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lunes, 15 de diciembre de 2014

Maestros actuaron con saña contra la Policía Federal: Comisionado

MÉXICO, D.F: El comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, se quejó de que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) actuaron con saña contra las agentes de esa corporación durante los incidentes registrados ayer en Chilpancingo, Guerrero.

Además, aseguró que la PF actuó con apego a los derechos humanos, pese a las versiones que indican que los uniformados fueron los que detonaron la violencia.

“Creo que actuamos muy bien, apegados a derechos humanos, e insisto que el dato característico con el que concluye esta confrontación fue el dialogo y terminó la confrontación”, manifestó en entrevista con Primero Noticias.

Sobre las agresiones que sufrieron los agentes, Galindo aseguró que los maestros de la CETEG actuaron con saña y eso, dijo, refleja una “animadversión fuerte contra los compañeros”.
“Es el extremo. Es dañar por dañar, con una saña que no entendemos. Insisto: deben ser personas que ni siquiera estén preocupadas por las manifestaciones […]. En las camionetas en que se transportaban este tipo de personas traían petardos, cohetones, armas blancas. Y el azote, el maltrato de este tipo, habla de que ya no es sola una agresión ordinaria, sino que hay un grado de animadversión fuerte contra los compañeros”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Según Galindo, la PF ha respetado “las manifestaciones de maestros y de alumnos, con su derecho a la manifestación legítimo, y nos toca y nos corresponde ser respetuosos, pero siempre hay algún grupo que se emboza, se cubren la cara, los que usan armas blancas”.

Aseguró que por los hechos violentos de ayer fueron detenidas tres personas, “pero no acreditamos que estuvieran participando o que hubieran lesionado a alguien y fueron puestas en libertad”.

De acuerdo con Galindo, en los hechos de ayer resultaron heridos siete policías federales y “entiendo que de maestros, manifestantes, tenemos 14 personas lesionadas por aquella parte”.

Sobre el estado de salud de los mandos policiacos, mencionó que “los siete compañeros tuvieron que ser ingresados a centros hospitalarios, en primera instancia en Chilpancingo, y ante la gravedad de tres tomamos la decisión de traerlos a una intervención a hospitales en la ciudad de México”.

Explicó que el policía federal que fue intervenido quirúrgicamente ayer por un traumatismo craneoencefálico se encuentra grave y los otros dos mandos policiacos fueron trasladados a hospitales para suturar lesiones profundas en la espalda.

Al menos dos uniformados más, dijo, presentaban lesiones parecidas a latigazos, y que uno de los mandos policiacos tenía entre 14 y 16 de estas heridas en la espalda.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, también se pronunció sobre los hechos registrados ayer en Chilpancingo y dijo que a nadie conviene la violencia ni la confrontación, “pues sólo dañan y tensan más el ambiente social y, en consecuencia, enturbian el ánimo para la búsqueda de soluciones y de la conciliación”.

Ortega solicitó a las autoridades federales una “ágil y clara investigación” para deslindar responsabilidades, y exhortó a los ciudadanos que participan en las movilizaciones “a evitar la beligerancia y la violencia que han marcado diversos acontecimientos en los que descargan su ira contra personas e instituciones”.

Además, advirtió a los líderes del movimiento que su gobierno será respetuoso de la libertad de manifestación, sin ánimo de recurrir a la fuerza para disuadir y contener las expresiones de descontento.

En un desplegado difundido en diarios nacionales, el gobernador de Guerrero reiteró la invitación a familiares de las víctimas de la Normal de Ayotzinapa “para el diálogo y el acuerdo con el gobierno del estado a fin de buscar soluciones”.


Remató: “La tolerancia, el diálogo, la concordia y la búsqueda de reconciliación son las líneas del gobierno del estado, y en éstas mantendrá todos sus esfuerzos y capacidades”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas narran que fueron retenidos más de cuatro horas en Tlapa, Guerrero

Los periodistas dijeron que profesores de la Ceteg les exigieron disculparse por el evento que estaban realizando.

Al menos 100 periodistas fueron retenidos el sábado pasado por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes los obligaron a cancelar una ceremonia y comida organizada para entregar un premio de periodismo en Tlapa, Guerrero, el cual se convoca cada año.

“Convocamos la comida a las 2 de la tarde (…) como a las 3:30 –de la tarde– llegaron un grupo de embozados armados con palos, en dos camionetas, a interrumpir el evento, exigirnos que lo canceláramos“, dijo este lunes 15 de diciembre el periodista Miguel Ángel Mata a Ciro Gómez Leyva, en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula.

Miguel Ángel Mata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero, detalló: “nos llevaron, nos pasearon por las calles de Tlapa (…) nos empujaron, humillaron, nos golpearon, nos encerraron posteriormente en la sala de cabildos; ahí erigieron un jurado popular”.

El periodista agregó que mañana martes tendrán reunión los siete delegados en Chilpancingo, donde decidirán denunciar secuestro.  “Creo que se configura el delito, nos liberaron a cambio una cantidad de dinero”, dijo.

Fernando Santamaría Cruz, director general del diario el Faro de la Costa Chica, dijo “si bien es cierto se han cometido errores por parte de la actuación de ellos (autoridades), este error está derivando en que ahora ya no están actuando para nada, están dejando al pueblo en estado de indefensión, con el ánimo de no volverse a equivocar están permitiendo que esta gente haga lo que se le antoja“.


Los comunicadores  participaban en la ceremonia del Club de Periodistas de Guerrero, quienes estaban reunidos para reconocer a dos periodistas de las 7 regiones del estado ubicado al sur de México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

La Ceteg en la mira del Cisen

Primero, los sacerdotes. Después uno de los abogados de los normalistas. Ahora se sabe que el Cisen fichó a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Estado de Guerrero a quienes también considera desestabilizadores.

Los sacerdotes de la Iglesia Católica y los defensores de los derechos humanos, no son los únicos fichados por el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen).

El servicio de inteligencia mexicano también tiene en la mira a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg), a quienes vincula con grupos subversivos.

La investigación, en poder de Reporte Índigo, documenta que algunos líderes del magisterio en Guerrero se relacionan con grupos derivados del ERPI, como el Ejército Libertador Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARLP).

El informe señala que estos nexos representan un riesgo de que todos estos líderes y activistas refuercen sus vínculos y se conviertan en una amenaza real de gobernabilidad.

“Se tiene como antecedente el involucramiento de profesores en la vertiente armada y abierta del EPR”, especifica el Cisen.

Además, advierte que la confluencia del magisterio y la subversión en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) podrían detonar escenarios de confrontación y sobre todo de proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones.

La CETEG y su papel en las protestas

Durante la crisis provocada por la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Ceteg ha desempeñado un papel fundamental.

Primero, en la exigencia –junto con los padres de familia– para que se encarcelara al ahora exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda y se diera información precisa del paradero de los normalistas.

Amparados en esta demanda, los profesores protagonizaron bloqueos a las carreteras y manifestaciones.

En los momentos de mayor crispación, la Ceteg encabezó la toma de varios ayuntamientos en el estado de Guerrero. 

De la misma forma que el Cisen vinculó a algunos sacerdotes de la Iglesia Católica y activistas en derechos humanos –entre ellos el abogado de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales– integrantes de la Ceteg forman parte de los llamados “Factores de riesgo en el Estado de Guerrero”.

Entre ellos destaca la ficha de Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la Ceteg, quien desde la dirigencia fortalece el vínculo de esa sección con la subversión, asegura el informe.

“Podría desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político”, advierte el documento en el apartado de riesgos.


Reyes Guerrero se ubica en el centro que conecta a otros profesores vinculados a acciones disruptivas en la región de La Montaña como Pedro Eligio Cabañas, de Cualac; Taurino Rojas González, de Metlatónoc; Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, Minervino Morán Hernández y Manuel Rodríguez Galávez.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

martes, 4 de noviembre de 2014

¿Magisterio y normalistas de Guerrero luchan por lo mismo?

La agenda del magisterio guerrerense no se limita a la exigencia de presentación con vida de los normalistas, sino que han sumado demandas gremiales por las que han participado en ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD.

El pasado 8 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declaró en paro de labores, para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, el magisterio guerrerense ha venido realizado distintas acciones de protesta, entre las que destacan, además de marchas multitudinarias en Acapulco y Chilpancingo, la toma del palacio de gobierno en la capital guerrerense, la destrucción de la puerta de acceso de la casa del jefe del Ejecutivo local (donde también prendieron fuego a una camioneta oficial), así como el incendio a las instalaciones del PRD estatal.
La agenda del magisterio guerrerense, sin embargo, no queda en la exigencia de “aparición” de los normalistas de Ayotzinapa, sino que a esta demanda han sumado otras, más bien gremiales, cuya atención reclaman a las autoridades como parte de la solución a la crisis política desatada por el rapto de los estudiantes, y es por esta razón, de hecho, que en la mayoría de las protestas magisteriales no han participado normalistas –como, por ejemplo, en los ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD–.

Entre estas demandas gremiales del magisterio, enarboladas durante las recientes movilizaciónes por la desaparición forzada de los normalistas, destacan: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, la cancelación de la evaluación universal docente, la restitución del aguinaldo de 90 días, así como del “permiso de gravidez” de tres meses y, en general, la abrogación de la reforma educativa.

“Estamos aquí (en el plantón instalado el 8 de octubre frente a las oficinas del centrales gobierno estatal, en Chilpancingo) por la principal demanda de la aparición de los 43 normalistas –explica un representante de la dirigencia magisterial, quien pide el anonimato–. En un principio, nuestra demanda era la desaparición de poderes, con eso iniciamos la movilización para (exigir) la abrogación de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional, pero sucede lo del 26 de septiembre, la masacre y genocidio cometido por el Estado, y ahora hicimos nuestra la demanda, como magisterio, de la aparición de los 43 estudiantes y castigo a los autores intelectuales y materiales.”

Reforma educativa

La lucha contra la reforma educativa, detalla el representante magisterial, se basa en las distintas “afectaciones graves que nos genera, en cuanto a la pérdida de derechos: perdemos el derecho a nuestro sindicato; nos imponen un aguinaldo de 40 días, cuando nuestro derecho es que se nos den 90 días de aguinaldo (…); las plazas están en riesgo, porque ahora todo será por contrato; redujeron la ‘licencia de gravidez’ de tres meses, a mes y medio; quieren aplicarnos la evaluación universal docente; y en cuanto a la superación profesional, cada quien tiene que sufragar sus gastos, es por eso que exigimos la abrogación de las reformas al artículo 3 y 73 (lo que se conoce como ‘reforma educativa’).

Por ello, señala el maestro proveniente de la zona de La Montaña, luego de una marcha de al menos 30 mil ciudadanos por la capital de Guerrero, realizada el pasado 8 de octubre para exigir la presentación de los normalistas desaparecidos, el magisterio no sólo anunció que se mantendrían en plantón frente a la sede del gobierno local a partir de ese día, sino también que daba inicio al “paro de labores a nivel estatal, con el fin de escalarlo a una huelga nacional, para enero de 2015. La táctica es que en cada centro de trabajo los maestros se organicen por comisiones, aquí en el plantón hay una representación de cada zona escolar, van turnándose por día, por centro de trabajo, de manera que los compañeros puedan estar activos aún, con ganas, cuando inicie la huelga, en enero”.

Desaparición de poderes

A pesar de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aclararon desde el 23 de octubre –durante un mensaje emitido a través de TVUNAM– que su única demanda es la presentación con vida de sus compañeros, e insistieron en que no buscan la desaparición de poderes en Guerrero, los maestros agrupados en la CETEG sí enarbolan esta exigencia, debido a que “es una medida plenamente justificada por el marco jurídico, ante un genocidio como el ocurrido en Iguala”, tal como explica su representante.

La desaparición de poderes –que, de darse, permitiría al magisterio negociar directamente con las autoridades federales– “es una propuesta que surge del análisis consensuado con los compañeros maestros, y es una propuesta que se sigue planteando. Inicialmente exigimos la salida de Ángel Aguirre (quien pidió licencia al cargo de gobernador el pasado 24 de octubre), y él ya se fue. Ahora queremos que se declare la desaparición de poderes en todo el estado, y aunque puede ser un proceso lento, insistimos en este punto.”

La desaparición de poderes, señaló, pasa antes por “solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (…) la cual sí tiene compentencia para intervenir y exigir castigo, porque lo que ocurre en Guerrero son crímenes de Estado”.

En este punto, la representante del comité de atención a prensa, quien también pidió el anonimato, añadió que “se exigió la salida de Angel Aguirre, y ya no está como gobernador, pero eso no basta, lo que nosotros queremos es cárcel para este señor, exigimos castigo para todos los culpables, y lo señalamos a él directamente, porque como gobernador no pudo evitar que sucediera esto, a pesar de que él ya tenía conocimiento de lo que ocurría en Iguala, de las actividades ilícitas del presidente municipal, lo sabía Aguirre y lo sabía Peña Nieto, por esto estamos exigiendo un juicio político y cárcel para este señor. Porque no puede quedar impune esta situación, necesitamos ver que se castigue a los culpables.”

Epílogo: pretextos oficiales

Este lunes, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos, los tres asesinados y los 20 heridos por la Policía Municipal de Iguala acudieron a la ciudad de Chilpancingo, para instalar –tal como habían pactado con el presidente Enrique Peña Nieto– la mesa mixta de seguimiento a las investigaciones que realiza la autoridad federal para dar con el paradero de los jóvenes raptados, así como con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre, acto que dieron por cancelado, debido a que “no nos traían ningún avance en las investigaciones y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir escuchando el mismo discurso de promesas por parte del gobierno federal”.

Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres de familia, normalista en su juventud, maestro en la actualidad y padre de uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala, detalló que “en la reunión se venía a instalar la mesa mixta de seguimiento y no se instaló porque no traían información qué darnos… el pretexto del comisionado nacional de seguridad (Monte Alejandro Rubido) fue que el que tiene la información sobre los avances es el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y que como él no asistió a la reunión, pues no tenía ninguna información qué darnos… esa fue la situación que provocó que los padres llegáramos al límite de nuestra tolerancia y le dijimos que si así era, entonces no tenía caso que nosotros permaneciéramos ahí.”


Así, sin que la mesa de seguimiento quedara instalada, los padres de los normalistas se retiraron del encuentro, sólo con la promesa por parte de la autoridad de que el próximo viernes será el mismo Murillo Karam quien rinda un informe sobre los avances en la búsqueda de sus hijos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.