Con el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, Juan Carlos M.C., funcionario Instituto Nacional de Migración (INM) detenido el año pasado y acusado como presunto responsable del incendio que causó la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, libró la cárcel, por lo que ahora seguirá su proceso penal en libertad.

La noche de este lunes 19 de agosto, Juan Carlos, quien era el coordinador del Grupo Beta al momento de ese hecho, dejó la cárcel. Ahora deberá portar un brazalete electrónico y someterse a la prohibición de salir del país.

Un juez federal rechazó resolver hoy  petición del director del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender condicionalmente el proceso penal que enfrenta por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas, por lo que el mismo continúa vigente.

Esta suspensión condicional del proceso es una solución alterna prevista en el nuevo sistema penal acusatorio con la que Garduño planteó la entrega de una reparación del daño a cambio de que, una vez que cumpla con dicho pago, el proceso que enfrenta, por ejercicio indebido del servicio público, sea cancelado definitivamente.

El jueves 1 de agosto, una de las 27 personas sobrevivientes del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, recibió un correo electrónico de la cuenta institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), firmado por su asesora jurídica, quien previamente se comunicó telefónicamente para alertarle del mensaje relacionado con una causa penal contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

Decenas de organizaciones sociales y defensores de derechos de personas migrantes alertaron sobre la intención del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, de evadir su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en donde murieron 40 migrantes, 27 resultaron gravemente heridos  y 15 mujeres sobrevivieron.  

A más de un año del incendio de la estancia para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, Kelly, de nacionalidad colombiana, que presenció la tragedia, aún no puede sacar de su mente los gritos de las decenas de hombres que se encontraban retenidos en el centro de detención ni de las respuestas que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) daban a las súplicas.

Los procesos penales abiertos por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez que el 27 de marzo de 2023 ocasionó la muerte de 40 personas y otras 27 que resultaron lesionadas avanzan lento, con acusados que permanecen fugados y un comisionado nacional de migración que sigue en funciones mientras persiste una causa penal en su contra. Aun así, uno más, Daniel Goray, apenas hace unos días obtuvo también su libertad condicional. 

Pese a que se trata de la persona que estaba a cargo de la estación migratoria de Ciudad Juárez, y está imputado por los 40 homicidios y las lesiones a otras 27 víctimas, el pasado 13 de junio el juez de la causa penal 216/2023 decretó, derivado del cumplimiento de una sentencia de amparo que le otorgó una suspensión, la libertad inmediata bajo ciertas condiciones:

Senadores pidieron que, de manera de manera temporal, Francisco Garduño Yánez sea separado del cargo como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras se lleva a cabo la investigación por el incendio ocurrido el 27 de marzo del 2023 en centro de migrantes en Ciudad Juárez.

Esto luego de la presentación del informe final del Grupo de trabajo plural de seguimiento a los hechos en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A un año de su detención, Eduardo A.M., uno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) acusado por la muerte de 40 migrantes ocurrida en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, salió de la cárcel al lograr modificar su medida cautelar de prisión preventiva que le permitirá seguir el proceso judicial en libertad con el pago de una fianza.

El juez federal Juan José Chávez Montes, revocó la medida cautelar de prisión preventiva a Eduardo y en su lugar le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 1.5 millones de pesos.