La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos y de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, señala que mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país han sufrido hasta 6 mil 870 agresiones diversas.
Las hermanas Uruchurtu Cruz se pronunciaron el pasado 13 de diciembre, denunciando que sería una fecha simbólica, pues en Oaxaca impera la impunidad y los compadrazgos, al señalar presuntamente al gobernador Salomón Jara como corresponsable de facilitar la liberación de los culpables.
Asimismo, la familia sentencia el actuar de las y los magistrados, Margarita Leonor Gopar, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Soriano Reyes quienes actuaron «privilegiando la injusticia, ejerciendo desde el dolor de las víctimas y haciendo omisión de los estándares internacionales».
«Privilegiaron favores al gobierno del Estado, Salomón Jara y la 4T antes que favorecer la justicia. Qué podíamos esperar de una magistrada que llegó después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara, de un magistrado que dice contar con perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios busca ser premiado con el cargo de ministro con la reforma al poder judicial, y finalmente, alguien que llegó a este cargo después de desempeñar funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género», sentenciaron las hermanas Uruchurtu.
Desde 2021, la familia ha buscado algún rastro que dé con el paradero de Claudia, aunque sin éxito, han enfrentado situaciones de vulnerabilidad y violencia institucional.
Incluso han exhortado a la titular del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez que interceda en el caso, pues ha prometido la promoción de órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, sin embargo, denuncian que no hay fe en la palabra si Ramírez Jiménez no es capaz de garantizar que el poder judicial garantice la justicia a las mujeres víctimas de desaparición forzada.
«Nuestra voz es de enojo e impotencia porque sabemos que tenemos la razón… también de dolor, porque queríamos un cambio en nuestro estado. Queremos decirle al gobernador del estado, a la presidenta del Tribunal, a las y los magistrados e incluso, a la presidenta de la República, que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación; seguiremos luchando para acceder a la justicia ahora desde el ámbito internacional y buscando a nuestra hermana hasta encontrarla»
Irregularidades en el caso Uruchurtu
En agosto del 2024, se llevó a cabo el foro «La encrucijada de la justicia, El caso de Claudia Uruchurtu Cruz y los desaparecidos de Zapotengo” donde familiares de las víctimas y el experto en derecho penal Gonzalo Cartas, expusieron una serie de irregularidades y falta de voluntad política para frenar la liberación de Lizbeth Huerta y sus cómplices.
En este espacio, Gonzalo Cartas denunció la falta de experticia del Tribunal para atender casos de desaparición forzada así como la presunta intervención de Jara para que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez cambiara el fallo inicial -que tanto trabajo costó lograr- para reconocer a Lizbeth Huerta como autora intelectual de los delitos cometidos contra Claudia Uruchurtu.
En un principio, se le habían imputado 40 años de prisión encontrándola responsable de la desaparición de la activista, sin embargo, en un giro inesperado para la familia, sólo 8 días después de emitir esta sentencia, fue modificado el delito a «obstrucción de investigación» sentenciándola únicamente a cuatro años y dos meses de prisión.
La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ha sido señalada por Marea Verde Mixteca desde hace años, luego de dejar en libertar a Victor T.S feminicida de Joselyn Vargas Ortiz en 2020 y quien, además, también exoneró en 2022 a 3 sujetos vinculados a la desaparición de Sayra Morales Loyola, desaparecida a sus 24 años en agosto del 2018.
Hoy, la historia que envuelve el caso Uruchurtu se repite y la articulación entre el Tribunal se vuelve palpable; la liberación de la morenista Lizbeth Huerta y cómplices está encaminada para lograrse de forma laxa y expedita. A pesar, de que Claudia Uruchurtu dejó en vida una serie de documentos donde la señalaban como responsable de cualquier acontecimiento.
En mayo del 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido -involucrado en el caso- señaló que Lizbeth Huerta, dio la orden de asesinar a la activista México-Británica Claudia Ururchurtu Cruz, desaparecida el pasado 26 de marzo.
En su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, declaró que un participante, acogido en la figura de testigo protegido, aportó información y reveló que la defensora fue asesinada por la presunta orden de Victoria Huerta.
“Un participante, como testigo protegido, da conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal (Lizbeth Victoria Huerta) del partido Morena”, confesó López Obrador.
Claudia, la activista que buscó a López Obrador y a Alejandro Murat
Claudia Uchururtú Cruz, activista y madre autónoma de 47 años desapareció el 26 de marzo del 2021, en la población mixteca Asunción Nochixtlán. Era defensora por los derechos humanos en su comunidad, se dedicaba a recolectar las demandas de la población y presentarlas ante el municipio; esto, a pesar de que fueran rechazadas por la alcaldesa Lizbeth Huerta por falta de presupuesto.
La activista descubrió malversación de recursos, falsificación de firmas y empresas fantasmas. Acto seguido, buscó a senadores e incluso, al mismo presidente para pedir ayuda sobre lo que sucedía en la comunidad; nunca obtuvo respuestas.
Claudia desapareció a las 22 horas frente al palacio municipal de la comunidad mixe, esto luego de protestar junto a su comunidad por la detención arbitraria de un vecino; el último registro que hay de ella quedó grabado en una cámara de seguridad donde se le ve pasar y acto seguido, una mujer grita: ¡Se llevan a una muchacha!
De acuerdo con testigos, Claudia fue subida a una camioneta roja por elementos de seguridad.
Meses antes de su desaparición forzada, Claudia escribió cartas a López Obrador, a la -entonces- secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y al exgobernador Alejandro Murat donde denunciaba la creación de empresas fantasmas y simulación de recursos para ocultar los desfalcos del erario; detrás de estos ejercicios opacos estaba la gobernadora Lizbeth Victoria Huerta quien había ganado las elecciones municipales el primero de julio del 2018 bajo la bandera de Morena.
Claudia se había dedicado a documentar, investigar y anotar todas las irregularidades que se gestaban en su comunidad hasta que encontró el pago a facturas a una empresa fantasma llamada Mayorista Torrens SA de CV; la activista comenzó a indagar más en el asunto y en su andar, buscó al órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para dar seguimiento al caso, sin embargo, el órgano le negó toda información a Claudia y le respondió con un oficio de que esos eran datos bajo reserva.
Así, las puertas se cerraban para la activista y decidió buscar al entonces gobernador Murat y reportó de forma insistente la falsificación de firmas y el desvío de recursos destinados a las mejoras de Asunción Nochixtlán; nunca recibió respuestas, menos, de López Obrador.
Este 2025 se cumplen 5 años desde la desaparición de Claudia, dejó una metódica documentación de toda la corrupción que se gesta en la comunidad oaxaqueña y también, un conjunto de cartas que escribió a múltiples autoridades municipales, estatales y federales, todas, sin respuestas.
«Si Claudia hubiera sido hombre, sería un héroe porque su lucha ha sido a favor de la comunidad, sin embargo, una vez nos lo dijo la misma Fiscalía, que hay gente que la ve como la vieja histérica, loca que vino a cambiar el esquema con el que siempre habían trabajado».
AUTOR: ARANTZA DÍAZ.
