Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional trasladaron, el 11 de noviembre de 2024, a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” y de 72 años de edad -fundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México-, al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” -en Toluca de Lerdo y administrado por la Secretaría de Salud mexiquense-, donde se le realizaría un procedimiento quirúrgico, previamente programado, derivado de un padecimiento en la próstata y de la cual ya había sido operado el 25 de septiembre de 2023.

Por unanimidad de votos, los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal aprobaron, el 7 de agosto de 2024, el proyecto de sentencia del magistrado Ricardo Paredes Calderón, que declaró improcedente el recurso interpuesto por Edgar Manuel Contreras Hernández, director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), contra la suspensión de plano que un juez de amparo concedió a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del Cártel de Guadalajara -el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, contra su extradición a Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero consiguió frenar nuevamente su extradición a los Estados Unidos donde autoridades de ese país quieren enjuiciarlo por narcotráfico, lavado de dinero y el homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

El líder del extinto cártel de Guadalajara tramitó un nuevo amparo contra cualquier intento de las autoridades mexicanas de trasladarlo para  concretar su extradición a EU.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, el 10 de mayo de 2023, atraer un amparo promovido por la defensa legal del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, en contra de su extradición a Estados Unidos.

En un acuerdo firmado por la ministra presidenta del máximo tribunal nacional, Norma Lucía Piña Hernández, argumentó que la SCJN “no es legalmente competente” para conocer de dicho asunto, por lo que dicho amparo será resuelto por un Tribunal Federal

El Gobierno de Estados Unidos logró que un juzgado mexicano accediera a confiscar varias propiedades de Rafael Caro Quintero a favor del Departamento de Justicia por haber sido obtenidas con ganancias de la venta de drogas; todo como parte de una acción de extinción de dominio.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, el llamado “Capo de capos” utilizó las ganancias obtenidas por el transporte y venta de mariguana, metanfetamina y cocaína entre enero de 1980 y marzo de 2015 para comprar propiedades en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. El capo puso después esos bienes a nombre de miembros de su familia a fin de evitar que le fueran incautadas por el Gobierno de México.

En su demanda de garantías, el ex líder del Cártel de Guadalajara señala como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Relaciones Exteriores, y a la Directora de Cooperación Penal Internacional.

El escrito fue entregado en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en la ciudad de Toluca.

El capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -fundador del extinto Cártel de Guadalajara-, habría sostenido una reunión en un hotel ubicado cerca de la presa Bacurato “Gustavo Díaz Ordaz”, ​ en el municipio de Sinaloa de Leyva -en el estado homónimo-, en la cual tomó el control del Cártel de los Beltrán Leyva y de la sierra del norte de dicha entidad, según lo indicó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en un informe de inteligencia.

El archivo titulado ‘Reunión de Caro Quintero en Sinaloa de Leyva y Guasave’, menciona que Caro Quintero habría retomado el control de la región tras haber quedado libre el 9 de agosto del 2013, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad.