Caso Aramburuzabala: López Dóriga, a tribunales

La inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, se anotó un triunfo en el litigio que lleva en los tribunales en contra del personal de Protección Civil del gobierno capitalino que en 2015 clausuró la obra de la calle Rubén Darío 225, en la colonia Polanco: logró que comparezca el exconductor de El Noticiero de Televisa Joaquín López Dóriga. En otro de los juicios emprendidos por los abogados de la afectada –en el que lo acusaban de extorsión–, López Dóriga la libró, pero esta vez tendrá que comparecer. Es un precedente sin parangón, dicen los defensores de Aramburuzabala.

El martes 20 de junio el conductor Joaquín López Dóriga deberá presentarse en calidad de “testigo” ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración en la demanda que interpuso la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, en contra del personal de la Secretaría de Protección capitalina por haber clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225, en 2015.

Juez ordena a la Procuraduría capitalina reabrir el caso López Dóriga-Aramburuzabala

CIUDAD DE MÉXICO: El juez federal José Díaz de Léon Cruz, del Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal, ordenó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reabrir la demanda por presunta extorsión por 5 millones de dólares a la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala.


El caso involucra a Teresa Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López Dóriga, así como al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien argumentó que no fue una extorsión, sino una “propuesta de conciliación” en el conflicto entre los vecinos del edificio de condominios de la calle Rubén Darío, en Polanco, y la empresa inmobiliaria de Aramburuzabala.

La orden de reabrir el caso se produce cuando López Dóriga retorna para conducir un noticiero en Telefórmula, que se transmitirá por televisión restringida, y en medio de nuevos rumores al interior de Televisa de que le habían solicitado al conductor que entregara las oficinas que ocupó durante 16 años.


El 18 de agosto de 2016, la Procuraduría capitalina había decidido el “no ejercicio de la acción penal” con el argumento de que era “ocioso e innecesario” entrevistar a los 39 condóminos del edificio Rubén Darío 223, y consideró válida la explicación de Becerra Pocoroba.

La decisión del juez federal señala que “se deberá establecer si (los abogados) verdaderamente iban en representación de los vecinos o se pretendía obtener un lucro para sí, lo que desde luego, con el desahogo de las pruebas testimoniales, podría aportar datos al respecto”.

El “carpetazo” de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se dio a conocer el 19 de agosto, el mismo día que Joaquín López Dóriga transmitió la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa.

La resolución de la Procuraduría capitalina consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicada en la calle Rubén Darío número 223, de la colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción), por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.

También desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle 5 millones de dólares a los funcionarios de Abilia, a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria siempre participó por su voluntad, y si bien como lo manifiesta el denunciante fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.

La Procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”.

Para el abogado Javier Coello Zuarth, la Procuraduría de Justicia actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora.

“No hubo un contrapeso jurídico por parte de los López Dóriga Pérez Romo. El contrapeso lo hizo la Procuraduría capitalina”, afirmó Coello a Proceso.

–¿Es común que suceda esto en la justicia de la Ciudad de México? –se le preguntó.

–No, no es común. Lo normal es que en este tipo de asuntos haya un conflicto entre abogados de una y otra parte.

En resumen, consideró Coello Zuarth, el Ministerio Público capitalino “sólo se dedicó a obstaculizar la investigación respecto a los hechos narrados en la denuncia inicial”.

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Oscar Montes de Oca Rosales, “ordenó el cambio del nuevo sistema penal de justicia en México al sistema tradicional, con el objeto de que la Procuraduría capitalina tuviera el control de las actuaciones sin darle participación a un juez de Control para realizar una investigación judicializada donde se observara la legalidad y los derechos humanos de las partes”.

Fui “víctima de una canallada”, dice López Dóriga

Con la notificación favorable de la Procuraduría capitalina, López Dóriga se sintió más confiado para hablar de este caso que nunca mencionó en la pantalla televisiva. El mismo día de su despedida como conductor estelar, afirmó con Adela Micha que él fue víctima de “una canallada”, de “la injuria, la infamación, la mentira y la ofensa”.

Sin especificar que hablaba de la denuncia por tentativa de extorsión en contra de su esposa, López Dóriga advirtió que “no tienen derecho a meterse con mi familia”, y se jactó así con Micha: “¡Mira! Que iban a acabar conmigo, y ¡mira!”.

En la edición 2030, Proceso publicó que al interior de Televisa se discutió la posibilidad de que el 30 de septiembre de ese año se relevara al conductor de El Noticiero, “pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo”.

El origen del conflicto está justamente en torno a este desarrollo. Abilia construye al lado precisamente del edificio Rubén Darío 223, donde la familia López Dóriga es propietaria de un departamento de 552 metros cuadrados.


El abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, contratado con el supuesto aval de 17 condóminos, le exigió a los representantes de Abilia el pago de 5 millones de dólares para permitir que se desarrollara el proyecto denominado “Rubén Darío 22”. De lo contrario, usarían la fuerza periodística de López Dóriga y la estrecha relación con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal para frenar la obra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474008/juez-ordena-a-la-procuraduria-capitalina-reabrir-caso-lopez-doriga-aramburuzabala

PGJ capitalina favorece a esposa de López Dóriga, denuncia abogado

CIUDAD DE MÉXICO: La inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, acusó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina de actuar con parcialidad en el caso de la denuncia por extorsión contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga.


De acuerdo con el abogado de Aramburuzabala, Javier Coello Zuarth, el hecho real es que la dependencia no quiere investigar el caso, dado que no ha querido desahogar pruebas y se ha negado a interrogar a 39 condóminos del edificio donde vive Pérez Romo, incluido López Dóriga, una omisión que un juez federal ordenó reparar a través de una sentencia de amparo.

“El punto aquí importante que debemos de resaltar es la parcialidad con que se maneja la Procuraduría respecto al asunto. Si el fondo del mismo es que se desahoguen ciertas pruebas, a las cuales nosotros tenemos derecho a que sean desahogadas en la etapa de la averiguación previa, ¿por qué no lo hace?”, señaló Coello.


Añadió: “¿Por qué ellos insisten en darle ‘carpetazo’ o determinar (la averiguación) con una inactividad de desahogo de probanzas y en una indagatoria donde solamente se desahogaron cinco o seis pruebas que nosotros mismos ofrecimos?”.

Según el abogado, el interrogatorio a los condóminos es una diligencia clave, porque aclararía si el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba actuó por cuenta propia o a nombre de los condóminos al pedir los 5 millones de dólares a Abilia, a cambio de que el gobierno capitalino no suspendiera la obra en Rubén Darío 225, informó el diario Reforma.

“No agotan la investigación respecto a si el abogado pidió estos 5 millones de dólares a nombre de los condóminos o los pidió a nombre propio, y cómo es posible que después de días la gente del Gobierno de la Ciudad de México haya presentado el juicio de lesividad contra Abilia, que fue la amenaza precisamente que dio el abogado hacia nosotros cuando pidió los 5 millones de dólares”, insistió el abogado de Aramburuzabala.

Luego de sostener que es necesario indagar “todo”, Coello dijo no entender por qué la PGJ no quiere investigar y desahogar las probanzas y se ha convertido en una batalla, a través de los amparos, respecto de un punto muy importante: el desahogo de ciertas pruebas.


No obstante, el abogado confía en que la dependencia capitalina reconsidere la postura que ha mantenido hasta ahora y que resuelva el recurso de inconformidad que presentó contra el no ejercicio de la acción penal, con apego a la legalidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449944/pgj-capitalina-favorece-a-esposa-de-lopez-doriga-denuncia-abogado

Caso Aramburuzabala: Juez ordena a la PGJ citar a López Dóriga y vecinos

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia de esta ciudad deberá citar a declarar a 39 vecinos del periodista Joaquín López Dóriga, como parte de la denuncia por presunta extorsión que interpuso contra su esposa Adriana Pérez Romo, la empresaria María Asunción Aramburuzabala.


Así lo establece la resolución del Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León Cruz, quien otorgó un amparo a la empresa Abilia, propiedad de Aramburuzabala, cuya consecuencia es que sean llamados a declarar los condóminos del edificio Rubén Darío 223, incluido López Dóriga, informó el diario Reforma.

La inmobiliaria Abilia, interpuso una denuncia penal en agosto de 2015 contra Pérez Romo por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en la exclusiva zona de Polanco.

“Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la PGJ capitalina) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, dice la sentencia del juez en el amparo 172/2016 del pasado 29 de junio.

La resolución de Díaz de León establece que la Procuraduría debe cumplir con la emisión de los citatorios a los condóminos pese a que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza notificó el pasado 8 de julio el no ejercicio de la acción penal.

Mediante un escrito manifestó que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado, es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.

PGJ niega “carpetazo”

El miércoles pasado se informó que la PGJ capitalina archivó el expediente de investigación contra la esposa de López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer un “carpetazo” y consumarlo.

Al respecto, la PGJ capitalina consideró que el fallo en el que se le atribuye desacatar una suspensión por archivar la denuncia de Abilia fue “incorrecto” y “equivocado”.

El subprocurador Jurídico de la Procuraduría, Jorge Mirón Reyes, dijo a Reforma que la dependencia no violó esa suspensión definitiva y que ya recurrieron a un tribunal colegiado para revertir el resolutivo.

“Creemos que el análisis hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese momento y no lo hicimos.

“Por eso creemos que hay una apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló Mirón.

La PGJ capitalina, dijo, presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.

Además Mirón aseguró que aun si el Colegiado confirma que la procuraduría violó la suspensión, esa determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la primera instancia.

Y afirmó que si impugnó el fallo fue sólo para dejar constancia de que la PGJ “no violenta ninguna decisión judicial”.


En tanto, la defensa Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría capitalina contra la decisión de archivar la denuncia contra Adriana Pérez Romo y con el propósito de que la dependencia reconsidere el no ejercicio de la acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449793/caso-aramburuzabala-juez-ordena-a-la-pgj-citar-a-lopez-doriga-y-vecinos