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Calderón se siente dueño del PAN: Rodríguez Prats

Ciudad de México. Juan José Rodríguez Prats, ex senador de la República por el PAN, dijo que el ex presidente de México Felipe Calderón se siente dueño de Acción Nacional y aconsejó a Margarita Zavala buscarse otro promotor, porque su esposo le está haciendo daño. “El enemigo número uno de Margarita es Felipe”, subrayó en entrevistas radiofónicas.
Se supo que el sábado pasado, durante la sesión del Consejo Nacional del partido, el ex mandatario amagó con salir de las filas panistas, en una discusión con Rodríguez Prats.
El propio ex senador se dijo satisfecho de lo ocurrido en ese encuentro, pues el debate transparenta la actuación política.

Ley del mangle al prorrogar permisos de Tajamar

Esta noche, a través de Twitter, el Fonatur se dirigió directamente al ex Presidente Felipe Calderón para “enterarlo” de que las autorizaciones ambientales para el proyecto se otorgaron entre 2005 y febrero de 2006 [en el sexenio de Vicente Fox], y que las prórrogas a su vigencia se dieron en 2009 y 2011 [ya con Calderón]. E incluso, agregó la dependencia, éstas se dieron después de las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desmintió esta noche al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien negó que su gobierno haya autorizado la construcción en el manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo; la dependencia aseveró que en 2009 y 2011 se otorgaron las prórrogas a la vigencia de las autorizaciones para el proyecto.

Calderón Hinojosa negó hoy, a través de su cuenta de Twitter, que en su Gobierno (2006-2012) se haya autorizado el proyecto Malecón Tajamar. Dijo que eso sucedió 1.5 años antes de su administración.
“La autorización de #Tajamar fue 2/2005, 1.5 años antes de mi gobierno. Luego publicamos Ley que prohibía la tala de mangle”, escribió este día el ex mandatario panista.

Por el mismo medio, Calderón Hinojosa dijo que lo primero que hizo en materia ambiental “fue promulgar la Ley que prohibe destruir el mangle. Falso que en 2006 aprobé Tajamar. Estoy en contra”.

Esta noche, también a través de Twitter, el Fonatur se dirigió directamente al ex Presidente para enterarlo de que las autorizaciones ambientales para el proyecto se otorgaron en 2005 y 2006, y que las prórrogas a su vigencia se dieron en 2009 y 2011. E incluso, dijo la dependencia, éstas se dieron después de las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, a la que hizo referencia Calderón.
“Le enteramos respetuosamente al Maestro @FelipeCalderon los siguientes hechos: #MaleconTajamar (sic.)”, escribió en un primer tweet el Fonatur.

En mensajes siguientes, la dependencia compartió diversas imágenes en las que precisó las fechas en que, asegura, se otorgaron los permisos del Proyecto Malecón Tajamar.

Reiteró en una línea de tiempo que en 2003 se obtuvo el registro del “Programa de obras del CIP Cancún” que establecía la urbanización del predio Malecón Tajamar. En 2005, señala el gráfico, “tras gestionarse los permisos correspondientes ante la Semarnat, se otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización”.

En febrero de 2006, continúa, la Semarnat autorizó el cambio de uso de suelo en los terrenos. En 2007, cuando Calderón ya estaba en la Presidencia, se aprobó la adición al artículo 60 Ter en la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar.


El 11 de febrero de 2009, indica el gráfico del Fonatur, “posterior a la modificación de la Ley General de Vida Silvestre, se gestionó la ampliación del plazo de la autorización de impacto ambiental ante la Semarnat, con vigencia ahora al 8 de febrero de 2016”.

El 23 de marzo de 2011 “se otorga la ampliación de la vigencia del cambio del uso de suelo en favor de Fonatur, con fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2016”.

En un mensaje posterior, el Fonatur recalca: “la urbanización y lotificación de #MaleconTajamar que impactaron ambientalmente el predio ocurrieron de 2006 a 2012 (sic.)”. Posteriomente, comparte imágenes de la urbanización del Malecón Tajamar durante ese período de tiempo.

Finalmente, la dependencia asegura que donó 3 mil 427 hectáreas a la Semarnat para Área Natural Protegida para conservación ecológica en la zona aledaña del Malecón Tajamar; así como 107 hectáreas al municipio de Benito Juárez para Ecopark Cancún.


Y agrega: “El @FonaturMX actúa conforme a autorizaciones vigentes en #MaleconTajamar, lo que han verificado @SEMARNAT_mx y @PROFEPA_Mx (sic.)”.

Ayer, el Fonatur había informado que las ampliaciones y autorizaciones de Impacto Ambiental para el proyecto en el Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, se dieron durante la administración de Felipe Calderón, en 2006.

En conferencia de prensa, Manuel Mercado, Jurídico del Fonatur presentó el día de ayer una serie de documentos en los que, según él, demuestran que el Manglar Tajamar no se encuentra dentro de las zonas protegidas por Ramsar (iniciativa sobre humedales, manglares y corales) como lo han denunciado diversas organizaciones, por lo que los trabajos en la zona son legales.

“No existe ninguna razón ni jurídica ni técnica para que los trabajos [en Tajamar] no continúen”, dijo.


Fonatur afirmó que se ha cumplido con los términos y autorizaciones para la realización del proyecto y aseguró que se informó previamente a la Semarnat.

“En 2006 iniciaron estudios de impacto ambiental en el Malecón de Tajamar (…) No se observaron nidos o fauna en el Malecón Tajamar”, señaló Manuel Mercado.

La madrugada del 16 de enero se inició con maquinaria pesada la preparación del terreno para la construcción del proyecto inmobiliario. El grupo de obreros y policías ocasionaron un daño irreparable al bosque pantanoso.

La acción ocasionó la indignación y enojo de defensores del medioambiente y de la comunidad en general, al sepultar en lodo y tierra a parte de la fauna y flora del manglar.

De acuerdo con la organización Greenpeace, varios ejemplares de fauna y flora quedaron sepultados y muchos animales quedaron sin hogar porque las autoridades no realizaron la evacuación y reubicación de las especies que ahí vivían, algunas en peligro de extinción.


“Esta zona destruida con el visto bueno de las autoridades estatales y federales era el hogar de cocodrilos, iguanas, aves y serpientes entre otras especies”, señaló la organización ambientalista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 26 ENERO 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2016/1607587

Michoacán, el fracaso de Calderón y Peña


MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y sólo con algunos conflictos sociales. 

Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció, los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los Caballeros Templarios y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico enviando más de 10 mil soldados y policías federales.

Ambos fracasaron, la entidad sigue siendo presa del crimen organizado que la utiliza no sólo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero.

Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el exgobernador priista Fausto Vallejo que recibió dinero de los Caballeros 
Templarios sin que lo investigaran.

Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez La Tuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad.

Con el paso de los días estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso “michoacanazo” por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios quienes, al cabo de los meses, salieron libres.

Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores, está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo; el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado a quienes convirtió en representantes de la policía rural.

Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas.

En el pueblo de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen azolados. Dos de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista Siglo XXI.

Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer Los Blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron –lanzacohetes RPG y fusiles “mata policías”– y el rostro cubierto podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado.

Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado que sólo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno.


Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos

Ordenan a PGR revelar estadísticas sobre desapariciones con Calderón

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) transparentar la información estadística relacionada con averiguaciones previas iniciadas por el delito de desaparición forzada durante el sexenio de Felipe Calderón.

Mediante una solicitud de información, un particular solicitó a la PGR, entre otras cifras, el número de órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el delito de desaparición forzada, el número de autos de formal prisión dictados, el número de sentencias de primera instancia dictadas, así como el número de sentencias firmes.

En respuesta la dependencia federal le proporcionó información estadística sobre la cantidad de averiguaciones previas iniciadas y consignadas, con detenido y sin detenido por ese delito, pero en el caso de las sentencias le indicó que el sistema estadístico institucional contabiliza el delito de desaparición forzada dentro del rubro “delitos cometidos por servidores públicos”, por lo que no podía entregar datos específicos.

En el caso de los autos de formal prisión, le indicó no contar con el dato exacto, porque el sistema estadístico institucional los contabiliza “en general y no por delito”.

Inconforme el requirente interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

En su análisis, la comisionada advirtió que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda porque no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, al menos cinco, para conocer sobre las órdenes de aprehensión.

La PGR, indicó, cuenta además con el Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal y el Sistema Institucional de Información Estadística, que administran información como la requerida.

Asimismo, refirió que en diversos informes de labores se citan cifras de autos de formal prisión por diversos delitos y de ellos se desprende que sí cuenta con información específica respecto al delito de desaparición forzada.

Por ejemplo, dijo, en el Informe de Gobierno de 2007 de la PGR dicha dependencia dio a conocer el número de órdenes de aprehensión cumplidas.

En cuanto al número de sentencias respecto del delito de desaparición forzada, la comisionada afirmó que la PGR también conoce el dato y como prueba mencionó un boletín de prensa en el que se informó que Roberto Hernández Galarza, quien se desempeñaba como agente de la extinta Agencia Federal de Investigación, fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Cano Guadiana dijo que la desaparición forzada “es uno de los actos más extremos de violencia” y los hechos recientes de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa evidencian “el grave problema de las desapariciones forzadas en diferentes partes del país y la escasa o nula información existente”.

Por ello destacó que contar con registros construidos con base en criterios estandarizados por las distintas agencias del Ministerio Público, permitirá dar cuenta de la dimensión real del problema: “una información confiable y desagregada además de permitir la identificación de las víctimas es indispensable para que los familiares y la sociedad conozcan la verdad sobre estos hechos tan lamentables”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.