El abogado Paulo Díez expuso que Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó a Aleática -antes OHL- borrar de sus estados financieros un falso activo (de alrededor de 80 mil millones de pesos, con el cual -según Díez- esta empresa engañaba al público inversionista.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ratificó la legalidad de la concesión del Viaducto Bicentenario, una vía elevada que une a varios municipios del Estado de México, y que hace un mes vivió una polémica sobre su operación y explotación, según informaron este lunes fuentes empresariales.

La vía une varios municipios del Estado de México con la capital, tiene 22 kilómetros de extensión y fue construido en la Administración como Gobernador de Enrique Peña Nieto (2005-2011), quien luego fue Presidente del país entre 2012 y 2018.

IFM Investors, accionista de control de Aleatica (antes OHL), anunció una demanda contra el abogado Paulo Díez, por presunto daño moral y solicitó al juez que le ordene “dejar de agraviar a través de declaraciones, bots y una plataforma artificial de investigación de capitales”.

Así lo detalló Alonso Rivera, vocero de IFM, del despacho RGCyK, en un debate que tuvo con Díez en Aristegui en vivo.

Por su parte, Paulo Díez acusó una “estafa bursátil, que le permitió (a IFM) comprar barato en México las acciones de OHL (pagó 27 por acción), y en España pagó más de 47 pesos por acción”.

Al margen de los presuntos actos de corrupción entre OHL (hoy Aleatica) y el Gobierno del exgobernador mexiquense (2005-2011) Enrique Peña Nieto, de que Aleatica no tiene derecho de explotar el Viaducto Bicentenario y que la concesión que mantiene desde 2008 –hasta el año 2038– debería ser revocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la 4T, existe una incapacidad financiera por parte de la empresa para cubrir la deuda bancaria derivada de la construcción de la vía sobre uso de suelo federal.