La defensora de derechos humanos Kenia Hernández fue agredida físicamente en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, donde se encuentra recluida, por lo que diversos colectivos, encabezados por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), llamaron a las autoridades involucradas a garantizar su integridad y liberarla.

El Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association) consideró que debe anularse la condena de 11 años y tres meses de prisión impuesta a la activista Kenia Hernández, en Ecatepec, Estado de México, tras advertir diversas violaciones en el proceso judicial.

En su Informe de Observación al juicio denominado “México vs Kenia Hernández”, el organismo advierte que la determinación tomada en marzo de 2022 contra la coordinadora del colectivo Zapata Vive “parece haber sido un instrumento de represalia como respuesta a su activismo por los derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “la presunta criminalización" de Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, recluida en un penal de Morelos y sentenciada a 21 años y 9 meses de prisión por su activismo en favor de sectores como las mujeres y los presos políticos.

La CIDH destaca que la defensora indígena, también integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, es procesada por al menos cinco causas penales, según información del Estado.

Cientos de Mujeres y organizaciones sociales de Ecatepec se pronunciaron por la liberación de la activista indígena Kenia Hernández, durante un encuentro de activistas en el centro de la localidad.

En la plaza principal de Ecatepec íntegrantes feministas y de diversos colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos, portando pancartas y cárteles con la imagen de Kenia, exigieron su liberación inmediata y exigieron a autoridades mexiquenses y federales, dejar de criminalizar la protesta social.

Kenia Hernández, activista indígena amuzga que lleva un año y cuatro meses en prisión, fue acusada de haber cometido en marzo de 2020 un robo con violencia en una caseta de cobro en Ecatepec, Estado de México. Sin embargo, un dictamen pericial del que este medio guarda copia establece que la activista el día de los hechos se encontraba a más de 600 kilómetros de distancia. 

El juez que tiene a su cargo el proceso judicial en contra de la activista Kenia Hernández reconoció el derecho de ésta a autoadscribirse como indígena, al tiempo que el Poder Judicial del estado de México (PJEM) enfatizó que la libertad del abogado defensor de la luchadora social en ningún momento estuvo en riesgo, como él denunció la semana pasada.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que aunque la audiencia programada este jueves no se logró realizar, debido a problemas de conectividad de Internet entre el juzgado y el sitio donde su defendida está presa, el juez Jorge González Rivera reconoció que la mujer tiene derecho a autoadscribirse como indígena --al margen de que también sepa hablar español-- y a ser juzgada con dicha óptica.

La activista guerrerense Kenia Hernández Montalván, interna en un penal federal femenil de Morelos desde el 26 de octubre pasado, inició una huelga de hambre el lunes, como medida de protesta por la constante criminalización de su expediente, emprendida por la Fiscalía General de la República (FGE) y Caminos y Puentes Federales (Capufe), instancias que se han negado a aceptar un acuerdo reparatorio conla acusada.

El abogado de la activista, Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero, subrayó que Kenia Hernández no tiene porqué seguir en prisión, si es que se aplica el Estado de derecho, pues los delitos de que se acusa a Kenia no son considerados como graves.

Mediante un comunicado, Lara Duque mencionó que: “la actitud del juez González Rivera no sólo violenta el procedimiento jurídico, sino que, además, revela su prepotencia, ignorancia, imposición y desprecio al evitar reconocer la calidad de figura indígena de Kenia Inés Hernández Montalván al ordenar el arresto a su defensor obligándolo a presentar dicho intérprete”.

La salud de la defensora Kenia Hernández, recluida en una prisión de máxima seguridad en el estado de Morelos desde octubre del 2020, se ha deteriorado, expuso la organización internacional Front Line Defenders.

La organización urgió a las autoridades a retirar los cargos “fabricados” contra Kenia Hernández, pues, aseguraron, su encarcelamiento está “motivado por su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos”. También exigieron garantizar pronta asistencia y tratamiento médico de calidad para la activista.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al juez de Distrito responsable del proceso penal que se sigue contra la activista Kenia Inés Hernández Montalván, del Colectivo Zapata Vive, respetar los principios del debido proceso y plazo razonable.

El organismo recordó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guerrero que el tiempo razonable para la duración del proceso debe medirse en relación con la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso, de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La activista Kenia Hernández fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ataques a las vías generales de comunicación y, pese a que este ilícito no amerita prisión preventiva oficiosa, la medida le fue dictada porque sus manifestaciones “incomodan” a funcionarios y particulares, señaló su defensa.

José Antonio Lara, abogado de la defensora, anticipó que el auto de vinculación será combatido mediante amparo indirecto, aunque la lucha legal se puede anticipar larga “porque la autoridad está decidida a violar leyes, procedimientos y criterios internacionales de mínima intervención” para volverla un ejemplo de reprimenda a la movilización social.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) acusó a las concesionarias de autopistas en el país y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) de encabezar una campaña de criminalización y castigo ejemplar contra la defensora Kenia Hernández, con la toma de casetas como punta de lanza.

Prueba de ello, aseguró, es que de marzo a la fecha la activista, detenida en el penal de Morelos, acumula seis denuncias penales. 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) informó que desconoce el paradero de la activista Kenia Hernández, quien el pasado fin de semana fue aprehendida por tercera ocasión, ahora por el delito de ataques a las vías de comunicación.

La noche del sábado 24, una jueza del Estado de México determinó que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” podía enfrentar en libertad la segunda acusación en su contra por presunto robo con violencia.