La CIDH investigó el caso Atenco y esto fue lo que encontró

"No hay ningún funcionario de nivel federal investigado y procesado por los hechos de Atenco": abogado.

Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Pro, expuso que la Comisión Interarmericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia, adoptada desde 2015, sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006; “se le llama informe de fondo”, el cual fue dado a conocer solamente al Estado mexicano, a los representantes y a las propias víctimas.

Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

CIUDAD DE MÉXICO: Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

A 11 años de la masacre en Atenco, continúan las denuncias contra la policía

Por lo menos once mujeres que fueron víctimas de tortura sexual durante la masacre en San Salvador Atenco, Estado de México, continúan con las denuncias y las acciones necesarias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los responsables sean sancionados y tengan acceso a la justicia, informó el Centro Pro DH en el marco del onceavo aniversario del operativo policial que dejó 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres.

Las once sobrevivientes esperan que la demanda contra el Estado frente a la CIDH sea un freno a la tortura sexual en el país y marque un precedente en otras partes del mundo. Tras el seguimiento de la denuncia, el gobierno mexicano estará obligado a responder a las acusaciones en las próximas audiencias públicas del organismo.

Atenco, “sólo una muestra de todo lo que está ocurriendo en el país”: denunciante

En México, "no ha existido una investigación seria de todas las formas de responsabilidad de la cadena de mando": Stephanie Erin Brewer.

Claudia Hernández, sobreviviente de Atenco en 2006, aseveró que “preocupa mucho cómo está México en materia de derechos humanos”.

En entrevista para Aristegui CNN, sostuvo que “Atenco es sólo una muestra de todo lo que está ocurriendo en el país”.

El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se prevé que emita una sentencia al respecto.

“Lo recuerdo con mucho dolor, es un camino difícil que tuvimos que recorrer durante 10 años para encontrar justicia”, comentó Hernández.

Recordó que primero acudieron a todas las instituciones del Estado mexicano, “donde en vez de obtener justicia muchas veces nos revictimizaron”.

En las revisiones, apuntó, le diijeron: “‘desnúdate, vamos a comprobar que fuiste víctima de tortura y violaciones”.

“El Estado nos quería hacer culpable de lo que había sucedido”, consideró.

Además, señaló que “el gobierno apostó a que nos quedáramos calladas pero teníamos el compromiso de alzar la voz y decir lo que había ocurrido en Atenco”.

“Su estrategia era darle una lección a la comunidad”, acotó.

Rememoró que en el traslado al penal, qued duró 6 horas, “fuimos violentadas la mayoría de las mujeres”; “nos obligaron a escuchar cómo las mujeres pedían que ya se detuvieran, o que ya no les hicieran tocamientos”.

Son 11 mujeres denunciantes en total, quienes “no sólo somos Atenco, somos Ayotzinapa, somos Tlatlaya, somos mujeres que vamos a acabar con su impunidad”, finalizó.

Por su parte, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguró que el operativo policiaco representó una represión, “con participación de fuerzas de los tres niveles que en vez de restablecer el orden, detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, incluyendo a las 11 mujeres denunciantes que no habían cometido ningún delito y fueron detenidas y torturadas”.

“Ese es uno de los aspectos que va a analizar la Corte Interamericana”, puntualizó, pues hay un “fuerte componente de discriminación contra la mujer”.

La denuncia en México “no fue escuchada, no fue investigada debidamente, de hecho hasta el día de hoy no ha existido una investigación seria de todas las formas de responsabilidad de la cadena de mando”.

Además, “no hay una sola condena penal por estos hechos de hace más de diez años”.

Por ello, indicó que es un caso paradigmático del uso de la fuerza, de la impunidad y “de las prácticas de impunidad que siguen vigentes hasta hoy, que fomentan y posibilitan la repetición crónica de este tipo de graves violaciones”.

Brewer sostuvo que el Estado mexicano no mostró avances claros o voluntad plena para cumplir con las recomendaciones que le hizo la CIDH y “es por eso que a solicitud de las mujeres, la Comisión envía el caso a la Corte el pasado 27 de septiembre”.

Lo que podría sentenciar la Corte son medidas de no repetición y otras acciones encaminadas a atacar las causas estructurales como la tortura sexual o el uso arbitrario de la fuerza, detalló.

En cuanto a lo que va a analizar -explicó- se encuentra la responsabilidad internacional del Estado en su conjunto, “no es un juicio penal, no constituye una condena penal”, precisó.


En un par de años se podría emitir una sentencia por este caso.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/atenco-solo-una-muestra-de-todo-lo-que-esta-ocurriendo-en-el-pais-denunciante-en-cnn/

“No somos las violadas de Atenco sino luchadoras sociales por la justicia” Claudia Hernández

“Son diez años de caminar y alzar la voz, porque nosotras no somos las violadas de Atenco sino luchadoras sociales por la justicia”,  dijo Claudia Hernández,  una de las 11 víctimas que denunciaron violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la tortura sexual, en la represión que autoridades municipales, estatales y federales perpetraron en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, luego de que se anunciara que el caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

 “Justicia es una palabra que se dice con pocas letras pero que alberga una enorme idea”, dijo Italia Delgado, también denunciante, quien reconoció que ha sido una “lucha de largo aliento”, y que por ello recibieron la noticia, “con júbilo”, porque aseguró: “no queremos que el cuerpo de las mujeres se siga usando para enviar un mensaje aterrador que amenace y amedrente a los movimientos sociales y a la sociedad”.

“Nuestro mensaje es claro y modesto: Los mentirosos y asesinos son ustedes”, agregó Delgado, quien abundó en que el “logro obtenido”, es “justicia para la transgresión, rebeldía y triunfo de un pueblo que defendió su forma de vida en 2002”, dijo que se trata de una lucha “por todas y para que el gobierno entienda que debe detenerse”, advirtió.

“Hoy le respondemos al Estado mexicano que es él, el culpable de las violaciones en Atenco, es el quien miente”, agregó al recordar las palabras que Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), les dijo: “son unas mentirosas, fue su culpa por no quedarse en su casa haciendo tortillas”, y que se suman, dijo, a las violaciones que quienes participaron en el operativo encabezado por Robledo, cometieron en 2006 contra más de 40 mujeres.

Se trata del tercero de ocho casos que son revisados por la CoIDH para condenar al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos que refieren tortura sexual, señalaron Marcía Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que acompañan jurídicamente el caso.

Aguirre detalló, que la llegada de ocho casos a la CoIDH, es una prueba de que en México prevalece la impunidad, y que la atención del caso puede “abonar a la no repetición de casos como este”. Stephanie Erin, del área internacional del Prodh,  recordó que las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte son “vinculantes”, es decir obligatorias para el Estado mexicano, por lo que “confían”, dijo, en que las argumentaciones sean tomadas en cuenta para: “esclarecer y castigar a los culpables”, ya que aseguró que hasta hoy “no hay una sola persona sancionada efectivamente”.

Erin detalló que entre las violaciones a derechos humanos, cometitas por el Estado mexicano, que serán revisadas por la corte están: la violación al derecho a la libertad personal, ya que fueron detenidas, dijo, “de forma ilegal y arbitraria; el derecho a la integridad física, psicológica y sexual que “fue vulnerada en varios momentos”; el derecho a un debido proceso y la tortura sexual que será revisada a la luz de tratados internacionales que defienden el derecho a la “igualdad de protección”, y a la no violencia ni discriminación contra las mujeres como la Convención Belem Do Pará.

Patricia Torres, otra de las once mujeres que denunciaron tortura sexual en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, dijo que pesar de estos 10 años, en los que “le fue arrebatado su sueño”, ella sigue “viva para alzar la voz y desmentir a Enrique Peña Nieto”, al referirse a las declaraciones hechas por el entonces era gobernador del estado, en la que aseguro Torres, les dijo que: “sólo se habían aprendido el manualito”.

Finalmente, en conferencia de prensa para anunciar la llegada del caso a la CoIDH, Aguirre señaló que “este triunfo es producto de la lucha incansable de las mujeres víctimas y que al centro de ello esta su palabra y su dignidad”.

Este caso se dio el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, dónde  policías municipales, estatales y federales, que tenían la consigna de detener una movilización social que se gestaba en dicho lugar y en el Valle de Texcoco, violentaron a la población civil.


El resultado de esto fue un joven asesinado, personas golpeadas, presos y  más de 40 mujeres, entre ellas las once mujeres que demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace diez años, al Estado mexicano, por violencia y tortura sexual. Este año, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte, ante el no cumplimiento de sus recomendaciones por parte del gobierno de México.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHEN RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/no-somos-las-violadas-de-atenco-sino-luchadoras-sociales-por-la-justicia-claudia-hernandez/

El caso Atenco, que involucra al Presidente Peña Nieto, ya está en la Corte, informa la CIDH

La CIDH informó que envió este día a la CoIDH el caso Atenco y aseguró que “este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso Atenco.

11 mujeres han buscado instancias internacionales tras no haber hallado justicia en los tribunales mexicanos, y hace dos semanas se dio el anuncio de que la CIDH remitiría el caso, formalmente llamado Mariana Selvas Gómez y otras, a la CoIDH, lo que ocurrió este día.

En un comunicado la Comisión señaló que “el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.

Señaló que estableció que la detención de las once mujeres “fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos” y que acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.


Apuntó que tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, por parte de agentes estatales,.

Señaló que encontró que las mujeres sufrieron “tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”. Mientras que sus familiares tuvieron “afectaciones a la integridad psíquica y moral”.

Respecto al Gobierno mexicano señaló que la “Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable”.

Detalló además que la CIDH recomendó “al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico”.

Además de “continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad”, lo que incluye, dice el comunicado, “las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión”.

Y “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Además de “adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso”.

La CIDH recordó que durante la tramitación del caso el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, señaló que tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, “la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas”.

Y señala “Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”.


“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.

FUENTE: SIN EMBARGO.
FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2016.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-09-2016/3097634

El caso Atenco revive en el peor momento de EPN: NYT; las mujeres se volvieron un “botín de guerra”

“‘¡Ahora vas a aprender, puta!’ ¿Sabes hacerlo con la boca? ¡Ábrela o te lleva la chingada, perra!”, le dijo el policía, mientras otros uniformados empezaban a manosearla. Ana María Velasco Rodríguez pensó que iba a morir. Se encomendó a Dios y accedió: “Él se puso enfrente de mí. Sacó su pene y me lo introdujo en la boca. Otros me arrancaron la ropa interior. Cuando terminó, me agarró de los cabellos y me dijo: ‘¡Ahora te lo vas a tragar, pendeja!’. Abrí los ojos asqueada y pude verle la cara”. “¿Quién sigue?”, preguntó el policía satisfecho. Y vino el segundo…

Aquel 3 de mayo de 2006 iba a ser un día bonito para Ana María, madre soltera de 35 años, con dos hijos. Se levantó a las seis de la mañana para ir al mercado en la pequeña localidad mexicana de San Salvador de Atenco, de unos 15 mil habitantes. Quería lucirse con sus compadres y les iba a preparar el tradicional mole poblano para celebrar el Día de la Cruz. Se tenía que dar prisa para no llegar tarde al puesto de comida de su tío, donde trabajaba como camarera. Iba caminando cuando vio a miles de personas por la calle. Los policías no dejaban vender a los floristas y ambos se enfrentaban. “Corrí hacía el lado contrario, pero los agentes ya venían y nos detuvieron a todos. Nos encerraron en las casas y nos dejaron allí hasta las seis de la tarde. Luego nos echaron a los camiones para trasladarnos al penal. Allí dentro me golpearon en la cabeza, me dieron patadas, golpes, pellizcos en los pezones. Me iban metiendo los dedos en la vagina, mordiendo y apretándome los senos. Se lo hacían a todas las mujeres. El maltrato duró cinco horas, mientras nos trasladaban al penal. ¡Fue horrible!”, recuerda Ana María.


El conflicto entre pobladores de San Salvador Atenco y autoridades se inició en 2001, cuando el Gobierno de Vicente Fox Quesada anunció la expropiación de más de cinco mil hectáreas de tierras ejidales (comunales) para la construcción de un aeropuerto en la región de Texcoco, en el Estado de México. El Gobierno les ofrecía siete pesos por metro cuadrado. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) advirtió que se opondría al proyecto machete en mano (por ser su instrumento de trabajo habitual). Y lo hicieron durante cinco años. Finalmente, el aeropuerto no fue construido. Los ejidatarios triunfaron pero el Estado urdió un castigo ejemplar, que tuvo lugar tras los enfrentamientos de la Policía y los floristas en las calles, cuando 3 mil agentes armados sitiaron Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Ana María fue una víctima más entre muchas otras.

Aquel episodio la dejó marcada para siempre y aún conserva el miedo en el cuerpo. Aprendió a vivir con las secuelas de la tortura sexual que padeció junto a otras 46 mujeres agredidas por la represión de las fuerzas gubernamentales contra los pobladores, en su mayoría campesinos y floristas que defendían sus tierras. La violencia de género las convirtió en presas de una doble tortura. A todas les cubrieron el rostro, las desnudaron, las amenazaron de muerte y las insultaron mientras las golpeaban de manera sádica. Incluso hubo casos de violación tumultuaria. Ninguna recibió asistencia ginecológica ni legal. Sus heridas, y las de sus compañeras, no han cicatrizado. El Estado mexicano se niega a impartir justicia. “Y sin reparación del daño, no hay recuperación posible”, dice ella. Estuvo presa 10 días y tuvo que pagar una fianza de 14 mil pesos. Su agresor, al único que pudo verle la cara, nunca pisó la cárcel. “Se llama Doroteo Blas Marcelo. Lo reconocí inmediatamente y, mirándole a los ojos, le dije: ‘Fuiste tú’. El careo duró 15 horas. Sólo lo condenaron por actos libidinosos. Y lo absolvieron de la reparación, incluso sigue siendo policía”. A pesar de los nulos resultados, Ana María no se arrepiente de haber aguantado el tortuoso proceso legal durante los últimos tres años, porque la ha convertido en una mujer más fuerte y solidaria. “Siento impotencia y coraje contra el Gobierno mexicano porque no quiere hacernos justicia a las mujeres. La impunidad es mala”.

La intervención armada en Atenco dejó un saldo de tres muertos, 211 detenidos y cientos de heridos. El estado violó las garantías individuales y el debido proceso legal, utilizó la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El líder de los campesinos, Ignacio Del Valle, fue condenado a 112 años de prisión, el resto a 67 y 31 años. Todo el aparato de justicia se unió para legitimar las sentencias, pero 70 organismos de derechos humanos crearon la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. Numerosas figuras públicas se adhirieron, como los actores Daniel Giménez Cacho y Diego Luna, Manu Chao o la Premio Nobel estadounidense Jody Williams, quien decidió escribir a otros laureados para pedirles su apoyo. También participan en la campaña prestigiosos organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas o el Centro Fray Francisco de Vitoria. Solicitan la libertad de los que consideran presos políticos. Algunos fueron saliendo de prisión, poco a poco, pero aún permanecen en la cárcel 12 de los líderes del FPDT.

“El Gobierno está criminalizando a los movimientos sociales”, afirma la estudiante Mariana Selvas Gómez, víctima de tortura sexual y presa durante año y medio en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. “Vivimos un proceso legal retorcido y seguimos padeciendo esa represión, ahora en lo legal. El Estado nos encarceló de manera injusta. Utilizó terrorismo de Estado. Por eso exigimos justicia”. Hace tres años, Mariana acudió a San Salvador de Atenco para asistir a su padre, el médico Guillermo Selvas Pineda. La Policía cercó también a los que caminaban por la calle, como ella, y no hicieron distinciones. Con las manos en la nuca, Mariana fue golpeada, insultada y violada en uno de los camiones en los que los policías metían a las víctimas para abusar de ellas.

“Utilizaron la violencia sexual para destruir a las personas y a los colectivos”. La cárcel la ha convertido en una fuerte luchadora social. Creó, con otras dos compañeras, la Campaña contra la Tortura Sexual, para dar conferencias sobre el tema en muy diversos foros. “Llevamos tres años de lucha por la justicia. Los culpables continúan impunes. La investigación ha sido bloqueada por el [encontonces] Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, que era Secretario de Seguridad Pública Federal cuando sucedieron los hechos. Por eso sabemos que el Gobierno no se va a autoculpar. El caso no va a avanzar en México, seguirá lleno de mentiras con procesos amañados”.

Las víctimas de Atenco han exigido la renuncia de los responsables del uso excesivo de la fuerza pública y los abusos policíacos contra la población civil: Enrique Peña Nieto, [entonces] Gobernador del Estado de México, Eduardo Medina Mora, ex Procurador de la Nación, Wilfrido Robledo Madrid, ex Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública y el ex Procurador del Estado de México, Abel Villicaña Estrada. El Estado ha aplicado toda su maquinaria para desalentar a las denunciantes.

De las 47 mujeres agredidas sexualmente, sólo 11 han decidido continuar con la investigación ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) dirigida por Guadalupe Morfin, que dimitió de su cargo para postularse a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La dependencia vinculada a la Procuraduría General de la República ha actuado como cortina de humo, entorpeciendo las investigaciones y revictimizando a las agredidas a través de duros peritajes que no son acordes al Protocolo de Estambul. “A tres años de los hechos, la Fiscal Morfin no ha emitido consignaciones, a pesar de existir elementos de prueba que confirman la tortura. No ha acreditado ni siquiera el cuerpo del delito”, comenta la abogada Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, encargado de la defensa de las mujeres.

En el operativo a Atenco participaron 3 mil elementos de la Agencia de Seguridad del Estado de México, de la Policía Federal Preventina y policías municipales de Texcoco, pero sólo se ha permitido abrir averiguaciones a 20 policías por abuso de autoridad: “Ninguno pisó la cárcel. Los 20 se ampararon. Nadie fue consignado por tortura. En México esta no se considera un delito. La impunidad prevalece por las fallas estructurales de acceso a la justicia para los ciudadanos y, sobre todo, por una cuestión de género”. El patrón de conducta de los policías utilizado contra las mujeres fue el mismo: manoseo, pellizcos, penetración anal y vaginal con dedos y objetos. Al llegar al penal denunciaron los hechos, pero se les negó la atención de un ginecólogo: “Fue una estrategia para que no pudieran comprobar las agresiones sexuales”, explica Sáenz.

“Documentar lo que nos ocurrió fue un camino tortuoso”, comenta Bárbara Italia Méndez Moreno, “las autoridades jamás nos dieron la posibilidad de realizar peritajes imparciales. La primera etapa de pruebas fue bloqueada por las autoridades del penal y los médicos, que no quisieron acreditar la tortura. Hubo compañeras que estuvieron hasta dos años en el penal sin atención ginecológica; hasta que salieron de prisión no pudieron revisar sus secuelas”. Bárbara Italia era voluntaria de la Fundación Vida Nueva de México y el día de los acontecimientos había ido a Atenco a investigar el asesinato de un menor, abatido por la policía en otra incursión. “Acudimos tres compañeros, pero no pudimos verlo; tampoco a la familia, a la que queríamos brindarles asesoría psicológica y jurídica. Las autoridades retiraron el cuerpo. De pronto, nos encontramos dentro del cerco policíaco y nos fue imposible salir”. A Bárbara la violaron entre tres policías. Las secuelas de la tortura sexual aún las padece, en tal grado que dejó de trabajar en la Fundación. “Estoy aprendiendo a vivir con esto, a recuperar la persona que era antes de la represión. Es lo más difícil, muy complicado de explicar. Yo dejé de ser quien era. Toda mi vida se vio trastocada. Antes, tratar con el dolor humano no me generaba ningún problema, pero, de repente, al verme del lado de las víctimas no pude… Fui incapaz de volver a trabajar allí”.

En el caso de la artista plástica Norma Aidé Jiménez Osorio de 26 años, las secuelas físicas fueron determinantes para no seguir con su profesión. Esa noche tomaba fotografías de la agresión en Atenco. La torturaron sexualmente y le fracturaron tres dedos de la mano: “Me robaron todo mi equipo fotográfico. Lo primero que hicieron los policías fue ponerme el suéter en la cara. Nunca vi a mis agresores. Me sentaron en la parte trasera del autobús y, al menos tres policías, abusaron de mí”. Lo que aconteció en Atenco no fue un hecho aislado, ni acciones individuales, obedeció a una instrucción del mando superior que ordenó la tortura sistemática con carácter de género. Así lo afirma la alemana Felicitas Treue, directora del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. “Cuando se practica de manera tan abierta como en Atenco, públicamente, a la vista de todos, la tortura sexual es un castigo, un arma utilizada por el Estado. Querían que todos se dieran cuenta, para intimidarles. Usan a las mujeres para generar más miedo, pero no sólo a ellas, también en los hombres, tocando esa parte tan íntima que es la sexualidad. Con eso, el Estado dejó ver que no hay límites, que tiene todo el poder y que las mujeres son un botín de guerra”.

Treue aplicó el Protocolo de Estambul para documentar la tortura física y psicológica. Ha acompañado a las víctimas en su recuperación y, junto a su equipo, ha podido comprobar el grado en que aún están afectadas:”Tienen la autoestima dañada, sentimientos de culpa, de vergüenza, inseguridad… La sexualidad tiene mucho que ver con la identidad, y la tortura sexual busca dañar esa parte. Además, la herida no puede cicatrizar si no hay justicia”.


En eso coinciden todas. Ninguna espera nada del Estado mexicano. Por eso han emprendido una lucha igualmente tenaz en instancias internacionales como la Audiencia Nacional de España o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quieren seguir luchando. Mujeres como Edith Georgina Rosales Gutiérrez, de 53 años, asistente médica del Instituto Mexicano del Seguro Médico, separada con dos hijas, quien se muestra esperanzada en la justicia extranjera para, por fin, superar aquella noche aciaga del 3 de mayo que aún le produce pesadillas y depresiones. “Me taparon la cara para que no los viera. De entrada me dijeron: ‘¡Perra, te vamos a matar! Luego me bajaron el pantalón. Escuchaba cómo violaban a otras mujeres, que suplicaban: ‘por favor, ya, ya….’. Y algunos policías invitaban a otros: ‘Ven, esta vieja está bien buena’”. Edith no quiere olvidar, ni perdonar. Estuvo presa un año y seis meses, acusada de los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado. Durante el enfrentamiento, hubo seis policías secuestrados y luego liberados. Los agentes declararon que los retuvieron un grupo de hombres, no de mujeres. Sin embargo, a las presas de Atenco les endosaron la misma responsabilidad. Edith, por ejemplo, cumplió condena por una imputación así de incongruente. “Mi mamá murió cuando yo estaba en la cárcel. Yo era y soy inocente. El Estado pretendía amedrentarnos y destruirnos, pero mi coraje se ha cristalizado en la lucha contra la impunidad. El Gobierno mexicano no va a dejar de ser juez y parte. Sólo nos queda buscar justicia fuera”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-09-2016/3095801

Corte Interamericana de Derechos Humanos admite expediente sobre violaciones sexuales cometidas por policías en Atenco en 2006

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH), el expediente de los hechos cometidos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde policías cometieron violaciones sexuales, entre otras violaciones a los derechos humanos, durante un operativo policíaco.

Según información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la CORIDH atraerá el caso denominado: “Mariana Selvas Gómez y otras”, mujeres de origen mexicano y extranjero que enfrentaron violencia sexual por parte de policías en dichos días, luego de que fuera recibida la notificación el pasado viernes, 18 de noviembre, por las organizaciones representantes de once de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), y CEJIL.

Agregaron que el caso fue presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008 y que “involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la represión violenta de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco”, detallan. Las víctimas, afirman, han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades ya que los hechos continúan en la impunidad, aseguran.

Explicaron que la instancia internacional defensora de los derechos humanos, admitió el caso “ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley”, y reiteró, dicen, su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de “Belém do Pará” que México ha firmado y ratificado para su aplicación y cumplimiento.

Detallan que a partir de la notificación de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presenten su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.

Ante estos hechos, el CEJIL dijo confiar, “en que la justicia internacional en este caso servirá para reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos causadas, para investigar diligentemente otros actos de violencia sexual y tortura, así como para que se adopten medidas eficaces de prevención de la violencia contra las mujeres y su investigación efectiva” y consideró que un pronunciamiento de la CIDH en este caso serviría para que se adopten medidas eficaces de prevención del uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Durante la represión ejercida en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente por policías.

Según información de Cimacnoticias, entre las mujeres que fueron agredidas se encontraban una mujer indígena de origen mazahua, dos españolas, una chilena y una alemana. De inmediato se hicieron las denuncias por parte de las víctimas que fueron acompañadas por organizaciones civiles para exigir justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.

Dichas denuncias están integradas en un dictamen en el que se señalan tres momentos en los que los abusos sexuales fueron perpetrados, el primero durante la detención de las víctimas, el segundo al ser ingresadas a los camiones que fueran utilizados para su traslado al penal de “Santiaguito” y finalmente en los mismos vehículos durante el traslado. Por su parte, las mujeres detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes en los que enfrentaron estos abusos.

Según el informe los abusos enfrentados por las víctimas consistieron en “manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral”.

Por otro lado, el dictamen señala que, en cuanto a las detenciones realizadas, existen contradicciones en las declaraciones y que la mayoría de las denunciantes indica no poder identificar plenamente a sus agresores y que de las 50 mujeres “aseguradas”, 31 denunció haber sufrido violencia sexual.


Han pasado ya diez años de estos hechos y de que las víctimas acompañadas por organizaciones civiles continúan exigiendo justicia, la “reparación integral del daño y la no repetición”, y esta respuesta llega luego de que, según información de La Jornada, el 5 de mayo de 2015, 11 víctimas, acudieran a la CIDH para denunciar al Estado mexicano, y en concreto a Enrique Peña Nieto, quien en 2006 fuera gobernador del estado de México, que no persistiera en evitar que la instancia internacional emitiera un informe del caso.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-admite-expediente-sobre-violaciones-sexuales-cometidas-por-policias-en-atenco-en-2006/

Narcoelecciones 2018 Plan G-El ruego de Atlacomulco

A raíz de las declaraciones recientes del gran indolente del estado de Mexico hacia periodistas esta plan puede considerarse.

Eruviel Avila ha demostrado ser el jefe de plaza mas servil hacia Peña Nieto, en sus apariciones ante los medios no pierde oportunidad de agradecerle las reformas que lleva a cabo.

Basta ver los comerciales del Edomex hechos a la usanza de mover a Mexico para comprender el mensaje; muchas gracias por su apoyo, sigamos trabajando juntos.

Este bajo perfil brinda simpatía a un producto como Peña Nieto.

¿Porque no ser parte del Gabinete?.

¿Porque ambicionar con mas?.

¿Este ruego es justificable?.

Por supuesto que lo es:

-El gobierno de Eruviel Avila es el bastión del PRI, la madriguera del voto duro del país,el cual incluso se usa para llenar estadios de fútbol,fortalecer mítines de otros candidatos y ofrecer grupos de choque en cualquier momento.

-Es cuna del periodismo hecho a modo para el gobierno,donde el periodismo independiente es un juego arriesgado,y aunque prácticamente no existe, también esta permitido censurar todo indicio de reportajes o revistas externas que empañen la administración actual.

-Primer lugar en feminicidios y trata de blanca en el país.

-Primer lugar en delincuencia y homicidios.

-Primer lugar en desapariciones forzadas y muertes de migrantes en el país.

-Estado de la República mas servicial hacia Televisa (el primer centro Teletón del país se encuentra en el municipio de Tlalnepantla).

-Estado mas represor,donde cualquier manifestación verdadera es prácticamente imposible (recordar también, el estado de Mexico, cuna de antorcha campesina, así como de mafias sindicales de transportistas y comerciantes).

- Estado predilecto de Eurotren Monoviga,OHL,HIGA,Nestlé y Coca Cola.

- Estado con el indice mas alto de deforestación en el país.

-Estado con el mínimo interés sobre cuidado ambiental.

-Estado donde el saqueo a cada municipio es impresionante,inclusive los comparsas que se encuentran en el área administrativa pueden quedarse sin sueldo ni prestaciones de ley por tiempo indefinido o total.

Pero aquí una de las razones de peso mas grandes para justificar el ruego:

-El estado de Mexico demuestra como nadie la mejor planeación para llevar a cabo los antojos y caprichos privatizadores de Peña Nieto (privatización del agua, carreteras privadas, explotación de recursos naturales, aeropuertos, trenes y compadrazgo desmedido) usando toda la fuerza bruta de los cuerpos de seguridad.

El estado de México,el lugar mas perfecto de la dictadura perfecta (que hace palidecer a los otros estados),el lugar sin inhibiciones y sin insurrecciones, la maquina bien aceitada de la partidocracia y el endeudamiento infinito, el bucle mas infame y controlado del país.

Es, pues, un ruego merecido hacia Peña Nieto, su mejor empleado ha dado todo por el.

Colectivo francés se solidariza con Atenco, a 10 años de lucha contra el aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO: El colectivo francés “Zona A Defender” (ZAD), que se opone desde hace cuatro años a la construcción de un proyecto aeroportuario en la pequeña localidad de Notre Dame des Landes, se solidarizó con los pobladores de San Salvador Atenco por el décimo aniversario de la represión orquestada en ese lugar por la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.


En una carta fechada el 3 de mayo, el colectivo galo reconoció la “lucha ejemplar” de los pobladores mexiquenses en “resistencia contra la injusticia imperialista”.

Aseguró: “Las violencias, las violaciones, las sentencias de cárcel que han sufrido siguen ciertamente dolorosas para muchos de ustedes, pero su resistencia permitió bloquear el proyecto de aeropuerto hasta hoy”.

Previsto desde la década de los 60, el proyecto aeroportuario de Notre Dame Des Landes se convirtió en los últimos seis años en un tema que polarizó a la sociedad francesa, pues abrió paso a un arduo debate sobre las consecuencias negativas de los proyectos de infraestructura sobre el medio ambiente. Las obras, concesionadas al gigante de la construcción Vinci, están por erigirse en una zona agrícola húmeda.

En 2010, un colectivo de ecologistas y pobladores opuestos al proyecto –al que tacharon de “Gran Proyecto Inútil”– ocuparon la zona de construcción. Dos años más tarde, el gobierno francés mandó más de mil 200 policías para desalojar la zona.

Así estallaron enfrentamientos, pero no cesó la ocupación. Al contrario, militantes alermondialistas y anticapitalistas convergieron en los campamientos erigidos en la zona para refrendar su oposición al proyecto de infraestructura. Entre ellos, un grupo de pobladores de Atenco visitó en dos ocasiones la zona ocupada por el colectivo francés.

“De sus comunidades indígenas oímos el mensaje que nos debe servir como línea de horizonte: la tierra no se vende, se ama y se defiende”, aseveró el colectivo en su carta.


El pasado 26 de abril, el mismo colectivo emitió otra misiva para expresar su solidaridad con los pobladores de Xochicuautla quienes se oponen a la construcción en sus tierras de la carretera Toluca-Naucalpan, concesionada al empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del gobierno federal y constructor de la llamada “Casa Blanca” de la pareja presidencial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439510/colectivo-frances-se-solidariza-atenco-a-10-anos-lucha-contra-aeropuerto

A una década de la represión en Atenco, repudian con marcha invasión de tierras

CIUDAD DE MÉXICO: Cientos de personas marcharon este día desde San Salvador Atenco al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar 10 años de la represión policiaca en ese municipio mexiquense.


A la movilización que encabezó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se sumaron, entre otros, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y diversas organizaciones sociales.

En el acceso al municipio de San Salvador Atenco, el contingente hizo una parada para recordar la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés, muertos durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006, justo cuando Enrique Peña Nieto gobernaba la entidad.

Más tarde, con machetes y pancartas los manifestantes ingresaron a la Plaza de la Constitución, donde exigieron al gobierno federal frenar la invasión de sus tierras, pues de lo contrario se detonará una gran movilización social.

Uno de los oradores del FPDT advirtió en el mitin realizado en el Zócalo que el gobierno federal de Peña Nieto “nos sigue amenazando y no debemos claudicar”.

Los ejidatarios también recordaron que, en fechas recientes, trabajadores y militares han incursionado en sus terrenos para iniciar obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto que ellos rechazan.


Cabe destacar que el operativo policiaco de hace una década derivó en la muerte de dos personas, 200 habitantes detenidos y abusos en contra de varias mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439608/a-una-decada-la-represion-en-atenco-repudian-marcha-invasion-tierras

Mujeres de Atenco, 10 años exigiendo justicia

CIUDAD DE MEXICO: “Han pasado diez años y seguimos con la palabra impunidad en la boca”, dice con tristeza Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las mujeres detenidas en los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, encarceladas y sometidas a tortura sexual justo cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.


Italia y dos de sus compañeras, Norma Jiménez Osorio y Yolanda Muñoz Diosdada, hacen un balance sobre el impacto de los operativos policiacos de hace una década y sus expectativas ante el litigio que sostienen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Entrevistadas por Apro en compañía de sus abogadas Araceli Olivos Portugal y Daniela Aguirre Luna, ambas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), admiten que políticamente el litigio impacta al gobierno de Peña Nieto, cuyo nombre está intrínsecamente ligado a la represión contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de ciudadanos que se solidarizaron con las protestas encabezadas por esa organización.

En 2012, como candidato a la Presidencia de la república, Peña Nieto no tuvo empacho en reconocer su responsabilidad en ordenar el operativo, en el que participaron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la entonces Agencia de Seguridad del Estado de México, y donde fueron detenidas 47 mujeres; de ellas, 26 denunciaron tortura sexual al momento de ser remitidas a prisión, pero sólo once han mantenido su exigencia de verdad y justicia.

Con sus particularidades, las mujeres sostienen que a diez años de los hechos aún enfrentan las secuelas y el impacto de haber vivido “el horror, el miedo a morir, el terror a ser violada”, dice Italia, “y a ser desaparecida”, acota Norma, quien recuerda que mientras sufrieron la tortura sexual los policías agresores les repetían que podían hacer con ellas lo que les diera en gana.

Para las denunciantes su dolor se ha acentuado al confirmar que el caso Atenco fue para el país “como abrir la puerta a una fuerza inaudita que se convirtió en el común denominador de los operativos policiacos (…) el uso de la fuerza traducido en brutalidad”, apunta Italia.

En medio de la controversia sobre la llamada Ley Eruviel, que pretende legitimar la represión de los movimientos sociales en el Estado de México, Norma Jiménez reconoce que “el país está en un momento terrible”, debido a que la tortura, como método de contención, “es cotidiana, sistemática y generalizada”.

Agrega que esas historias “que aparecen en los medios o que no aparecen pero sabemos que existen”, se han convertido en el motor de “nos permite seguir luchando para que esto no se repita y así fue nuestra lucha desde el principio”.

Yolanda sostiene que la pelea que sostienen en el Sistema Interamericano es una consecuencia de la cerrazón del Estado mexicano en hacer justicia. En su mente siguen frescas las preguntas que agentes del MP, cuando denunciaron los hechos, e incluso visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) les hacían para “hacernos sentir que nosotras habíamos sido responsables de lo que nos había ocurrido y, como querían que cayéramos en su juego, nos preguntaba de distintas maneras la misma pregunta, que si conocíamos a Ignacio del Valle (líder del FPDT, quien también estuvo detenido), cosas que no tenían nada qué ver con lo que sufrimos”.

A diez años, las mujeres de Atenco admiten que en el proceso de buscarse a sí mismas encontraron a otras mujeres que habían sido víctimas como ellas de tortura sexual, casos contextualizados en la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por lo que decidieron participar en la campaña “Rompiendo el silencio. Todas contra la tortura sexual”.

Las once mujeres de Atenco emprendieron la campaña paralelamente al seguimiento que daban al litigio iniciado en 2008 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA que admitió su caso en 2010, y en 2013, en nombre de las quejosas, Italia Méndez acudió a una audiencia pública en Washington para anunciar su negativa a llegar a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano, por lo que aguardarían a que la CIDH enviara el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A tres años de la comparecencia, las mujeres están a la espera de un informe de fondo por el que la CIDH podría determinar la procedencia de la denuncia contra el Estado mexicano ante el tribunal interamericano.
Norma, Italia y Yolanda se quejan de que a pesar de que en 2013 fueron muy claras, hasta ahora el gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en buscar un acuerdo amistoso a través de escritos enviados a la CIDH, “para evitar que emita el informe de fondo”.

Dice Italia: “Tenemos conocimiento de que 14 exagentes de seguridad estatal están detenidos y están siendo procesados en el penal de Santiaguito; hay 14 órdenes de aprehensión, por omisión, en tanto que 21 médicos legistas y un agente del MP están siendo procesados por encubrimiento. No hay ningún policía federal procesado ni mucho menos la cadena de mando”.

Para las mujeres, “el Estado le apuesta a decir que tiene mucha gente procesada, pero tenemos diez años exigiendo justicia, tenemos diez años en que dudamos claramente de que estos procesos nos lleven a esclarecer realmente, que tengamos verdad y que tengamos justicia, no hay sentencias, lo que demuestra la poca voluntad del Estado de esclarecer los hechos realmente”, insiste Italia.

Recuerdan que hace un año, en un afán por prolongar el proceso ante la CIDH, el gobierno de Eruviel Ávila creo un fondo ad hoc para indemnizar a las mujeres denunciantes y a sus abogados, lo que hasta ahora ha sido rotundamente rechazado por las afectadas.

Norma puntualiza que la forma en que se han sentido hostigadas durante el tiempo que llevan litigando ante la CIDH ha sido “esta dilación del Estado, querer negociar la justicia por así decirlo, pero nuestro compromiso va más allá de que si hay gente en la cárcel; es si realmente incidir en que los agentes estatales dejen de torturar a las personas, esa es nuestra interpretación de justicia”.


“Todavía no sabemos si le va a alcanzar al gobierno de Peña Nieto enfrentar el litigio, porque las cuestiones se están atrasando mucho, y al final hemos insistido que para nosotras hay como personajes muy clave, responsables de lo que pasó en San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, pero también entendemos que es una lógica de Estado, y si llega a la Corte, es al Estado al que se va a sentenciar”, advierte Italia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439453/mujeres-atenco-10-anos-exigiendo-justicia

El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 se produjeron violentos enfrentamientos entre diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad y ejidatarios de San Salvador Atenco, un poblado del Estado de México cercano a la capital del país. La refriega dejó como saldo inicial un muerto, decenas de heridos de ambos lados, una veintena de mujeres violadas por elementos de la fuerza pública y 217 detenidos, entre ellos nueve menores de edad.

Los hechos de violencia se desencadenaron cuando ocho floricultores temporaleros, que habitualmente comerciaban sus productos en la vía pública, a un costado del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, cabecera municipal del Estado de México, se negaron a ser reubicados y fueron desalojados con excesivo uso de la fuerza pública por elementos de las policías municipales y estatales. Los floristas y unos 40 campesinos de Atenco que les daban apoyo solidario, entre ellos el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, se atrincheraron en una casa y fueron sitiados por la policía.

Como consecuencia de la acción represiva se inició una escalada de violencia. Ante el sitio policial a sus compañeros en Texcoco, ejidatarios de Atenco bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco y en cinco ocasiones lograron rechazar a la Fuerza de Acción y Reacción del Estado de México y a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que intentaron romper el retén. La muerte del menor Francisco Javier Cortés desató la ira de los atenquenses, que obligaron la retirada desordenada de las fuerzas de seguridad. Dos agentes rezagados fueron brutalmente golpeados por ejidatarios enfurecidos. Mientras tanto, en Texcoco, tras nueve horas de asedio, la policía estatal tomó por asalto la casa donde se habían parapetado los floricultores y sus aliados. Con gases lacrimógenos, golpes de macana y patadas, las fuerzas del orden redujeron a 28 personas, entre ellas a Ignacio del Valle.

Ubicada 16 kilómetros del centro de la Ciudad de México, Atenco es una localidad de 33 435 habitantes, en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican a la agricultura de subsistencia y al comercio formal e informal. El pueblo, que tiene una gran tradición organizativa y de lucha, cobró gran visibilidad pública en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de tierra agrícola para construir una terminal aérea en la zona de Texcoco, alternativa al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La acción gubernamental se llevó a cabo sin consulta previa a los ejidatarios, a quienes las autoridades ofrecieron por sus tierras la cantidad de… ¡siete pesos por metro cuadrado! Luego se supo que lo que fue considerado “el megaproyecto” del sexenio foxista fue negociado con grandes empresas constructoras e inmobiliarias entre ellas ICA, Gutsa y el Grupo Martínez Hermanos.

Ante el decreto expropiatorio, en diciembre del 2001 un grupo de 500 campesinos formaron el FPDT e iniciaron un movimiento de resistencia y en defensa de sus tierras. Su herramienta de trabajo, el machete pasó hacer el símbolo del movimiento. Los gobiernos estatal y federal respondieron criminalizando y estigmatizando la lucha de los atenquenses. Para ellos contaron con la colaboración de las principales cadenas privadas de radio y televisión y de algunos medios impresos. Sin embargo, después de nueve meses de conflicto el gobierno federal se sentó en una mesa de diálogo y negociación con los ejidatarios, el 1 de agosto del 2002 las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, que se oficializó con una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto siguiente.

El 10 de setiembre de 2002 el frente intentó transformar San salvador Atenco en un municipio autónomo y se instaló un consejo popular en sustitución del ayuntamiento local priísta. Pero el intento no prosperó. Con posterioridad, en el marco de una serie de negociaciones con representantes de los gobiernos federal y estatal, los campesinos de Atenco renunciaron a constituirse en un municipio autónomo a cambio de que las instancias de procuración de justicia, estatal y federal, enviaran a reserva 51 denuncias penales que se habían levantado en contra de integrantes del FPDT.

A partir de ese momento el FPDT adquirió carácter de actor político regional y se solidarizó con distintos movimientos sociales en México y en el exterior. También se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los días 24 y 25 de abril de 2006 recibió al subcomandante Marcos en San Salvador Atenco, en el marco de La Otra Campaña.

Ocho días después se desencadenaron los hechos de violencia en Texcoco y Atenco. Con una particularidad: por la parte oficial intervinieron la autoridad municipal, en manos del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD), el gobierno del Estado de México, cuyo titular Enrique Peña Nieto pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el gobierno federal, encabezado por el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).

Según consignó en un informe de observación el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., en la toma de Atenco el 4 de mayo, participaron 4 000 elementos de las policías federal, estatal y municipal –entre ellos 1500 elementos de la PFP, incluido el Grupo de Operaciones Especiales de esa corporación, y 1500 uniformados pertenecientes a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense- para reducir a 300 civiles; una relación de 10 a 1. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, escopetas de sal, macanas, escudos, armas de fuego y un helicóptero. Los civiles usaron machetes, petardos, palos, piedras, bombas molotov y cañones de pólvora.

De acuerdo con el Centro Pro, la acción policial exhibió un uso excesivo de la fuerza pública, “no ceñido a los principios de proporcionalidad, absoluta necesidad y razonabilidad”, lo que se tradujo en la violación masiva de derechos humanos como consecuencia de allanamiento de morada; detenciones arbitrarias (no hubo orden de aprehensión ni flagrancia); la privación arbitraria de la vida de Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial, disparada por un agente de la policía estatal; un saldo de varios heridos de gravedad, entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía, que se le incrustó en la cabeza y le causó doble fractura de cráneo, por lo cual falleció el 7 de junio siguiente, y Arnulfo Pacheco, un parapléjico de 55 años, quien, pese a su discapacidad, fue golpeado “brutalmente” por elementos de la policía; agresiones y violaciones sexuales a 23 de las 44 mujeres detenidas, así como violaciones a los derechos procesales de los prisioneros. Además, las autoridades procedieron a la expulsión arbitraria de cinco personas de nacionalidad extranjera. Inicialmente fueron consignadas 189 personas por delincuencia organizada y algunos detenidos enfrentaron cargos de secuestro equiparado y ataque a las vías comunicación por el bloqueo de la carretera federal Lechería-Texcoco, delitos considerados graves, por lo que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma.

ATENCO Y EL TERROR BENIGNO

La violencia en México es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. La violencia gira en redondo: un día explota en Ciudad Juárez, al día siguiente en Acapulco, Nuevo Laredo o Santa Fe. Ha pasado por Ciudad Lázaro Cárdenas y San salvador Atenco. Pasó por aquí, pasará por allá. Es el juego de las prendas. Un círculo perverso de violencia y contraviolencia, de terror y contraterror, envuelve a todo el país. Violencia oficial. Violencia del crimen organizado. Violencia de los de abajo en respuesta y/o en venganza de la violencia estatal. Con un agregado: dado que en julio de 2006 habría elecciones en México, el círculo de violencia deshumanizada se alimentó y retroalimentó con campañas de odio yguerras sucias mediáticas, dirigidas a preparar el voto del miedo, como en 1994 y 2000.

Durante los sucesos de Atenco y los días subsiguientes, como antes en el caso de los mineros de Sicartsa, la mayoría de los medios informativos, y no pocos conductores, columnistas y editorialistas “estrellas”, se unió en una campaña de linchamiento orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenquenses como intrínsecamente violentos y levantiscos. Desde las siete de la mañana del 3 de mayo, los noticieros del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), medrando con el escándalo, se dedicaron a tergiversar los datos y a calumniar a las víctimas de la violencia oficial, tratando de hacer pasar por información objetiva lo que en realidad era propaganda interesada. Incluso, los “comunicadores” de la televisión y la radio llegaron a sugerir que el conflicto podía estar vinculando a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país, lo que alimentaba la hipótesis de la “subversión” deslizada en los medios por los altos mandos de los organismos del Estado.

Imbuidos de un “deber patriótico” de claro sesgo reaccionario, los medios y sus empleados utilizaron como tantas veces antes un doble estándar o rasero que confunde a la audiencia, al ciudadano común, que no puede distinguir esas duplicidades y que a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”.

Nunca está de más repetir que la propaganda es el principal procedimiento de acción psicológica e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y de técnicas psicológicas afines, con el objetivo de alterar y controlar opiniones, ideas y valores.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Carlos Fazio

http://www.somoselmedio.org/article/el-caso-atenco-%C2%BFlaboratorio-para-un-estado-contrainsurgente

Pronunciamiento Comité por la Madre Tierra en San Salvador Atenco

México, 3 de mayo de 2016.

SEGUNDO COMUNICADO DEL COMITÉ EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA

Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

[leído en San Salvador Atenco por el antropólogo Gilberto López y Rivas]

Como parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y acompañando dicha iniciativa, queremos manifestar nuestra preocupación por la creciente tensión que se percibe en varias partes del país, en lugares donde pueblos campesinos e indígenas por un lado, y vecinos en sus barrios por el otro, defienden la tierra, el agua y los bienes comunes naturales.

Quienes signamos este documento hemos seguido desde hace tiempo el proceso de lucha de San Salvador Atenco contra el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La movilización y la organización de campesinos y habitantes de los pueblos que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se ha convertido en un símbolo de todas las luchas que en el país están defendiendo la naturaleza, la tierra y sus propias formas de vida, así como la producción y la organización comunitaria. Además, Atenco ha sido un símbolo en la defensa de los derechos humanos. No podemos olvidar que además de la violenta represión que sufrió su comunidad en los acontecimientos de mayo de 2006, fecha de los sucesos atroces que hoy recordamos, y de las violaciones a la ley, a la integridad física de los habitantes de San Salvador Atenco, muchas personas solidarias de la sociedad civil nacional e internacional también sufrieron la represión y hasta la violación sexual a varias mujeres por parte de los policías que las detuvieron. El encarcelamiento por razones políticas, y el uso faccioso de la ley que se hizo hace una década, cuyas consecuencias aún perduran, no deben repetirse nunca más. Atenco hizo visible los inaceptables niveles de impunidad, represión y arbitrariedad del Estado mexicano.

En el nuevo proyecto del aeropuerto de Ciudad de México, y específicamente en los trabajos para la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco, resulta alarmante la operación de la empresa Cypsa Vise en tierras de la comunidad de Tocuila, integrante del Frente. Ello ha generado un ambiente de tensión y polarización, pues ambos proyectos se realizan precisamente en tierras en las que un importante y fuerte movimiento campesino lleva década y media resistiendo para impedir los impactos que tales proyectos tendrán en su vida productiva y en su cultura local. Al igual que sucede en buena parte del país, estos megaproyectos se llevan a cabo sin la información, consulta y consenso de quienes desarrollan otros modos de vida. La oposición y los recursos legales que habitantes y campesinos han interpuesto contra los mismos deberían despertar la sensibilidad de las autoridades y los gobiernos correspondientes, y por supuesto, de la empresa constructora. Por ello, llamamos al gobierno del Estado de México y al gobierno federal a evitar bajo cualquier circunstancia medidas represivas y a garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los opositores y movilizados contra estos proyectos.

Asimismo, a través de este texto y nuestra voz conjunta deseamos hacer visible que las tensiones vividas en Atenco se reproducen en muchos otros lugares del país. Como voceros de las regiones, académicos, músicos, actores, actrices y religiosos, nos preocupa el conflicto generado por la extracción de grava en el río Papagayo, explotación pétrea a la que se opone el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. En las últimas semanas ha determinado mayor tensión contra esa emblemática organización comunitaria de Guerrero y la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra sus voceros. Son preocupantes también las denuncias de amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable de Tecámac, en el Estado de México, uno de los importantes procesos autónomos de gestión de este bien natural. Además, son destacables las movilizaciones de los barrios de Santo Domingo y los Pueblos La Candelaria y Los Reyes en Ciudad de México que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria. Finalmente estamos atentos a los acontecimientos en la comunidad otomí de San Francisco Magú, que desarrolla un incipiente proceso de organización autonómica, además de mantener su lucha contra el desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso, donde en las últimas semanas ha crecido la tensión contra las autoridades municipales y estatales. La exigencia de reconocimiento de sus propias autoridades comunitarias recorre el mismo camino legítimo que han seguido muchos pueblos indígenas de todo el país, que luchan por su reconstitución y su autonomía.

Todos estos procesos hablan de que la lucha por la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales está presente en todo el país, de la necesidad de entrelazar a muchos de estos movimientos, cuya lucha en común es precisamente la defensa de la madre tierra. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a apoyar a estos barrios, pueblos y comunidades, multiplicando su voz, apoyando para hacer visible su lucha, a solidarizarse y acompañarles, sumándose a esta campaña nacional.

A los procesos comunitarios de Tocuila, Atenco, Tecámac, CECOP, San Francisco Magú y los barrios y pueblos del Sur de la Ciudad, les enviamos nuestro mensaje de respeto, reconocimiento, solidaridad y apoyo en su lucha por la defensa de la tierra, que es al mismo tiempo, la lucha por su modo de vida comunitaria y por proteger las bases naturales que permiten la reproducción de la vida.

COMITÉ POR LA MADRE TIERRA somos:

Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, (vocero región centro); Gerardo Meza, de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente (vocero Ciudad de México); Manuel Gómez Hernández de Servicios y Asesoría para la Paz (vocero Chiapas); Tomas Pérez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (vocero Guerrero); Gabriela Molina de la organización de Defensores del Territorio Comcaá’c, (vocera región norte); Rosalinda Dionicio Sánchez de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (vocera región Oaxaca); Santos de la Cruz Carillo del Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta (vocero región Occidente), Ofelia Medina (actriz), Rubén Albarrán (músico-Café Tacvba), Ana Esther Ceceña (economista), Julieta Egurrola (actriz), Gilberto López y Rivas (antropólogo), Sofhie Alexander (actriz), Miguel Concha (religioso), Fernanda Paz (antropóloga), Roco Pachukote (músico-Maldita Vecindad), Magdalena Gómez (jurista), Moyenei Valdés (músico), Sergio Aguayo (politólogo), Juan Villoro (escritor), Daniel Giménez Cacho (actor), Giovanna Zacarías (actriz), Alejandro Solalinde (sacerdote), Panteón Rococó (músicos), Raquel Gutiérrez (académica), Liz Gallardo (actriz), Humberto Robles (dramaturgo), Laura Carlsen (académica), María del Carmen Farías (actriz), Enrique González Rojo (poeta), Alicia Castellanos (antropóloga); Gustavo Esteva (analista), Lengualerta (músico), Paulina Fernández Christlieb (académica), Begoña Lecumberri, Alfonso Figueroa (músico), Arturo Carrasco (sacerdote anglicano), Rastrillos (músicos), Alejandro de Coss (investigador), Carlos Fazio (académico)

Con información de Judith Flores, Brigada Solidaria.