La demanda fue interpuesta bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA), que permite a las víctimas de tortura presentar demandas civiles en tribunales federales de Estados Unidos contra individuos responsables de tales actos.
El procedimiento se activó gracias al amparo de la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1992.
Esto permite la interposición de demandas civiles ante tribunales federales de Estados Unidos contra individuos que hayan perpetrado actos de tortura en cualquier parte del mundo, explicó la directora ejecutiva del Centro Guernica 37 (G37), Almudena Bernabeu, durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
El Centro Guernica encabeza la acción de los demandantes quienes pretenden establecer la responsabilidad de Veytia por la tortura sufrida, así como obtener una compensación por los daños sufridos.
Veytia ya fue notificado sobre esta situación y tiene un plazo de 30 días para decidir nombrar a un abogado, comparecer al juicio o no ejercer ninguna defensa.
La organización G37 recordó que el ex fiscal (2012-017) encabezó un período conocido como “El Terror en Nayarit“, debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gestión.
Las familias demandantes denunciaron abusos mientras se encontraban bajo custodia de diferentes cuerpos policiales y de seguridad que operaban siguiendo órdenes directas de Veytia, aunque en algunos casos también participó.
Llevamos casi una década buscando justicia por lo que sufrimos y perdimos a manos de Veytia y personas bajo su mando.
Estas personas señalaron que todas las violaciones cometidas por el exfiscal han permanecido al amparo de autoridades locales.
“Buscamos que este recurso arroje luz sobre las terribles violaciones cometidas bajo el amparo de las autoridades nayaritas, establezca responsabilidades y que esto nunca vuelva a ocurrir”.
El G37 Centre recordó que Veytia, quien también posee ciudadanía estadounidense, fue detenido mientras seguía en funciones públicas, en marzo de 2017 al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses lo acusaron de usar su posición para proteger las actividades de organizaciones criminales en el estado, facilitando la entrada de drogas a suelo estadounidense.
En 2019, Veytia se declaró culpable de un cargo de narcotráfico y fue sentenciado a 20 años de prisión; sin embargo, en 2024, su sentencia fue reducida a 10 años debido a su colaboración como testigo en el caso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano.
Veytia fue liberado el 10 de febrero de 2025.
La organización defensora dijo que los demandantes buscaron establecer la responsabilidad de Veytia por las torturas sufridas, así como obtener una compensación por los daños causados.
“La tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”, señaló Michael Reed, director de programas de Guernica 37 Centre.
Destacó que durante el desarrollo de esta demanda civil se demostrará “en un foro judicial, los actos de tortura cometidos bajo el amparo del poder público en Nayarit y avanzar en la rendición de cuentas que buscan nuestros representados”.
Asimismo, dio a conocer que G37 Centre, en colaboración con la firma de abogados internacional Baker McKenzie, que actuó pro bono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, trabajó durante más de cuatro años en la investigación de estos hechos en México, en coordinación con socios nacionales como la organización JTMX, Justicia Transicional en México.
Esta iniciativa comenzó con un esfuerzo local para reclamar justicia y descubrir la verdad, liderado por un grupo de ciudadanos nayaritas.
Los demandantes confiaron en que el proceso judicial permitiría visibilizar la magnitud de las violaciones cometidas y avanzar hacia la justicia que buscaban.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
