En entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, dijo que José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “obtiene recomendaciones, libera criminales y hasta les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
Ante estas declaraciones, Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), ha enviado este sábado una carta aclaratoria, con respecto a la “información inexacta y de mala fe presentada por la señora Isabel Miranda de Wallace”, en la entrevista realizada en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.
Sentencia que “dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona y de la organización que represento, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno”.
Wallace puntualizó sus acusaciones en contra de “Los 4 de Rosarito”, caso al que Revolución TRESPUNTOCERO ha dado seguimiento; “debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados”, afirma Guevara.
Quien a su vez explica que, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Dicha determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015, la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.
En ese mismo caso, reitera, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al reconocer los actos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015, asume la calidad de víctimas a esas personas por actos atribuibles a su personal. Dicho oficio firmado por el General José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores, quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”.
Guevara puntualiza en su carta que, “un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano, a pesar el compromiso político expresado desde el año pasado.
El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación de delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la señora Wallace pretende denostar, sin embargo es calificada como generalizada”.
Señaló que actos criminalizantes y difamaciones en su contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional. Además, tienen como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos”.
Guevara pidió que su carta sea leída íntegramente en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de Miranda de Wallace, así como también se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron y difundieron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”. Además de facilitar folios y documentación, asegurando a Gómez Leyva que sus auditorías están disponibles ante cualquier difamación.
Fuente: Revolución 3.0
Autor: Redacción
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