La muerte del guatemalteco Elvin Mazariegos en un retén militar desató la furia en la zona fronteriza. Una multitud desarmó a los soldados y los llevó a un lugar de difícil acceso, ya muy cerca del país vecino. En la negociación para liberarlos, el gobierno federal se comprometió a indemnizar a la familia del fallecido y el Ejército a procesar al autor de los disparos. Al respecto, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos insisten en que ese es uno de los peligros de la militarización de la seguridad en la administración de López Obrador.
Militares mexicanos, acusados de asesinar a un ciudadano guatemalteco, fueron retenidos por una turba que los desarmó, los humilló y los llevó por la fuerza hasta una región cercana a los límites con Guatemala.
El 29 de marzo pasado, un grupo del 15 Regimiento de Caballería Motorizada de la 31 Zona Militar de Comitán se encontraba en un puesto de control a la altura del poblado Barrio San José Bacantum, municipio de Mazapa de Madera, entre Motozintla y Frontera Comalapa, en la región fronteriza de la Sierra Madre de Chiapas.