A 10 meses de Ayotzinapa, padres de normalistas anuncian dos caravanas informativas

México, D.F.- A 10 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres anunciaron una serie de medidas que realizarán en los próximos días, entre las que destacan dos caravanas informativas, una por estados del norte y otra por entidades del sur.

Durante un mitin realizado la tarde de este domingo 26 de julio, en el Hemiciclo a Juárez —en el centro de la Ciudad de México—, los padres de los estudiantes desaparecidos indicaron que el próximo jueves 30 de julio iniciará en San Cristobal de la Casas, Chiapas, la caravana por los estados del sur.

Un dia después, un grupo de normalistas iniciará en Chihuahua su recorrido por la zona norte de México.

Los padres y familiares que recorrerán la zona el sur del país planean realizar una acción el 2 de agosto en Oaxaca, Oaxaca; un día después en Puebla, el 4 de agosto en Huamantla, Tlaxcala; el 5 de agosto en Morelos, y el 6 de agosto en San Salvador Atenco, Estado de México.

El 8 y 9 de agosto los familiares estarán en el Distrito Federal, antes de concluir su itinerario con un mitin el 11 de agosto en Ayotzinapa, Guerrero.

En tanto, la caravana que viajará por el norte del país tiene programada una parada el 2 de agosto en Torreón, Coahuila; un día después en Victoria, Durango; el 5 de agosto en Zacatecas, el 7 de agosto en Guanajuato, el 9 de agosto en Guadalajara, Jalisco; el 11 de agosto en Colima y el 13 de agosto en Morelia, Michoacán.

Además, familiares de los normalistas indicaron que el próximo 9 de agosto, pobladores del municipio de Tixtla, en Guerrero, impedirán el ingreso de militares a esa comunidad, donde se tiene planeado realizar un desfile conmemorativo por el natalicio del general Vicente Guerrero.

Los familiares indicaron que por primera vez en la historia, el desfile en honor a Vicente Guerrero será realizado por policías municipales de todo el estado.

Alrededor de las 4:45 de la tarde de este domingo, padres, familiares, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como maestros, estudiantes rechazados de las universidades públicas y organizaciones civiles  marcharon en memoria de los normalistas desaparecidos hace 10 meses en Iguala, Guerrero.

La manifestación comenzó en el Ángel de la Independencia, sobre Avenida Paseo de la Reforma, y su punto final fue el Hemiciclo a Juárez.

Horas antes del inicio de la movilización, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos indicaron que no regresarán a sus casas hasta no encontrar a los normalistas.

“Hoy nos piden que nos vayamos a nuestras casas y superemos el dolor, (pues) nosotros les decimos: no iremos a casa hasta que nuestros hijos estén de regreso”, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, abogado .

“Pase el tiempo que pase, seguiremos recorriendo las calles, le seguiremos recordando a México que no se pueden desaparecer a 43 estudiantes, que ya basta de desapariciones forzadas”, agregó, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Emiliano Álvarez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, recriminó que hasta la fecha los militares no han rendido sus declaraciones. “No se les está diciendo que son culpables, se necesita solamente su declaración, ¿qué clase de soldados son? Vergüenza de la Nación para mí”, expresó.

Fuente: Animal Político

Primera orden de aprehensión contra Abarca por la desaparición de los 43

Después de varios meses, la PGR logró que la emitiera un juzgado de Tamaulipas. El Ministerio Público Federal sólo había podido acusar al ex edil de Iguala por otras conductas. Delincuencia organizada, nuevo cargo contra María de los Ángeles Pineda.

Después de varios meses, la Procuraduría General de la República (PGR) por fin pudo obtener del juzgado primero de distrito en procesos penales federales, con sede en el estado de Tamaulipas, una orden de aprehensión en contra de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, como presunto responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Se trata de la primera orden de captura que un juez federal emite contra Abarca por los hechos del pasado 26 de septiembre, ya que el Ministerio Público Federal sólo había podido tener preso al ex edil perredista por otras imputaciones no relacionadas con los hechos de Iguala, entre ellas conductas vinculadas a delincuencia organizada y lavado de dinero.

El mismo juez federal ordenó la aprehensión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, por delincuencia organizada, debido a sus presuntos vínculos con grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero. La PGR únicamente había logrado llevar a prisión a la mujer por conductas relacionadas con presunto lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes del PJF consultadas, en dos ocasiones anteriores los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) habían intentado infructuosamente obtener las órdenes de aprehensión contra Abarca y Pineda por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero por una u otra cuestión de técnica legal ese juzgado había negado las órdenes de captura por esos hechos.


Esta nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Pineda Villa se sumará a una acusación que logró cuadrar la PGR a la mujer por presuntamente haber lavado al menos 13 millones de pesos para los hermanos Beltrán Leyva y la organización Guerreros unidos.

Esta acusación de lavado de dinero contra Pineda se basa en documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que señalan que de 2009 a 2012 sus declaraciones fiscales presentan una diferencia de ingresos no comprobable de 3 millones 286 mil 641 pesos.

Al mismo tiempo, indica que de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias, recibió por concepto de depósitos la cantidad de 13 millones 722 mil 849 pesos, que al parecer eran propiedad de la organización criminal Guerreros unidos.

En tanto, Sergio Villarreal, El Grande, quien fue operador de los hermanos Beltrán Leyva, ha declarado que reconoce a Pineda como una de las responsables de acopiar e invertir el dinero que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa obtenían de la venta de las drogas, negocio que tenían primero con el cártel de los Beltrán Leyva y luego con Guerreros unidos.

El 4 de noviembre pasado, José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en un barrio de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. El ex edil fue internado en el penal federal del Altiplano y Pineda Villa en el de Nayarit.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

Especialistas de CIDH recorren sede policial de Iguala

México, DF. Los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisan la investigación del llamado caso Iguala realizaron un recorrido por las instalaciones de la policía municipal de ese ayuntamiento, el cual ha estado asegurado por el Ministerio Público Federal desde septiembre de 2014.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que los integrantes de la CIDH llevaron a cabo esta revisión como parte de los trabajos que han realizado para establecer si las autoridades mexicanas han llevado a cabo de manera correcta los procedimientos de indagación.

Las fuentes consultadas explicaron que las instalaciones de la policía municipal de Iguala han estado aseguradas y con sellos desde septiembre de 2014 y que luego de haber recorrido el inmueble donde presuntamente fueron llevados algunos de los 43 estudiantes normalistas que se encuentran desaparecidos, representantes de la PGR volvieron a colocar los sellos de aseguramiento para impedir que alguien ingrese a ese edificio.

Los especialistas de la CIDH ofrecerán una conferencia el próximo lunes para hablar de los avances de sus actividades en México.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

Ayotzinapa: las aberraciones de la investigación

En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias –presumiblemente obtenidas mediante tortura–, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre.

MÉXICO, D.F: El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala.

El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada.

Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala.

En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.

Luego –como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron– los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes.

Así se lo contó Miguel Ángel –preso en el penal federal de Tepic– a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala.

El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Imputan un solo delito a exmando involucrado en desaparición de normalistas

MÉXICO, D.F: El exsubdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue recluido hoy en el penal federal de Tepic, Nayarit, acusado de portación de arma de uso reservado a las fuerzas armadas.

En un escueto comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el inculpado fue detenido por elementos de la Policía Federal en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves 7, en flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración ministerial.

El parte informativo no hace mayor mención del papel que desempeñó en la desaparición de los normalistas en septiembre del año pasado, salvo que en ese entonces se desempeñaba como subdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, y que contaba con una orden de aprehensión vigente librada por el juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.

Salgado Valladares ingresó este lunes al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “El Rincón” de Tepic, Nayarit.


De acuerdo con reportes dados a conocer por la propia PGR desde noviembre de 2014, Salgado Valladares fue quien ordenó a César Nava, exsubdirector de Seguridad Pública del municipio de Cocula, trasladar al grupo de normalistas al punto identificado por las autoridades como Loma de los Coyotes, en donde fueron recibidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes presumiblemente los habrían incinerado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

‘Fue mala idea’

El presidente de la Comisión del PRD que elaboró el informe sobre José Luis Abarca dijo el viernes que el partido se lleva la culpa política por postularlo.

El perredista Pablo Gómez Álvarez defendió ayer que el exalcalde de Iguala “es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”, pero aceptó que su candidatura “fue una mala idea”. 

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial del PRD que elaboró el informe sobre la postulación de José Luis Abarca, dijo que responsabilidad política de su candidatura corresponde al partido y no a una sola persona. 

Gómez reiteró que el reporte no busca “establecer la verdad histórica”, y es una contribución al análisis de lo que sucedió  en Iguala.

El representante del sol azteca, quien el pasado 2 de mayo, junto con los otros dos miembros de la comisión, Pablo Franco y Octavio Cortés, se reunió con Abarca en el reclusorio del Altiplano por casi tres horas, comentó que el ex presidente municipal no está acusado de la desaparición y presunto asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que está preso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.


 “Llevábamos un cuestionario y él contestaba las preguntas, aunque no contestó todas”, por ejemplo “no respondió acerca de cuánto dinero gastó en su campaña, dijo que no se acordaba”, y que nada tuvo que ver con la desaparición de los 43 normalistas, detalló el perredista. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno no ha probado que Abarca tiene ligas con el narco: Pablo Gómez

MÉXICO, D.F: El senador perredista Pablo Gómez señaló que la responsabilidad política de la postulación de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, Guerrero, corresponde al PRD y a toda su militancia, y no a una sola persona.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial que elaboró el informe sobre la postulación del exfuncionario aclaró que el reporte no busca “establecer la verdad histórica”, sino que se trata de una contribución al análisis de lo que sucedió en el municipio guerrerense.

Incluso opinó que el exalcalde, señalado como presunto responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, “es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”.

“Nosotros no tenemos problemas de que Abarca haya sido el homicida, el problema del Ministerio Público es que lo pueda probar. Yo lo doy por inocente mientras no se compruebe su culpabilidad, pero si es culpable, lo será”, indicó.

Según Gómez, el exalcalde se autoinculpó en la entrevista que sostuvo con él para elaborar el informe final, pues comentó que el 26 de septiembre de 2014, en medio de la balacera, como alcalde y, por tanto, jefe de la Policía Municipal que en ese momento estaba baleando a los estudiantes, habló con el secretario de Gobierno para preguntarle qué estaba sucediendo.

Además, destacó que el día de los hechos en Iguala, Abarca se escondió en su casa.

“Estamos diciendo que Abarca se inculpa porque nos dijo que ese día –26 de septiembre de 2014– se había ido a su casa, lo que está muy corroborado con testigos y con sus escoltas que comparecieron. Que tomó llamadas y habló por teléfono, y todo concuerda con la versión de Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública. Que no habló más que con el secretario de Gobierno.

“Él evidentemente platica eso tratando de exculparse. Dice: ‘si yo no hice nada’, pero nosotros lo estamos viendo como una inculpación. ¿Por qué? Porque él era el jefe de la Policía. Dice que efectivamente le decían que había tiroteos y demás y que él no estaba armado ni podía hacerle frente a eso. Pero nosotros dijimos: los que estaban tirando eran los policías municipales, es decir, los subordinados de él”, agregó.

Gómez insistió que la declaración es una inculpación, y lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) y Jesús Murillo Karam, que personalmente hizo la investigación, no estén de acuerdo con eso.

“Él nos dijo que esto mismo que nos estaba diciendo a nosotros se lo había dicho a Murillo (el exprocurador). A Murillo en su cara”, sentenció.

El perredista señaló que para la Comisión Especial no había ningún indicio de que Abarca hubiera comprado la candidatura, como lo afirmó con anterioridad el mismo exfuncionario, al asegurar que le pagó a Jesús Zambrano, entonces dirigente del PRD, 2 millones de pesos.

Señaló que en la entrevista con Abarca, preso en el penal del Altiplano, Estado de México, estuvieron presentes los otros dos miembros de la comisión: Pablo Franco y Octavio Cortés. En el lugar, dijo, estaba una cámara de la Policía Federal y un camarógrafo al que le pidieron que se retirara. Los cuatro hablaron alrededor de dos horas y media.

La Comisión Especial del PRD llevó un cuestionario, pero Abarca no contestó todas las preguntas. Por ejemplo, hizo silencio cuando se le planteó que él era el presidente municipal y, por tanto, jefe de la Policía Municipal, y fueron elementos de esta agrupación policíaca quienes lanzaron balazos esa noche contra los estudiantes.

Tampoco quiso decir cuánto dinero había gastado en su campaña, supuestamente porque no se acordaba.

“Él no está acusado de los muchachos desaparecidos, de los muertos, ni de los heridos. Él está acusado por cosas ocurridas antes de la tragedia, lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, agregó Gómez.

Y cuando ya estaba en prisión, apuntó, la Fiscalía estatal le declaró formal prisión por el crimen de cuatro personas, hace dos años.

El presidente de la Comisión Especial destacó que hasta ahora no se han probado los supuestos vínculos con el narcotráfico del exfuncionario y de su esposa María de los Ángeles Pineda, porque son cargos que no han sido demostrados por un tribunal.

“En opinión de la PGR, hasta el 31 de diciembre de 2010 la respuesta es negativa. Ellos (la PGR) hicieron una investigación que ocultaron. No la conocíamos y la conocimos recientemente, pero no fue informada la conclusión de esa investigación, y a la opinión pública mucho menos”.

De igual manera, aceptó que fue “mala idea” postular a Abarca como candidato, pero según perredistas de Guerrero que fueron entrevistados, dijo, el exalcalde garantizaba el triunfo al PRD en Iguala, entonces gobernado por el PRI. “Esa idea resultó ser falsa, era incorrecta, porque en lugar de dar votos se los quitó”, reconoció.

Por su parte, Pablo Franco destacó que el uso político de la información debe ayudar a encontrar la verdad histórica sobre la realidad del paradero de los normalistas de Ayotzinapa, y resaltó que no existe una averiguación previa abierta contra el exalcalde.

“El señor Abarca nos dijo a nosotros que durante la noche él no tuvo ni siquiera acceso a la información. Le llamaba a su secretario de Seguridad Pública y él le decía: ‘no sé nada’, le decía: ‘estoy pidiendo el apoyo del Ejército y los federales y me dicen que no pueden’. En su momento, a quien corresponda –que no es a la comisión– tendría que esclarecer la responsabilidad de los poderes públicos y, por supuesto, de los partidos políticos”, añadió.

Comentó que el exfuncionario preso les hizo notar que los delitos imputados en la actualidad tienen relación a conductas previas a la balacera contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos.

Además, rechazó sanciones contra los promotores de la candidatura de Abarca dentro del PRD, porque la comisión “no tiene atribuciones”. Eso es tarea de la Comisión Jurídica del partido, dijo.

“Nosotros no estamos para lavarle las manos a nadie, mucho menos a esta propia comisión y a la dirigencia nacional del PRD. Lo que está en el informe es una información que reconoce hechos, que les reporta los hechos a ustedes, al país, y no es exagerado decir al mundo. No le estamos lavando las manos a nadie”, afirmó.

Franco destacó que en el informe hay una crítica a la falta de atención de la dirigencia nacional del PRD, entonces a cargo de Jesús Zambrano, a las postulaciones en Guerrero.

“No acusamos a nadie de los Chuchos”

El también representante del PRD ante el INE rechazó que en el informe se haga referencia a todos los integrantes de Nueva Izquierda, aunque sí menciona a la corriente como tal.

Nueva Izquierda, apuntó, no fue responsable, porque quien invitó a Abarca a ser candidato fue su amigo Sebastián de la Rosa, de Nueva Izquierda-Coduc, subcorriente en Guerrero.

“Hay tres o cuatro grupos que se llaman Nueva Izquierda en el estado de Guerrero, algunos de los cuales no tuvieron nada que ver con lo de Abarca, y uno de ellos, que fue muy activo en la decisión, fue el que encabeza Sebastián de la Rosa, es solamente uno. Nosotros no acusamos a nadie de los Chuchos”.

Añadió: “En este caso no hubo participación de la exdirigencia nacional (…) Hasta donde nuestro conocimiento llegó, no hubo, y es criticable”.


Resaltó que la interpretación mediática sobre la responsabilidad de los Chuchos en la postulación de Abarca es incorrecta, porque en el informe no los menciona así, ya que su registro como corriente es Nueva Izquierda, y en el reporte aparece muchas veces, pero nunca sin su referencia, “Coduc”, porque en Guerrero hay tres o cuatro grupos llamados Nueva Izquierda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Detienen a mando policiaco acusado de participar en desaparición de normalistas

Salgado Valladares fue quien dio la instrucción de interceptar en Iguala el camión en que viajaban los normalistas de Ayotzinapa hacia el evento del informe de la expresidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Agentes federales detuvieron en Morelos a Francisco Salgado Valladares, exsubdirector de la Policía Municipal de Iguala, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron a Animal Político que Salgado fue ubicado a partir de datos de inteligencia y de un seguimiento de casi siete meses sobre su posible paradero, luego de las declaraciones de expolicías municipales y de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos

El 15 de octubre del año pasado el jefe de la Agencia de Investigación criminal, Tomas Zerón, reveló que de acuerdo con la declaración de Raúl Núñez Salgado, operador financiero de Guerreros Unidos, Salgado Valladares manejaba y distribuía recursos que le pagaba el grupo delictivo a la corporación policial.

“En sus declaraciones Núñez nos está refiriendo que hacía un pago de 600 mil pesos mensuales que entregaba a Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública de Iguala” dijo Zerón en ese momento.

Salgado Valladares contaba con una orden de aprehensión solicitada por la PGR por su presunta participación y coordinación en la detención ilegal de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del año pasado, al igual que el exdirector de la Policía de Iguala, Felipe Flores.

Según la indagatoria, los policías de Iguala -siguiendo las instrucciones de sus mandos y del exalcalde José Luis Abarca- entregaron a los estudiantes detenidos a la policía del municipio aledaño de Cocula, quienes a su vez se los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos.

La captura de Salgado Valladares, según las fuentes consultadas, se realizó sin que opusiera mayor resistencia en las inmediaciones del Fraccionamiento Tabachines en Cuernavaca.

En octubre de 2014, 22 policías de Iguala recibieron auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado en agravio a las seis personas que murieron por los ataques de Iguala.


El pasado 26 y 27 de septiembre, seis personas -entre ellas dos normalistas de Ayotzinapa, un futbolista y tres civiles- murieron durante tres ataques en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero. Además de los 6 muertos, en los ataques fueron lesionadas 17 personas y 43 estudiantes desaparecieron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Zambrano se deslinda de postulación de Abarca

MÉXICO, D.F: El expresidente nacional del PRD Jesús Zambrano calificó de “mal intencionado” el manejo noticioso del informe que presentó la Comisión Especial del PRD sobre la postulación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y aseguró que él no tiene “ni tendré pacto alguno con delincuentes”.

Luego de darse a conocer que la corriente de los “Chuchos” fue corresponsable en el impulso político del exalcalde presuntamente implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Zambrano subrayó que ese señalamiento resulta “tendencioso” y “carente de toda veracidad”.

“Como puede comprobarse tras una lectura íntegra del informe que ayer entregó la Comisión Especial para este caso, fue una mesa denominada ‘de candidaturas’, de carácter plural y local (en la que participaron distintos equipos políticos), la que decidió la postulación del personaje señalado como abanderado del PRD”, puntualizó en un comunicado.

De acuerdo con el exlíder perredista, en ese documento se asienta que se consultó verbalmente al entonces secretario de Gobernación (Alejandro Poiré) “y éste no proporcionó información que confirmara los vínculos entre aquel individuo y el crimen organizado. Por ello, no se consideró tal supuesto dentro de la mesa que avaló su postulación. En este punto merece especial atención la evidente falla de los órganos de inteligencia del gobierno federal al mando de Felipe Calderón”.

Zambrano destacó que el informe de la Comisión Especial resalta que en la mesa de consensos no había, al menos físicamente, ningún dirigente político que no fuera de Guerrero, y los dirigentes nacionales que fueron entrevistados “han negado cualquier participación y los dirigentes locales han corroborado tales dichos”.

El mismo texto, añadió, señala que la dirección nacional no participó en la designación de esa candidatura.

“Ante los manejos noticiosos mal intencionados de algunas agencias informativas, quiero dejar muy claro que no protejo, ni tengo, ni tendré pacto alguno con delincuentes. Mi trayectoria y desempeño político de toda la vida están a la vista de todos”, remató.

Ayer, un mes después de que venció el plazo para indagar los mecanismos que hicieron posible la postulación del exalcalde de Iguala, la comisión especial creada por el PRD concluyó que los “Chuchos” tuvieron responsabilidad en ello.

La comisión, encabezada por Pablo Gómez, destacó que Abarca fue electo candidato en ese municipio guerrerense porque ganó los apoyos de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI) o los “Chuchos” y de Alianza Democrática Nacional (ADN).

Eso ocurrió a pesar de que Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del partido y miembro de los “Chuchos”, tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, apunta el texto.

La comisión, que hoy presentará su informe en rueda de prensa, advirtió que “José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que dio el triunfo a Abarca a pesar de que la encuesta (interna) no le favorecía”.

Incluso antes de que Abarca fuera electo, Zambrano solicitó de forma verbal a Alejandro Poiré que le informara si José Luis y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o cualquier otro, puntualizó.

“Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta”, asienta el reporte.


Pese a ello, abunda, Abarca fue designado candidato e inició campaña electoral, y aunque no era conocido entre los militantes del partido, sí en Iguala como un empresario impulsor de la única plaza comercial de la ciudad: Galerías Tamarindos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Quién postuló a Abarca?

El PRD publicó ayer su informe oficial sobre el exedil de Iguala; reconoce que su candidatura pudo provenir del crimen organizado, pero deslinda a la dirigencia nacional.

A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Especial del PRD que investiga la postulación de José Luis Abarca como alcalde de Iguala, Guerrero, hizo público un informe sobre cómo llego al gobierno. 

Por medio de entrevistas a dirigentes locales y nacionales, así como con el propioAbarca en el penal del Altiplano, la Comisión construyó los hechos e intentó fincar responsabilidades en relación a su candidatura en 2012. 

El informe sugiere que dicha postulación pudo surgir por una imposición del crimen organizado y deslindó a los dirigentes nacionales.

El reporte detalla que previo a que Abarca contendiera por la alcaldía, ya existían diversas acusaciones sobre vínculos del exedil, su esposa María de los Ángeles Pineda y su familia con el crimen organizado. 

Todos sabían... menos el PRD

Jesús Zambrano, expresidente del PRD, reconoció ante la Comisión haber recibido un expediente sobre las relaciones de Abarca con grupos criminales; no obstante, dijo haberle hecho una solicitud verbal a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si había una investigación en contra del exedil. Supuestamente, por la vía verbal le respondieron que no existía.

El documento menciona que “llama la atención” el hecho que la PGR no hubiera informado que existía una investigación de 2010 basada en una denuncia anónima en contra de María de los Ángeles Pineda por enriquecimiento ilícito. 


Además, se señala a Andrés Manuel López Obrador como otro de los actores que conocía de los nexos de Pineda con el crimen organizado, sin que este hubiera hecho algo al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF.

‘Los Chuchos’ impulsaron a Abarca a pesar de saber sus nexos con el narco: comisión del PRD

MÉXICO, D.F: A un mes de que se venció el plazo para indagar los mecanismos que hicieron posible la postulación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la comisión especial creada por el PRD concluyó que Los Chuchos tuvieron responsabilidad en el impulso político al exedil.

La comisión, encabezada por Pablo Gómez, destaca que Abarca fue electo candidato en ese municipio guerrerense porque ganó los apoyos de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI) o Los Chuchos y de Alianza Democrática Nacional (ADN).

Lo anterior ocurrió a pesar de que Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del partido y miembro de Los Chuchos, tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerrero Unidos.

La comisión, que presentará este jueves 7 su informe en rueda de prensa, advierte que “José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que dio el triunfo a Abarca a pesar de que la encuesta (interna) no le favorecía”.

Incluso antes de que Abarca fuera electo, Zambrano solicitó de forma verbal a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, que le informara si José Luis y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o cualquier otro.

“Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta”, asienta el reporte.

Pese a ello, abunda, Abarca fue designado candidato e inició campaña electoral y, aunque no era conocido entre los militantes del partido, sí en Iguala como un empresario impulsor de la única plaza comercial de la ciudad: Galerías Tamarindos.

La encuesta interna, puntualiza, había favorecido a Óscar Díaz Bello por uno o dos puntos porcentuales, por lo que se declaró un “empate técnico”, y la decisión final fue que se instalara una mesa de negociaciones para consensuar propuestas en el Consejo Estatal del PRD, la cual integraron el presidente del partido, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, Evodio Velásquez, Víctor Aguirre, David Jiménez Rumbo y Celestino Cesáreo.

“Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello, con el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala”.

El reporte también cita a Lázaro Mazón, quien ante la comisión admitió que la víspera a la selección del candidato en Iguala había llamado al entonces gobernador Aguirre para pedirle el apoyo a Abarca, debido a que el exmandatario era partidario de Díaz Bello.

Además, Mazón manifestó el desapego de la dirigencia nacional en turno, en manos de Jesús Zambrano, a la selección de candidaturas, exonerándolo así de los señalamientos de una supuesta venta de la candidatura por dos millones de pesos.

Incluso Abarca reconoció haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”.

Por su parte, Óscar Díaz Bello afirmó ante la comisión que entregó, tanto a Andrés Manuel López Obrador –entonces candidato presidencial del PRD– como a Zambrano, un expediente con extractos de la revista Proceso y recortes de periódicos donde se hablaba de la relación de María de los Ángeles Pineda y Abarca con la banda criminal de Guerreros Unidos.

Y también remitió la encuesta donde se destacaba que estaba arriba en las preferencias.

Entre otros puntos, el informe resume el contexto político de la postulación de Abarca, sus lineamientos como presidente municipal de Iguala, las condiciones políticas, sociales y económicas del municipio y la seguridad pública.

Caso Ayotzinapa

En el caso Ayotzinapa, la comisión señala que la responsabilidad política del exgobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo.

El Congreso de Guerrero, lamenta, “nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso.

“Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala”, acota.

En resumen, se estableció que no se ha descifrado el aspecto político de la tragedia: “La captura del Estado por la delincuencia organizada”.

También denuncia que el gobierno federal, a través de la PGR, “no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre pasados y de éstos en sí mismos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos”.


Además, “existen policías de Cocula sometidos a procesos penales, pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto”, deplora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Existen pruebas suficientes para demostrar delitos de esposa de Abarca: juez

Hace unos días, un tribunal unitario revocó el auto de formal prisión contra Pineda Villa, y ordenó reponer el procedimiento.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

El Juzgado 3 de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México decretó, de nueva cuenta, el auto de formal prisión por esos delitos, pues consideró que las pruebas existentes son suficientes para demostrar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

En cumplimiento a la resolución del 6 Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se dio oportunidad a la procesada y a su defensa de ofrecer pruebas y alegatos.

El citado tribunal ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 105/2014, a efecto de reabrir el periodo de preinstrucción duplicado para que Pineda Villa presentara sus pruebas.

El juez, no obstante, al acatar la instrucción del órgano jurisdiccional superior y analizar las documentales y alegatos, decretó una vez más el inicio formal del juicio por esos delitos.


El 9 de enero pasado, dicho juzgado decretó el auto de formal prisión a Pineda Villa, relacionada con una organización delictiva, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer delitos contra la salud, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Que no haga el ridículo’

Carlos Navarrete advirtió que la PGR tiene la obligación de presentar las pruebas en contra de María de los Ángeles Pineda

El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, exigió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) integrar correctamente las acusaciones contra María de los Ángeles Pineda por el delito de delincuencia organizada. 

“(La PGR) no puede salir con el ridículo de que hace acusaciones que luego no puedo sustentar”, expresó el perredista. 

María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, fue detenida en la Ciudad de México en noviembre de 2014 tras darse a la fuga con su cónyuge después de las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia en la sede nacional del partido Navarrete declaró que “en el caso de la pareja Abarca, la PGR tiene la obligación legal de sustentar las acusaciones contra ellos y probar las acusaciones, integrar las averiguaciones y aportar las pruebas necesarias”.

Esto después de que un tribunal unitario con sede en el Estado de México revocó el auto de formal prisión girado en contra de la esposa de José Luis Abarca. 


De acuerdo con la defensa de Pineda, el debido proceso fue violentado al no permitírsele presentar pruebas a su favor ante la justicia federal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Plantea CIDH nuevas líneas de investigación en caso Iguala

México, DF. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dio a conocer que pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir nuevas líneas de investigación sobre estas desapariciones forzadas.

"El GIEI suministró información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes; solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras", dio a conocer Carlos Beristain, especialista de este Grupo.

No obstante, dijo el experto, "todavía no vamos a plantear públicamente cuáles son algunas de estas líneas (de investigación)", porque consideró que esto podría perjudicar las investigaciones.

Beristain evitó señalar si esas nuevas líneas están vinculadas con la demanda de los familiares de que se indague también la actuación de un batallón del Ejército asentado en Iguala, el sitio donde desaparecieron los jóvenes el 26 de septiembre.

Asimismo, se dio a conocer que ya se entregó a la Policía Federal información sobre dos nuevos lugares que deben ser inspeccionados, de acuerdo con información proporcionada por los familiares.

Además, con el mapa de fosas en Iguala proporcionados por las autoridades federales, el GIEI evalúa la relación de algunas de ellas con la sospecha de que “hay intervención de agentes de la policía municipal con el patrón de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas”, informaron Carlos Beristain y Francisco Cox, integrantes del GIEI.

En conferencia de presa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del DF para presentar su segundo informe de actividades, ambos subrayaron que se necesita fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.

En esta visita de trabajo, informaron que también se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, con el apoyo de normalistas testigos de los hechos, lo que les ha ayudado a entender el impacto no sólo de las desapariciones forzadas, sino de los familiares y estudiantes del lugar.

Sin embargo, los especialistas dijeron que presentarán las conclusiones de la investigación hasta que terminen los seis meses estipulados para la investigación que inició el 2 de marzo.

Asimismo, dieron a conocer que también se reunieron con algunos de los detenidos por este caso en el Cefereso 4 de Nayarit y se envió una solicitud al Senado para aprobar la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada. También advirtieron que ha habido una "revictimación" y acciones de "coacción" contra familiares de las víctimas ante lo cual el grupo "pide que se investiguen los hechos".

El grupo está integrado por Beristain, que es médico y psicólogo, por la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia Villa.

El grupo de especialistas de la CIDH, que inició su misión de seis meses el 2 de marzo, se ha entrevistado en esta segunda visita con familiares de las víctimas y con 16 de los más de 100 detenidos. El 1 de mayo realizarán una nueva visita a México.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: MIRNA SERVÍN.

Ordena Ifai amplio informe sobre actuación del Ejército en caso Iguala

México, DF. Al resolver un nuevo recurso relacionado con la actuación del Ejército en el periodo en que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer una búsqueda exhaustiva de su documentación y entregar una información pública de todos los partes relacionados con la actuación del 27 batallón del Ejército, con base en Iguala, Guerrero, entre el 25 y el 30 de septiembre.

En su proyecto de resolución, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey señaló que esta determinación se tomó a partir de la consideración de que la desaparición de los estudiantes ya ha sido considerado como un caso en el que se registraron violaciones graves a los derechos humanos.

En consecuencia, señaló, es importante el conocimiento público de la información.

Recordó que no es el primer caso que el Ifai ha resuelto sobre la actuación del ejército en aquellos días, pero el recurso ahora interpuesto, abarca un periodo más amplio de los reportes militares de la actividad del citado batallón, antes y después de los hechos en los que presuntamente están involucrados autoridades.


Por tal motivo, se consideró viable la petición del solicitante de obtener una versión pública, en donde se eliminen sólo aquellos datos personales que no hayan hecho públicos la autoridad y por tanto obliga a la Sedena a entregar la documentación requerida. Esto a partir de que el pleno del Ifai no admitió la argumentación de incompetencia que alegó la dependencia para rechazar la solicitud.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA

A 4 meses de Iguala: la advertencia de Abarca fue “yo tengo ‘jijos’ de la chingada para matar”

Tanto las autoridades estatales, como las federales, ignoraron las denuncias de ciudadanos que de Iguala que advirtieron que el exalcalde amenazó y asesinó a líderes campesinos.

El 15 de mayo de 2013, el dirigente agrario Arturo Hernández Carmona, junto con toda la dirigencia de su organización, Unidad Popular, fueron recibidos en audiencia oficial por quien aún era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para analizar la problemática de violencia política que sufría el municipio, luego de que en marzo de ese año fuera asesinado en su despacho otro líder social, el síndico Justino Carvajal.
Ese día, recuerda Rafael Ochoa, uno de los dirigentes campesinos presentes en la reunión, el ingeniero Arturo Hernández Cardona “le dijo a Abarca que lo hacía responsable de lo que le pudiera suceder a él, o a los compañeros de Unidad Popular, y es ahí cuando se molesta José Luis Abarca y le dice que no va a andarlo cuidando… en esa reunión, Abarca nos dijo que ya tenía unas máquinas que nos iba a prestar para hacer obras en las colonias que representábamos, pero que si queríamos nosotros paz, teníamos que estar de su lado, y cuando se le dijo que no se aceptaba esa condición, que nosotros no estábamos con él, Abarca nos respondió: ‘¿Ah sí? Pues si ustedes manejan gente, yo manejo jijos de la chingada’, y como vio que no le hicimos mucho caso, él remarcó: ‘O sea, si no entienden, yo tengo gente para matar'”. Por esta amenaza, destaca Rafael Ochoa, su organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que no derivó en acción alguna.

Dos semanas después, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros seis integrantes de Unidad Popular fueron raptados, minutos después de encabezar una protesta en la caseta carretera de Iguala, organizada para demandar la entrega de abono a campesinos. Tres días después, el 3 de junio de 2013, Hernández Cardona y tres de los campesinos con los que había sido secuestrado, fueron encontrados, muertos, en una fosa clandestina ubicada en el vecino municipio de Mezcala.

Ese mismo día en que los cuerpos fueron localizados, subraya Rafael Ochoa, “yo fui arrestado por la Policía Municipal, estaba en una colonia que antes se llamaba La Pradera, donde nuestra organización tenía bases, y todos fuimos desalojados por la fuerza, a mí me arrestaron, me sembraron un arma, me obligaron a sostenerla para que me tomaran fotos con ella, y me llevan al reclusorio… a otros compañeros, además, los torturaron ahí mismo, aplicándoles descargas eléctricas con un aparato… yo estuve detenido 20 horas, y luego, mediante el pago de una fianza, fui puesto en libertad. Inmediatamente después huí de Iguala, con toda mi familia.”

–¿Usted fue testigo directo de las amenazas de José Luis Abarca?

–Sí –responde Ochoa–, yo no puedo decir que él fue directamente quien jaló el gatillo, pero sí puedo afirmar, porque ahí estaba yo, que él nos advirtió que tenía gente para matar, esa fue su expresión, ‘yo tengo gente para matar’… de hecho, como el ingeniero Hernández Cardona lo encaró cuando nos dijo eso, la esposa de Abarca, la señora María de los Ángeles Pineda, que también estaba en la reunión, se puso en pie y quiso írsele a los golpes al ingeniero… tuvo que intervenir la regidora Sofía Lorena Mendoza para evitar que lo golpeara… en ese momento todos nos salimos del despacho de Abarca, y cuando íbamos saliendo nos volvió a gritar que no olvidáramos que él tenía ‘jijos de la chingada’ para lo que se le ofreciera.

A pesar de que Unidad Popular promovió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero una denuncia contra Abarca por dichas amenazas, y a pesar de que éstas se cumplieron 15 días después, cobrando la vida del ingeniero Hernández Cardona y otros tres campesinos, el gobierno estatal, entonces aún encabezado por el perredista Ángel Aguirre, no emprendió ninguna acción en contra del alcalde igualteco.

En la misa línea, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco inició ninguna investigación, cuando esta denuncia fue presentada a nivel federal.

“Por eso –subraya Ochoa–, me parece muy raro que las autoridades estatales y federales se esperaran hasta el 26 de septiembre (de 2014) para hacer algo. O sea, tuvieron que desaparecer a 43 muchachos y tuvieron que ser asesinadas seis personas más, para que el gobierno se diera cuenta que sí, que José Luis Abarca asesinó a nuestro líder, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, porque cuando encarcelaron a los Abarca no fue por la desaparición de los normalistas, sino que fue por el asesinato de Arturo… el gobierno federal y estatal dejaron pasar un año y cuatro meses, para iniciar una investigación contra el exalcalde y su esposa, por el asesinato de nuestro líder, que era una persona dedicada cien por ciento a defender a los pobres, y esta tardanza, claro, las autoridades no han querido explicarla. Si hubieran actuado de forma inmediata, tal como dicta la ley, los muchachos de Ayotzinapa seguramente no habrían sido desaparecidos por la Policía Municipal y estarían hoy tomando clases en su escuela.”

Cabe recordar que Abarca y su esposa (presidenta del DIF municipal, y aspirante a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala) pidieron licencia al cargo cuatro días después del ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, y ese mismo día se dieron a la fuga. Y, luego de un mes prófugos, la pareja fue detenida en el Distrito Federal, pero no por el secuestro de los 43 normalistas, sino por su presunto involucramiento en el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona.

No fue sino hasta el pasado 13 de enero de 2015 que la PGR fincó cargos a ambos por el ataque policiaL perpetrado contra los estudiantes, así como por su presunta vinculación con el cártel conocido como Guerreros Unidos, cuyos sicarios, hoy se sabe, participaron en el crimen contra los normalistas.

Para intentar conocer la forma en que este grupo criminal fue arraigando en Iguala, se consulta a distintos tipos de habitantes: agricultores, empresarios, líderes sociales, políticos, empleados. Y ya sea por verdadero desconocimiento o por expreso temor a represalias, nadie aventura una respuesta.

El mejor ejemplo es el del doctor Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala en dos periodos, exsenador perredista por Guerrero, exsecretario de Salud del Estado, en el gabinete del hoy exgobernador Ángel Águirre. Mazón, además, fue quien presentó a José Luis Abarca ante la dirigencia del PRD, cuando éste comenzó su búsqueda de la candidatura perredista a la presidencia municipal de Iguala.

“Yo nunca he negado que conocí a José Luis Abarca –señala el doctor Mazón–, su mamá y mi mamá fueron amigas, pero yo no respondo por lo que hacen mis familiares ni mis amigos (…) Yo, por cuestiones de mi seguridad personal, he tratado de no escuchar pláticas que dicen esto y aquello, que el grupo rojo, que el grupo amarillo, que el grupo verde… yo trato de ni siquiera saber, yo escucho que los zetas, que los chacos y, creeme, yo no sé lo que es uno y lo que es otro, yo trato de no involucrarme ni saber de eso. Yo aprendí más de eso después de los balazos (el ataque policiaco contra los normalistas del 26 de septiembre), aprendí que había un grupo de Iguala llamado Guerreros Unidos, y que había un grupo llamado Los Rojos. Esa fue –remata– la primera vez que empecé a escuchar de ellos…”


Y así como él, muchos más en Iguala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

La PGR interna a esposa de Abarca en un penal de Nayarit

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) internó a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exedil de Iguala José Luis Abarca, en el módulo femenil del penal federal de El Rincón, Nayarit, para cumplimentar una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México por delincuencia organizada.

Fuentes federales informaron que Pineda Villa fue internada ayer debido a su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y la organización criminal “Guerreros Unidos”.

La esposa de Abarca fue internada después de que venciera el segundo arraigo concedido por un juez, por lo que ayer debió dejar las instalaciones del Centro Nacional de Arraigos de la PGR.

En octubre pasado la PGR acusó a la pareja de ser los autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que la dependencia giró orden de aprehensión contra ambos.


María de los Ángeles Pineda Villa es hermana de Mario y Alberto, de idénticos apellidos, quienes fueron asesinados en 2009 por traicionar a su jefe, Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Solicita PGR congelar cuentas bancarias de los Abarca

MEXICO, D.F: La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del matrimonio formado por el exedil de Iguala, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda Villa, pues se presume que su fortuna proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia también requirió el congelamiento de las cuentas bancarias de otras personas, particularmente de quienes han sido señaladas de tener algún vínculo de negocios con los Abarca y algún grado de participación en los sucesos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, donde murieron seis personas y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.

Pineda Villa fue notificada por un juez federal de la petición que realizaron en su contra los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

Lo propio hizo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encabezada en estos momentos por Rodrigo Archundia Barrientos, extitular de la SEIDO, quien pidió el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias bajo el supuesto de que el dinero tendría su origen en el crimen organizado.

El matrimonio, conformado además por tres hijos –dos mujeres de 24 y de 17, y un varón de 14 años–, aparte de las cuentas bancarias que la PGR solicitó congelar, poseía bienes mucho antes de incursionar en la política: su casa ocupaba varias parcelas de muros altos, alambre de seguridad y cámaras de vigilancia, lo que la hacían contrastar con el resto de las viviendas.

Hace seis años mandaron construir un centro comercial de cuatro hectáreas que costó unos 300 millones de pesos.

Según la PGR, las considerables propiedades y negocios del matrimonio Abarca-Pineda están a nombre de José Luis Abarca Velázquez, de su esposa, de sus hijas Yazareth y Yitzel, así como de otros familiares.

En Guerrero el matrimonio Abarca es dueño de 31 inmuebles, entre casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. En el Distrito Federal posee 10 propiedades localizadas en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Cuauhtémoc. Y en Tlaxcala también posee una casa.

Además, hay propiedades relacionadas con Mario y José Alberto Pineda Villa, hermanos de la esposa de Abarca Velázquez, considerados como operadores del cártel de los Beltrán Leyva.

Otros inmuebles están a nombre de una hermana de María de loa Ángeles Pineda, de sus padres y de su primo Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala aún prófugo de la justicia.

En Iguala, entre otros inmuebles, destacan ocho en la colonia Centro, entre las que sobresale un edificio en donde son dueños de cinco departamentos.

Otras tres propiedades se localizan en la colonia Jacarandas. Dos están a nombre de José Luis Abarca y la otra a nombre de su esposa y de su hija Yazareth Liz Abarca.

Una propiedad que se localiza en el número 8 de la calle de Roble semeja un búnker y su construcción sobresale del resto de las casas localizadas en esa misma calle.

Adicionalmente, José Luis Abarca tiene propiedades en las colonias Juan N. Álvarez, 20 de Noviembre, Rubén Figueroa, Renovación Ampliación, Villa Guadalupe y Lomas de los Coyotes.

En la colonia Vicente Guerrero tiene dos propiedades; en la colonia Los Tamarindos, un inmueble y cuatro departamentos que se localizan en un solo edificio.

Asimismo, es dueño de las firmas Grupo Empresarial Abarpin SA DE CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación, y de Asociación Yozy’s SA de CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y construcción de casas-habitación y desarrollos comerciales.

El exalcalde también es dueño de la Universidad Benemérito de las Américas, de Iguala, y propietario de un terreno de siete hectáreas en donde pensaba construir un complejo comercial. Aparte, es socio de Arizmendi Pérez Miranda y de la empresa Galaxy Gamers SA de CV.


Por último, José Luis Abarca es dueño y socio de 13 establecimientos ubicados en el centro joyero de la ciudad de Iguala, así como de un terreno utilizado como estacionamiento público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.