El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso contra Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); con ello, dejó sin efecto las imputaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, afirmó en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), ascendían a 58 millones 245 mil 948 pesos.

Originario del municipio rural de Acaxochitlán, Gerardo Sosa inició su haber político en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la segunda mitad de la década de 1970. Es el líder de la expresión conocida como Grupo Universidad o La Sosa Nostra –apelativo que recibió por el control que ha ejercido durante cuatro décadas en la Autónoma de Hidalgo–.

Una empresa implicada en la presunta dispersión de recursos por la que Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrenta un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, recibió condonaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

Cuarenta años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y 15 más por lavado de dinero es la pena —la máxima en ambos casos — que la Fiscalía General de la República (FGR) pide para el jefe político del clan conocido como "La Sosa Nostra" o Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán. 

El político hidalguense —aliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018— es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como "de índole criminal", dedicada a sustraer recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas, que posteriormente enviaban el capital a personeros o directamente la familia Sosa Castelán.

Un juez federal negó a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un amparo en contra de su vinculación a proceso.

Con este recurso, el también exdiputado federal buscaba abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que está recluido desde el 31 de agosto, tras ser detenido en un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.