El “acuerdo de voluntades” implica que la Conade respetará la autonomía del COM y las federaciones deportivas, aunque podrá fiscalizar los recursos federales que se otorgue a las mismas en caso de que éstas no sean capaces de generar sus propios recursos para operar.
Es decir, la situación se queda prácticamente igual a como estaba antes de que Castillo tomara las riendas de Conade y comenzara a destituir e imponer a su gusto a presidentes de federaciones.
El acuerdo se resume en cinco puntos, todos ellos ya marcados en la Ley General de Cultura Física y Deporte y/o en las reglas de operación de la Conade, por lo que se concluye que el desastre que ocasionó el excomisionado de seguridad en Michoacán terminó en que Castillo puede fiscalizar pero no quitar ni poner presidentes de federaciones.
El punto tres lo resume así:
“El titular de la Conade manifiesta su respeto al principio de autonomía del movimiento olímpico evitando realizar cualquier actividad que pudiese intervenir con la gobernancia (sic) interna del Comité Olímpico Mexicano, de las federaciones deportivas nacionales, así como de las asociaciones afiliadas a las mismas.
“Por tal motivo las federaciones podrán determinar su propia estructura y gobierno de sus organizaciones, ejercer el derecho de realizar elecciones libres de cualquier influencia externa en término de lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte”.
El párrafo anterior confirma que Alfredo Castillo reconoce las ilegalidades que cometió al intervenir en la vida interna de las federaciones.
“El gobierno mexicano buscará en todo momento optimizar los recursos públicos federales, no obstante esta situación no le permitirá a la Conade solicitar el cambio de dirigente ni involucrarse en el manejo interno de la federación, respetando en todo momento la autonomía y el estatuto de la federación deportiva nacional.
“La federación deportiva nacional que solicite recursos públicos federales a la Conade estará sujeta a la correcta comprobación de dichos recursos, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, su reglamento, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Ley Hacendaria, debiendo presentar su comprobación en un plazo no mayor de treinta días de ejercido el recurso. En caso de que la federación no compruebe dichos recursos de manera correcta, no tendrá derecho a solicitar de nueva cuenta recursos públicos federales, independientemente de las consecuencias de carácter legal a las que se somete cualquier instancia que recibe recursos públicos federales dentro de la legislación mexicana”, indica el numeral cinco.
No obstante, hasta ahora no ha avanzado alguno de los dos casos por peculado que el titular de la Conade denunció ante la PGR: Antonio Lozano, de Atletismo, y Alonso Pérez, de Beisbol.
Castillo hizo público el documento del pacto con el COM durante la reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), donde se dieron cita presidentes de federaciones olímpicas y no olímpicas.
En general, el acuerdo se firmó para poner fin a los enfrentamientos de Castillo contra el COM y las federaciones y para trabajar en armonía rumbo a los Juegos Olímpicos de Rio 2016.
Los otros puntos son:
“I. El Comité Olímpico Mexicano reconoce a la Comisión Nacional de Cultura Física y de Deporte como la instancia máxima del deporte nacional en México. La Conade reconoce al COM como la máxima instancia del deporte olímpico federado.
“II. La Conade reconoce al Comité Olímpico Internacional (COI) como el máximo ente rector del movimiento olímpico internacional y a la Carta Olímpica como el instrumento jurídico normativo que rige los destinos del olimpismo, y acepta respetarla y acatar los lineamientos que emanan de dicho instrumento dentro de su respectivo ámbito jurisdiccional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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