En todos los casos las autoridades catalogaron las muertes como suicidios, sin que hasta el momento entreguen a sus representantes legales o familiares evidencia alguna de que tuvieran un problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.

En cambio, el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP), organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro del penal, mismas que no han sido erradicadas en su totalidad.

Entre esas violaciones se encuentra la falta de atención médica psiquiátrica y de otras especialidades enfocadas específicamente a la salud de las mujeres.

Por ello, 16 internas tramitaron un amparo que el pasado 28 de febrero de 2025 fue resuelto por Horacio Hernández Sotelo, secretario en funciones de juez Décimo de Distrito en el estado de Morelos a favor de las reclusas.

En su resolución, dictada en el expediente 21/2024, el secretario en funciones de juzgador concluyó que las autoridades del penal federal no acreditaron haber otorgado atención médica psiquiátrica a las internas, pese a que éstas lo solicitaron formalmente a través de sus representantes legales.

“De las notas médicas que remitió la autoridad, no se advierte que se haya otorgado esa atención, y por lo que hace a la rama de psiquiatría las notas y recetas médicas son posteriores a la presentación de la demanda de amparo o datan de fechas muy lejanas a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que no existe convicción de que las quejosas antes de la promoción del presente juicio hubieran recibido atención médica especializada en psiquiatría, que hubieran recibido los medicamentos recetados y menos que periódicamente se hubiera ajustado la dosis indicado en relación con su evolución”, señaló el juzgador.

De este modo, confirmó las denuncias anteriormente realizadas por el IFDP relacionadas con que no se ha realizado un verdadero seguimiento puntual para atender la salud mental de las reclusas del Cefereso 16.

Entre las quejas de las reclusas no sólo está la falta de atención médica especializada sino también la negativa de las autoridades a darles acceso a sus expedientes médicos para justificar sus requerimientos sobre determinados medicamentos.

Este conflicto también formó parte del amparo en el que Hernández Sotelo declaró inconstitucional la negativa de las autoridades del penal a darles acceso a las reclusas a sus expedientes médicos bajo el argumento de que pueden solicitarlo vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“Se estima inconstitucional que el TITULAR DEL AREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 “CPS FEMENIL MORELOS, esté negado a las quejosas el acceso a su expediente clínico, pues si bien refirió en su informe justificado, que éste puede ser solicitado a través del portal de transparencia, lo cierto es que no acreditó ni informó si las quejosas tenían acceso a una computadora con internet, para formular esa solicitud, por lo que este Juzgador considera que el mecanismo de acceso al expediente clínico de las quejosas, no es razonable dado su situación de reclusión”, enfatizó el juez.

Por ello, ordenó a la Secretaría de Salud federal que en el plazo de 6 meses elabore y defina una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de salud mental para atender a las reclusas del Cefereso 16.

“Que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Dicha política de Estado deberá ser presentada en un acto público dentro del citado Centro, en el que además se reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano en las carencias de las condiciones de detención, específicamente en cuanto a salud mental”, precisa el fallo.

A la directora del penal ordenó realizar las gestiones necesarias para que una vez cada 15 días durante los siguientes 6 meses, acudan médicos con especialidad en psiquiatría a dar atención y seguimiento a las quejosas, asegurándose que reciban gratuitamente los medicamentos que les sean recetados.

“Se otorga el amparo para el efecto de que el TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS, acredite la entrega de su expediente clínico a las quejosas por conducto de su representante en este juicio constitucional Sofía de Robina Castro, en su carácter de Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública, en la inteligencia de que el manejo de esas constancias deberá de hacerse de manera diligente y confidencial, por contener información sensible y personal de las, quejosas”, agregó el juzgador.

La emergencia no atendida

La demanda de amparo fue presentada desde enero de 2024 por personal del IFDP en representación de las 16 internas.

En el año que duró el juicio de amparo fallecieron seis reclusas del penal federal, una de ellas, Samantha “N”, formaba parte del grupo de 16 quejosas que presentaron la demanda.

Todas sus muertes, al igual que el resto de los fallecimientos ocurridos desde 2022 en el Cefereso 16, fueron catalogadas como suicidios y han derivado en diversos pronunciamientos por parte del IFDP y organizaciones de la sociedad civil para urgir a las autoridades federales a poner atención en las violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres dentro del penal.

Proceso informó (No. 11) que las muertes sospechosas de mujeres dentro del penal femenil de Morelos incrementaron considerablemente haciéndolas un problema latente.

Por 13 fallecimientos ocurridos entre 2022 y 2023 la CNDH emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica, al derecho a la igualdad, entre otros.

En noviembre de 2023 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todos los casos fueron remitidos para su investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) que, a más de un año de ello, no ha dado ningún informe sobre estos asuntos.

Por ello, desde entonces el IFDP alertó de la situación a través de diversos amparos tramitados para intentar proteger a sus representadas en los que ha afirmado que las condiciones en las que viven las internas del Cefereso 16 constituyen actos de tortura atribuibles al Estado mexicano.

Sin embargo, la problemática del Cefereso 16 quedó en el olvido a partir de los conflictos derivados de la presentación de la iniciativa de reforma judicial, en febrero de 2024 y hasta la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación (PJF) —encargado de resolver los amparos tramitados por el IFDP— aún se encuentra lidiando con el cambio de administración que llegará a partir de la elección de junio próximo.