Ni como jefe de gobierno ni como presidente Andrés Manuel López Obrador brindó verdad y justicia a Digna Ochoa y Plácido, abogada asesinada en 2001 por el ejercicio de su labor, la cual estaba enfocada en casos de violación de derechos humanos.
Al día de hoy la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por las deficiencias, revictimización y omisiones en que incurrieron las diversas autoridades detrás de la investigación, continúa sin ser cumplida a cabalidad, además, funcionarios que en su momento afirmaron que la defensora se había suicidado, continúan en cargos públicos en total impunidad.