El 21 de enero también fue detenido David "N", exintegrante de Protección Civil de Iguala, en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades informaron que llevaba metanfetamina y marihuana al momento de su captura.

Según la "Narrativa de los Hechos" presentada en septiembre de 2023, policías municipales de Huitzuco trasladaron a un grupo de normalistas con la orden de esperar instrucciones de "El Patrón". Entre los agentes involucrados estaban Celedonio y Ariel Núñez.

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno mexicano continúa con la investigación y las detenciones de presuntos responsables.

“¡Tírense al suelo!”, recuerda que escuchó a alguien gritar al momento de los disparos. “¡Shuuun!”, “¡Shuuun!”, es como recuerda que sonaban las balas que pasaban cerca de él, tirado detrás del primer autobús, de cara al periférico, donde se resguardó.

En el intento de protegerse, pudo toparse con quienes, con una descarnada saña, le arrancaron el rostro a Julio César Mondragón Fontes.

Ulises fue parte del grupo que se refugió en la clínica Cristina, en busca de auxilio para el “Oajaco”, como llamaban a Édgar Andrés Vargas, originario del Istmo de Oaxaca, quien tenía destruida la boca por un balazo que lo alcanzó. “¡No te vayas oajaco!”, recuerda le decía. 

Otro momento de riesgo ocurrió en esa clínica, porque hasta ahí llegó el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, quien les negó el auxilio y les advirtió que llamaría a los policías que poco antes los habían agredido. 

La mala suerte, en realidad, la pudo tener cualquiera. “Yo pude haber sido uno de ellos. Yo pude no haber regresado de Iguala. Mi cuerpo pudo haber regresado en un ataúd”.

Ulises decidió salir de Guerrero

Por una razón que no se explica, Ulises es uno de los sobrevivientes de esa noche. A sus 30 años es docente de una primaria en el Estado de México, desde 2017, después de ganarse una base, mediante examen, un año después de que egresó. Buscó irse de Guerrero. 

Trabajar lejos también es consecuencia de aquella noche y de un contexto que tampoco colaboró.

Tixtla, sede de la Normal Rural, de donde es originario, es uno de los lugares que, con el paso de los años, ha ido cambiando por las acciones criminales que modificaron el entorno. El intento de los criminales por privar de su libertad a uno de sus tíos terminó por convencerlo de irse.

Sin contar que las oportunidades laborales se reducían a lugares también afectados por diferentes violencias. En los meses inmediatos a egresar de Ayotzinapa, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le dio un par de interinatos –contratos temporales como maestros–, uno en la zona de Quechultenango, de donde se sabe son originarios los líderes del grupo criminal con mayor presencia en la zona Centro, y en la Sierra de Leonardo Bravo.

El colmo, lo dice con una risa irónica, es cuando lo quisieron enviar a un pueblo de Cocula, zona que forma parte del territorio de la noche de agresión a normalistas. Tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en Guerrero, pero ante tales opciones, decidió salir.

Migrar del estado lo ha apartado de otro aspecto formativo en la Normal Rural, el político y el social –formó parte del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI) de la dirigencia estudiantil–, porque se desvinculó de casi todas las organizaciones involucradas en estos procesos, pero acompaña el movimiento de las madres y los padres de sus compañeros desaparecidos y asesinados, y acude a dar su testimonio para las investigaciones oficiales como testigo, incluso, sin protección porque, como bien lo sabe, ese pudo ser su destino.

“Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, expuso Rosales.

El diálogo entre los familiares de los normalistas y el Gobierno federal se retomó con la llegada de la administración de Sheinbaum, pues en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación entre ambas partes se tensó.

“Los testigos son endebles”

Durante dos horas y media, los padres y madres de los 43 jóvenes dialogaron con Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Población, Derechos Humanos y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad especializada para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Rosendo Gómez Piedra.

Las autoridades informaron a los interesados que se conformará una nueva unidad de investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y tendrá como eje principal el análisis de la telefonía celular y datos relacionados con el caso.

Asimismo, se buscará obtener los expedientes del Ejército mexicano que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los familiares han señalado como clave para avanzar en las investigaciones.

“Se está retomando el corazón de la investigación, que ya en la última etapa de la anterior administración se había dejado de lado”, señaló Rosales. “La Presidenta decía —y coincidimos en ese punto— que no se puede depender de los testigos medularmente, porque los testigos muchas de las veces son endebles, manipulables o cambiantes en una declaración, y en cambio las pruebas científicas tienen más honestidad, y creo que este nuevo equipo de investigación quiere llegar a ese punto”.

A la par, seguirá operando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que se instaló en el sexenio de López Obrador.

Tras la reunión, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, aseguró en entrevista que aunque esperaban que en la reunión se presentaran avances concretos, ven una disposición de la Presidenta para retomar las investigaciones.

“Creo que si queríamos partir de una base de confianza, creo que tenemos que empezar de ahí e ir con los señalamientos que hay hacia varias personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos, y si existen elementos probatorios hacia la persona, pues se va a proceder a seguir la investigación contra cualquier persona, o funcionario, o policía”.

Acudirían a tribunales internacionales para extradición de Zerón

Con respecto a la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra prófugo en Israel, Rosales no se descartó acudir a tribunales internacionales para lograr que el ex funcionario testifique.

Detienen a presunto implicado en caso Ayotzinapa

Esta misma mañana, el Gobierno federal dio a conocer la detención de Martín Alejandro “N”, alias “Kamala”, a quien se le señala de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. 

De acuerdo con las autoridades, en el expediente del caso obran declaraciones de “Kamala” en las que admitió haber sido el responsable de disparar a los estudiantes, por órdenes del “Choky”, además de supuestamente participar en el atentado contra los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Martín Alejandro “N” ya había sido detenido anteriormente, pero fue liberado en 2018.

Rosales dijo previo a la reunión con Sheinbaum que esperaban recibir más información sobre el tema, puesto que “hay muchos detenidos, pero todos, la mayoría de estos detenidos tienen que ver con el tema de la Verdad Histórica”. 

“Si se están deteniendo varias personas, pero están ligados a esta investigación que ya fue desechada, una investigación irregular, desahuciada, pues yo creo que no estamos avanzando”.

En la captura también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN). 

De acuerdo con el expediente, el detenido declaró sobre su participación en el atentado contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Así detalló que, por instrucciones de una persona identificada como “Choky”, le disparó a los normalistas en el centro de Iguala, Guerrero, donde fueron asegurados 17 estudiantes que posteriormente subieron a sus camionetas y fueron llevados a una casa de seguridad donde fueron asesinados inmediatamente. 

Que posteriormente utilizaron una excavadora para enterrarlos en el rancho donde se encontraban y a otros siete estudiantes los quemaron. 

De acuerdo con las autoridades, Martín Alejandro “M” fue puesto a disposición del ministerio público Federal para definir su situación legal.

Melitón Ortega, integrante del comité de padres y madres de los 43, recalcó en entrevista muy cerca del monumento del Ángel de la Independencia que los familiares llegan al encuentro del viernes con la petición de escuchar “avances” a más de una década del caso. 

Por ejemplo, dijo, quieren saber si ya hay avances en cuanto a su exigencia de que el Ejército entregue 800 documentos de inteligencia militar que fueron detectados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), y que podrían contener información del caso Ayotzinapa; unos documentos que en el sexenio de López Obrador fueron negados por parte de la milicia, argumentando que entre estos hay información confidencial, o que no es relevante para el caso, o que corresponden a otros casos. 

En la primera reunión que tuvieron el 4 pasado de diciembre, los padres y madres refirieron que la presidenta les prometió que enviaría una carta dirigida a la Secretaría de la Defensa para solicitar esa información. 

Melitón Ortega también dijo que quieren saber en qué estatus se encuentra la añeja petición de extradición a Israel de Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Peña Nieto, y que está prófugo en ese país luego de ser acusado de torturar a un presunto líder de Guerreros Unidos en la fabricación de la llamada ‘Verdad Histórica’, la cual redujo y limitó la participación del Estado mexicano en la desaparición de los normalistas al ámbito de unos pocos policías municipales corruptos y coludidos con el crimen organizado en Guerrero. 

Otro de los planteamientos que le harán a la mandataria, dijo el activista, es saber qué avances hay en cuanto a la petición que le hicieron en diciembre pasado de fortalecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), luego de la salida de su titular Alejandro Encinas.

“Hace tiempo que la Covaj dejó a un lado el verdadero objetivo por el que fue creada y se dedicó a otras cosas que no ayudan a que se siga avanzando en el caso. Se le planteó esto a la presidenta, y ella estuvo de acuerdo”, señaló el propio Ortega tras la primera reunión con la mandataria en diciembre pasado. 

Por otra parte, durante la marcha de ayer miércoles, Melitón Ortega también refirió que, en esta ocasión, llegan a la reunión en Palacio Nacional “con los ánimos renovados” luego de que los padres y madres rompieran el diálogo y los encuentros periódicos que mantenían con el expresidente López Obrador, a quien acusaron de “traicionarlos” y de ponerse del lado del Ejército para exonerarlo de cualquier posible responsabilidad en el caso Ayotzinapa. 

Los padres y madres, cabe recordar, consideran que, a raíz de una investigación que dejó el GIEI antes de su partida del país en julio de 2023, hay indicios suficientes para determinar que, además de policías municipales, también hubo participación del Ejército en la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Por lo que exigen que se investigue a fondo el papel del Ejército. 

Sin embargo, el expresidente rechazó en numerosas ocasiones esta posibilidad, tanto en sus conferencias mañaneras, en las que acusó a los abogados de los familiares y a los activistas que acompañan el caso de estar manipulando a los padres y madres, como en reuniones privadas, argumentando que “no hay pruebas” de esa posible participación. 

Lo anterior detonó que las posturas de ambas partes se enquistaran hasta que el diálogo quedó completamente roto al final del sexenio obradorista. De hecho, los padres ya no asistieron a la última reunión con AMLO en septiembre del año pasado. 

Ahora, en el segundo encuentro con la nueva presidenta, Mario César González, padre del normalista desaparecido César Manuel González, adelantó que van a pedir a Sheinbaum que “se profundice” en esta línea de investigación que dejaron los expertos del GIEI antes de su partida.  

“Queremos que se profundice en esa línea que incluye a las fuerzas armadas. Necesitamos que la presidenta fije una postura, porque queremos saber qué va a pasar. Es decir, queremos saber si la va a querer continuar o no”, apuntó don Mario, que recalcó la exigencia de que “se retome todo lo que ya dejó listo el GIEI”.

“Es importantísimo que regresen los expertos del GIEI porque tenemos confianza en ellos y en el trabajo que hicieron”, subrayó.

Asimismo, don Mario puntualizó que la nueva presidenta “ha tenido una mejor disposición” que la del expresidente López Obrador para ahondar en las investigaciones del caso. De hecho, desde el pasado 29 de julio de 2024, en un primer encuentro con los padres y madres, aún como presidenta virtual que no estaba en funciones, Sheinbaum recalcó que “el caso Ayotzinapa no va a caer en el olvido”, a pesar de que ya se cumplió la década de la desaparición de los estudiantes. 

Sin embargo, el señor Mario también advirtió que nada de lo anterior es suficiente. 

“Eso no nos alcanza para saber la verdad. Queremos avances, resultados. Porque la disposición la puede tener, pero lo que debe tener también es la voluntad política para romper ese cerco con el Ejército y con todas las autoridades que participaron, porque si no lo rompemos, nunca vamos a avanzar”, puntualizó.

Meses después, el 4 de diciembre, tuvo lugar la primera reunión, ahora sí como presidenta en funciones, entre Sheinbaum y los familiares de los 43. Ambas partes definieron la reunión como “un buen inicio para reconstruir el diálogo y establecer una relación con menos tensiones”. 

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, resumió el encuentro de la siguiente forma: “Habrá una revisión de los expedientes y de los elementos importantes que hay en los mismos, y se utilizará la tecnología con la idea de que lo más importante es encontrar la verdad”.

Víctimas y testigos del día de los hechos señalan que “El Bombero” conducía una camioneta que presuntamente se utilizó para atacar a los estudiantes y que también se habría utilizado para su desaparición.

Por todo lo anterior, dicha persona contaba con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Guerrero, misma que será ejecutada en las próximas horas.

De bombero a sicario en ‘Guerreros Unidos’

Las investigaciones sobre el presunto miembro de “Guerreros Unidos” también arrojan que “El Bombero” fungió como personal de confianza y escolta de Gonzalo Martín Souza Neves, alias “El Uruguayo”, uno de los líderes más recientes de esa organización criminal, mismo que ya fue condenado en Estados Unidos por el delito de narcotráfico y que actualmente está bajo proceso penal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

David Cruz se encontraba prófugo desde hacía varios años y mediante un operativo de vigilancia fue detenido en la colonia San Mateo Xalpa de la alcaldía Xochimilco, lugar en el que se dedicaba al narcomenudeo.

Al momento de su captura, dicho sujeto se encontraba en posesión de un arma de fuego abastecida con cuatro cartuchos, un envoltorio con metanfetamina y dos bolsas con marihuana, además de dos teléfonos celulares.

En la detención de “El Bombero”, colaboraron elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

En conferencia desde Acapulco, aseguró que el Ejército ha estado colaborando en el caso desde el momento en que entró al gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora también “en todo lo que se requiera”.

Sheinbaum dijo que hay personas detenidas que son del Ejército y que, con la revisión integral, han sido posibles nuevas detenciones, sin especificar cuáles.

“Ese caso va a seguir siendo parte de nuestras prioridades”, atajó.

A inicios de diciembre, la presidenta se reunió con madres y padres de los normalistas, a quienes ofreció reconstruir el diálogo y la implementación de una nueva ruta de investigación.

Javier Bello Orbe, exmando de la Policía Ministerial de Guerrero, fue liberado este jueves, tras determinar que no existen elementos que lo vinculen con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En su fallo, Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran convenientes para procesar a Bello Orbe por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.