Tras ser expulsado de México y enviado a Nueva York por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rafael Caro Quintero está bajo la vorágine de la venganza de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la sombra del patíbulo de la pena muerte.
Desde el 27 de febrero último, cuando fue expulsado de México junto con otros 28 narcotraficantes significativos, con el fin de menguar las ansias de Donald Trump de imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, Caro Quintero está en medio de una disputa judicial.
Tras 40 años de ansias por tenerlo en su manos, la DEA está en desacuerdo con el Departamento de Justicia de Trump porque pretende enjuiciar al narcotraficante en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York.
“El encausamiento judicial más sólido contra Caro Quintero, y con el que de ser declarado culpable sería sentenciado a la pena de muerte por el asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena (en 1985), es el de California”, explica a Proceso un fiscal involucrado en el caso.
“Definitivamente el más débil de los expedientes contra Caro Quintero, por conspiración para exportar drogas es el de Nueva York. El Departamento de Justicia tendría que extraditarlo a California”, acota el fiscal, que por tratarse de un proceso abierto que aún no inicia habló con este reportero bajo la condición del anonimato.
La expulsión de Caro Quintero a Estados Unidos tomó por sorpresa a la misma DEA; los agentes encargados de los procesos judiciales contra el narcotraficante en California, Arizona, Texas y Nueva York se enteraron de su llegada el mismo jueves 27 de febrero último por la mañana.
“El gobierno de México lo mandó a Nueva York porque sabía que, si lo enviaba a California, Arizona o Texas, lo entregaba a las autoridades para ser procesado judicialmente y, en absoluto, de ser declarado culpable sería condenado a la pena de muerte.
“La extradición lo protegía contra una condena de pena de muerte, México lo expulsó a Nueva York porque ahí sus acusaciones no implican la pena de muerte, con esto el gobierno mexicano evitó que lo señalarán como irresponsable al poner en la antesala de la ejecución a uno de sus ciudadanos”, explica a Proceso uno de los agentes de la DEA a cargo del caso del asesinato de Camarena.
Contra Caro Quintero no habrá contemplaciones, la DEA usará toda su influencia para que se le enjuicie rápido y se le castigue con la condena máxima: la pena capital.
Además de la sed de venganza de la DEA por el secuestro, tortura y asesinato de uno de los suyos, Caro Quintero podría convertirse en el primer narcotraficante mexicano en ser condenado a la pena muerte, e incluso también el primero en recibir ese castigo bajo la designación de terrorista por el decreto instrumentado recientemente por Trump.
Advierte el fiscal:
Este criminal no tiene muchas alternativas, ya los estados de California, Texas y Arizona están solicitando al Departamento de Justicia su envío para que no sea procesado en Nueva York y poder castigarlo con todo el peso de la ley.
El encausamiento judicial en California tiene el potencial para ser un escándalo en Estados Unidos y en México, involucra a políticos y militares, muchos de los cuales ya no viven, y también se señala a la CIA en el asunto del secuestro, tortura y asesinato de Camarena.
Desde que ocurrió el homicidio de Camarena, Proceso ha dado cuenta y sustentado con documentos clasificados como top secret, con entrevistas de agentes y exagentes de la DEA, la presunta participación de la CIA, así como de políticos, policías y militares mexicanos.
Uno de los políticos mexicanos mencionados en el caso Camarena-Caro Quintero es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en la presidencia de Miguel de la Madrid, y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El caso contra Caro Quintero en California y en poder de la Corte Federal del Distrito Central del estado acusa al capo sinaloense de conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Camarena.
El encausamiento incluye delitos de conspiración para traficar mariguana, cocaína, heroína, lavado de dinero procedente de la venta de los enervantes, portación de armas y municiones ilícitas, cargos por los que además sería sentenciado a cadena perpetua.
La condena de pena de muerte a Caro Quintero sería por el asesinato.
El encausamiento en Nueva York, por conspiración para exportar de México sustancias ilícitas y por lavado de dinero en esa entidad federativa, implicaría una condena de cadena perpetua como pena máxima, o de entre 15 y 20 años de cárcel como mínimo.
La incansable lucha de cuatro décadas que llevó a cabo la DEA para vengar a Camarena quedaría diluida por una decisión política y no judicial, si el Departamento de Justicia estadunidense declina la solicitud de extradición.
La venganza del capo
En Arizona y en Texas los expedientes criminales contra Caro Quintero y que son por asesinato tienen que ver con lo ocurrido entre 1983 y 1984 en una población perteneciente al Condado de Hidalgo, Texas, referente a un pleito por una mujer en el que un ciudadano mexicano mató a Emilio Caro Payán, papá de Rafael Caro Quintero.
Esta versión se conoció en la DEA y en otras agencias federales como el FBI, a raíz del asesinato de Kiki Camarena, pero nunca se le dio mucha credibilidad ni seguimiento.
Lo ocurrido en el Condado de Hidalgo provocó la furia de Caro Quintero, y bajo sus órdenes varios de sus pistoleros buscaron minuciosamente al mexicano que mató a su padre.
Eventualmente la gente de Caro Quintero encontró al presunto asesino de su papá y en los encausamientos se señala que al mexicano lo acribillaron con 70 balas de Uzi en el pecho y que además el capo mexicano lo remató con un tiro en la cabeza.
Hace unos cuatro años el caso dio un giro espectacular porque una persona no identificada y registrada en el encausamiento criminal emitido contra Caro Quintero en Arizona se presentó ante una oficina de la DEA o del FBI a hacer una denuncia.
Dicha persona ante los agentes federales recreó el incidente sobre cómo Caro Quintero se vengó de la muerte de su padre y además dijo que él sabía dónde habían enterrado al mexicano ultimado con la Uzi.
La versión de la persona no identificada establece que el presunto asesino del padre de Caro Quintero se enteró de que lo andaban buscando en México por lo que huyó del país e ingresó como indocumentado a El Paso, Texas.
El denunciante llevó a los agentes al lugar donde estaba enterrado el cadáver y los exámenes forenses determinaron que efectivamente murió a causa de múltiples disparos en el pecho y que tenía una perforación de bala en el cráneo.
El agente federal involucrado específicamente en la acusación contra Caro Quintero en California sostiene que la DEA, con el apoyo de legisladores federales de Estados Unidos, no escatimará en estrategias y presiones para conseguir que al capo mexicano se le extradite al estado donde sobre él pesa la acusación de asesinar a Camarena, delito por el cual lo quieren colocar en la antesala de su ejecución por medio de una inyección letal o en la silla eléctrica.
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