Luego de calificar como “un golpe contra la impunidad” la resolución dictada por el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Salinas Wolberg, el organismo ciudadano, presidido por Consuelo Morales, confió en que otros expedientes similares sean desahogados.
“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene conocimiento de que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias”, destacó en un comunicado.
Ayer, Salinas Wolberg condenó a 31 años y tres meses de prisión al subteniente del Ejército identificado como Danny Hernández Sánchez por la privación ilegal de la libertad de un hombre cuya filiación no fue revelada, en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herrera, 120 kilómetros al norte de la capital.
De acuerdo a Cadhac, la sentencia representa un reproche implícito a la tendencia reciente de militarizar la entidad, mediante el empleo de soldados como agentes policiacos para trabajos preventivos.
“Esta sentencia representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. Se trata de la primera vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León. Es un golpe a la impunidad en el estado y en el país”.
Añadió: “Desde Cadhac consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México”.
El organismo precisó que en un reporte efectuado en 2014, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU detalló que en México hay seis sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada, que se configura cuando en el ilícito participa un servidor público.
Entre 2006 y 2013, agregó, fueron iniciadas por ese delito 99 averiguaciones previas a nivel federal y 192 en las entidades federativas.
En 2012, Cadhac y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada, que actualmente ya es figura jurídica en el Código Penal de Nuevo León.
Desde 2010 la asociación civil ha documentado casos de más de mil desapariciones en el estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.