Medio año de prisión por cada niño muerto en la ABC. En eso se traducen las condenas: padre

José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, niño fallecido en el incendio el 5 de junio de 2009, hace cálculos: Si los años de las penas se dividen entre los infantes que murieron ese día -a los que se añaden 70 heridos-, cada homicidio se paga con, aproximadamente, medio año de cárcel. En entrevista con EFE, el señor denunció además que políticos han intentado sacar provecho a la tragedia, como ocurre con algunos integrantes de las comisiones creadas (hasta el momento, tres) para apoyar la investigación del caso, “cuando finalmente, no han hecho nada”.

México, 20 may: Las condenas de entre 20 y 29 años por el incendio que acabó con la vida de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, son “parciales” y no llegan a todos los responsables, dijo hoy a Efe el padre de una de las víctimas.

José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, niño fallecido en el incendio el 5 de junio de 2009, hace cálculos: Si los años de las penas se dividen entre los infantes que murieron ese día -a los que se añaden 70 heridos-, cada homicidio se paga con, aproximadamente, medio año de cárcel.

“Es una sentencia de justicia parcial, tanto de la duración de años de sentencia, de las penas, como en la no ampliación a los demás responsables”, asegura García en una entrevista con Efe en la Ciudad de México.

El día del incidente, en Hermosillo se originó un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal que se propagó a un edificio adjunto donde operaba la guardería ABC, subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sábado pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre las condenas, que recaen sobre la entonces jefa del departamento de Guarderías del IMSS, el delegado estatal en Sonora de la institución, el secretario del consejo de administración del ABC y el director de Bomberos de Hermosillo.


En total, 19 de las 22 personas involucradas en la tragedia fueron condenadas, y solo quedaron absueltas las tres supervisoras de zonas de guarderías del IMSS.

Los padres conocieron esta sentencia, que apelarán, a través de la prensa, y hasta el lunes no recibieron la notificación oficial en el juzgado federal.

Las responsabilidades, señala García, no llegan a “funcionarios federales ni de medio ni de alto nivel”, los cuales ni siquiera fueron presentados ante un juez como posibles responsables.

“Dos de los dueños (de la guardería), desde antes de que se dictara esta sentencia, tuvieron el equivalente a una sentencia absolutoria, con el tecnicismo legal, que es el sobreseimiento”, relata.

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, dijo el pasado martes que los penalmente responsables por el incendio enfrentarán las consecuencias que marca la ley, “sin excepción alguna”, tras una reunión con algunos de los padres de las víctimas.

Sin embargo, este encuentro fue selectivo, señala el padre de Andrés Alonso, quien reconoce no saber cuántos de los familiares participaron en la reunión.

Ante la perspectiva de que se vuelva a hacer un nuevo peritaje en el lugar del siniestro, de lo que se han enterado a través de la prensa y que algunos familiares apoyan, García valora esta posibilidad como “una tomada de pelo, algo mediático” que, además, implica “hacer mal uso del erario”.


“Incluso el año pasado, a seis años (de la tragedia) se hizo un peritaje en relación al fuego y los orígenes, cuando ha sido muy alterada la escena de los hechos”, asevera.

Con independencia del origen del fuego, si la guardería “hubiese cumplido con las medidas de protección adecuadas, y de igual forma la bodega de Hacienda (…), no estaríamos hablando de una tragedia de esta magnitud, quizá ningún niño o niña hubiese fallecido”, añade García.

El padre reconoce que llegar a “una justicia plena” será complicado, pero en lo que sí confía es en el trabajo que los familiares realizan “día a día”, ya que han visto que la justicia mexicana “ni es pronta, ni expedita, ni imparcial”.

Desde la clase política, opina, han intentado sacar provecho a la tragedia, como ocurre con algunos integrantes de las comisiones creadas (hasta el momento, tres) para apoyar la investigación del caso, “cuando finalmente, no han hecho nada”.


Un integrante de la primera “aspiró a una delegación en la Ciudad de México, usando como empoderamiento la tragedia de nuestros hijos”, abunda García, quien aprovecha estos días su visita a la capital para acompañar a su esposa, Patricia Duarte, al médico, ya que sufre problemas de salud desde la pérdida de su hijo.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
AUTOR: ISABEL REVIEJO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-05-2016/1662786

Juez niega orden de aprehensión contra 22 empleadas de Guardería ABC

El Consejo de la Judicatura Federal destaca que en el incendio que causó la muerte de 49 infantes fue de tal magnitud que no permitió que se realizara el desalojo de todos los menores.

Las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de 22 empleadas de la Guardería ABC fueron negadas por el juez tercero de Distrito en el estado de Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez. Dichas órdenes habían sido requeridas por el Agente del Ministerio Público Federal en torno a los hechos del 5 de junio de 2009.

La solicitud de las órdenes de aprehensión contra las empleadas surgió por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo por omisión; lesiones culposas (que no ponen en peligro la vida) y lesiones culposas por omisión (que ponen en peligro la vida).

En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal se afirma que el Ministerio Público Federal indicó que las probables responsables tenían el deber de preservar la integridad física de todos los infantes que se encontraban dentro del inmueble, lo cual no habría sucedido al no haberse procurado la evacuación de todos ellos.

De acuerdo con el juez, las empleadas sí reaccionaron al siniestro en mayor o menor medida, pero debido a la rápida propagación del fuego – que según dictámenes periciales se ocasionó por la falta de medidas preventivas en la construcción de la guardería – no pudieron desalojar a todos los menores.

En los resultados de los propios dictámenes se establecieron omisiones hacia los dueños de la guardería, arrendatarios de la bodega contigua (perteneciente a la Secretaría de Hacienda del estado) y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Protección Civil Estatal y Municipal. No se destacó omisión alguna por parte de los empleados de la guardería.

El comunicado destaca que en el incendio que causó la muerte de 49 infantes fue de tal magnitud que no permitió que se realizara el desalojo de todos los menores.


El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado se propagó a la Guardería ABC, edificación adjunta a la de Hacienda. En el evento fallecieron 49 infantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Guardería ABC había sobrecupo pero no niños sin cuidado, responde maestra acusada

Este martes 17 de agosto un juez decidirá si se emiten órdenes de aprehensión contra las 22 trabajadoras de la guardería.

Aracely dice que arriesgó su vida la tarde del incendio de la Guardería ABC. En lugar de salir corriendo, recuerda que se quedó en una estancia con 35 recién nacidos, mientras pedía perdón en silencio a sus hijos si es que no sobrevivía.

Cuenta que, gracias a que gritó por auxilio en una ventila del baño, consiguió sacar a los bebes por un ducto del aire acondicionado.
Hoy la PGR la acusa de haberlos abandonado, después de un largo proceso, que ha sido apoyado por los padres de los niños fallecidos.

“Si no fuera por las maestras nadie en esa guardería habría sobrevivido. Nosotras también fuimos víctimas y ahora resulta que nos consideran crimínales ”dice la pedagoga.

Aracely Moroyoqui es una de las 22 maestras y  trabajadorasa las que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó el pasado 4 de agosto por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras considerar, a juicio del Ministerio Público, que abandonaron a los 49 niños que murieron. El martes un juez definirá si concede o no las órdenes de aprehensión en su contra.

Las 22 consignadas son maestras, cocineras, personal de intendencia y enfermeras.

Los padres de los niños respaldaron la determinación de la Procuraduría al considerar que si hubo maestros que no hicieron lo suficiente y que los niños estaban sin cuidado. Dicen, como ejemplo, que los 22 niños que estaban en uno de los salones fallecieron porque estaban solos, que no se cuidó que hubiera extintores o que las salidas de emergencia funcionaran.

“Que un juez determine el grado de responsabilidad de cada una”, ha dicho Julio Cesar Márquez, padre de Yeyé, uno de los bebés fallecidos.

Pero la maestra, con más de seis años de experiencia de trabajo en la guardería ABC, asegura en una entrevista concedida a Animal Político que en la guardería no había niños sin cuidado ni estancias abandonadas, pero sí tenían un sobrecupo por la alta demanda de un establecimiento que gozaba de una reputación exitosa.

Lamenta que ahora nadie se pregunte cómo es que más de 150 niños consiguieron salir del local inundado en humo y en cambio, las acusan por no “haber hecho lo suficiente”.

La consignación hecha por la Procuraduría es, según Aracely, el último capítulo de una “historia de injusticias”que inició desde el mismo día del incendio cuando fueron obligadas a declarar, y que luego siguió con la falta de reconocimiento incluso de su estatus de víctimas por el gobierno y por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Acusar a las maestras y a las trabajadoras es una justicia torcida” señaló Gabriel Alvarado, abogado de la organización manos Unidos por la Justicia ABC. De acuerdo con el litigante, la PGR optó por dar “carpetazo” al caso “cortando el hilo por lo más delgado” y dejando sin proceso a altos funcionarios como el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours.

Sin embargo sostuvo que esta no es una batalla legal terminada, pues en breve vendrán nuevos recursos en lo que dijo es una “búsqueda de auténtica justicia”.

Llena pero funcionando

La Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a funcionar en Hermosillodesde el 2001. Aracely Moroyoqui entró a trabajar en ella en el 2003 como asesora pedagógica y de higiene para la sala de maternales, es decir, niños de dos a tres años en promedio.

Según Moroyoqui la guardería era por demás exitosa, al punto en que había lista de espera para el momento en que se abrieran espacios.  El establecimiento tenía muy buena fama pues no había ninguna queja en cuanto al cuidado de los niños.

Hasta el último día en que funcionó la Guardería ABC había una matrícula de casi 220 niños, aunque originalmente la capacidad era para 180 menores de edad.

“De que había una sobrepoblación de niños sí la había por tanta demanda que tenía la guardería y porque estaba muy bien recomendada, (…)llegó un momento en que nosotros si nos preguntábamos que se nos hacían muchos niños para dos maestras pero en realidad cuando a uno le gusta y estudio para maestra de kínder y educadora pues se nos hacia un trabajo apasionante” dijo.

En promedio, eran 35 niños en  cada una de las dos salas maternales y cada una contaba con dos maestras responsables. El funcionamiento era similar en las otras salas. Según Moroyoqui, no había escasez de personal y la plantilla estaba completa.

“La verdad cada maestra estaba en su sala. Siempre se recibía a los niños del filtro a la sala de las maestras. No sepor qué ahora dicen eso” dijo.

De acuerdo con la maestra, no había tiempos muertos en el ABC y todo funcionaba según horarios fijos y bien establecidos. Había horas precisas para las comidas para las actividades de higiene, para las clases, para dormir. Todo el personal estaba dividido en tres turnos sin espacios vacíos.

Las maestras si tenían un horario de comida como cualquier trabajador y el de ella coincidió casi al mismo tiempo que con el incendio, sin embargo, niega que esto  significara un descuido,

“Ahora en los medios nos han dicho muertas de hambre porque nosotros declaramos que algunas comíamos pero no saben en realidad cómo funcionaba la guardería. Los niños no estaban solos por eso y en cuanto todo sucedió nosotros hicimos lo que pudimos” dice Aracely.

Incendio y escape

Minutos antes de las tres de la tarde el humo provocado por un incendio en una bodega contigua comenzó a inundar el interior de la Guardería ABC tomando por sorpresa prácticamente a todos.

Araceli Moroyoqui no recuerda si faltaban extintores o había puertas cerradas, como se ha dicho también, pero de lo que si tiene memoria ni siquiera es del fuego sino del denso humo oscureciendo todo el interior de la guardería.

Narra que ella ingresó a una de las salas de lactantes que era la que tenía cercana y ahí permaneció por momentos paralizada, y reflexionando si salía o no corriendo, si se llevaba a cuatro o cinco niños consigo o si mejor, como al final ocurrió, se quedaba en ese sitio.

“Yo conocía todas las áreas de la guardería y sabía que con los ojos cerrados podría salir yo con tres o cuatro niños pero entendí que no iba a poder volver por ese humo tan terrible que no lo entiende quien no lo ha respirado (…)lepedí perdon con la mente a mis hijos que dejaría huérfanos pero decidí que no me irpia, que ahí me iba a quedar con esos niños” dijo,

En algún momento, recuerda Araceli, se le ocurrió dirigirse aun cuarto de higiene en donde había una pequeña ventana y por ahí comenzó a pedir a gritos auxilio pues había niños atrapados. Gente que estaba afuera le preguntó que hacían y ella les dijo que por el ducto del aire acondicionado podían salir.

Mientras  las personas trataban de sacar el aparato del aire la maestra recuerda que tuvo que humedecer a algunos niños pues el calor era casi “insoportable” y a otros los trataba de despertar pues estaban adormecidos por el humo. Finalmente, con la ayuda de las personas de fuera, pudieron sacar a decenas de bebes y ella también pudo salir.

“Yo entiendo  los papas ahora y su dolor y lo que nos reclaman porque yo también soy madre. Pero yo y las maestras hicimos todo lo que pudimos, todo lo que pudimos hacer y reaccionar en ese momento tan terrible Esos niños los queríamos tanto, ellos nos decían mamas a nosotras también” recuerda con voz entrecortada.

Justicia torcida: abogado

La PGR informó la semana pasado que procedió en contra de las maestras en cumplimiento a una sentencia de amparo que le obligó a pronunciarse en torno al caso. Los padres delmovimiento 5 de junio aseguraron que este era un “primer paquete” de acusaciones y que después vendría el seguimiento de altos funcionarios.

Pero el abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien promovió el referido ampro  a nombre de la organización Manos Unidas Justica ABC dijo en entrevista con Animal Político que la realidad es distinta.

“La respuesta de la PGR luego de que el juez le tuvo que insistir varias veces para que se pronunciara es reservar toda la averiguación, es decir mandarle al archivo y solo proceder en contra de las 22 maestras y profesoras. Eso no es hacer justicia, es torcer a la justicia” dijo el litigante.

Alvarado recordó que en el 2012 la PGR decidió no proceder penalmente en contra del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, al ex secretario de Hacienda del estado Eduardo Vargas y al ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, razón por la cual decidieron promover un primer amparo que les dio la razón y obligó a la Procuraduría a reabrir la averiguación.

Fue en ese contexto que se interpuso una nueva demanda de amparo con el objetivo de impulsar un pronunciamiento en torno a los altos funcionarios, no respecto a los empleados. El enviar a la reserva el caso, dice el litigante, es darle “carpetazo” – otra vez – a todo lo relacionado con Bours y los demás hasta que “haya nuevas pruebas”.

El representante legal de Manos Unidos subrayó que preparan distintas acciones legales para los próximos días. De entrada, ya interpusieron una queja en el Juzgado Décimo de Distrito por lo que consideran no fue un cumplimiento de la ejecución del amparo por parte de la PGR.

“Le estamos haciendo ver (al juez) que con esta determinación de manera alguna está cumpliendo con la ejecutoria del amparo pero además para los otros efectos se está torciendo el brazo de la justicia… estas personas (maestras y trabajadoras) en su mayoría fueron víctimas de la tragedia  y ahora parecen como culpables de la misma lo cual es inconcebible” dijo el litigante.

Las 22 consignadas por la PGR

Directora: Diana Judith Jaime Peralta.

Maestras/pedagogas: Aracely Moroyoqui Contreras ,María Guadalupe Castillo Acuña,  Olga Lidia Ochoa Barreras, María Denise Elsa Guadalupe Mesa Ruiz, Marina Isabel Flores Loera, Eloísa Orozco Barajas, Reyna Anahí CamouRamírez, María Adriana Gasca Sandoval, María del Carmen León Patiño, Fernanda Paco Meza, Margarita Zúñiga Colchado, Maribel Hernández Jaime, Lyz EsthelaCastillo Gurrola y Ana Dignora Valenzuela Nieblas

Cocineras: María Guadalupe Torres Grijalva y Gilda Barceló García

Intendencia: Elia Guadalupe González Carrizosa, Yolanda Rafaela García Villalba y Jazmín Julieta Miranda.

Enfermera: Aracely Valencia Gracia


Seguridad: Guadalupe Dora Socorro Huerta Soto

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

“Se debe castigar a verdaderos culpables”: extrabajadoras de Guardería ABC

HERMOSILLO, Son: “Hay que buscar a los verdaderos culpables del incendio porque nosotros no lo provocamos”, exclamó María del Carmen León Patiño, a nombre de las 22 extrabajadoras de la guardería ABC contra quienes la PGR solicitó orden de captura por el supuesto delito de homicidio culposo y lesiones culposas en olvido de menores.

En rueda de prensa, la representante de las exempleadas informó que el lunes anterior fueron notificadas sobre la resolución a la que llegó la PGR de “archivar” los expedientes del exgobernador Eduardo Bours; del exsecretario de Hacienda estatal Eduardo Vargas, y del exprocurador Abel Murrieta, y de sujetar a proceso penal a las extrabajadoras.

Ante esto, sólo 20 de las 22 las inculpadas solicitaron un recurso de amparo el mismo lunes y al día siguiente les fue otorgado, con lo que se les garantiza que no serán aprehendidas en atención a esta orden judicial.

“Tomamos con mucha tristeza la decisión de la justicia porque nosotros lo único que hicimos ese día fue salvar la vida de los niños”, comentó María del Carmen.

De acuerdo con información proporcionada por las exempleadas, cinco de ellas sufrieron quemaduras de consideración, la mayoría acude con regularidad a revisiones médicas y 22 de ellas reciben terapia sicológica desde aquella tarde del 5 de junio de 2009, cuando el incendio arrancó la vida a 49 niños y dejó secuelas de gravedad en 106 más.

Allí, al encuentro con los medios de comunicación, también se presentó la extrabajadora Maribel Hernández, quien insistió en que los responsables del siniestro deben ser buscados en el espacio contiguo a la guardería, en la exbodega de la Secretaría de Hacienda estatal, donde inició el incendio, según la hipótesis de 2012 admitida por la propia PGR.

“Es decepcionante lo que nos pasa con las autoridades, pues mientras se fijan en unas maestras, se olvidan que fuimos quienes rescatamos a los niños que están vivos”, señaló.

Este jueves 13 la PGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, destacó que en la integración de la indagatoria se recibieron 100 querellas y fueron iniciadas 11 averiguaciones previas, en diez de las cuales se ha ejercitado acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros.

Asimismo indicó que, derivado de los diversos ejercicios de la acción penal, hasta el momento son 22 las personas sujetas a proceso penal, entre servidores públicos del IMSS, de Hacienda estatal, Protección Civil, cuerpo de bomberos, ayuntamiento de Hermosillo y particulares.

Esta nueva resolución de PGR ordena al Juzgado Primero de Distrito sujetar a acción penal a María del Carmen León Patiño, Fernanda Paco Meza, Margarita Zúñiga Colchado y Maribel Hernández Jaime, de salas de lactantes.

Además, a María Guadalupe Castillo Acuña, Aracely Moroyoqui Contreras, Olga Lidia Ochoa Barreras, María Denise Elsa Guadalupe Mesa Ruiz, Marina Isabel Flores Loera, Eloísa Orozco Barajas, Reyna Anahí Camou Ramírez y María Adriana Gasca Sandoval, de salas maternales.

También a las cocineras María Guadalupe Torres Grijalva y Gilda Barceló García. A las exempleadas de intendencia Elia Guadalupe González Carrizosa, Yolanda Rafaela García Villalba y Jazmín Julieta Miranda.


Finalmente, a Aracely Valencia Gracia, de enfermería; a las pedagogas Lyz Esthela Castillo Gurrola y Ana Dignora Valenzuela Nieblas, así como de seguridad a Guadalupe Dora Socorro Huerta Soto y a la directora Diana Judith Jaime Peralta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Inicia la PGR 11 averiguaciones previas por el incendio en la guardería ABC

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) inició 11 averiguaciones previas por el caso del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

De acuerdo con la dependencia, en 10 de dichas averiguaciones se ejercitó acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo precisó que en la integración de la indagatoria se recibieron 100 denuncias y/o querellas, y se iniciaron 11 averiguaciones previas.

Detalló que a raíz de los diversos ejercicios de la acción penal, hasta el momento 22 personas se encuentran sujetas a proceso penal, entre ellas servidores públicos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora, de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, del Ayuntamiento de Hermosillo y particulares.

En un comunicado, la PGR dio a conocer que en cumplimiento de una sentencia de amparo promovido por padres de los menores afectados por el siniestro que dejó 49 muertos y más de 100 lesionados, la representación social de la Federación determinó el ejercicio de la acción penal en contra de esas 22 personas.

El proceso penal, puntualizó, se encuentra en trámite en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora.

Según la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, se trata de una respuesta al amparo promovido por la organización, que además exige que se cite a declarar al exgobernador Eduardo Bours.


No obstante, la PGR destacó que no tiene abierto ningún expediente en contra del exmandatario, pese a que un documento de Manos Unidas por Nuestros Niños, entregado a la dependencia en mayo de 2013, sostiene que el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería ABC, fue provocado con la intención de destruir documentos que daban cuenta de la deuda por 10 mil millones de pesos en la administración de Bours.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

La PGR archiva expedientes de altos funcionarios del caso ABC, pero va tras 22 empleadas

Ciudad de México, 12 de agosto: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC por el incendio en el que murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, y al mismo tiempo reservó los expedientes del ex Gobernador de la entidad José Eduardo Robinson Bours Castelo y del ex Procurador Abel Murrieta Gutiérrez.

De acuerdo con información dada a conocer por Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de padres de los niños afectados que integran la agrupación “Manos Unidas por la Justicia”, estas acciones se dan a partir del recurso interpuesto por la asociación.

Sin embargo, consideró que esta resolución es una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir encubriendo al ex Gobernador de ese estado José Eduardo Robinson Bours Castelo y los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la tragedia, pues los expedientes de todos ellos fueron reservados.

El representante calificó este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras, intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que continuarán en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.

Estas órdenes en contra de los empleados de la estancia infantil, dio a conocer Alvarado Serrano, se emitieron desde el pasado 5 de agosto y dos días después fue notificado.

Entre los funcionarios que pretenden sean llevados a la justicia son el ex Secretario de Hacienda de Sonora, Ernesto Vargas Gaytán, los socios de la guardería Sandra Lucia Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez; así como el mencionado ex Gobernador Eduardo Bours Castelo.

En enero del año pasado, Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, quien realizó la última visita de supervisión a la Guardería abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.

Irene Botello era la única funcionaria que estaba detenida por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas no ha cejado en su lucha por encontrar justicia.

Previamente, en el año 2012, Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado en Sonora del IMSS, obtuvo su libertad bajo fianza. En 2011, el ex coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) en la administración de Bours Castelo, Willebaldo Alatriste Candiani, libró la cárcel con el pago también de una garantía de 2.5 millones de pesos.


Candiani se amparó de la misma forma que un año antes otros ex servidores públicos, así como los dueños de la guardería lo hicieron: Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Van 6 años de “impunidad e ineficiencias”: padre de ABC

"Nos dio una sacudida tremenda, brutal, quedamos en estado de shock", contó el papá de Andrés Alonso.

El pasado 5 de junio se cumplieron seis años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por el que 49 niños perdieron la vida; “han sido seis años de impunidad e ineficiencias, necesitamos que se castigue a los responsables e implica la no repetición de una tragedia similar”, aseguró José Francisco García Quintana, del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y padre de uno de los menors que fallecieron.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el caso es “una afectación no sólo el día que nos arrebataron la vida de nuestros hijos, en este caso en 2009, a nuestro único hijo Andrés Alonso y en muchas otras familias que también había niños, e incluso hay hermanitos que han querido quitarse la vida. Es parte de la afectación emocional y sicológica”.

“Nos dio una sacudida tremenda, brutal, quedamos en estado de shock, varias familias quedamos adormecidas por dos semanas y fuimos reaccionando en la marcha”, recordó.

“La atención principal está en lo que dijo la Suprema Corte: en el deorden generalizado, en una larga cadena de responsables, desde el municipio, el estado, y a nivel federal”, apuntó.

El Estado aún no garantiza que se repita una tragedia como la de ABC, sostuvo. 

“Seguimos exigiendo justicia, justicia tardada es igual a justicia negada“, finalizó.

Por otra parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Pro, dijo que “hay dos vertientes fundamentales, una es que ante estos hechos atroces se deben generar verdaderas garantías de no repetición y ahí las familias han avanzado bastante en arrebatar una nueva ley, la ley del 5 de junio, que es una ley que reconoce derechos de niñas y niños en primera instancia y que da un piso diferente de garantías para este universo de las estancias y del ejercicio de derechos de la primera instancia”.

Está “la otra dimensión que es la justicia, hechos tan atroces deberían derivar en la sanción de los responsables y ahí el balance es negativo, a seis años no tenemos una sola sentencia penal que establezca responsabilidad penal individual. Lo cierto es que cuando hay certeza de que hechos tan fuertes van a derivar en sanciones penales, se genera también un mecanismo de inhibición, esto es lo que no ocurre en México”.

“No ocurre tampoco en otros casos emblemáticos y tenemos en general procesos de búsqueda de justicia impulsadas por familias”, refirió.

Además “es un caso que ilustra la retirada del Estado en ámbitos de la vida social donde tendría que ser garante de derechos, muchas veces se realiza de una manera irresponsable en la que particulares asociados al poder se ven beneficiados, donde la población queda en un estado de vulnerabilidad al no haber una supervisión efectiva sobre esos ´ámbitos de la vida social”.

“En el caso ABC ha habido distintas vías para la justicia, un proceso pebnal abierto que no ha derivado en sanciones, averiguaciones previas y un planteamiento para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

En otra intervención, Lourdes Encinas, periodista y autora de 49 razones para no olvidar, dijo vía telefónica  que “apenas se puede creer que cumpliendo seis años del incendio se siga con pendientes importantes como determinar, dentro de la investigación de la PGR, la causa del incendio en la bodega del gobierno de Sonora que se pasó a la guardería”.

“Apenas se puede creer que a seis años los padres de los niños que fallecieron, sigan en una lucha constante contra las autoridades mexicanas, incluso ya ante instancias internacionales para que el caso se mantenga vivo, para que las autoridades hafgan su trabajo, para que se emitan las conclusiones sobre el caso”.
“Respecto a los niños que resultaron lesionados, que reciban atención necesaria, la atención correcta”, agregó.


“Son seis años ya y parece que aquella frase del ministro Arturo Zaldívar cuando presentó su dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía: si la muerte de 49 niños no es suficiente para que las cosas cambien en nuestro país, entonces ¿qué es lo que tiene que pasar?, yo me sigo preguntando eso, para ver una respuesta contundente de las autoridades”, mencionó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘No hemos aprendido…’

A 6 años de la tragedia que consumió la vida de 49 y sumió en la tristeza a cientos de personas alrededor, los familiares de los pequeños coinciden en que lo que pasó en la Guardería ABC puede volver a suceder.

Para muchos, la vida se detuvo el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora. Ese día, la Guardería ABC consumió en sus llamas la vida de 49 niños y niñas, y dejó a más de 104 con heridas en sus cuerpos. Decenas de personas quedaron también con heridas en su alma.

Hoy, a 2 mil 191 días de distancia, quienes estuvieron involucrados en la tragedia coinciden: no hemos aprendido; la experiencia podría repetirse en cualquier lugar del país.

La ineficiencia en la respuesta del Estado, como institución, fue escasa o nula.

Después de la tragedia, el Gobierno se dedicó a intentar lavar la imagen de la ciudad y el reclamo de justicia se politizó.

No solo no se llegó al señalamiento de los responsables, sino que no se trabajó en el mejoramiento de los protocolos de reacción ante una emergencia de ese tipo.

Esto deja en un estado de vulnerabilidad a otras guarderías no solo de la región, sino del país.

Personas que participaron durante o después de la tragedia en el manejo de los afectados, niños o adultos, coincidieron en que el Estado no agotó todas las alternativas que tenía para agotar el tratamiento de la tragedia y aprender de la situación.

Incluso, algunos de ellos que forman parte de la estructura de gobierno han querido participar para que se realice un diagnóstico de la actuación que se tuvo ese día, y han sido amenazados con perder sus cargos.

¿Preparados?

A seis años de distancia, las dudas sobre lo que se pudo hacer mejor todavía calan hondo en Fabiola –nombre ficticio-, una de las psicólogas que trató a los familiares de quienes perdieron a sus hijos, de quienes fueron afectados por el incendio, o que ayudaron en el rescate de las víctimas.

Fabiola vivió en carne propia lo difícil que fue la recuperación de los directamente involucrados.

Para ella, la lógica indicaba que el Gobierno, de cualquiera de los tres niveles, convocara a quienes habían participado en el rescate inmediato y el tratamiento posterior para compartir sus experiencias y conformar un protocolo de acción y respuesta a una tragedia así en el corto, mediano y largo plazo. Nada de eso ocurrió.

“Yo pensé que se iban a hacer convocatorias públicas a través de los medios de comunicación a todos los involucrados para juntar las piezas del rompecabezas e incluso para evaluar eficacia en la respuesta del Estado a este tipo de emergencias. Pero nada.

“En otros países, como Corea o Japón, se hacen unos procesos muy completos en este tipo de desgracias; aquí no hubo voluntad”, señaló Fabiola.

Algunos, como Rodolfo –nombre ficticio- saben que la reacción de las autoridades no fue la mejor y que, aunque actuaron como pudieron ante la emergencia, pudieron haberlo hecho con mayor eficacia y, quizá, haber salvado la vida de más niños.

Sin embargo, ha decidido guardar silencio por respeto a las familias que perdieron a un pequeño pero, sobre todo, por miedo a perder su trabajo.

“Hubo quienes quedaron con daños psicológicos muy fuertes y no se les trató. Hubo quien sacó a los niños y se quedaba con pedazos de piel en sus ropas. Fue muy fuerte, es algo que jamás podrán superar y menos porque todo se quedó en silencio”, comentó María, conocida de un policía que estuvo en el lugar de los hechos.

Después del incendio, quienes participaron en el rescate esperaban que los protocolos de acción cambiaran y se diera prioridad a la formación de policías, rescatistas, bomberos y otro personal encargado de actuar en caso de una emergencia.

“No se les dio capacitación; si ese día no supieron qué hacer, ahora estaríamos igual”, sentenció María.

Abundan los testimonios de servidores públicos que han preferido guardar silencio antes de poner en riesgo su fuente de trabajo.

Para Patricia Duarte, madre Andrés Alonso García Duarte, quien falleció ese día en la Guardería ABC, aunque a nivel federal se han hecho cambios, como la aprobación de la Ley de Estancias Infantiles, conocida como Ley 5 de junio, el peligro de que vuelva a ocurrir una tragedia similar está latente.

“Desgraciadamente creemos que puede seguir pasando. Ha pasado en otros estados: muertes de niños y niñas en estancias infantiles por lo mismo, por la indiferencia al cuidado de estos niños, a la protección de estos niños, por el mal manejo de instalaciones, por la precaria capacitación de las personas que están a cargo de éstos niños y esto sigue cobrando la vida de estos pequeñitos”, expresó.

La única forma de llegar a una preparación completa es la preparación para actuar frente a lo inesperado, comentó.

Con los hechos de la Guardería ABC aprendió la sociedad civil, sobre todo de Hermosillo, una ciudad que se caracterizaba por la apatía absoluta hacia casi cualquier problema social.

El Estado, en falla

Gabriel Alvarado es un abogado que ha luchado hombro con hombro al lado de algunos de los padres afectados por el incendio en ABC.

Para él, la reacción de las autoridades fue escasa y sin la eficacia para castigar a los responsables y evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir.

“No, no aprendió el Estado de esto. Le voy a poner un ejemplo (…) cuando pasó lo de la tragedia de la Guardería, ellos (la Suprema Corte de Justicia) de inmediato cambiaron la suya, porque estaba en un techo (…); ellos se vieron de repente en situación de riesgo y en cómo ayudar a eliminar a esos factores de riesgo.

“Pero un esfuerzo que se puede armar, institucional, no existe, ni en Hermosillo, ni en el estado de Sonora y mucho menos en el país”, acusó Alvarado.


El Estado, como institución, ha fallado en su obligación de proteger a sus ciudadanos al no garantizar la seguridad de que los menores estarán a salvo mientras su familia trabaja para proveerla y cumplir con sus obligaciones.

Al Estado, comentó Alvarado, los ciudadanos le pagan la existencia de este tipo de servicios con sus impuestos, por lo que es grave que no haya un avance en esa materia después de haber pagado una lección tan dura con tantas vidas.

“Esto que ocurrió en la Guardería es la tragedia más grande de este país y de las más grandes en el mundo -a nivel infantil-. Entonces, con eso debió haber sido suficiente para que el Estado mexicano reaccionara e hiciera todas las adecuaciones”, sostuvo el abogado.

La labor del gobierno, en sus tres niveles, fue la de mitigar el impacto negativo y tratar de evitar que su imagen y autoridad se viera cada vez más deteriorada, en lugar de entregarse a un esfuerzo por erradicar la posibilidad de que esto pudiera repetirse.

“Yo creo que se hizo lo que le llaman el control de daños”, sentenció.

Además de la nulidad en la acción preventiva del Estado, otro pendiente son los menores que resultaron afectados por el incendio y que han encontrado una atención deficiente, a juicio del litigante.

Cenizas de dolor

Los alrededores de la Guardería ABC se han convertido, desde hace seis años, en un lugar lúgubre donde abundan historias de cómo se vivió ese día y lo que siguió en cada uno de los 2 mil 191 días que han pasado.

No falta quien se acerque para poder desahogarse aunque sea un poco. Para revivir las imágenes de lo que les tocó vivir y así exorcizarlas.

María Elena es una de ellas.

Ella, como muchos otros, llegó ese viernes negro a intentar sacar a los niños mientras el lugar se consumía en llamas.

La guardería ya estaba rodeada de policías, quienes le impidieron siquiera acercarse.

Desde entonces, ella tiene la duda sobre si pudo haber salvado a alguien.

“Los policías no me dejaban pasar. Lo intenté varias veces y nomás no pude. Ya en la noche, mi esposo estaba dormido junto a mí y yo veía las manitas de los niños rodeándome.

Como si me quisieran pedir que fuera por ellos”, narró entre lágrimas. María Elena contó que hace unos meses uno de sus sobrinos falleció de cáncer; pero antes de partir al hospital donde daría su último aliento, tuvo una experiencia sobrecogedora.

“Cuando fue el incendio, él vivía en Puerto Peñasco, no tuvo nada que ver con lo que pasó aquí ese día. Hace como un año, se cambió a vivir a Hermosillo para recibir su tratamiento y se cambió aquí a vivir con nosotros.

“Un día, se puso a decirnos que veía a los niños de la guardería en el cuarto… pero el ni los conocía. Nos fuimos a asomar y no vimos nada, ahí no había nadie. Al rato, pocas horas después, se empezó a poner muy malito. La ambulancia vino por él y se lo llevó al hospital y más tarde falleció”, rememoró María Elena.

El relato habría pasado desapercibido a no ser que unas semanas después, al ir a visitar la tumba de su sobrino, ella y su familia se dieron cuenta de que cerca de su sepulcro se encontraban enterrados algunos de los niños que fallecieron en la tragedia.

“Yo creo que los niños vinieron por él”, dijo, convencida.

En la nave industrial donde estaba instalada la guardería, aún se observan las cortinas que ondean con el viento que entra a través de los vidrios rotos.


El polvo cubre ya la pintura de los muros, coloreados aún en naranja, azul y amarillo; y ya muy desgastados, aun se ven los restos de los letreros que colocó la PGR y que restringen la entrada.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

‪#‎FreeNestora‬. Seis años de impunidad en caso ABC; ahora PGR traerá a peritos ingleses

MÉXICO, D.F: En vísperas de que se cumpla un año más de la tragedia de la guardería ABC, registrada en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 bebés y 70 más resultaron lesionados, padres de las víctimas condenaron la impunidad en que se mantiene el caso; además, revelaron que la próxima semana la PGR dará a conocer un “plan de investigación”.

En rueda de prensa para dar a conocer las acciones programadas para recordar el incendio en la guardería subrogada del IMSS, así como la situación jurídica en que se encuentra el tema, padres y sus representantes del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) resaltaron que en marzo anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les notificó que estudia el caso.

José Francisco García Quintana, vocero de los padres afectados, informó que en una reunión sostenida con el subprocurador de Control de Procesos y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, éste se comprometió a viajar la próxima semana a Hermosillo para presentar a los deudos y familiares de los lesionados “un plan de investigación y retomar el asunto con un aire fresco”.

García Quintana comentó que el funcionario federal se comprometió a detallar las diligencias que faltan por practicar en las averiguaciones previas iniciadas en 2009 y 2013, esta última abierta ante denuncias de que el fuego en la guardería fue presuntamente provocado por servidores públicos de Sonora, en un intento por destruir documentos.

“No podemos dar un voto de confianza, tenemos que ver el planteamiento que nos hagan y no sólo eso, sino cuestionarlo porque se presenta con un retraso de seis años, seis años de denegación de justicia”, apuntó.

Luego de recordar que, de 2009 a la fecha, han dialogado con cinco procuradores, García Quintana resaltó que aún no hay sentencia pese a que el expediente vigente en el Primer Juzgado de Distrito en Hermosillo está compuesto por 168 tomos de mil hojas cada uno. En realidad, deploró, “sólo se ha acumulado papel y no hay resultados”.

También destacó que la averiguación previa abierta en 2013, en la que se involucraba a exfuncionarios del gobierno de Eduardo Bours, “se quedó en una cuestión mediática”.

Sin embargo, el vocero de los padres de las víctimas resaltó que en el encuentro con Higuera Bernal advirtieron que se pretende contratar a una empresa inglesa para realizar peritajes, con lo que los afectados están en desacuerdo.

“Desde el año pasado manifestamos nuestra inconformidad con los peritajes, porque sólo se va a gastar dinero para decir que están haciendo algo, porque sabemos que la escena donde murieron nuestras hijas e hijos ha sido afectado, ha sido modificada varias veces y no se ha resguardado como debió ser, por lo tanto es complicado que pueda tener cierta credibilidad o validez a más de cinco años de los hechos”, apuntó García Quintana.

Entre las demandas de los padres de familia, apuntó, destaca la ampliación de la acción penal a más responsables, incluida la “cadena de mando”, así como que se reclasifique el delito, pues “a pesar del homicidio de 49 bebés y lesiones en más de 70, para el juez estos hechos no son considerados graves”.

En la próxima reunión que sostendrán con Higuera Bernal, los padres de familia pedirán que se “actualice el número de consignados”, toda vez que inicialmente tenían conocimiento de que eran 22, pero de ellos “un Tribunal Unitario benefició a Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y a su socio Gildardo Urquídez Serrano”.

El vocero de los padres también expresó la preocupación de los deudos por la escasa atención de los gobiernos estatales para homologar su legislación con la Ley Genera de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “ley 5 de junio”, toda vez que sólo en 50% de las entidades se han puesto en marcha esas adecuaciones.

“De 2009 a la fecha, 20 niños han muerto en los centros de atención infantil, y el argumento en la mayoría de los casos es que se debió a broncoaspiración, pero tenemos sospechas que los decesos se debieron a que no hay condiciones óptimas en las guarderías”, denunció García Quintana, luego de indicar que la pretensión de llevar el caso ante la CIDH es para evitar la repetición de casos como el ABC.

El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, añadió que a seis años de los hechos “no hay justicia ni reparación en el caso, y tampoco hay verdad, porque no han terminado de esclarecer la causa del incendio y la ley no ha significado una política coordinada en los estados para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

“Tampoco hay una política pública que asegure la integridad y la vida de niños y niñas que están en guarderías, y no se ha investigado la cadena de mando de altos funcionarios que podrían estar involucrados en los hechos”, lamentó.

Stephanie Brewer, responsable del litigio internacional del Centro Prodh, puntualizó que el interés de los padres no sólo es que haya justicia para sus hijos, sino que desde la CIDH se ordenen medidas de no repetición, ya que de acuerdo con datos del Consejo creado por la “ley 5 de junio” para la supervisión de guarderías, “por lo menos 2 mil estancias infantiles incumplían con los requisitos de seguridad y protección civil, en tanto que más de la mitad de las guarderías de Sedesol incumplía con requisitos de protección civil”.

Brewer informó que luego de que en octubre del año pasado un grupo de padres de familia acudiera a Washington a presentar la petición para que la CIDH admita el caso, en marzo se les notificó que la petición ya cuenta con el número 1459/2014, solicitud que será analizada para determinar si es admitida por el organismo regional.


En la conferencia de prensa se informó que entre las actividades para recordar a las víctimas de la tragedia habrá movilizaciones en Hermosillo, Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, España, Argentina y Chile. Además, este miércoles 3 el obispo Raúl Vera se reunirá con los familiares de los menores fallecidos en Hermosillo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

PGR promete esclarecer el caso de la Guardería ABC… casi 6 años después

Arely Gómez se reunió con padres, familiares y representantes de las víctimas de la Guardería ABC, a quienes les prometió el esclarecimiento del caso.

A 10 días del sexto aniversario por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la procuradora Arely Gómez González se reunió el martes con padres, familiares y representantes de las víctimas, con quienes se comprometió a esclarecer los hechos.

Según un comunicado de la PGR, la funcionaria les reiteró que la dependencia a su cargo está comprometida con la investigación del caso, y sobre todo en la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

“En esta reunión, instruyó a las áreas correspondientes de la institución para que se realicen todas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que, en su caso corresponda“, detalló la PGR.


Gómez González estuvo acompañada por los subprocuradores de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres.

Tuits:

Habría "noticias importantes", cdo Murillo era PGR; Renato Sales iba a investigar "desde 0". Nada pasó: puras maniobras distractoras

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Memo a @arelygomezglz: aq le sea difícil hacerlo, respete el dolor de papás y mamás #GuarderiaABC. Deje de asumir "compromisos" electoreros

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Reuniones #ABC tuvieron un único propósito: detener críticas por su absoluto desinterés presidencial, o -en el caso de @epn- #cachar votos

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Sostiene @ArelyGomezGlz encuentro con padres y familiares de la #GuarderíaABC de #Sonora http://t.co/EIWrV6YVpw pic.twitter.com/Og0y7nQb1C

— PGR México (@PGR_mx) Mayo 27, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso ABC: PGR deberá resolver sobre responsabilidad penal de Bours y Horcasitas

HERMOSILLO, Son: A más tardar el próximo lunes 11 la PGR deberá resolver si procesará legalmente al exgobernador Eduardo Bours; al extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y al exsecretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán, por el presunto delito de omisión a sus deberes en el homicidio culposo de 49 niños y lesiones en más de 106 pequeños.

El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de la Asociación Manos Unidas por nuestros Niños AC, explicó que el Juzgado Primero de Distrito concedió en favor de los denunciantes el juicio de amparo interpuesto en septiembre de 2009 y sólo resta conocer la respuesta de la PGR para definir la condición legal de estos exfuncionarios.

“Se forzó a una audiencia con la procuradora Arely Gómez para que esta sentencia de amparo sea consignatoria y los señalados sean puestos ante una autoridad judicial”, señaló.

De acuerdo con el expediente 126/2009, también se encuentran bajo proceso legal los socios de la guardería Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez; exfuncionarios municipales de Inspección y Vigilancia, Sistema DIF Hermosillo, Departamento de Bomberos y empleados de la bodega siniestrada adscritos a la Secretaría de Hacienda estatal.

“La PGR tiene en su poder todas las pruebas para sentenciar en cualquier momento a los responsables de esta tragedia”, destacó Alvarado Serrano durante el foro de análisis sobre el caso ABC.

“La tragedia más grande en la historia del país” ocurrió la tarde del 5 de junio de 2009, luego de que un incendio supuestamente provocado en una bodega del gobierno del estado se propagó a la guardería contigua.

A este foro organizado en el auditorio del Colegio de Sonora también acudió el integrante del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Díaz-Aranda, quien consideró que es “imposible” el caso ABC si antes la autoridad no establece de manera definitiva el origen del incendio.

“Mientras no se definan las causas de este percance, será difícil alcanzar una sentencia firme, pues si no está debidamente probada la responsabilidad, los señalados se presumen inocentes”, detalló.


En este foro también participaron los periodistas sonorenses Óscar Castro Valdez, fundador de Dossier Político; Juan Carlos Zúñiga, titular de los noticieros del Grupo Acir; Francisco Javier Ruiz Quirrín, director del semanario Primera Plana, y los padres integrantes de la agrupación Manos Unidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Funcionarios sacan “raja política” de caso ABC, acusan padres de víctimas

HERMOSILLO, Son: El vocero del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, José Francisco García Quintana, lamentó que haya personajes que “sacan raja política” del incendio de la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y 106 resultaron con lesiones internas y externas.

Al cumplirse hoy 71 meses de la tragedia, señaló que funcionarios de los tres niveles de gobierno usaron de “bandera” lo ocurrido el 5 de junio de 2009 para beneficiarse.

“No sólo se aprovechó el gobernador (Guillermo Padrés), sino políticos de dentro y fuera del estado (de Sonora) y ellos con sus alcances pudieron traer un poco de justicia pero se desentendieron”, acusó.

García Quintana adelantó el programa de actividades llamado “A seis años de luto y lucha”, que iniciará el próximo 4 de junio a las 21:00 horas con una vigilia a realizarse en el exterior de lo que fue la estancia infantil en la colonia Y Griega, al sur de la ciudad.

“El próximo 5 de junio se cumplen seis años del siniestro en la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los padres de los menores reiteran su demanda de justicia y castigo a los responsables”, enfatizó.

En el programa está programado que el 5 de junio a las 9:00 horas el obispo de Saltillo, Raúl Vera, oficiará una misa en la iglesia San José y a las 18:00 horas partirá una marcha desde la guardería ABC a la plaza Emiliana de Zubeldía en el centro de la ciudad, para finalizar con la lectura de un manifiesto.


Previo a ello, los padres que integran el movimiento exigieron la aplicación efectiva de la Ley General de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como “Ley 5 de junio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Caso Guardería ABC cumple 68 meses de “luto, impunidad y burla”: Padres de víctimas

HERMOSILLO, Son: En el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 se cumplen 68 meses de “luto, impunidad y burla”, denunciaron padres y familiares de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.

La agrupación Movimiento 5 de Junio señaló en un comunicado que en estos casi seis años han recorrido diversas instancias nacionales e internacionales para reclamar castigo contra los responsables, entre los que se encuentran exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como para promover la no repetición de un accidente como el ocurrido en 2009.

“Se cumplen 68 meses de impunidad en este aniversario de la Constitución, la cual fue reformada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha, en complicidad partidista del Pacto por México”, expone el pronunciamiento.

“Estas reformas son letra muerta para la gran mayoría de nuestro país y representan la permanencia de un grupo de grandes empresarios coludidos con la clase política en el poder, empleados de una burguesía financiera internacional que marca las reglas del juego político económico”, advierten los padres de las víctimas.

Es una “burla” que el PRI en Sonora haya postulado a la gubernatura a Claudia Pavlovich, añade el texto, porque en 2009, cuando se desempeñaba como diputada local, emitió cartas de recomendación en favor de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Urquídez Serrano.

“Estas cartas junto a las redactadas por los arzobispos de Hermosillo obran en el expediente del caso como pruebas con las que se pretendió influir en la decisión del juez, además de ser una muestra clara de que no les importó el hecho de que murieran 49 niños”, acusó el Movimiento 5 de Junio.

Los afectados también se solidarizaron con los familiares de las víctimas de la explosión del Hospital Infantil Materno de Cuajimalpa, ocurrida el 30 de enero anterior.


Además, reiteraron su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y recomendaron “no dejarse encandilar” por las declaraciones del presidente Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Caso de la Guardería ABC llega a la Comisión Interamericana de DH

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.

Cinco años después de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Sonora sin haber encontrado justicia en las instituciones mexicanas, padres integrantes del “Movimiento 5 de junio” acudirán hoy lunes 27 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las omisiones del Estado mexicano.
Al menos cuatro de los padres de los menores fallecidos acudirán a una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington.

Harán la petición formal para que el organismo internacional evalúe la admisibilidad y pueda atraer el caso para su análisis. De confirmar las violaciones a derechos humanos, la Comisión podría emitir un informe con las recomendaciones y señalamientos al Estado mexicano.

Este lunes a las 11:00 de la mañana, hora de México, los padres presentarán un video de lo sucedido en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 y expondrán sus argumentos sobre la presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado en una de las tragedias más dolorosos en el país.

Los temas sobre los que se finca esta petición es “la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a reparación del daño entendida como la garantía de no repetición”, explica Sthephanie Erin Brewer, integrante del equipo legal del Centro Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a los padres.

Tanto en las investigaciones como en los procesos penales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha argumentado que lo ocurrido en la guardería fue producto de la negligencia de “unas cuantas personas con puestos de bajo rango” en Hermosillo, Sonora; pero “en la realidad la guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, explica Brewer.

En entrevista, asegura que la muerte de 49 menores es responsabilidad es de “toda una estructura, de una decisión tomada desde los más altos niveles en el IMSS de subrogar guarderías a particulares en una lógica de mercado, convirtiéndolas en un negocio lucrativo y a los niños y niñas en una oportunidad de ganar dinero gastando lo menos posible”.

Después de estos años no ha habido un reconocimiento de ese nexo con el incendio. Por eso, las investigaciones tampoco se han enfocado en la posible responsabilidad de altos mandos a nivel federal y estatal, afirma la abogada.

Después de agotar todas las instancias legales en México y sin encontrar la reparación del daño con la garantía de no repetición, ni castigo a toda la línea de responsables, las víctimas pueden acudir a los organismos internacionales, según los instrumentos de protección de los derechos humanos.

La última instancia

La muerte de 43 niños y niñas ha quedado impune, según han denunciado los padres, toda vez que no hay ningún responsable en la cárcel.
Y es que la cadena de responsabilidad, aseguran las víctimas, debía alcanzar al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el ex director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

La Suprema Corté de Justicia de la Nación atrajo el caso en 2009 y un año después, en votación dividida, los ministros concluyeron que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad.

El fallo de la Corte era una esperanza de los padres para encontrar justicia y aunque la conclusión no los satisfizo, las sentencias del máximo órgano legal no pueden ser impugnadas por alguna otra instancia.

Al agotar las instancias legales en el país, se cumple con uno de los requisitos para que la solicitud ante la CIDH sea aceptada.

Otro de los preceptos es que no se ha alcanzado ningún compromiso del Estado para la no repetición. Aunque gracias al activismo de los padres se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio” en 2011, los estados no la están aplicando.

La legislación pretende garantizar la seguridad de los niños y niñas en guarderías, pero sólo Jalisco ha concluido con la promulgación de ley y el reglamento correspondiente.

Aunque los estados estaban obligados a adecuar sus leyes locales en el año siguiente a la publicación sólo algunas lo han hecho. Se trata de Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán, pero faltan sus leyes secundarias.

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable en la CIDH, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.


Después, en caso de darle entrada, vendría el litigio sobre la responsabilidad del Estado y al final, la publicación de un informe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELIROLDÁN