El empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) estudia presentar una demanda en México y en Estados Unidos en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como del empresario Julio Villarreal, presidente del Grupo Villacero, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con informaciones difundidas en las últimas horas por los diarios Milenio y Reforma, el empresario siderúrgico, imputado por lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio a Pemex de la planta Agronitrogenados, fue presionado para vender AHMSA al empresario Villarreal, a cambio de obtener su libertad en el proceso judicial que enfrenta.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, negó las acusaciones de una supuesta extorsión realizada por abogados “cercanos” a él contra Juan Collado y dijo que no lo conoce personalmente.

El abogado Paulo Díez Gargari señaló que la denuncia de Juan Collado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias, confirma sus dichos públicos de que éste y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Durante una entrevista este lunes con Aristegui en Vivo, señaló que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.

El abogado Juan Collado Mocelo negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el empresario que denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se opone rotundamente.

La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del altos mandos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el exsecretario Ejecutivo de Administración, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, y el secretario General de la Presidencia, Carlos Antonio Alpízar Salazar, quienes habían sido señalados por presuntos actos de corrupción mediante una denuncia anónima.

La exoneración de ambos funcionarios fue notificada por la FGR al Consejo de la Judicatura de forma directa, por lo que el organismo rector de jueces y magistrados federales determinó hacer pública el sentido de la resolución, pero sin dar a conocer una versión pública del documento.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, no solo es investigado por presuntamente frenar un procedimiento administrativo y penal por irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada a OHL (hoy Aleática); la Fiscalía General de la República (FGR) indaga si el exfuncionario obtuvo un beneficio personal por sus gestiones, pues existen indicios de que familiares y socios suyos han laborado en firmas de abogados al servicio de esa constructora.

El despacho de su hermano Pedro Scherer, ADS, fue contratado directamente por OHL para la reestructura de una deuda, mientras que su sobrino y el hijo de su pareja trabajan en un despacho de abogados, “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca”, que representa a los principales accionistas de la constructora. El propio Julio Scherer fue socio de esa misma firma de abogados.

Siendo consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra aprovechó sus facultades legales y sus influencias en el gobierno federal para frenar una investigación que concluía que fue ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario, que el gobierno del Estado de México, en la gestión de Enrique Peña Nieto, otorgó a la constructora española OHL, hoy Aleática.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la posible existencia de malos manejos o tráfico de influencias detrás de al menos seis casos abiertos por presuntos hechos de corrupción de alto impacto, y en las que personas denunciadas se han visto favorecidas con beneficios legales, exoneraciones o con retrasos en sus consignaciones.

Lo anterior luego de que los abogados que participan o han participado en estas indagatorias fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía por, presuntamente, extorsionar a sus clientes a cambio de supuestos favores que obtendrían con las autoridades, en supuesta complicidad con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.