A 18 años de los hechos de la represión social en San Salvador Atenco, en el Estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal, hoy no hay ni un solo detenido en toda la cadena de mando que planeó y ejecutó el operativo, así lo reveló María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Esta información la dio a conocer la defensora de Derechos Humanos en una entrevista durante el programa radiofónico de Análisis Feminista, de la periodista Lucía Lagunes Huerta, donde dio detalles de los nulos avances en la investigación a pesar de la sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por este caso.

A 18 años de la represión a la movilización en San Salvador Atenco, y a más de cinco de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una sentencia condenatoria a México por la tortura sexual cometida por agentes del Estado contra 11 mujeres, la impunidad continúa, denunciaron Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organizaciones que representan a las once mujeres que fueron abusadas sexualmente como forma de tortura durante los hechos de represión los días 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco.

A 17 años de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias  y actos  de tortura  —en particular tortura sexual contra mujeres—  por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y a más de cuatro años de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han dado un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia.

Las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual durante un operativo policial en Atenco, Estado de México, en 2006, exigieron que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue la totalidad de los hechos, «incluyendo la responsabilidad de todos los perpetradores tanto a nivel estatal como federal, así como la cadena de mando».

Señalaron que es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) remita la investigación de las autoridades involucradas en el crimen a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la FGR, como ordenó una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano. De lo contrario, aseguraron, se seguiría obstaculizando el acceso a la verdad y la justicia.

A 16 años del operativo policiaco en San Salvador Atenco y más de tres de la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la tortura sexual cometida en agravio de al menos once mujeres en aquel despliegue ordenado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, la impunidad y el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal regional.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a las once de Atenco, apuntó que “hoy más que nunca, las medidas ordenadas por la Corte IDH son más que pertinentes ante las evidencias de tortura sexual que siguen viviendo las mujeres y la falta de controles sobre la Guardia Nacional”.

Aunque Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, víctimas de desaparición forzada por un grupo de entre ocho y diez militares en el Ejido Benito Juárez, en el estado Chihuahua, en 2009, no tenían nada en común con las once mujeres golpeadas, detenidas y torturadas sexualmente por mil 815 policías municipales y estatales en Atenco, en el Estado de México, en 2006, también fueron víctimas del modelo de seguridad.

En ambos casos las víctimas buscaron justicia —en el primero la familia de las personas desaparecidas y en el segundo las sobrevivientes de tortura sexual— y lograron que sus denuncias se dirimieran en el máximo tribunal de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre de 2018 emitió dos sentencias donde, de fondo, señaló la falta de control sobre el actuar de las fuerzas de seguridad en México.