Sin embargo, Veytia enfrentará cinco años de libertad supervisada tras su liberación.

Durante este periodo, estará obligado a cumplir condiciones estrictas, como reportarse regularmente a un oficial de libertad condicional, no cometer delitos adicionales y evitar el contacto con personas involucradas en actividades ilícitas.

Además, tuvo que pagar un orden de decomiso monetario (Forfeiture Money Judgment) de un millón de dólares, que corresponden a las ganancias obtenidas directa o indirectamente de los delitos cometidos y debía realizar el pago dentro de los seis meses posteriores a la sentencia.

En septiembre de 2019, Veytia fue condenado por conspiración para traficar drogas y sentenciado a 20 años de prisión, junto con el pago de un millón de dólares.

A pesar de esto, su cooperación en investigaciones relevantes, como los casos de García Luna y Salvador Cienfuegos, resultó clave para que el gobierno estadounidense solicitara la reducción de su pena bajo la Regla 35, que permite ajustes en la sentencia por asistencia sustancial a las autoridades.

Este cambio en la fecha de su liberación no altera las acusaciones que enfrenta en México, donde aún tiene órdenes de aprehensión pendientes y enfrenta múltiples investigaciones por presuntos abusos cometidos durante su gestión como fiscal.

Beneficios en el sistema federal de los Estados Unidos

El nuevo ajuste en la fecha de liberación depende de los beneficios que algunos presos federales en Estados Unidos pueden recibir e incluyen reducciones por buena conducta, participación en programas de rehabilitación y educación, así como la acumulación de tiempo en actividades aprobadas por la prisión.

Estos factores suelen aplicarse para disminuir el tiempo efectivo de encarcelamiento, permitiendo la salida antes de cumplir la totalidad de la sentencia.

Además, en el sistema de justicia federal de Estados Unidos, la cooperación como testigos de otros casos puede beneficiar en ajustes posteriores a la sentencia mediante mecanismos legales como la regla 35 del Código Federal de Procedimientos Criminales.

Esta regla permite al gobierno solicitar una reducción de la sentencia si el acusado colabora en investigaciones o juicios posteriores a su condena, tal como lo hizo Veytia en los juicios de los ex secretarios de Seguridad Pública de México, durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos respectivamente.

‘El Diablo’ peleó su libertad

Durante cinco años, el exfiscal de Nayarit buscó la forma de quedar en libertad o hacerlo de modo anticipado.

Según la condena inicial, Edgar Veytia quedaría libre el 4 de noviembre de 2034, pero el 12 de agosto de 2021 solicitó anular o corregir su sentencia y buscó ser escuchado por un juez.

Entre mayo y junio de 2021, Veytia envió cartas al juez de la causa para intentar acceder a los registros, evidencias y descubrimientos que consideró no sustentaban las acusaciones y la sentencia en su contra.

Pendientes en Nayarit

El fiscal general del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó a ‘Aristegui Noticias’ que están preparadas las solicitudes de extradición en contra del ex fiscal, desde 2021, para hacerlo enfrentar la justicia en la entidad ante investigaciones por abuso de autoridad, evasión de presos, secuestro, asociación delictuosa, tráfico de influencias, entre otros delitos.

Recientemente el vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, dio a conocer que víctimas del delito exigirán que se investigue al fiscal por la desaparición forzada de personas así como posible tráfico de órganos.

También, pedirán investigar detenciones arbitrarias, como el caso de Venus María “N” quien permanece en prisión desde hace 11 años y quien se dice víctima del exfiscal por un asunto de propiedades y delitos dentro de la Fiscalía estatal durante la administración de Veytia.