del gobierno y porque le metieron un pleito “por detrás” que él ganó.

“Un juicio, un pleito por detrás a espaldas mías, entonces llegamos a un acuerdo de rescindir todos los acuerdos que se habían hecho con Patricio, después de haber ganado yo el juicio. La secretaría se quedó con una parte de la finca, yo me quedo con la sociedad autoabasto, me quedé con otra parte de la finca, y me dieron 300 mil dólares”.

“Yo lo autoricé, que te pagaran 300 mil, dije ‘adelante’. Me dijeron que con eso se finiquitaba todo”, asevera Duarte y el empresario revira que no, y el gobernador justifica que esa información es la que le dieron.

En el audio, agrega Duarte:

“Mi error fue no haber hablado contigo, porque yo autoricé a Mario Trevizo a que te pagara 300 mil dólares, yo pensé que ya con eso había quedado liquidado, al menos así me lo dijeron”.

Cano responde: “No, con eso se liquidaba todo lo que era el pleito ese que me habían puesto en la en la época de Reyes Baeza, por la puerta de atrás. El resto se ha pagado, todo, menos éste (el adeudo privado).

En el último viaje que hizo para cobrar la deuda, Ángel Cano asegura que fue amenazado por el gobernador con fincarle cargos y detenerlo, porque a los jueces y a los fiscales los pone y los quita él.

La red de corrupción del gobernador César Duarte ha sido evidenciada por varias denuncias. La presentada ante autoridades judiciales de España es la última, en la que Duarte fue demandado junto con su esposa Bertha Olga Gómez Fong, las empresas Industrial Parral Forestal e Hidroponia de Chihuahua SA de CV, así como Alma Dalila Martínez Correjudo, su socia y accionista en la institución financiera en proceso de convertirse en banco, Unión Progreso, por una deuda de casi 4 millones de dólares que habría intentado pagar con recursos públicos.

La letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, Concepción Martínez Parra, ordenó ejecutar en cualquier momento contra los bienes de los demandantes, a petición de los representantes legales en México, de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial SL (ACM).

El plazo de cumplimiento del exhorto, de acuerdo con el documento, es de carácter inmediato.

El abogado y activista Jaime García Chávez, quien demandó en el 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la función pública y enriquecimiento ilícito ante la PGR, dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.

La orden de embargo se generó a partir de que el juez español envió a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través del Poder Judicial de la Federación, que a su vez lo canalizó a un distrito de Chihuahua, con el fin de obligar al pago de 3 millones 760 mil 570 dólares que buscaron solventarse con recursos públicos.

Alma Dalila Martínez Corrujedo tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso, es esposa de Olegario Guzmán, quien era empresario maderero y ganadero, compadre de César Duarte que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral, y hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal casi todo el sexenio actual.

En el exhorto de las autoridades judiciales españolas se pide embargar cinco propiedades de Martínez Corrujedo, cuatro ubicadas en Chihuahua y otra en Casas Grandes.

Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez, que aparecen como sujetas de embargo son: El 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público 6, en noviembre de 2012.

También aparecen las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala SA de CV SFP, y Única Casa de Cambio SA, el hotel Soberano (hoy Sheraton), que fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra SA de CV; Industrial Parral Forestal SA de CV, e Hidroponia de Chihuahua.

Además son sujetas a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez, depositados en Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso SA, Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey y 37 propiedades e inmuebles, ubicadas en Parral la mayoría, nueve en el municipio de Balleza y otra en Juárez.


Las cuentas corrientes de Martínez Correjudo que también están sujetas de embargo se encuentran en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455879/cesar-duarte-niega-pacto-pagar-deuda-privada-recursos-del-erario

lunes, 5 de septiembre de 2016

SCJN anula las leyes anticorrupción a modo de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes 5 de septiembre que son inválidas las reformas anticorrupción aprobadas en los congresos de Veracruz y Chihuahua, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Javier y César Duarte, al señalar que incluían nombramientos a modo para evadir posibles investigaciones en su contra.

Esta resolución del Pleno de la Corte se dio por unanimidad, señalando que los Congresos estatales no podían legislar en materia anticorrupción, ya que aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN.

La promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SCJN) se dio el pasado 18 de julio.

Tras la resolución, queda anulada  la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, apuntó el diario Reforma. 

En el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que acatarán la resolución de la Suprema Corte.

Desde el pasado 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que presentaría acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Chihuahua, además del de Quintana Roo, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

En ese momento el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.

Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, detalló que los gobernadores no podían hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”.

Es decir, acciones contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/scjn-blindaje-gobernadores-veracruz-chihuahua/

jueves, 25 de agosto de 2016

PGR tiene indicios suficientes para actuar contra César Duarte: Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra el gobernador saliente de Chihuahua, el priista César Duarte Jáquez.

Así lo aseguró el mandatario electo, el panista Javier Corral, en declaraciones a la prensa coahuilense antes de la plenaria de los senadores de su partido que se lleva a cabo en Saltillo.

Corral reiteró que habrá un “castigo ejemplar” para los responsables de saquear las finanzas de la entidad.

“Hoy mismo en la PGR ya están los elementos suficientes para poder solicitar que un juez libre una orden de aprehensión en contra del gobernador de Chihuahua (…) Tenemos el compromiso de llevar ante la justicia a César Duarte, y serán las instituciones las que lo lleven a la cárcel por una conducta comprobable de corrupción política y saqueo impune”, subrayó.

Luego de aclarar que no se trata de una venganza personal ni una revancha política, Corral Jurado estableció que se trata de un compromiso con los chihuahuenses y de un acto de justicia.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/452374/pgr-indicios-suficientes-actuar-contra-cesar-duarte-corral

viernes, 12 de agosto de 2016

Duarte se impone: con ayuda de PRI e incluso de PRD, MC y un juez, endeudará Chihuahua. Aún más

El Partido Acción Nacional (PAN) alertó de la crisis en las arcas del Estado de Chihuahua que va dejar la contratación de una nueva deuda de 6 mil millones de pesos por el Gobernador César Duarte Jáquez. De por sí, el estado ya posee la deuda por habitante más alta del país. Y los opositores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpretan que el uso de estos recursos será una complicación más para que el próximo Gobierno estatal mantenga unas finanzas sanas, cuando tome posesión el 15 de septiembre. En este contexto, y pese a que una organización no gubernamental interpuso un amparo en contra del endeudamiento, un Juzgado de Distrito decidió dar luz verde a esta acción. Un proceso en el que diputados priístas presentaron declaraciones y mintieron sobre el propósito para el que se usarán estos fondos.

El equipo de transición del Gobernador electo Javier Corral Jurado hizo hincapié en las complicaciones en que pondrá a su administración el nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos del estado. Y la posible influencia que tuvieron las declaraciones de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el juicio de amparo en contra de la contratación de la deuda podría derivar en acciones legales, advirtió.

Gustavo Madero Muñoz, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro del equipo de transición, refirió que en estos días estarán analizando la viabilidad de medidas de juicio político en contra de los diputados del PRI: Laura Enriqueta Domínguez y Jorge Neaves Chacón, quienes aseguraron que el pago de pensiones era una de las razones para la bursatilización de 6 mil millones de pesos.

La bursatilización se refiere a la venta o renuncia de activos (inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc,) con el fin de utilizarlos en una inversión específica. Un proceso en el que un fideicomiso que pagará estos activos. Y que ha derivado en una controversia entre Javier Corral Jurado y el resto de partidos. Mientras los primeros aseguran que se trata de una adquisición de obligaciones de pago, que al final de cuentas es una deuda, los segundos, más estrictos, opinan que la Ley de Deuda Pública no lo define de la misma manera.
“Hay dos escenarios. Si lo que dicen [los diputados del PRI] es cierto, sobre que el dinero se usará para pagar pensiones, entonces, el destino declarado autorizado no se cumple, porque está prohibido por la legislación usar estos recursos [deuda] para gasto corriente. Cuando se aprobó, lo hizo con un catálogo de conceptos, y ahí no venía el pago de pensiones. Y si no es cierto, quiere decir que el Juez tomó una decisión con información incorrecta. Porque supuestamente había un impacto a pensionados”, dijo Madero a SinEmbargo.

En ambos casos, de acuerdo con el Diputado federal, los legisladores locales estarían incurriendo en una mentira, por lo que pueden ser sujetos a responsabilidad.

Ayer el Gobernador electo Javier Corral salió a exigirle al Juez que aclare si su fallo fue basado en información errónea. Por lo que se avecina un escrutinio de cerca sobre el uso de estos recursos.
“Habremos de revisar puntualmente el ejercicio de los recursos por parte de la administración actual, tanto en lo que se refiere a la aplicación de los créditos bancarios como en los recursos federales que tienen un destino específico, para comprobar su correcta aplicación”, dijo.
Pero el PRI parece no ir solo en esto. Le acompaña su satélite natural, el Verde Ecologista, pero además Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD). fuerzas políticas que a nivel local, desde hace tiempo, han sido denunciadas por operar a favor del Gobernador de Chihuahua.


FINANZAS IMPACTAN SERVICIOS

La situación del estado ya es crítica, y habrá rubros en los que será difícil para el Gobierno entrante cumplir con sus obligaciones financieras.
“Hoy está saliendo que el Gobierno de Duarte no tiene para pagar la gasolina de las patrullas y por eso están paradas, tampoco tiene para el diésel del sistema del transporte público, ViveBús, y por eso estuvo cuatro días parado, y además, que le deben mil 500 millones de pesos a los consultores. Cada día que te amaneces hay una nueva sorpresa en el terreno de las finanzas públicas. Y nos preocupa, porque no vamos a ver el fondo hasta que se entre plenamente a la administración”, dijo Madero.
El equipo de transición de Corral espera que más sorpresas surjan una vez lleguen al poder, alertó el legislador panista, quien destacó el degenere del sistema de seguridad pública.
“Después del 5 de junio han sido puras noticias de cómo se está deteriorando el índice de homicidios dolosos, secuestros, robos, con violencia y esto es preocupante. Hay un relajamiento en los controles, los penales, en la instrucción de armas, y que siguen operando de manera masiva, y haciendo daños irreparables”, dijo el Diputado Madero.

Antes los números tampoco favorecieron al Gobernador Duarte. Hubo 658 homicidios en los primeros seis meses del año, apenas tres menos que los registrados en el primer semestre del año pasado.

En cambio municipios como Ciudad Juárez tuvieron un importante retroceso. En comparación con el primer semestre del 2015, el 2016 presentó un amento del 20 por ciento de los homicidios, con 182 en total.


CONTROVERSIA EN CONGRESO

Los partidos Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) no encontraron que la monetización -convertir un activo en dinero- de los 6 mil millones de pesos sea una deuda en sentido estricto.
“La deuda pública es cuando existe un acreedor, y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal la registra como tal. La Secretaría hace una diferenciación muy clara. Y a partir de la Ley de Deuda Pública, precisamente, tiene ya topes para estados y municipios. El tope de Chihuahua es de 24 mil millones y está a raya, es decir, ya no se puede adquirir más deuda”, dijo el Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, de MC.

El 6 de julio el Congreso de Chihuahua aprobaron con 23 votos a favor y ocho en contra la bursatilización de los 6 mil millones de pesos, que comprometen los bonos carreteros de la entidad.

“Cuando vi la propuesta, la analizamos con asesores. Este es uno de los estados favorecidos por un fideicomiso carretero. Qué quiere decir esto, que todo el dinero que entre por las carreteras federales se queda aquí en Chihuahua, cosa que no pasa en todos los estados. Y cuando uno analiza el tema se da cuenta que no es un endeudamiento, dado que contábamos con estos recursos”, dijo la Diputada estatal Mónica Guerrero Rivera, del PRD.

Los diputados locales aprobaron una reforma al 1039/2015, que permitirá el pago mediante un fideicomiso de 3 mil millones de pesos a proveedores, un compromiso arrastrado desde el 2015, mientras que la otra mitad servirá para inversión pública.
“La bursatilización, o el fideicomiso carretero, se otorgó por 50 años, están sólo comprometiendo 25. Estaremos discutiendo quién los va utilizar, ellos [el PAN] todavía tienen cancha par hacer maniobras”, dijo Guerrero.
Sin embargo, el PAN niega que le estén haciendo un favor. Desde el mes pasado seis de los siete diputados locales del PAN votaron en contra.
“En términos jurídicos no es deuda porque simple y sencillamente la ley contempla como deuda a los pasivos bancarios, no la bursatilización, pero es deuda en cuanto a que es una obligación financiera. Te voy a dar un ejemplo, es como sí en una Ley se estableciera que lo que tú debes en una tarjeta de crédito no es deuda, pero sin duda tienes una obligación financiera de pagarle al banco”, expuso el coordinador de la bancada panista en Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.

UN GOBIERNO DE PALO
Gustavo Madero sostuvo que el Gobierno federal tiene una corresponsabilidad en la alta deuda de Chihuahua: “Le estamos pidiendo al Gobierno federal que asuma su responsabilidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, junto con Banobras [Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos], firmaron con el Gobierno del estado un plan de reestructura de las finanzas públicas que no se ha cumplido, desde disminuir el déficit a un ritmo y hay compromisos que no se están cumpliendo”, explicó.

César Duarte Jáquez tomó posesión de su cargo en septiembre del 2010. A finales de ese año la deuda de Chihuahua ascendía a 12 mil 547 millones de pesos, la cifra ascendió en cinco años a los 42 mil 175 millones de pesos registrados en marzo de este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si bien hay entidades con deudas más altas, el caso de Chihuahua sí tiene la deuda más alta por habitante del país. Se estima con datos del Censo de Población y vivienda del 2010 que cada chihuahuense arrastra una deuda de 12 mil 382 pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-08-2016/3079099

jueves, 11 de agosto de 2016

Orden de embargo a César Duarte y cómplices

Al fin un poder legal le da cauce a una acusación formal contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y sus cómplices. Se trata de la autoridad judicial española, que envió un exhorto a México para que sean embargados los bienes de Duarte; su esposa, Bertha Olga Gómez, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo. Los hilos de esa trama revelan hasta dónde llegan las complicidades políticas, financieras y familiares de uno de los mandatarios más señalados del país.

CHIHUAHUA, Chih: La red de corrupción del gobernador César Duarte Jáquez fue evidenciada ante las autoridades judiciales de España, donde fue demandado junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo –accionista de Unión Progreso, su institución financiera en proceso de convertirse en banco–, por una deuda de casi 4 millones de dólares que presuntamente quiso pagar en parte con recursos estatales.

Concepción Martínez Parra, letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, ordenó ejecutar en cualquier momento un embargo contra los bienes de los demandantes, a petición de los representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial, S.L (ACM). El plazo para cumplir el exhorto es inmediato.

El abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien demandó en 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la función pública y enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.

García Chávez afirma que la columna vertebral de desvío de recursos es precisamente Unión Progreso o el Banco Progreso Chihuahua.

Explica que existe una orden de embargo desde que el juez español envió a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través del Poder Judicial de la Federación. Éste lo canalizó a un juez de distrito de Chihuahua para que obligue a Duarte y compañía a pagar 3 millones 760 mil 570 dólares.

Para García Chávez, el juicio “evidencia el modo en el que Duarte estaba operando para pagar deudas con recursos públicos, pero la corporación (española) tiene ética e intereses en Chihuahua, sobre todo en la región de Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc) y la empresa está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar el dinero que utilizaron en la compra de invernaderos para hacer una pradera, entre otras cosas”.

El exhorto es resultado de una demanda presentada el 23 de septiembre de 2015 por la empresa fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, para reclamar el pago de los productos mencionados a Duarte Jáquez, su esposa y Martínez Corrujedo.

Esta última tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso, es esposa del ganadero y maderero Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte Jáquez que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral. Era hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal durante casi todo el sexenio de Duarte Jáquez.

La empresa Ángel Cano Martínez demandó a los Duarte, Gómez y Martínez Corrujedo cuando intentaron negociar una parte de la deuda, 2 millones de dólares, con recursos sustraídos del erario de Chihuahua. Y para no poner en duda la ética y solvencia moral de su corporativo, decidió demandar y exigir judicialmente la cobranza.

En el exhorto de las autoridades judiciales españolas, piden embargar cinco propiedades de Martínez Corrujedo: cuatro ubicadas en Chihuahua y otra que está en Casas Grandes.

Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez sujetas de embargo son: 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012.

Las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala S.A. de C.V.S.F.P., y Única Casa de Cambio S.A.; el hotel Soberano (hoy Sheraton), que fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra, S.A. de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V., e Hidroponia de Chihuahua.

De igual forma están sujetos a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez depositados en el Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.

Lo mismo ocurre con 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicados en Parral, nueve en el municipio de Balleza y otra de Ciudad Juárez.

Además de las cuentas corrientes de Martínez Corrujedo, están sujetas a embargo sus acciones en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

El juicio sigue en curso, indica García Chávez.

Otros socios de Unión Progreso

El diputado federal por el Distrito 9 con sede en Parral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, también enfrenta la demanda presentada por García Chávez ante la PGR por enriquecimiento ilícito, corrupción y uso indebido de atribuciones.

Su suplente es Antonio Enrique Tarín García, sobrino del gobernador, quien durante la actual administración ha sido director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal; director de Administración y Finanzas del cuestionado Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), donde fue señalado por adquirir dos camionetas de lujo en pleno decreto de austeridad: una Tahoe para él y una Suburban para Alfredo Riosvelasco.

Hermosillo Arteaga está involucrado en otra demanda penal por enriquecimiento ilícito, porque era funcionario al incrementar su patrimonio y el de su esposa a 14 millones de pesos. Además tiene una demanda civil por adquirir un predio con problemas legales a nombre de una entidad financiera no regulada.

El legislador ha estado cerca de César Duarte en sus negocios personales en Parral desde hace años, lo mismo que en la Unión Ganadera División del Norte, fundada por Duarte cuando era diputado federal. Ese membrete compartió domicilio con proveedores de medicamentos del gobierno del estado, en un claro conflicto de intereses (Proceso 1991).

Hermosillo escaló rápido: los dos primeros años y medio del sexenio de Duarte fue director del Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), luego director general de Administración de la Secretaría Hacienda estatal y posteriormente presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), de donde solicitó licencia para postularse a la curul federal.

La demanda penal ante la PGR fue interpuesta en contra de Duarte, Hermosillo y el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, por crear el nuevo banco y capitalizarlo con 65 millones del fideicomiso creado por Duarte y su esposa, así como 10 millones de Carlos Hermosillo y 45 millones de Alma Dalila Martínez Corrujedo.

Entre los socios del banco aparecen otras personas cercanas a Duarte: Elia Patricia Berjes Chávez, con una aportación de 52 millones de pesos, es cónyuge de Jaime Galván Guerrero, a quien el gobernador apoyó el año pasado en su fracasada aspiración a ser diputado por el Distrito 5 de Delicias.

Federico Duarte Medina (primo de Duarte Jáquez, exrepresentante de la asociación ganadera del gobernador y actual presidente de la Unión Regional Ganadera de Chihuahua), aportó 12 millones.

En entrevista, y a condición de que sus nombres no sean publicados, tres habitantes de Parral hicieron llegar información sobre Alma Dalila Martínez Corrujedo y su esposo desaparecido, Olegario Guzmán:

“Como para el 2000 hizo mucho dinero, (Olegario Guzmán) le metió mucho dinero a la campaña de Duarte, pero poco antes de que rindiera protesta como gobernador el compadre desapareció y aún no se conoce su paradero. La esposa se quedó con los negocios, pero vimos que empezaron a caer, por eso mucha gente no se explica de dónde sacó 45 millones para depositarlos en el banco”, relata una de las personas citadas.

La otra agrega que durante esta administración una sociedad compró el hotel La Mina y entre los socios aparece José Guadalupe Yáñez, a quien personas relacionadas con el ramo farmacéutico ubican como uno de los principales aportantes a las campañas electorales priistas.

Martínez Corrujedo aparece con su registro MACA 680911M3 y otras mil 895 personas en el padrón de contribuyentes incumplidos que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chihuahua.

También está en esa lista Víctor Guzmán, cuñado de Martínez Corrujedo, quien fue despedido como director de Desarrollo Forestal en junio pasado, después que fue demandado por ejidatarios tarahumaras, pequeños propietarios y técnicos forestales de Güerachi y Agua Blanca, municipio de Guachochi, por tala clandestina en sus bosques. Lo acusaron de robo ante la Comisión Nacional Forestal.

El negocio ganadero

Duarte Jáquez creó la asociación Unión Ganadera División del Norte en 2005 como un instrumento para que los productores chihuahuenses tuvieran acceso a créditos y subsidios.

Vecinos de Parral explican que “agarraron mucho dinero de fondos federales. Prestaban becerros a gente en el sur del estado cuando (Duarte) era presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la asociación; por eso creció mucho como precandidato a la gubernatura apoyado por la Confederación Nacional Campesina. Pero cuando la gente crecía en su negocio, se le cobraba lo del becerro si quería quedarse con él. Después Duarte dejó al frente de ese negocio a Hermosillo”.

La asociación ganadera apareció en septiembre de 2011 como uno de los 10 principales clientes de Unión de Crédito Progreso, con 20 millones de saldo. Es el único cliente con garantía líquida, el resto tiene garantía hipotecaria.

De acuerdo con la calificadora HR Ratings de México, la Unión Ganadera División del Norte está registrada en la institución crediticia (que recibió en mayo de 2015 la autorización para operar como banco desde Delicias) como de actividad comercial, específicamente la compraventa de maquinaria, equipo e implementos.

La calificadora advierte: “A septiembre de 2011, los 10 clientes principales de la cartera de crédito de Unión de Crédito Progreso representan 47.7% del total. Dicha situación representa un riesgo de concentración en caso de que alguno dejara de pagar. Asimismo, se encuentra una sensibilidad al capital contable dado que el saldo de estos 10 clientes principales representan 2.5 el capital contable de la empresa”.

En 2007 Hermosillo y Duarte fundaron en Santa Bárbara una empresa que la ley considera “financiera rural no regulada”, con un capital social de 6 millones de pesos: cinco aportados por Duarte y uno por Hermosillo.

En 2007, cuando Duarte era diputado federal, creó la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V. En 2011, ya como gobernador, celebró con Hermosillo una asamblea en Parral, que protocolizaron ante el notario público Sergio Müller Mata. Ahí aumentaron en 31 millones el capital de su empresa financiera. De ese aumento de capital, Duarte exhibe 30 millones y Hermosillo uno.

Los hermanos Juan y Víctor Paredes Valles dan seguimiento al juicio sucesorio intestamentario 249/2013, promovido por Graciela Valles Vidal (madre de los dos) a bienes de Óscar Valles Vidal. El caso está radicado en el Juzgado Primero Civil de Chihuahua.

Dos primos de los Paredes Valles: Óscar Estrada Valles y José David Chávez Vidal, en complicidad con el representante de Duarte, Carlos Hermosillo Arteaga, intentaron comprar el predio La Palmilla de la exhacienda La Almaceña, aunque se encuentra en litigio y fue declarado monumento nacional.

Los hermanos Valles Paredes señalan que sus primos han falsificado firmas y están acusados de secuestrar a su tío Jesús Joaquín Valles Vidal (expediente 917/2013) para obligarlo a firmar a su favor, ya que no pudieron vender el predio porque está a nombre de una sucesión.

“Lo correcto es que Hermosillo demandara a Jesús Valles Vidal por fraude, pero no quiere porque se puso de acuerdo con los sobrinos (del mismo) y se demostrarían todas las irregularidades que han cometido para lograr la venta”, explican los Valles Paredes.

La compradora, de acuerdo con el expediente, es la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V., descrita como entidad financiera no regulada, y su representante en el juicio es Hermosillo Arteaga.

El año pasado Hermosillo fue acusado penalmente de enriquecimiento ilícito por el expresidente municipal panista de Parral, Gustavo Villanueva Posada.

Éste denunció que Hermosillo y su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola poseían sólo dos propiedades con un valor total de 593 mil pesos, antes de que él fuera funcionario. En dos años con un puesto estatal Hermosillo ganó 345 mil 375 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia del gobierno estatal, pero registraron por lo menos seis propiedades valuadas hasta en 4 millones y medio de pesos, para sumar en total 13 millones 973 mil 883 pesos.


La esposa de Hermosillo Arteaga se dedica a las labores del hogar. Al ser cuestionado sobre su fortuna, el hoy diputado federal respondió que su mujer recibió una herencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450458/orden-embargo-a-cesar-duarte-complices

miércoles, 10 de agosto de 2016

Juez da luz verde al gobierno de César Duarte para contratar más deuda

CIUDAD DE MÉXICO: El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en las demandas de amparo promovidas para frenar la contratación de más deuda pública al gobierno de Chihuahua y con ello dejó abierta la posibilidad al gobierno de César Duarte de bursatilizar remanentes de ingresos carreteros por seis mil millones de pesos.

El fallo obedeció a “temas de forma, no de fondo” pues el juez consideró que no está demostrado el interés legítimo de los demandantes, dijo a El Diario de Chihuahua Jesús Manuel Soledad, abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC (DILE), brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, agrupación que dirige Claudio X. González.

Dijo que el juez argumentó “en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”.

Sin embargo, la resolución del juez no desecha las demandas de amparo interpuestas. Lo que sí es que permitirá al gobierno de César Duarte seguir el trámite de contratación de créditos, procedimiento que se detuvo tras el otorgamiento de la suspensión provisional de amparo el 1 de agosto.

Dicho recurso fue promovido por el DILE con el propósito de paralizar la autorización que dio el Poder Legislativo el 6 de julio pasado al gobierno estatal para contratar una nueva deuda.

El decreto del Congreso local estipula: “se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la monetización de los recursos, presentes y futuros, que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV”.

DILE promovió dos juicios bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del gobierno del estado y argumentó que la contratación de más créditos es anticonstitucional, de acuerdo con el artículo 117 que prohíbe a las entidades contratar financiamientos los últimos tres meses de gobierno.

El juicio de amparo continuará con la siguiente etapa del proceso: la realización de la audiencia constitucional, programada para el 5 de septiembre. A partir de esa audiencia el juez analizará el fondo de la demanda y desahogará las pruebas presentadas, según explicó el abogado Jesús Manuel Soledad.

“Según el Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para que se resuelva un juicio de amparo es de seis meses aunque puede tardar más”, comentó.

No obstante reconoció que la resolución del juez, de negar la suspensión definitiva, favorece al gobierno estatal porque debido a los tiempos del juicio ya no se podrá frenar la contratación del crédito en la gestión de Duarte Jáquez como era el propósito.


El abogado de DILE dijo que respetan la decisión del juez y que analizarán la resolución y la posibilidad de presentar un recurso en contra del fallo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450300/juez-da-luz-verde-al-gobierno-cesar-duarte-contratar-deuda

martes, 2 de agosto de 2016

Ordena juez a Duarte dejar de endeudar a Chihuahua

La administración de César Duarte pretende contratar más deuda hasta por 6 mil millones de pesos comprometiendo los ingresos carreteros futuros.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del gobierno de César Duarte.

Dicha autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno, dijo la organización en un comunicado.

Con esta acción legal se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la adquisición de más deuda pública de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros.

“De acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”, dijo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de  Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El texto completo del comunicado:

MCCI/006/2016
Juez ordena a Gobierno de Chihuahua suspender endeudamiento

El día de hoy, 1° de agosto, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE) -brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del saliente gobierno de César Duarte. DILE argumentó que esta autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno.

Con esta acción por parte de DILE se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la bursatilización de recursos –es decir la adquisición de más deuda pública- de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros.

El juez Primero de Distrito en Chihuahua admitió la demanda presentada por DILE el pasado 28 de julio, le reconoció interés legítimo para pedir la suspensión y ordenó al Congreso y al Gobernador de Chihuahua que “no se efectúe la contratación de financiamientos, incluyendo la emisión de valores en los que participe Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C.V, de forma directa o indirecta y/o cualquier otra figura similar o análoga (los ‘financiamientos de la monetización’)”.

Al respecto, la doctora María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destacó que: “de acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”.

La suspensión provisional a favor de DILE es una decisión que cumple con la necesidad de rendición de cuentas en el ejercicio de las finanzas públicas y en los endeudamientos de los estados. Defenderemos la resolución del juez de Distrito en caso de que sea impugnada por las autoridades de Chihuahua. De tener éxito en nuestra estrategia legal, ayudaríamos a detener el crecimiento de la deuda -sin motivo justificado aparente- de cada chihuahuense.

Sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de La investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana. Esta iniciativa ciudadana es codirigida por Claudio X. González G. y María Amparo Casar.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/ordena-juez-a-duarte-dejar-de-endeudar-a-chihuahua/

viernes, 22 de julio de 2016

César Duarte: cierre con broche de lodo

CHIHUAHUA, Chih: El gobernador César Horacio Duarte Jáquez se ha empeñado en desestabilizar las dependencias de gobierno e instituciones educativas. Busca dejar un caos a la administración entrante, de acuerdo con integrantes de la Alianza Ciudadana, grupo que impulsó la candidatura del panista Javier Corral Jurado a la gubernatura.

Las denuncias de empleados de gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se incrementaron en las últimas semanas, y también aumentó la violencia, principalmente en Ciudad Juárez y la capital del estado.

Las organizaciones no gubernamentales y personas que conforman Alianza Ciudadana llamaron a los chihuahuenses a no pagar la revalidación vehicular sino hasta después del 4 de octubre, una vez que el panista rinda protesta, para castigar económicamente al gobierno actual ante los altos niveles de deuda que deja.

“Considerando que el gobierno de César Duarte y el Congreso del estado a él sometido han endeudado irresponsable y desmesuradamente a los chihuahuenses, que los tres poderes del estado se han sumido en la corrupción y en el dispendio de los recursos públicos y que ha ignorado al pueblo de Chihuahua, la Alianza Ciudadana convoca a la desobediencia civil del pueblo”, lanzaron en redes sociales.

A través del perfil de Facebook de Alianza Ciudadana, la activista Elvira Villarreal, el actor local Ernesto Medina y la abogada Éricka Mendoza llamaron a tampoco pagar impuestos en lo que resta de la actual administración.

Luego de que Corral lanzara la página en internet denunciachihuahua.mx para que los ciudadanos y principalmente empleados de gobierno denuncien las anomalías que vean durante la transición de gobierno, se han recibido acusaciones, a través del portal y directamente ante Alianza Ciudadana, de que en las dependencias gubernamentales se está liquidando gente que no es afín al equipo cercano de Duarte y se está basificando a personas que sí lo son.

Para el catedrático Enrique Rascón, integrante de Alianza Ciudadana, a este movimiento “le causan ruido” las últimas declaraciones del secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien aseguró que la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno federal contra el gobernador César Duarte y el Congreso del estado no procederá.

La impugnación fue presentada el pasado 11 de julio, luego de que en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz se crearan fiscalías anticorrupción antes de que a escala federal se aprobara la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

“No somos especialistas en derecho, pero es una aberración el hecho de que el gobernador tenga el poder de nombrar al fiscal anticorrupción, es el mismo vicio del sistema corrupto y corruptor, porque el nuevo fiscal tendría una dependencia directa del corrupto. Esa iniciativa, que fue presentada por el gobernador, trae todos los agravantes para la premeditación, alevosía y ventaja, como la analogía del sistema federal que nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública”, precisa Rascón.

Agrega que el responsable de la auditoría “debe tener todos los dientes para señalar” y llevar procesos de penalización y castigo contra quienes generan daños al patrimonio de los chihuahuenses:

“Hay una indignación pública en los ciudadanos, ante una propuesta de ese tipo, por los señalamientos históricos de que todavía haya defensores de la conducta de Duarte.”

El exhorto a no pagar la revalidación vehicular es una iniciativa de la Alianza Ciudadana, pero el universitario también conminó a no pagar fotomultas y otros impuestos, hasta después del 4 de octubre, una vez que Javier Corral sea gobernador.

Otra de las medidas que alarma al gobierno entrante es que en junio del año pasado el gobierno estatal firmó un convenio con la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para afiliar a los trabajadores de las 13 unidades de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, lo que podría significar un daño a las finanzas de la entidad, ya que esto implica 70% de incremento en el pago de prestaciones.

Esa iniciativa fue impulsada por César Duarte, el exsecretario de Educación y Cultura Marcelo González Tachiquín y el secretario general saliente de la Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz.

La Sección 8 eligió este viernes a la nueva secretaria general, Rosa María Hernández Madero, y desde la dirigencia ­desactivaron otras dos planillas no afines a Villarreal.

A la nueva lideresa le otorgaron una clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos retroactivos desde enero, lo que viola la Ley del Servicio Profesional Docente, denunció el personal disidente de la misma dirigencia.

En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) varios funcionarios que han sido parte del gobierno duartista –entre éstos, el primo del gobernador, Horacio Jurado Medina, quien fue director administrativo de la institución–, denunciaron presuntos actos de corrupción, pero también los denunciantes han sido señalados por irregularidades.

Enrique Rascón, quien además denunció penalmente actos ilegales en la Facultad de Contaduría y Administración, señaló que la institución también fue afectada por el gobernador, quien se entrometió para destituir al anterior director e imponer a la actual, Liliana Álvarez, esposa de uno de los 13 magistrados del Tribunal Superior del Estado… también impuestos por el gobernador e impugnados por diferentes abogados.

Irregularidades hasta el fin

El lunes 11, vecinos del fraccionamiento Bosques del Valle dieron a conocer que, alrededor de las 14:00 horas, ingresó en varias ocasiones una camioneta blanca con cajas etiquetadas que correspondían a licitaciones de 2014 y de 2015.

Por la noche, aún llegaron llamadas de más vecinos, que alertaron sobre el hecho, ocurrido presuntamente en la casa de Roberto Anchondo de las Casas, secretario particular del rector, Enrique Seáñez Sáenz.

Esa misma noche se registró un incendio en el relleno sanitario. El Cuerpo de Bomberos tardó alrededor de 12 horas en sofocarlo, generó contaminación y la ciudadanía no tardó en advertir que podría tratarse de un hecho intencional para quemar los documentos de diferentes dependencias estatales. Al día siguiente, las autoridades municipales culparon del siniestro a un indigente.

Las elecciones para designar al nuevo rector, paralelamente, fueron pospuestas porque se realizarían durante el proceso electoral, y el Congreso local aprobó posponerlas para este agosto.

“El Consejo Universitario es como un congreso en pequeño, pero además, en este momento, la gente de la universidad tiene terror a manifestarse y expresar a quién apoya. Quienes tienen el control férreo han advertido a los trabajadores que o los moverán de puesto o los correrán si no apoyan al candidato oficial, y ahora están por entregar cargas académicos a los maestros. Con eso los mantienen sometidos”, asevera Rascón.


El catedrático urgió a enviar una señal de que el poder impune se acabó y de la importancia de salir a manifestarse abiertamente, porque los niveles de corrupción en la UACh “han llegado a altos niveles”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448246/cesar-duarte-cierre-broche-lodo

jueves, 23 de junio de 2016

100 detenidos por disturbios en Chihuahua

Manifestantes convocados por el Movimiento Unión Ciudadana se reunieron afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua para exigir la renuncia del gobernador César Duarte.

Manifestantes derribaron el miércoles las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, durante la protesta para exigir la renuncia del gobernador César Duarte, cuya administración termina en octubre próximo. Los disturbios escalaron y dejaron un saldo de 100 detenidos.

Todo inició como una manifestación convocada por Unión Ciudadana –que encabeza el activista Jaime García Chávez– y el diputado panista Rogelio Loya, la cual se desbordó en hechos violentos, que fueron controlados después de más de cinco horas por la Policía estatal.

(Ver video: Piedras contra Palacio y gas contra manifestantes en Chihuahua)

De acuerdo con El Diario de Juárez, cien personas quedaron detenidas; 18 policías estatales resultaron heridos; tres patrullas fueron vandalizadas y cuatro armas oficiales, robadas, reportó la Fiscalía estatal.

Jaime García Chávez, activista quien a través de Unión Ciudadana convocó a la protesta, pidió mesura a los manifestantes pero un grupo exigía que la puerta fuera derrumbada o quemada.

Desde el interior del edificio fue lanzado gas lacrimógeno, con lo que se logró dispersar un poco a la turba, pero al poco tiempo retomó fuerza. En ese momento, alrededor de las 12 del día, llegaron los primeros contingentes de policías antimotines que resguardaron el acceso, pero esto generó aún más violencia.

Los grupos empezaron a arrojar piedras contra los agentes, por lo que en cuestión de minutos se registraron los primeros lesionados que fueron llevados a las ambulancias. Debido a que la situación no mejoraba llegaron más agentes que entraron al Palacio por los huecos de la puerta dañada, mientras que más gas era lanzado contra los protestantes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/2306/mexico/100-detenidos-por-disturbios-en-chihuahua-fotos/

sábado, 4 de junio de 2016

Juez español solicita embargar a Duarte; lo acusan de querer pagar sus deudas con el erario

El Gobernador de Chihuahua entró en conflicto con una empresa por un adeudo personal de casi 4 millones de dólares. ACM dice que intentó pagarle con dinero público y se negó. Acudió a un juez español, que ha ordenado embargar al mandatario y de paso hizo pública una lista de sus propiedades que lo hacen ver como un político con una considerable fortuna. Hasta 2015, de acuerdo con Transparencia Mexicana, César Duarte se había negado a hacer pública su Declaración Patrimonial.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades del actual Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM, informó el abogado y activista Jaime García Chávez.

ACM dijo a las autoridades españolas que el Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anteriormente acusado de corrupción, le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, César Duarte se negó hasta 2015 a hacer pública su Declaración Patrimonial.

Por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez, Corporación Empresarial, S.L. (ACM), podrían ejecutar en cualquier momento el embargo de los bienes que Duarte Jáquez comparte con su esposa Bertha Olga Gómez Fong y que vienen enlistados en la resolución judicial.

Las propiedades enlistadas hablan de un político con un poder económico notable: el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743; la sociedad Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.; Akala S.A. de C.V.S.F.P.; Única Casa de Cambio, S.A.; Hotel Soberano (hoy Sheraton); Hidroponia de Parral, S.A de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V.; e Hidroponia de Chihuahua.

En el exhorto también están incluidos los saldos corrientes de la pareja, que se encuentran depositados en Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer. HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.

La orden también abarca 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicadas en Parral, Chihuahua; nueve en Balleza y otra localizada en Ciudad Juárez.

La empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, procedió a demandar a Duarte por el supuesto de que la deuda de casi 4 mil millones de dólares se pretendió negociar parcialmente con el pago 2 millones de dólares sustraídos del erario de Chihuahua.

Ante eso, según las fuentes informativas, se advirtió “un acto de evidente corrupción” por parte de la pareja, y no deseando poner en riesgo la solvencia moral de la firma, se malogró la negociación y se procedió judicialmente a la cobranza. Esto ocasionó el exhorto de referencia a los tribunales mexicanos.

En entrevista para SinEmbargo, García Chávez –quien puso al descubierto las acciones de Duarte en un banco de reciente creación– señaló que el enjuiciamiento que pide España va de la mano del escándalo que en México tiene la creación del Banco Unión Progreso.


“Es la comprobación del ejercicio del poder político coludido con intereses particulares en Chihuahua, para favorecer vía corrupción, la utilización de las instituciones para enriquecer a un grupo de gente del Estado que se han apoderado”, comentó.

De acuerdo con su información, la empresa ACM tiene presencia internacional y en Chihuahua tiene fuertes intereses en inversiones inmobiliarias e industriales, así que ante el intento de despojo por parte del este grupo de Duarte, se defendieron, señalando que se estaba echando mano de mecanismos de corrupción para pagar esa deuda, “quería pagar con fondos públicos deudas privadas. La empresa se negó”.

Para García Chávez, quien interpuso una demanda contra Duarte Jáquez por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, el enjuiciamiento en España, comprueba el mecanismo de actuación de Duarte y lo considera también, un llamado a completar el caso del Banco Unión Progreso, ya que el enlistado de los bienes del Gobernador, configura todo un esquema de corrupción.

Agregó que es complicado que la orden de embargo pueda suspenderse y entonces, de proceder, se asegurarán los bienes y se verán qué acciones tienen Duarte y su esposa en las empresas morales que se mencionan en el documento; también qué depósitos bancarios y lo que posea en el Registro Público Federal.



EL BANCO DEL SEÑOR GOBERNADOR

Duarte y su esposa constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en noviembre de 2012, en Banorte, por 65 millones de pesos. En él instruye a Banorte que adquiera acciones en una institución financiera, Banco Progreso Chihuahua, que apenas se va a crear.

Ante la ola de acusaciones que ese acto desató, declaró que ese fideicomiso era un listado de las asociaciones crediticias que respaldarían algún riesgo que Banco Unión Progreso pudiera tener en el futuro, al estar de por medio más de 100 mil ahorradores y más de 3 mil accionistas. Fue un fideicomiso previo a la creación del banco, que hasta ese momento sólo existía en papeles.

Sin embargo, en marzo de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del banco, donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso (siendo Herrera su Director y representante legal y funcionario).

Así fueron 80 mil millones de pesos de Chihuahua para Unión de Crédito Progreso.

La socia mayoritaria de ese banco es Alma Dalila Martínez Corrujedo, quien es esposa del empresario Olegario Guzmán Ortiz, quien fuera secuestrado en 2011, cuando se había convertido en uno de los empresarios más reconocidos de la entidad por sus negocios de madera.

De acuerdo con García Chávez, Dalila frecuenta permanentemente la casa de Duarte en estos últimos años “como una figura casi familiar”. De la información que se tiene, Dalila figura en una estructura del Banco Unión Progreso como la principal accionista con 55 millones de pesos.

También estarían implicados Patricia Berges Chávez, esposa del empresario Jaime Galván Guerrero, Jaime Herrera, Secretario de Hacienda de Chihuahua y Carlos Hermosillo Arteaga, quien tiene una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.

“Es la red que existe y ahora con esta información no hay duda. Hay todo un entramado que por primera vez se podrá exhibir fehacientemente. La figura de Galván, se ha mantenido al margen. No será una simple especulación y se ampliará el radio de ese grupo y aquí se tendría que iniciar la investigación del resto de los personajes”, sostuvo García Chávez.

Desatado el escándalo, un equipo de la periodista Denise Maerker le preguntó al Gobernador por qué tenía acciones en un banco. Le insistió en que tenía copia del fideicomiso.

–Está el fideicomiso, claro, y no lo leí –respondió Duarte–. A lo macho que no lo leí.

Luego agregó: “[El fideicomiso] es un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que pudiera tener el Banco Unión Progreso. Y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis social muy profunda en el estado”.

Pero cuando Duarte y su esposa crearon su fideicomiso, el Banco Progreso no existía sino en papeles. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó en marzo de 2015 la creación de ese banco.

Apenas semanas antes de que los Duarte formaran el fideicomiso, el Gobernador contrató como Secretario de Hacienda estatal a Jaime Ramón Herrera Corral, uno de los estrategas financieros del nuevo banco chihuahuense.

Herrera fue director de Unión de Crédito Progreso, una de las entidades financieras que, junto con una casa de cambio, se fusionarían para dar origen al Banco Unión Progreso. Fue el presentante legal de Unión de Crédito Progreso casi hasta 2014; es decir, aún siendo Secretario de Hacienda estatal.

Hasta donde se sabe, Herrera sigue siendo socio del banco.

–¿No hay un conflicto de interés entre usted como Secretario de Hacienda y a la vez accionista? –preguntó entonces a Jaime Herrera el equipo de la periodista Denise Maerker.

–He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la Unión o personal de ninguna naturaleza –respondió.

Sin embargo, entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre pasado, es decir, de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso. Mientras Herrera era a la vez funcionario público y socio. Más de 80 mil millones de pesos del Gobierno de Chihuahua, para la Unión de Crédito Progreso.

“Cuando se nombró a Jaime Herrera, de cero pesos depositados en Banco Progreso pasamos a una cantidad estratosférica de depósitos que ascienden a la cantidad de 80 mil millones, de acuerdo a una información rendida por transparencia en el estado de Chihuahua”, dijo Jaime García Chávez en una nota publicada entonces por SinEmbargo. “Para darnos una idea, el presupuesto de Chihuahua es de 54 mil millones de pesos para el 2014. Para el momento de presentación de la denuncia se habían realizado un conjunto de depósitos por 80 mil millones de pesos”.

–¡Es la colocación diaria del dinero! –respondió el Gobernador a los periodistas del equipo de Denise Maerker–. ¡Es un tema en el que… imagínese que a mí me hablaran todos los días para decirme: ‘Oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer!’. Naturalmente a mí nunca me pidieron autorización para hacerlo, yo no hubiera autorizado hacerlo. Ya lo desautoricé, ¿eh?

Hasta 2015, el Gobernador de Chihuahua no ha hecho su declaración patrimonial.

“Compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos. Es un agravio para el que no tiene, y un reto para el que tiene”, dijo Duarte en 2015.

En un solo día, el 2 de diciembre del 2013, el gobierno de Chihuahua depositó al banco del que Duarte es socio la cantidad de mil 208 millones de pesos.




Fuente: Sin Embargo
Autora: Daniela Barragán
http://www.sinembargo.mx/04-06-2016/3050492