Las organizaciones y activistas alertaron que, por tercera ocasión, Garduño Yáñez solicitó “un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”.  

Agregaron que, de manera inusual, Yáñez fue beneficiado con el adelanto de una audiencia, inicialmente programada para el 25 de marzo, pero que se llevará a cabo el 24 de enero, y en la que se decidirá si se acepta su propuesta de “pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para a absolverse del delito”. 

Para las organizaciones y activistas, la decisión del Juzgado de la causa “nos genera preocupación, ya que podría interpretarse como un intento de acelerar el proceso en beneficio de los intereses del imputado, lo que, además, genera incertidumbre jurídica en el desarrollo del caso”.  

Al recordar que Garduño Yáñez “ha utilizado recursos públicos para cumplir con requisitos judiciales”, como acudir cada 15 días a firmar a un juzgado de Ciudad Juárez, los firmantes relataron que a ello se suman otras irregularidades como “la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación, poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas”.  

Los firmantes urgieron a Sheinbaum Pardo a "retirar del cargo de forma inmediata” a Garduño Yáñez como comisionado del INM con el fin de “garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, así como asegurar que las 82 familias víctimas de incendio obtengan verdad y justicia".  

Aun cuando a principios de su gobierno Sheinbaum anunció que el nuevo titular del INM sería el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hasta ahora no se ha concretado el relevo, por lo que los activistas exigieron a la presidenta que Garduño “no sea ratificado”, pues de lo contrario “enviaría un mensaje de impunidad a la comunidad internacional, ante las violencias contra las personas migrantes”. 

En la carta, también dirigida a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los firmantes hicieron un recuento de agravios contra personas migrantes ocurridos durante la gestión de Garduño, nombrado en junio de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente del INM en sustitución del académico Tonatiuh Guillén, quien pretendía impulsar una política migratoria con respeto a derechos humanos.  

Las organizaciones recordaron que durante la gestión de Garduño “se ha impulsado una política de contención y militarización, lo que ha contribuido al incremento de violencia y delitos cometidos contra las personas migrantes y sujetas de protección internacional”. 

Resaltaron que la Secretaría de Gobernación documentó en 2020 que “177 personas privadas de libertad en estaciones migratorias denunciaron haber sido víctimas de delitos en México, mientras que en 2022 esa cifra aumentó a mil 136, de los cuales 406 fueron mujeres y 145 menores de edad. 

A esas cifras oficiales se añaden las de la investigación realizada por Human Rights First, que documentó “mil 544 casos públicos de personas migrantes víctimas de secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos en México, perpetrados por agentes migratorios, policías de diversos niveles y crimen organizado”.  

Ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, las organizaciones y activistas consideraron que la persona que encabece el INM debe contar “con trayectoria destacada en la protección de los derechos humanos, libre de conflictos de interés, tanto pasados como presentes, y con la capacidad de entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil”.  

Al exigir la creación de una comisión especial de investigación sobre el caso para garantizar la imparcialidad de los resultados, los activistas pidieron al gobierno de la República, “abstenerse de respaldar cualquier acción que busque exonerar al comisionado de sus responsabilidades en el incendio de Ciudad Juárez”.  

Los activistas pidieron a Sheinbaum Pardo garantizar la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, incluir a familiares de 18 sobrevivientes y a 15 mujeres sobrevivientes en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) e implementar medidas de satisfacción y no repetición. 

A unos meses de iniciado su gobierno, las organizaciones sociales y defensores pidieron a Sheinbaum tomar medidas para “eliminar la extorsión, la corrupción y abusos a los derechos humanos” cometidos por personal del INM, y tomar el caso del incendio en Ciudad Juárez como un parteaguas para reformar al Instituto, tomando en cuenta que durante la gestión de Garduño “se registraron 14 incendios en instalaciones del INM”. 

Consideraron que “es urgente realizar una reforma profunda a esta institución, con el objetivo de que sus funciones se centren únicamente en la gestión eficiente de la entrada y salida de personas al país y en procedimientos e regularización migratoria que sean equitativos y efectivos”, dejando de ser “una entidad militarizada y de seguridad nacional y se transforme en una instancia civil, con mecanismos más eficaces para identificar población en contextos de vulnerabilidad, proteger y garantizar  los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.  

Tras lamentar que en momentos en que se cancelaron la citas para solicitar asilo en Estados Unidos “la respuesta del INM haya sido deficiente, al no proporcionar información clara y oportuna a la población, lo que ha generado incertidumbre”, los firmantes se pusieron a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para colaborar en corregir la política migratoria. 

Hicieron votos para que. en el caso del incendio en Ciudad Juárez, el gobierno de Sheinbaum “actúe con urgencia y compromiso, garantizando justicia, verdad y reparación integral para las víctimas, y tomando las medidas necesarias para prevenir futuras violaciones contra las personas migrantes en México”.  

Firmaron la carta organizaciones que representan a las víctimas del incendio, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Instituto de la Mujeres en Migración (IMUMI) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), así como albergues, organizaciones defensoras de migrantes y activistas de estados fronterizos y de tránsito hacia el norte en  México y Estados Unidos; de defensa de personas migrantes de Venezuela, y colectivos de familiares de personas centroamericanas desaparecidas en México. 

Así mismo se sumaron decenas de organizaciones que forman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM), de la Red Franciscana para Migrantes, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes y de la Red Solidaria de DH., entre otros activistas y académicos.