Este contrato, sin embargo, no fue el único. Entre 2022 y 2024, Birmex le asignó otros cinco acuerdos al brazo de Traxión, dos de ellos con irregularidades, incumplimientos y omisiones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente entrega. 

Se trata de los instrumentos jurídicos BIRMEX-060/2022, su modificatorio BIRMEX CM1-060/2022, así como BIRMEX-063/2022 y sus dos convenios modificatorios BIRMEX CM1- 063/2022 y BIRMEX CM2-063/2022. 

Según la auditoría de cumplimiento forense 2023-2-12NEF-23-0234-2024, Birmex le pagó a Avior sin tener evidencia documental que acredite la prestación del servicio, por lo que presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Birmex por 826 millones de pesos. 

Aunque el representante legal de Avior le aseguró a los auditores, en su requerimiento de información, que no contrató servicios con terceros para la ejecución de los contratos, de la revisión, así como de los movimientos de sus cuentas bancarias, se identificó una relación contractual con Traxion y Grupo SID. 

En su análisis, el órgano además detectó que se suministraron 8 mil 060 piezas caducas de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud a las Unidades Médicas Usuarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relacionadas con el servicio del contrato número BIRMEX-060/2022, asignado a Avior. 

La ASF urgió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que instruya una auditoría para Almacenaje y Distribución Avior, S.A. de C.V., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Birmex, el escándalo

El pasado 18 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que el gobierno mexicano inició una investigación por la adjudicación a sobreprecio de 175 claves de medicamentos en Birmex, lo cual podría derivar en una acción penal. 

Eduardo Clark, subsecretario de Salud federal, explicó que se recibieron una serie de quejas por parte de algunas empresas farmacéuticas que participaron en las licitaciones para ser proveedoras de medicamentos. Las compañías denunciaron que la adjudicación para la compra de algunos medicamentos o material de curación se había otorgado a proveedores que no habían ofertado los mejores costos. 

Tras los señalamientos se comenzó una investigación y se separó a elementos que participaron en la adquisición. 

Aunque no se mencionaron nombres, fuentes a las que este medio tuvo acceso refieren que uno de los elementos separado de su cargo es Cristian Mary Corona Suárez, quien enfrenta señalamientos por conflicto de interés luego de haber sido parte de Avior. 

Corona Suárez, titular de la Dirección de Control de Calidad de Birmex, fue responsable sanitario, gerente senior de asuntos regulatorios y calidad de Almacenaje y Distribución Avior desde 2020 y hasta abril de 2023, cuando se integró a Birmex, según consta en su declaración patrimonial. 

Medicamentos caducos, la constante

La firma fue adquirida por Grupo Traxión en 2016, pero debutó en las contrataciones públicas hasta 2022, año en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social le asignó siete contratos, por 970 millones de pesos, derivados de la licitación LA-050GYR988-E18-2022. 

Desde su adquisición por parte de Grupo Traxión, Almacenaje y Distribución Avior se ha convertido en un punto crítico dentro de la empresa. Organizaciones de pacientes señalan opacidad en los procesos en los que participa y falta de experiencia. 

El escándalo se agravó dos años después cuando se conoció que Avior permitió la entrega de más de 171 mil piezas de medicamentos oncológicos con retrasos y en malas condiciones. Estos medicamentos, que debían haber llegado a Jalisco en abril de 2023, fueron entregados hasta febrero de 2024, lo que generó una crisis en la atención de los pacientes, especialmente aquellos con cáncer. 

El incumplimiento fue motivo de preocupación para diversas organizaciones sociales y políticos, como el diputado federal Manuel Jesús Herrera Vega, quien propuso un punto de acuerdo para exigir investigaciones y sanciones a los responsables. 

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que el 6.8% de los medicamentos ya estaban caducados, el 19.8% tenía fechas de caducidad entre uno a tres meses y el 4.5% entre cuatro a seis meses. Además, 22 mil piezas no pudieron ser aceptadas por no contar con la documentación requerida, como el registro sanitario y los certificados necesarios. 

Grupo Traxión y su estrategia agresiva 

Grupo Traxión, compañía de autotransporte, movilidad y logística, ha logrado adjudicarse más de 4 mil millones de pesos en contratos para la distribución de medicamentos e insumos médicos para el gobierno federal a través de la subsidiaria Almacenaje y Distribución Avior, en un periodo de apenas tres años, señalan los registros del portal de compras gubernamentales, Compranet. 

Fundada en 2011 y listada en 2017 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Traxión ha adoptado una estrategia de adquisiciones agresivas con el fin de consolidarse en el sector; sin embargo, los resultados financieros de la firma parecen no respaldar esta ruta. En 2024, la compañía reportó un margen operativo considerablemente inferior al promedio de la industria, lo que refleja las dificultades para transformar las adquisiciones en una ventaja competitiva. 

Las filiales de Traxión —como Redpack, Transportes Lipu, Almacenaje y Distribución Avior y Logística y Transporte para la Industria de la Salud, S.A. de C.V. (Medistik)— han acumulado contratos con el gobierno por alrededor de 4 mil 200 millones de pesos. No obstante, en los últimos 12 meses la firma suma una caída de más del 44% en el valor de sus acciones, lo que podría poner de manifiesto la creciente desconfianza entre los inversionistas. 

Analistas consultados han expresado su preocupación por la posibilidad de que la empresa siga el mismo camino que la financiera Unifin, tras años de una expansión financiera insostenible hasta llevarla a caer en default. 

Aún con este panorama, Aby Lijtszain, ha optado por diversificar sus negocios en los tres niveles de gobierno, sin considerar el impacto que esto tiene en los accionistas de la empresa. 

Un claro ejemplo de esta estrategia cuestionada es la incursión de Bernardo Lijtszain Bimstein y Aby Lijtszain en Turbofin, dedicada al arrendamiento de automóviles al gobierno federal, así como a varios gobiernos estatales municipales del país que le han valido contratos a esta familia por más de 2 mil 056 millones de pesos.

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Derivado del hecho, la Secretaría de Salud inició diálogos de colaboración con la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, puesto que el sobreprecio de dichos insumos era por más de 13 mil millones de pesos por parte de la empresa estatal Laboratorios Biológicos y Reactivos, Birmex.

Los tres funcionarios señalados ya fueron separados de sus cargos como parte de las investigaciones en curso: “Desde hace algunas semanas se separaron del cargo a las tres personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex con el objetivo de que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no”, continuó Clark, que también recordó que con base en los resultados se determinará qué claves tienen que ser adjudicadas.

Pese a la adjudicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara al afirmar en Palacio nacional que los insumos “todavía no se compraron”; “Todavía no… Se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones para que esas 175 claves no pidiéramos piezas”, reforzó Clark.

En caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario.

Finalmente, también destacó Clark que se cumplirá a la cabalidad la ley, “no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal“.