La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a México «responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez», base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desaparecido por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia el 18 de enero de 1999, en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas.

«Es un día histórico para el movimiento zapatista, para la familia de Antonio y también para las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por el gobierno mexicano en la época de los 90. La Corte deja en claro que el Estado emprendió una estrategia de contrainsurgencia y que esas prácticas generaron los grupos paramilitares que eventualmente desaparecieron a Antonio», dijo a Desinformémonos Emiliano, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

A 24 años de la desaparición de Antonio González Méndez, miembro de las bases civiles de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su esposa Sonia López Juárez mantiene que el Estado mexicano es responsable del hecho por ocurrir en un contexto de contrainsurgencia en Chiapas, pero los representantes gubernamentales se niegan a reconocerlo, como se evidenció este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Se trata del primer caso que llega a esta instancia internacional por violaciones cometidas en el marco de la política de contrainsurgencia emprendida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras el levantamiento zapatista de enero de 1994.

Este miércoles inicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia contra el Estado mexicano por la desaparición de Antonio González Méndez, perpetrada en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte de Chiapas, por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

«La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado», señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que «espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia».