Al respecto, en entrevista para Aristegui CNN, Gabriel Alvarado, abogado de Manos Unidos para Nuestros Niños, detalló que en el caso ABC, “la resolución que se empezó a notificar la noche del pasado viernes impone una sanción privativa de la libertad de 20 a 29 años, a 19 de las 22 personas sujetas a proceso. Absolvió a tres, las tres supervisoras de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, y condenó desde el delegado de Sonora del IMSS, hasta los jefes de unidades estatal y municipal de protección civil”.
También “a dos de los cuatro socios propietarios de la instancia infantil, con ello creemos que se cubre sólo una parte de lo que es el reclamo en sí de justicia, puesto que estas personas que acaban de recibir sentencias condenatorias, ha sido por negligencias, omisiones, pero dese luego que en el incendio que provocó la muerte de los 49 bebés y las lesiones en 104 niños más, desde luego que hubo acciones deliberadas, intencionales, que propiciaron el inicio y propagación de ese incendio”.
Esa situación se la hicieron saber a la procuradora general de la República, Arely Gómez, la mañana del miércoles.
Durante la reunión, personal de la PGR reconoció que “efectivamente existen muchos indicios que apuntan en le sentido de la provocación del incendio, y que por ello se necesita uh nuevo peritaje… hasta este momento existen seis peritajes entre sí contradictorios”.
La procuradora se comprometió a “abundar y profundizar en esa línea de investigación”.
El nuevo peritaje lo hará una empresa de Estados Unidos que es filial de una compañía británica, desde luego “debe hacerse en el lugar donde se originó el incendio”.
Caso Tlatlaya
En cuanto al caso Tlatlaya, surgió una orden judicial en la que se ordena liberar tres militares involucrados, por lo que Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que “un magistrado de un Tribunal unitario que refiere que tiene que liberar a los tres militares por encontrar insuficiencia probatoria, no hay suficientes evidencias para que él los pueda seguir procesando por el delito de homicidio calificado”.
Pero “en realidad estamos en la presencia de la consumación de una impunidad tremenda, fuimos advirtiendo, primero acusaron a siete, liberaron a cuatro, y ahora están liberando a tres. Al extremo de que incluso hemos visto señalamientos institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de otras personas alrededor de la defensa de estos militares, que niegan incluso hasta la existencia de los propios hechos, cuando tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advierte que por lo menos ejecutaron de 12 a 15 personas”.
“Ahora se empieza a negar eso… lo que nos parece una locura. El mensaje es de impunidad y permisividad“, recalcó.
“Nos parece que es un mensaje de impunidad muy grande… la investigación regresa a la PGR y la dependencia podría mejorar la investigación”, sostuvo.
Pero “si no han tenido la disposición institucional de investigar la responsabilidad por cadena de mando, dudamos que ahora haya la disposición institucional para volver a investigar la responsabilidad por autoria material sobnre los hechos”.
Y recordó que “los efectos para las víctimas son devastadores, Tlatlaya se conoce por el valor de una de las víctimas sobrevivientes, Clara Gómez González, madre de Ericka una de las jóvenes que muere en los hechos. Ella denuncia… después de haber sido víctima de tortura”.
Ahora “ella tiene medidas de protección... pero sin duda hay que actualizar una evaluación de riesgos con la liberación de todos los perpetradores”.
Ayotzinapa
Respecto al caso Ayotzinapa, en el que resoluciones judiciales apuntan que la PGR no pudo acreditar la desaparición forzada de los 43 normalistas, por lo que no se pueden realizar sentencias correspondientes a esa acusación, Abel Barrera, director Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, opinó que eso “desconcierta a los papás, como siempre, en el sentido que aparece como si fuera esto un hecho reciente que actualmente este juez hubiera determinado eso, pero estamos hablando de noviembre de 2014, ante situaciones donde todavía no estaba el peritaje que hoy tenemos, los dictámenes que se emitieron, es decir, solamente se basaron en las declaraciones de los detenidos, hay una serie de inconsistencias”.
“Fundamento científico no hay, porque no está basado más que en declaraciones. En ese sentido poder decir que los muchachos están muertos, nada más en una interpretación que hace el juez a partir de las declaraciones, no ayuda mucho a todo este proceso de investigación”, señaló.
Explicó que las “inconsitencias son las que están dando pie a este tipo de noticias”.
En una reunión en la PGR, ya sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), los padres exigieron que se “cumpla con las recomendaciones y presentaron un documento de nueve puntos, el principal punto es que se separe del cargo al director de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón, porque para ellos es un tema central, sobre todo para garantizar la imparcialidad en las investigaciones, y eso es un punto clave”.
Aunque la procuradora no dio “directamente” una respuesta.
Sobre la salida del GIEI opinó que “era un grupo que ayudaba a establecer una comunicación muy estrecha con los padres, aprendimos a cómo hay que poner en el centro a las víctimas”.
La presencia del GIEI “fue muy importante, lograron meterse a la investigación y mostrar todas estas inconsistencias que hoy están y obligan a que las autoridades puedan tomar esas líneas de investigación”.
Ahora se está pidiendo que el grupo pueda hacer una visita por mes para dar seguimiento y apoyo en el caso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1905/mexico/mensajes-de-justicia-en-parte-impunidad-y-desconcierto-en-casos-abc-tlatlaya-y-ayotzinapa-abogados-en-cnn/
