Un juez federal revocó la sentencia de 46 años y seis meses de prisión contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera, Oaxaca, informaron Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

La revocación de sentencia fue emitida el pasado 14 de mayo, tres meses después de que el Juzgado de Control de Salina Cruz condenara a Hernández Salazar por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa el 12 de febrero de 2022, cuando el defensor se dirigía a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa para denunciar el hostigamiento en su contra por defender el monte El Pitayal.

La criminalización contra el defensor comunitario David Hernández Salazar continúa, ahora con el inicio de las audiencias por una nueva demanda federal interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación, informaron la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

La demanda, cuyo juicio inició el pasado 27 de febrero y fue notificada en octubre de 2023, se suma a la denuncia por la que Hernández Salazar fue condenado a 46 años y seis meses de prisión, a una multa de $182,818 y a un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,000,001,500, por oponerse a la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, en Puente Madera, Oaxaca.

La sentencia de 46 años y seis meses de prisión contra el defensor binniza David Hernández Salazar «es una forma de represalia a su legítima y pacífica labor de defensa de derechos humanos», pues la condena es resultado de su lucha contra un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, en Puente Madera, Oaxaca, denunciaron Front Line Defenders (FLD) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

Las dos organizaciones condenaron la sentencia que incluye, además de la cárcel, el pago de una multa de $182,818 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,000,015, y acusaron que con esta medida se pretende «intimidar y restringir su labor de derechos humanos mediante la imposición de denuncias y penas excesivas».

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) exigieron la revisión de la sentencia y el indulto para el defensor David Hernández Salazar, quien fue declarado culpable de un delito que no cometió en medio de un proceso lleno de «inconsistencias», por oponerse al Corredor Interoceánico y su parque industrial en el monte El Pitayal, en Oaxaca.

A pesar de que no se encontraba en el lugar de los hechos, Hernández Salazar fue acusado de incendiar los vehículos de un grupo de personas que el 12 de febrero de 2022 ingresaron a las tierras de uso común del monte El Pitayal para medir «ilegalmente» el terreno «con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico».

El defensor comunitario David Hernández Salazar fue declarado culpable «de delitos que no cometió», por oponerse al Corredor Interoceánico y sus polos de desarrollo en Puente Madera, Oaxaca, denunciaron la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

La criminalización del defensor y agente comunitario sucede después de 14 días de audiencia, a pesar de que se desmintieron con los peritajes presentados por las asambleas durante el debate y de que los testigos de la parte demandante «contradicen sus declaraciones iniciales», acusaron.

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro) anunció que el próximo 7 de noviembre se realizará la audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia de David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera criminalizado por su defensa del territorio contra el Corredor Interoceánico y sus parques industriales.

El también integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) enfrenta una denuncia penal interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional (RAN), en la que se incluyen 17 órdenes de aprehensión contra habitantes de Puente Madera por su oposición a las obras del megaproyecto federal, especialmente en el monte El Pitayal.

El próximo 20 de julio se llevará a cabo la audiencia intermedia del defensor binnizá David Hernández Salazar, inculpado de delitos prefabricados por su labor como representante y vocero de Puente Madera, Oaxaca, por lo que la Asamblea Comunitaria de la comunidad y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) iniciaron una campaña de solidaridad para su libertad.

Hernández Salazar forma parte de la defensa del territorio binnizá de Puente Madera y participó en la lucha contra la extracción de material pétreo en el Cerro Igú en 2017, contra la Subestación Eléctrica de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en las tierras de uso comunal del monte El Pitayal y actualmente contra la imposición de un parque industrial del Corredor Transístmico en el mismo cerro.

El defensor del territorio contra el Corredor Transístmico, David Hernández Salazas, y su familia fueron agredidos física y verbalmente por tres hombres de la comunidad de Puente Madera, Oaxaca, denunció la asamblea comunitaria y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

«Estas agresiones y provocaciones contra el compañero David Hernández Salazar y su familia responden a la lucha emprendida por los habitantes de la comunidad indígena binniza de Puente Madera en contra de las irregularidades, abusos de poder y abandono a nuestra comunidad por parte de las autoridades civiles y agrarias de los tres niveles de gobierno», explicaron la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT en un comunicado.