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lunes, 7 de marzo de 2016

No se puede pretender culpar al Gobierno federal por el caso Iguala, dice Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto concedió entrevistas a los diarios El Universal y Excélsior en las que habló sobre el caso Iguala del que, dijo, es un “tema muy trastocado” del que no se puede culpar al Gobierno federal. El Presidente también se refirió al tema económico; dijo que México tiene “un momento de estabilidad”.

El Presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista con El Universal que no se puede ni señalar, “ni siquiera pretender culpar al Gobierno federal” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Con honestidad, es el primer tema en el que sí tengo una posición muy clara. Yo creo que aquí no se puede ni señalar, ni siquiera pretender culpar al gobierno federal de tener que ver con este tema muy lamentable. Todos lamentamos lo ocurrido en Iguala”, dijo el titular del Ejecutivo federal en una de las dos entrevistas que concedió a la prensa nacional, las cuales se publican este lunes.

Peña Nieto dijo a Francisco Santiago Guerrero, director editorial de El Universal, que su Gobierno lo único que quiso hacer fue apoyar “en este hecho tan crítico”.

“La Procuraduría [General de la República] se ha ocupado de hacer una investigación a fondo, de hacerla lo más transparente, y tan lo quiso hacer de esta forma que pidió que hubiese coadyuvancia de una instancia de orden internacional”, dijo en relación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la otra entrevista, el Presidente detalló al diario Excélsior que el caso Iguala “ha sido un tema yo creo muy trastocado, con mucha opinión y que yo creo ha distorsionado mucho el trabajo serio, profundo y cuidadoso que la Procuraduría ha venido haciendo”.

“Sólo recuerdo aquí, porque luego se olvida, que sobre estos hechos hay más de 100 personas detenidas que fueron consignadas por los hechos ocurridos ahí. Que la investigación no está agotada, que siguen se aportando nuevos elementos, que ha habido nuevos detenidos que presuntamente tuvieron responsabilidad con los hechos”, dijo el Presidente a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior.

Peña Nieto aseguró a ese mismo medio que entiende la impaciencia de los padres de los 43 normalistas por no tener una respuesta rápida e inmediata, “pues es un hecho que es complejo, este tema es complejo en los hechos y por eso las investigaciones no están agotadas”.

Cuestionado por El Universal, sobre la posibilidad de que su Presidencia sea recordada más por temas como Tlatlaya, Ayotzinapa o el de la Casa Blanca, que por sus reformas, dijo:
“Mira, no me corresponde hacer una calificación ni, sobre todo, definir cuál será el legado de esta administración. Creo que como ha sido tarea de todo Presidente, y debo decirlo porque así lo siento, mi compromiso es hacer mi mayor esfuerzo para que a México le vaya bien. […] Y será, a final de cuentas, la sociedad la que determine si he cumplido con tal propósito…”.

“TENEMOS ESTABILIDAD”

El Presidente dijo en relación a “la reiterada percepción” de que el país vive un mal momento económico que México tiene “un momento de estabilidad”.

“Somos una economía emergente, pero tenemos indicadores que nos permiten ver que está avanzando; tenemos una economía que está creciendo, que se contrasta con la mayoría de los países del mundo que no están creciendo”, dijo a El Universal.

Sin embargo, al diario Excélsior, Enrique Peña Nieto explicó que si México no se avanzado más, es porque “no somos una economía aislada del mundo”.

“Somos de las pocas economías en el mundo que están teniendo crecimientos positivos, no a las tasas deseadas, y menos ante la caída de los precios del petróleo, que si desagregáramos, quitáramos ese componente del peso de la economía, el crecimiento que México estaría teniendo, o está teniendo, quitando ese componente, es de más de 3 por ciento”, dijo.

Con respecto de Pemex, dijo al mismo que es viable y solvente, pero necesita eficientar procesos y volverse mucho más competitivo.

“Pemex está enfrentando, como empresa petrolera, los problemas que todas las empresas petroleras del mundo tienen, que hoy tienen; se han caído los precios del petróleo, digo, no a niveles no vistos, porque han estado más bajos”, comentó.


Cuestionado por El Universal sobre si se podría garantizar que no se vivirá una nueva crisis económica, el titular del Ejecutivo federal dijo que su administración está preservando los fundamentos macroeconómicos, “para preservar las condiciones que nos permitan cuidar la estabilidad económica del país, que yo creo que es, sin duda, la tarea más importante, la prioridad mayor que tiene este gobierno”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-03-2016/1633019

miércoles, 2 de marzo de 2016

Policía Federal detuvo a los Avispones de Chilpancingo, antes de que los atacaran en Iguala

Las piezas del rompecabezas que armó la PGR se siguen derrumbando.

La PGR estableció como parte de su “verdad histórica” que el ataque a balazos contra el camión de Los Avispones de Chilpancingo, el 26 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, había sido una “confusión”: jugadores de futbol “confundidos” con normalistas de Ayotzinapa, también atacados esa noche en la que desaparecieron a 43.

Sin embargo, a un año cinco meses de los hechos, familiares de las víctimas del equipo rompen el mutismo y revelan lo ocurrido en dicho ataque en el que calculan se hicieron más de 300 disparos por parte de policías municipales contra el autobús, por lo que murieron un joven jugador de Los Avispones, el chofer del mismo, así como una pasajera de un taxi que sólo pasaba por el lugar.

En un documento en poder de Aristegui Noticias -una carta entregada esta semana a María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada del PAN que encabeza la comisión especial sobre el caso Iguala, firmada por “padres de jugadores y cuerpo técnico” del equipo-, se asienta una nueva versión sobre este ataque.


El testimonio documental revela que Policías Federales detuvieron a los Avispones, 20 minutos antes del ataque; y después, los mismos elementos policiacos no auxiliaron a los heridos por balas, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.

Los familiares exponen: “por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”.

Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa.

Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de fútbol que había jugado en Iguala aquella noche.

Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.

Las familias avanzaron y el autobús no. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, pero después ésta regreso y con ello los mensajes siguieron.

Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.


Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”. 

“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías Municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá fuera el ataque”, consideran los padres.

Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.

Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.

“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusaron.

Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.

“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.

Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida.

Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.

“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.

En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”, por lo que difieren de la “verdad histórica” que estableció que los soldados no intervinieron.

Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron mal trato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.

Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala, pese a que en el expediente del Ministerio Público se dio una cifra menor: 170.

Además, denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.

Las familias también acusaron ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refirieron que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.

Respecto a apoyos económicos, reconocieron las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, el cual “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.

Ante ese escenario recordaron sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.


Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo a Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.

CasoAvispones.pdf by Aristegui Noticias:



“Ataque masivo e indiscriminado”: informe del GIEI

El informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló en septiembre parte del ataque contra Los Avispones:

A las 21:45 horas, en el estadio de Iguala que se encuentra en la salida de la ciudad hacia Chilpancingo, había terminado un partido de fútbol entre el equipo de Iguala y el equipo Los Avispones de Chilpancingo.

Tras ganar el partido y esperar el resultado ocial, el equipo de Los Avispones iba a quedarse a cenar en Iguala, pero recibió información de que en el centro de la ciudad había habido episodios de violencia. Según uno de los responsables del equipo: “nos dijeron que no fuéramos al centro porque estaba pasando algo malo y tomamos la decisión de irnos a Chilpancingo y cenar allá”.

El autobús, de la empresa Castro Tours, que había sido contratado por el equipo para el traslado, salió de Iguala a las 23 horas. Según la declaración del médico del equipo, que iba en el autobús “a la salida de la ciudad nos dijeron que la carretera estaba tomada por los ayotzinapos (sic) pero seguimos avanzando porque queríamos llegar a buena hora a aquella ciudad”.

Según otros testigos, el autobús no pudo salir normalmente, y estuvo esperando porque la policía no les dejaba seguir por la carretera hacia Chilpancingo.

Poco después el autobús pasó por la zona del puente frente al Palacio de Justicia. Más adelante, el autobús pasó por el retén de la policía municipal de Iguala, situado a la salida de la ciudad.

Durante el viaje, los miembros del equipo iban descansando y viendo una película. 12 kilómetros más adelante, en la misma carretera y en la zona conocida como el cruce de Santa Teresa, el autobús fue primero detenido por hombres armados y después atacado con armas de fuego que destruyeron los cristales, acabando con la vida del estudiante David Josué García Evangelista e hiriendo de extrema gravedad al conductor, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió poco después de llegar al hospital. El ataque dejó varios heridos, algunos muy graves.

Según un testigo, el primero en ser herido fue el chofer, por lo que perdió el control del vehículo, que se fue hacia la derecha, saliendo de la carretera y quedando varado con la puerta atorada. Según uno de los heridos graves:

“Al detenerse el autobús, los que nos estaban disparando del lado derecho, quedamos de frente nosotros a ellos y nos empezaron a disparar de frente, ahí fue donde me dieron a mi dos balazos, me atravesaron el abdomen, el hígado y le dieron a mi preparador físico, una bala le rozó el ojo y le atravesó el tabique nasal y otra le fracturó el brazo izquierdo”.
El ataque se dio desde ambos lados de la carretera y cuando el autobús estuvo detenido los atacantes dispararon de frente contra los ocupantes. Los disparos alcanzaron a uno de los futbolistas que murió en el acto, mientras otro recibía cinco disparos, y el entrenador dos disparos con perforación de órganos vitales, entre otros muchos heridos graves, lo que muestra el carácter masivo e indiscriminado del ataque que se dio a las 23:30 horas.

Los atacantes trataron de entrar en el autobús, rompiendo los vidrios de la puerta pero no pudieron hacerlo porque estaba atorada. Los reportes pidiendo ayuda al 066 y el C-4 se dieron entre las 22:53 y las 01:12 horas.

Al salir del lugar, los atacantes dispararon contra otros carros que pasaban por esa zona, entre ellos dos taxis fueron baleados.

*****

Aunque el informe del GIEI no se desmarca de la versión oficial a la hora de señalar que “la hipótesis más probable es que el autobús habría sido confundido con uno de los que transportaba a estudiantes normalistas”, recoge testimonios de testigos de lo ocurrido, que coinciden con la carta de los familiares de los Avispones:

Testimonio de FS: “Primero dos patrullas de federales, pero no querían ayudar. Un federal sacó su celular y preguntó: ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos muertos? Lo que queremos es ayuda, no que nos entrevisten”, dijo FS. “Espérense, ahorita va a venir una ambulancia. Prés-tanos la patrulla, lo que urge es llevarlos al hospital. Los vamos a subir a la patrulla. ‘Atrévete a subirlo, atrévete’. Uno de los chavos dijo, pues, viene bien herido, ni modo que lo dejamos así, hay que llevarlo al hospital. No, a mi carro no lo suban. Ya viene la ambulancia. Yo lo estaba agarrando de las piernas y de la pompa, y el otro de los brazos. Lo tuvimos que bajar en el piso, a un lado de la patrulla. Pasó una media hora en que no pasó ni un solo carro.

El  primer carro que vino llevó a tres heridos. Fueron al Batallón, pero no los querían atender. Me acuerdo que la señora llegó, la mamá, y le dio pánico, quiso llorar, gritar. Le dijo si lo iban a llevar y la patrulla dijo que no, que ya venían las ambulancias. Se tardaron un momento y después dijeron, “Bueno, entonces aquí se va a quedar mi hijo a morir. Aquí se va a morir.  Mejor, deje que me lo lleve. La patrulla dice, está bien, lléveselo”.

Según otro testigo, CA: “se portaron mal, no tuvieron ni siquiera la atención de dirigirse con una manera amable. Sino todo lo contrario. Como si nosotros hubiéramos tenido la culpa. Como si nosotros fuéramos los delincuentes. Y hacen una declaración, en Loret de Mola de que llegaron a ayudarnos. Cosa que se enojan los padres por lo que le mandaron un escrito al Presidente de la República donde señalan que están diciendo mentiras, que no era cierto, no llegaron de ayudar”.


Los expertos de la CIDH siguen investigando el caso y se espera que en abril presenten un informe final. En septiembre pasado, calificaron el ataque a Los Avispones como “masivo e indiscriminado”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/nuevo-vuelco-a-la-verdad-historica-historia-sobre-avispones-manipulada/

miércoles, 24 de febrero de 2016

Que Iguala no quede marcada por tragedia: Peña Nieto

Iguala, Guerrero. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 195 aniversario de la bandera nacional en esta ciudad el presidente Enrique Peña Nieto se refirió implícitamente a la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa señalando que, en respuesta a esos hechos lamentables, desde hace un año y cinco meses el Estado Mexicano despliega una investigación y un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia “profunda y transparente” contando para ello con respaldo de instancias internacionales.

De visita en esta ciudad a la cual no se había trasladado desde que ocurrió la desaparición de los normalistas, Peña dijo que además Iguala no puede quedar marcada por estos trágicos acontecimientos porque es una ciudad emblemática en la historia nacional y merece ser conocida por su fortaleza y calidez.

Durante la ceremonia, el mandatario resaltó que el compromiso del gobierno en el caso se ha visto reflejado en la colaboración de instancias internacionales.

"Iguala es un municipio emblemático y no puede quedar marcado por los trágicos acontecimientos" del 26 de septiembre. Su gente, añadió, merece ser conocida por su fortaleza, su calidez y firme carácter en favor de su comunidad.

En su discurso en ocasión de la efeméride, Peña Nieto también aludió a que a lo largo de la historia México se ha consolidado como una nación respetable y reivindicó entre otras fortalezas del país a la democracia que se ha ido consolidando al paso del tiempo. Dijo que las reformas políticas que se han instrumentado le han permitido avanzar hacia la normalidad democrática y que en la actualidad en México se sabe que el voto cuenta y se cuenta, situación que ha permitido que en el país ahora sea común la alternancia en el poder.

El discurso sobre la bandera nacional sirvió al mandatario para volver a reivindicar los avances que se han obtenido en materia económica que le han permitido contar con finanzas públicas sanas, estabilidad y una política monetaria autónoma.

En su oportunidad, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, señaló la importancia histórica que ha tenido Iguala en el país pero también afirmó que no se puede ignorar la profunda herida que dejó la tragedia de Iguala por la gente inocente que perdió la vida, resultó herida y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En tanto no se esclarezcan los hechos a profundidad esta herida no habrá de sanar”, afirmó.


Por su parte el presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, habló de la necesidad de fortalecer las instituciones y los valores que permitan alcanzar la justicia porque en la actualidad las oportunidades que no llegan a los jóvenes son aprovechadas por los criminales. Sin embargo dijo que no es mediante el estéril cruce de acusaciones y mucho menos desde la politiquería que se aprovecha del dolor como se podrá avanzar en hacer justicia.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/24/que-iguala-no-quede-marcada-por-tragicos-acontecimientos-pena-674.html

domingo, 24 de enero de 2016

El video escondido de la noche de Iguala

Desde hace 14 meses la PGR tiene cinco videos de las cámaras de seguridad (controladas por el C-4) de Iguala, correspondientes a la noche del 26 al 27 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. En uno de esos videos se aprecia un grupo de vehículos pasar a toda prisa por el Periférico Poniente de esa ciudad, y en una de las unidades había civiles sometidos por uniformados. El presente trabajo, realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, hace notar dos cosas: que todo este material videograbado se dejó fuera de la investigación oficial, y que aquella noche trágica el C-4 era manejado por militares.

MÉXICO, DF: A las 23:19 horas del 26 de septiembre de 2014, 13 vehículos pasaron velozmente por la avenida Benito Juárez Poniente de Iguala, también conocida como Periférico Poniente, a la altura de la colonia Esmeralda y en dirección a la carretera 51, que va a Ciudad Altamirano, Teloloapan y Cocula. A unas cuadras de ahí, en la calle Juan N. Álvarez, acababa de ocurrir uno de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos al menos 20 de los 43 normalistas.

El convoy de 13 vehículos –en el cual iba uno similar a las patrullas de la Policía Municipal igualteca y que transportaba en la parte trasera al menos a seis civiles– pasó en sólo 59 segundos frente a la cámara del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Iguala.

Pero el video completo, donde se ve el paso del convoy, ha sido ocultado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) y por la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que lo tienen en su poder desde hace más de 14 meses.

Las imágenes obtenidas para este trabajo muestran que en al menos una de las acciones del 26 de septiembre de 2014, en las cuales desaparecieron 43 normalistas, no sólo participaron vehículos con características similares a las de las patrullas de la Policía Municipal de Iguala, sino que se trató de un amplio operativo donde intervinieron otros vehículos; algunos de ellos podrían ser oficiales o llevar funcionarios públicos a bordo.


Vehículos parecidos a los que figuran en el video tomaron parte en las agresiones a los estudiantes, de acuerdo con entrevistas hechas por la reportera a sobrevivientes del ataque y según los testimonios contenidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado en septiembre de 2015.

VÍDEO:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427463

martes, 12 de enero de 2016

Los 22 policías presos del caso Iguala tienen un pie en la calle por errores en la investigación

La sentencia del Juez ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas desaparecieron.

La decisión de un Juez de amparo podría poner en riesgo el curso de una de las más importantes investigaciones de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace más de un año en Iguala, Guerrero.

Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial del entonces Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en un basurero de Cocula, Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades.

Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.

La sentencia del Juez, fechada a finales de 2015 pero que no había salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron víctimas de un ataque armado.

El fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, dice que la Fiscalía de Guerrero “no efectuó un análisis amplio y acucioso” de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los “vicios” del caso y dé los “razonamientos lógico-jurídicos” y las pruebas que puedan sostener los cargos.

En caso contrario, los agentes podrían ser exonerados.


El documento se refiere sólo a cuatro homicidios pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora.

La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días.

Después, ante la conmoción internacional que tuvo el ataque y la aparición de fosas clandestinas en la zona, la PGR asumió la indagatoria de las desapariciones pero no de los homicidios, aunque desde un primer momento se apuntó a que los responsables de todos los crímenes eran los mismos policías y autoridades locales vinculadas con el crimen organizado.

Los seis asesinatos quedaron en manos de tribunales locales y fueron considerados homicidios ordinarios, incluido el de Julio César Mondragón, el estudiante de 22 años cuyo cadáver fue encontrado torturado y con el rostro desollado.

Para Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, la sentencia es “muy preocupante” porque demuestra que todo el caso se construyó sobre “cimientos de barro” con “graves errores en la investigación” porque la consignación de hechos y evidencias “se hizo mal”.
“Casi todos los procesos en marcha podrían caerse porque casi todos fueron tramitados, al menos al principio, por las mismas personas”, dijo Herrera.

El homicidio de Mondragón es uno de los afectados por el amparo que también incluye el asesinato de Blanca Montiel, de 40 años, alcanzada por balas perdidas cuando iba en un taxi; el de David José García Evangelista, de 15 años, un futbolista que murió cuando dispararon contra el autobús de su equipo y el de Víctor Manuel Lugo Ortiz, el conductor de dicho autobús.

El documento critica, por ejemplo, que lo único que se aporte para procesar a los agentes por los homicidios sean los testimonios de supervivientes y cuestiona su validez como prueba de cargo porque los testigos hablan de ataques distintos en lugares diferentes, de los que se culpa a las mismas personas sin explicar qué hizo cada una de ellas y sin indicios que los vinculen directamente.


La Fiscalía estatal no respondió a múltiples llamadas de AP  para recabar su opinión sobre la sentencia, que ahora está bajo revisión de un Juez federal.

Un investigador del caso, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, coincidió con Herrera al asegurar que todo está en riesgo porque la investigación federal tiene “los mismos problemas” que los señalados en esta sentencia.

El experto dudó de si los tribunales de Iguala podrán aportar las pruebas solicitadas teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron hace casi 16 meses y se cometieron errores que podrían ser irreparables.

Además, recordó que, al margen de esos problemas, en la investigación por los 43 desaparecidos hay detenidos que dicen haber sido torturados lo que, si se confirma, podría invalidar esos otros procesos.

La PGR , al ser consultada por AP, se limitó a señalar que la sentencia “no impactará” en el resto del caso porque afecta a delitos del fuero común, homicidios, y no a los delitos federales por los que están acusados los policías como el crimen organizado y el secuestro. La investigación no los sindica de desaparición forzada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva meses insistiendo en que tanto las desapariciones como los homicidios se agrupen bajo mando federal porque eso facilitaría hacer justicia ante un ataque que ellos calificaron de “indiscriminado” y “coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no quiso hacer comentarios a AP sobre la sentencia, pero en septiembre, cuando publicó su informe, ya adelantaba lo que el amparo parece confirmar, que todo el caso tiene errores de base que podrían invalidarlo y mencionaba, en concreto, la confusión sobre lugares y horas de los hechos o la mezcla de pruebas balísticas.

Después de la publicación del documento, que cuestionó muy duramente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo se comprometió a atender las recomendaciones de los expertos y puso en marcha un nuevo equipo de investigación, pero casi 16 meses después del crimen todavía no se sabe totalmente qué pasó aquella noche en Iguala, por qué ocurrió, ni el destino de 43 jóvenes.

Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Right Watch (HRW), la sentencia de amparo es un “excelente ejemplo de la incompetencia crónica de operadores de justicia que no respetan estándares mínimos de una investigación judicial profesional”.
“Lo ocurrido demuestra una vez más que México debe cambiar radicalmente su forma de investigar delitos, haciendo énfasis en la evidencia científica u objetiva”, afirmó al ser consultado por AP.

Vivanco enfatizó que este tipo de prácticas no serán erradicadas a menos que haya consecuencias para los responsables. “Si la conducta negligente de estos funcionarios queda impune y no hay sanciones, difícilmente México podrá mostrar mejorías en derechos humanos.”

Antes de que pueda comprobarse si este amparo supone un punto de inflexión en todo el caso, se abren tres opciones, según la abogada de los Mondragón: que se ofrezcan nuevas pruebas y el juez de Iguala pueda argumentar adecuadamente cada acusación; que el magistrado exonere a los inculpados —aunque no saldrían de momento de la cárcel porque están también acusados por los 43— o que decline su competencia a favor de jueces federales.

Sayuri Herrera confió en que el juez federal que está revisando la sentencia la “acote” para minimizar las posibilidades de que los policías puedan ser exonerados y para garantizar que los abogados de las víctimas tengan tiempo suficiente para aportar nuevas pruebas.


Pero en el mejor de los casos, agregó Herrera, la situación actual “es casi como empezar de cero”. Y eso implica “más tiempo, más dinero y más desgaste para nosotros”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIA VERZA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596526

martes, 1 de diciembre de 2015

Investigación del caso Iguala “sigue abierta”, reitera PGR

México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de la reunión con los familiares de los normalistas desaparecidos y los integrantes del Grupo de Expertos, se lograron “importantes acuerdos”, como el establecimiento de reuniones de trabajo periódicas, exhaustividad en las nuevas líneas de investigación y en las acciones de búsqueda.

En el encuentro, la titular de la PGR, Arely Gómez, reiteró que la investigación del caso Iguala “sigue abierta” y que “se desarrolla con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI)”, con lo cual se refrenda el compromiso institucional de que los responsables de estos lamentables hechos sean consignados ante las autoridades federales.

Informó que la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre.

En el comunicado, que da cuenta del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas centrales de la PGR,

se informa que fue presentado de manera oficial a los integrantes de la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Esta unidad, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre y es encabezada por el Licenciado José Aarón Pérez Carro, quien se ha desempeñado en el servicio de procuración de justicia federal desde 1998.

A la reunión asistieron los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el titular de la división de la Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, y el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres.


También participaron los expertos del GIEI, Ángela Buitrago y Francisco Cox Vial, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz).

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/30/investigacion-del-caso-iguala-201csigue-abierta201d-reitera-pgr-1153.html

viernes, 13 de noviembre de 2015

Entrega la PGR reporte sobre observaciones de CNDH al caso Iguala

MÉXICO, DF: La PGR destacó este día que ya entregó al ombudsman nacional un documento de trabajo que contiene nuevos elementos sobre las observaciones realizadas por la CNDH en relación con el caso Iguala.

El reporte, así como la realización de nuevas diligencias por parte de la PGR, será revisado en las mesas de trabajo que se han establecido entre ambas instituciones y que tienen como objetivo el puntual cumplimiento de las observaciones.

El domingo pasado la CNDH dio a conocer que ninguna de las 26 observaciones y propuestas emitidas respecto de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa había sido atendida en su totalidad por la PGR.

Incluso señaló que la Procuraduría trató de justificar su observancia con la mención de diligencias no vinculadas al planteamiento específico, además de que la autoridad ministerial tampoco proporcionó soporte documental en algunos de sus posicionamientos.

“Se trata de una respuesta de la PGR insuficiente e imprecisa ante las observaciones y propuestas sugeridas por esta comisión nacional”, indicó el organismo.


El ombudsman precisó que de las 26 observaciones y propuestas emitidas, la CNDH reportó que dos de ellas fueron atendidas parcialmente; una más de manera parcial con avance mínimo; otras tres se encuentran en vías de atención, mientras que las 20 restantes no fueron atendidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420543

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Lo ocurrido en Iguala no es aislado; Guerrero necesita ayuda internacional: Speck

Para los casos de desaparición en México se necesita un fiscal "que venga de fuera del gobierno", consideró.

La situación en Guerrero “es preocupante por varias cosas, no sólo por el caso Ayotzinapa: es el estado más violento según la tasa de homicidios, es un estado con una historia de impunidad muy larga, desde los años 70. Es un estado, también, productor de amapola… es también de interés de la comunidad internacional solucionar y mejorar la situación de Guerrero”, señaló Mary Speck, directora del proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, con motivo de su informe ‘Desaparecidos. Justicia denegada en Guerrero, México‘.

En entrevista para Aristegui CNN, contó: “Fuimos a Iguala, es el caso emblemático, el más notorio, 43 personas que desaparecen en un mismo día, sin embargo creemos que no es un caso aislado”.

Sin embargo, “lo que descubrieron después del caso Ayotzinapa también es muy grave. Las fosas comunes que han descubierto alrededor de Iguala, quiere decir que hay mucha gente, muchos familiares que han pasado años pidiendo investigación, solución, pidiendo saber el destino de sus seres queridos. No tienen justicia, ni siquiera saben qué ha pasado”.

“Las historias de esos familiares que son menos conocidos que el caso Ayotzinapa, de andar buscando, pidiendo de la fiscalía del estado y también de la Procuraduría General de la República, una investigación seria de que eso que paso con sus familiares es sumamente grave”, expuso.

“Creemos que recuperar la credibilidad es escenecial para recuperar la seguridad. El gobierno ha hecho pasos positivos con el caso Ayotzinapa, ha colaborado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creemos que no es suficiente hacerlo sólo en el caso Ayotzinapa”, sostuvo.

Hay que considerar que hay otros desaparecidos en Guerrero, hay otras violaciones muy graves de derechos humanos, realmente se necesita un monitoreo, asistencia internacional para los otros casos, pidió.

Se necesita la ayuda internacional de organzaciones, para “encontrar un fiscal independiente, realmente independiente, creemos que así se podría empezar a recobrar la credibilidad”.

México “tiene más capacidad que Guatemala, la situación en México es distinta, tiene una sociedad civil bien organizada, muy sofisticada”, recordó.

El gobierno “necesita buscar ayuda fuera del gobierno y también ayuda técnica internacional. La comunidad internacional también tiene un interés, debe ayudar, no es sólo un problema de México. El consumo de droga es lo que ha fortalecido mucho los grupos delictivos en Guerrero, Ahora no sólo eso, porque hacen extorsiones, secuestros”.

“La memoria histórica también es importante, hay que recuperar la credibilidad en Guerrero reconociendo lo que pasó en la guerra sucia y tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la verdad, que han sido ignoradas, no tienen mucha publicidad, ni mucho impacto”, comentó.

La Fiscalía especial sobre desaparecidos “debe empezar en Guerrero, como es un estado en crisis que tiene niveles de violencia más altos. Al mismo tiempo el país entero debe iniciar un debate nacional para buscar un mecanismo, investigar, enjuiciar casos de desaparición, sobre todo forzada. Sabemos que es un problema enorme, se habla de 26 mil personas desaparecidas, no localizadas. No sabemos cómo fueron desaparecios”.

Hay “que reconocer que no es un problema aislado, Ayotzinapa sí fue muy grave, pero no es un caso único, el gobierno debe reconocer eso, no tratar de aislarlo ni minimizarlo, diciendo que fue le único caso, y que los únicos culpables son los policías locales”, aseveró.

“Cualquier fiscalía tiene que priorizar los casos, hay casos donde hay más información, donde podrían empezar a trabajar desde ya. Los más recientes, además en México se sabe bastante sobre la guerra sucia… ya se sabe bastante, podrían empezar a trabajar. En el caso de nuestro informe estamos focalizando el problema en Guerrero en estos momentos”, dijo.

En Guerrero varios meses después de los acontecimientos en Iguala, “también había desaparecidos en el centro del país, la situación en Chilapa también es muy grave, donde han habido asesinatos de políticos, pero también el tema de desapariciones es muy grave en el centro del país. Tiene otra modalidad”.

“En Chilapa las historias son lo mismo, que tratan de buscar ayuda, y hay una indiferencia e incapacidad por parte de policías y fiscales. La sensación de la gente es que están desprotegidos, que no quieren ayudarles, que los encargados de ayudar a los ciudadanos, simplemente no lo hacen. A lo mejor ellos también tienen miedo de actuar”, indicó.

Cuando los familiares “reportan la desaparición de su hijo, encuentran que ellos mismo tienen que hacer la investigación, buscar el celular, las llamadas, tienen que buscar testigos, hay falta de interés de los fiscales“.

Por eso consideró que se debe buscar un fiscal fuera del gobierno, que no tenga miedo “y que tiene todo el deseo de hacer una investigación”.

“La mejor formsa de capacitar a fiscales e investigadores mexicanos es trabajando en conjunto, aprender haciendo, es la mejor forma de aprender. Que puedan trabajar juntos en estos casos emblemáticos”, opinó.


“Un fical general no soluciona el problema enttero ni en Guerrero, ni en México, hay que mejorar los policías… depurarlos. Hay mucho más que hacer”, precisó.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1111/mexico/lo-ocurrido-en-iguala-no-es-un-caso-aislado-en-guerrero-no-hay-justicia-mary-speck-en-cnn/

lunes, 9 de noviembre de 2015

Rechaza CNDH “respuestas a medias” de PGR

México, DF. La investigación de la Procuraduría General de la República sobre el caso Iguala "debe ser total y no admite respuestas a medias, ya que de ello dependen el esclarecimiento de los hechos y la verdad sobre tan lamentables acontecimientos", expuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el incumplimiento de las 26 observaciones hechas sobre el particular.

A través de un comunicado, el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta Carrasco, subrayó que la debida observancia de la PGR a las propuestas y observaciones que se le hicieron es requisito sine qua non para materializar los ejes bajo los cuales la Comisión Nacional ha conducido su investigación sobre violaciones a los derechos fundamentales.


Aseguró que se busca el respeto al derecho de las víctimas a conocer la verdad, se haga justicia, la reparación integral del daño y, desde luego, la convicción de que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Al hacer un análisis de los posicionamientos de la PGR en torno de las 26 propuestas que se le formularon, Larrieta Carrasco indicó que, lamentablemente, ninguna de ellas fue atendida en su integridad por esa autoridad.

Explicó que dicha Procuraduría remitió, el 27 de agosto pasado, una tarjeta informativa donde hace del conocimiento de la CNDH lo que estimó un avance en las observaciones y propuestas que se le hicieron. Reiteró que se trata de una respuesta de la PGR insuficiente e imprecisa ante las observaciones y propuestas sugeridas por este Organismo Nacional.


La Comisión Nacional revisó de manera puntual, escrupulosa, cuidadosa y responsable cada una de esas respuestas, y el 12 de octubre hizo saber a la PGR  que sólo dos observaciones fueron atendidas parcialmente, una tiene atención con un avance mínimo, tres están en vías de atención y 20 no han sido atendidas.

FUENTE: LA JORNADA.

domingo, 18 de octubre de 2015

Los cómplices del matrimonio Abarca

MÉXICO, D.F: Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam, durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.

Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.

Sólo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo, fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.

El argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en general.

Prueba de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth, quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.

Quien diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.

Hoy se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se les hizo nada.

Más tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.

Las autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en lo político, económico y criminal.

Por lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige que esto pare y se haga justicia.


Si no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).

domingo, 20 de septiembre de 2015

Iguala: la noche del horror minuto a minuto

Durante 11 meses de investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 –con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley–, se han obtenido decenas de testimonios, videos, fotografías, audios y miles de fojas de expedientes de la Fiscalía General de Guerrero y de la PGR. Con esta información se han reconstruido hechos, como los que aquí se narran,  que hasta ahora ninguna instancia ha tomado en cuenta, como el tiroteo de media hora contra uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa o la presunta participación de agentes encubiertos del Cisen en una de las muchas agresiones de esa trágica noche.

MÉXICO, D.F: Fernando Marín estaba en el suelo, junto al autobús Estrella de Oro, bañado en su propia sangre, sometido como sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El disparo que recibió minutos antes le destrozó el antebrazo derecho. La herida aún estaba caliente y todavía no dolía tanto.

“¿Sabes qué? ¡Te vas a la chingada!”, le espetó un policía estatal. “¡Mátalo de una vez!”, lo alentó en el anonimato de la calle desolada otro uniformado. En ese momento Carrillas, como lo apodan en la Normal de Ayotzinapa, sintió el metal del arma en la sien izquierda. Eran casi las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014 y en ese punto, la calle Juan N. Álvarez, a pocas cuadras del centro de Iguala, estaba desierta.

Policías estatales y municipales, así como civiles armados, tenían acorralados a tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en esa calle casi esquina con Periférico. Unas cuadras atrás, la Policía Federal (PF) desviaba el tránsito y a los curiosos.

El policía estatal quitó el arma de la cabeza de Carrillas y llamó a una ambulancia. Lo último que vio el normalista antes de que lo llevaran al hospital, dice en entrevista, fue a sus compañeros del camión Estrella de Oro, el número 1568, sometidos, en el suelo. No los ha vuelto a ver. Todos están desaparecidos.

Hasta las 23:00 horas el trato a los estudiantes fue uno: la policía envió a los heridos al hospital, dice a los reporteros Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los 43 desaparecidos. Pero después “hubo una decisión, que no sé de dónde vino, de borrar toda huella que hubiera de los estudiantes. Y a partir de ahí vienen la segunda agresión y la cacería”.

17:59. Salida de Ayotzinapa

La tarde del 26 de septiembre de 2014, Fernando Marín se encontró en las canchas de la escuela a su amigo Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, quien lo invitó a ir a un “boteo” y por unos camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Desde que salieron de la escuela en los autobuses Estrella de Oro números 1568 y 1531, todos los niveles de gobierno fueron notificados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, según la tarjeta informativa 02370 de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. La maquinaria del Estado se echó a andar.

El autobús 1531 paró en la comunidad Rancho del Cura, y el 1568, donde iban Carrillas y Cochiloco, continuó hasta la caseta Iguala-Puente de Ixtla. Ahí llegaron patrullas de la PF y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y también una motocicleta roja con un tripulante. El coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, reveló ante la Procuraduría General de la República (PGR) que hay un grupo –el Órgano de Búsqueda de Información– cuyos integrantes visten de civil (Proceso 2027). Dijo que esa noche mandó uno a la caseta.

Cuando Carrillas vio las patrullas pensó que ya no iban a conseguir más camiones. Estaban a punto de darse por vencidos y regresar a Ayotzinapa, cuando recibieron la llamada de los estudiantes del autobús 1531 para avisar que algunos compañeros estaban atrapados en la central camionera.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

PRD cuestionará a dirigentes que promovieron afiliación de Abarca

México, DF. En el último día de actividades del Congreso Nacional del PRD, el grito de ¡justicia! se escuchó en el domo del deportivo Plan Sexenal en donde por unanimidad se aprobó un resolutivo especial sobre el caso Iguala en el que se determinó llamar a cuentas a “los dirigentes del partido” que promovieron la afiliación de José Luis Abarca y que lo llevaron a ocupar la alcaldía de Iguala.

Sin embargo, dicho resolutivo excluyó la propuesta inicial de que se investigara directamente a integrantes de Nueva Izquierda y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), como responsables de haber llevado al poder al ex munícipe acusado de estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También exigieron que el presidente Enrique Peña reabra el caso relacionado con los hechos de la desaparición de los normalistas. Previo a la votación se demandó que se incluyera la exigencia de que el partido pugne para que se someta “a juicio político al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam”, a quien también responsabilizaron de ocultar información respecto al número de autobuses que estuvieron involucrados en los hechos de septiembre del año pasado.


Propusieron la creación de una fiscalía especializada para que se vuelva a llevar a cabo la investigación del caso de los estudiantes de la normal rural  Isidro Burgos. Demandaron a la dirigencia del PRD en Guerrero se “acerque a los padres de familia de los normalistas “.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MATILDE PÉREZ/ ALMA MUÑOZ

viernes, 11 de septiembre de 2015

PGR se compromete dar información sobre el caso Iguala

México, DF. La procuradora general de la República, Arely Gómez González, se comprometió a actuar con transparencia y dar acceso a la información a quienes han solicitado la documentación relacionada con “los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero”, durante una reunión con los integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

Gómez González revisó con Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI, los avances de la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, en cumplimiento a una resolución del instituto.

La procuradora, comentó que la realización de la versión pública del expediente implicó un esfuerzo sin precedente en la institución, que contó con la participación de 85 servidores públicos de diferentes áreas que se dedicaron a generar la información que se pondrá a disposición de los solicitantes próximamente, una vez que sean atendidas las observaciones realizadas por el INAI.

Aseguró que para la realización de la versión pública ha sido necesario revisar la información contenida de 85 tomos y 13 anexos; en total 52 mil hojas que fueron revisadas con el propósito de salvaguardar la información confidencial de víctimas, ofendidos, testigos e inculpados, garantizando el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso.

La titular de la PGR estuvo acompañada por los integrantes del Comité de Información de la institución, el Presidente y titular de la Unidad de Apertura Gubernamental, Dante Preisser Rentería; El titular del Órgano Interno de Control, Luis Grijalva Torrero; La titular de la Unidad de Enlace Adriana Campos López, así como por la secretaria técnica, Marlene Magallanes López.


En la reunión, la presidenta del INAI, las comisionadas Areli Cano, Patricia Kurczyn, y los comisionados Francisco Acuña, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey reconocieron el compromiso y la labor de la Procuraduría General de la República para avanzar en la elaboración de la versión pública de la averiguación previa de este caso.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

domingo, 6 de septiembre de 2015

Realizará la PGR un nuevo peritaje en caso Iguala

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos.

El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula.

En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.

Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”.

Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas.

“La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.

Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula:

“He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”.

Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.

Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.

Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI.

“El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria.

Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa.

Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado.

Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos.

Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.

En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente.

El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales.

Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.


En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.