A 10 años de Atenco: Tortura sexual, práctica común de la policía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza el caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006 protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras personas arrestadas que no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.

“Tierra sí, aviones no”, el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga

Caso abierto

La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la insistencia de las sobrevivientes.

Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW para informar que había “avances” en las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual.

Tampoco se ha investigado la responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos policiacos.

En 2006 el secretario de Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración, y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador de la entidad.

Sigue la resistencia en Atenco contra el nuevo aeropuerto. Foto: Hugo Cruz

Inacción judicial

En meses recientes, otras de las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que, dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial para llamarlos a declarar.

Según Olivos Portugal, estos casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica para evitar el desalojo de los vendedores de flores.

Desafortunadamente, explica la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias, tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en 2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia Medina.

Y resaltan también los casos de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.

De acuerdo con testimonios recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos, descargas eléctricas, golpes e incomunicación.

Estos casos aún están en proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la litigante, estas denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una protesta social.

Al respecto, entre 2014 y 2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en prisión preventiva.

En este contexto, el Senado analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.

Fuente: Proceso

Autor: Anayeli García Martínez

http://www.proceso.com.mx/439222/a-10-anos-atenco-tortura-sexual-practica-comun-la-policia-mexicana

Víctimas de represión y tortura de Atenco crean Comité de Sobrevivientes

MÉXICO, DF: Unidos por el rechazo a lo que consideran una “simulación de justicia”, unos 80 comuneros que fueron reprimidos durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en la carretera federal Texcoco-Lechería conformaron el Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco.

En conferencia de prensa, integrantes respaldados por el líder del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, acusaron ser revictimizados en careos judiciales a los que han sido llamados como testigos de descargo de 12 policías, 21 médicos legistas y un ministerio público que son procesados por el delito de tortura y encubrimiento en las causas penales 55/13 y 166/14.

Las causas penales fueron abiertas a partir del litigio que siguen 11 mujeres detenidas en Atenco en mayo de 2006 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, por “tortura sexual”.

Mario Orta integrante de Comité explicó que la primera acción es “desacatar” los llamados del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México para comparecer respecto de las causas penales la 55/13 y 166/14 en las que han comparecido 43 y 44 comuneros respectivamente y faltan por declarar como testigos 49 personas más entre hombres y mujeres.

El rechazo a las comparecencias se debe a que los integrantes del Comité consideran que “el gobierno y sus ministerios públicos son juez y parte y lo único que pretenden es simular justicia y procesar a los más bajos niveles de una cadena de mandos que se niegan a investigar”.

Orta añadió que en la más reciente audiencia llevada a cabo el martes 17 en el penal de Santiaguito expresaron al juez su rechazo a acudir a un nuevo llamado.

“Le explicamos que íbamos a promover que se nos dejara de notificar para comparecer. Nos pidió nuestros motivos y entre ellos es porque los careos son revictimizantes porque la prueba ya se agotó. Hemos comparecido más de 80 personas y los testimonios se repiten una y otra vez, ya no tiene caso que sigan llamando a más mujeres y hombres a los careos.

“Vamos a dejar por escrito que ya no nos vamos a presentar a ningún careo con mandos bajos, vamos a desacatar esos llamados, vamos a desobedecer”, dijo el comunero quien agregó que sólo acudirán como testigos cuando se llame a comparecer a quienes consideran los “verdaderos responsables intelectuales y políticos: desde el nivel municipal” hasta quien en ese momento era el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto.

“Cuando se llame a comparecer estaremos dispuestos a carearnos, mientras desacataremos los llamados como parte de una protesta pacífica, ideológica y política”, apuntó Orta.

De acuerdo con los integrantes del Comité además de Peña Nieto entre los responsables de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 estarían el expresidente Vicente Fox Quesada, Daniel Cabeza de Vaca, entonces titular de la Procuraduría General de la República; los exsecretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Carlos Abascal Carranza, fallecido el 2 de diciembre de 2008, y Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También el entonces secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y actualmente diputado, Miguel Ángel Yunes; Genaro García Luna, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigación, y Ardelio Vargas, exjefe de la Policía Federal Preventiva y hoy comisionado del Instituto Nacional de Migración.

El Comité considera también como responsables a Wilfrido Robledo Madrid, exdirector de la Policía Federal Preventiva y excomisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México; Abel Villicaña Estrada, exprocurador general de Justicia estatal, y Humberto Benítez Treviño, entonces secretario General de Gobierno.

Del ámbito municipal ven responsabilidades en el expresidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, quien está nuevamente en el cargo; Raúl Alberto Castrejón Núñez, exsubprocurador de Justicia, y Pascual Pineda Sánchez, expresidente municipal de San Salvador Atenco.

Los integrantes del Comité acusaron la pretensión del Estado mexicano de entregar fondos económicos a las víctimas de los hechos con lo que se pretende “silenciar la dignidad”.

Según Jorge Orta los abogados defensores de los servidores públicos que están siendo procesados “empiezan a manejar el rumor de que va la reparación de daño para todos” como parte del decreto emitido en mayo pasado por el gobernador Eruviel Ávila por el que se crea un fondo para indemnizar a las 11 mujeres que litigan en la CIDH, mismo que ha sido rechazado por las agraviadas.

Tras recordar que tanto la conformación del Comité como el rechazo a comparecer en las causas penales no fueron medidas acordadas con las denunciantes ante la CIDH, Orta reconoció que en el rechazo a la indemnización hay compatibilidad con sus 11 compañeras.

“Ni ellas ni nosotros entendemos la reparación del daño como algo económico, como algo aislado, sino como un conjunto que lo marca la ley, la verdad de lo que pasó ahí, que haya justicia y castigo a los responsables y la reparación del daño como disculpa pública, pero eso sería lo último”.

Presente en el evento Ignacio del Valle apuntó que aunque el proceso organizativo anunciado “es un proceso que tiene otro nivel, es parte de lo mismo, sentimos lo mismo que ellas (las 11 de Atenco), la rabia la compartimos, Enrique Peña Nieto es uno de los actores principales y responsable de esta agresión a esta resistencia por la tierra”.

Entre los integrantes del Comité estuvieron presentes en la conferencia Evaristo Vázquez Durán, Filemón Rojas Ramos y Mario Francisco Ávila Meza.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421544

Repudia el Frente de Pueblos “dádivas” a víctimas de Atenco

SAN SALVADOR ATENCO, Edomex: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no recibirá dádivas del Fondo de Indemnización a Víctimas, debido a que con esta acción se pretende dar carpetazo al caso Atenco, advirtió Ignacio del Valle, líder de la organización.

Del Valle Medina precisó que la posición del Frente es la misma desde sus inicios, a pesar de todas las represiones sufridas: la exigencia de justicia.

“Desde luego que no, no somos ingenuos, no queremos esa dádiva… Quien iría a la cárcel, en principio, si hubiese justicia, sería él –el presidente Enrique Peña Nieto–, porque reconoció públicamente que él ordenó –como gobernador– la represión del 3 y 4 de mayo de 2006”, dijo.

Con la entrega de ese recurso y el llamado a una última audiencia en los juzgados del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, aseguró, las autoridades están buscando cerrar ese capítulo.

“Es como el requisito que necesita el gobierno para darle carpetazo a ese asunto: Te obligo a ir a señalar al que te agredió, al chivito expiatorio –los elementos policiacos sujetos a proceso–, y ya no te hablo como víctima, sino como testigo. El gobierno quiere cerrar ese capítulo, quiere decir que se complementó el proceso, decirle a la Corte que resarció el daño con el fideicomiso”, alertó.

Las integrantes del Frente, abundó, sobre todo las violentadas, han actuado con mucha dignidad, de tal manera que si quisieran habrían recibido la indemnización desde hace mucho tiempo; “no la van a aceptar”, acotó.

Por ahora, dijo, la exigencia de justicia por los excesos cometidos contra los integrantes del Frente se encuentra en otro nivel, fuera del país, donde a pesar de que ha implicado un buen plazo se confía en una determinación favorable.

Posiblemente este fin de año, compartió, haya un resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se acusa a Peña Nieto, a las autoridades municipales de Texcoco y a las del Estado de México de incurrir en un crimen de lesa humanidad por la represión y confabulación con que actuaron en contra de los integrantes de la organización que se opusieron a la construcción del aeropuerto en sus tierras.

“Es un crimen de Estado repugnante que no podemos aceptar ni perdonar, no por un sentido de venganza, sino de justicia. Tenemos esa postura de no olvidar lo que nos cambió la vida totalmente”, advirtió.


El 20 de octubre, el procurador Alejandro Gómez anunció que la dependencia a su cargo se encontraba ya en etapa de individualización de la compensación a 11 mujeres de Atenco agredidas sexualmente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421051