Once años de impunidad en el asesinato de la defensora Marisela Escobedo

Este 16 de diciembre se cumplieron 11 años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en el estado de Chihuahua en 2010. Desde entonces no hay  justicia para ella, toda su familia permanece desplazada forzadamente en otro país y hay un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en el estado.

Como cada año, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la placa colocada en honor a Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, por exigir justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre Escobedo, desaparecida y asesinada en 2008.

Chihuahua reabrirá el caso de Marisela Escobedo, activista asesinada al exigir justicia por su hija

Desde la muerte de Marisela, el resto de la familia ha tenido que exiliarse y organismos como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) luchan para que la voz de Marisela y de Rubí todavía puedan escucharse.

Un día después del décimo aniversario de su muerte, el caso de la madre de una víctima de feminicidio y activista, Marisela Escobedo, será reabierto por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el norte de México.

El Gobernador del estado, Javier Corral, anunció este jueves que se retomará la investigación del caso, difundido en un reciente documental de Netflix, “a fin de profundizar en las líneas de investigación que algunos familiares han señalado”, de acuerdo con un comunicado.

Exigen justicia a 10 años del asesinato de Marisela Escobedo

Familiares y miembros de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que entregarán una petición en el Consulado Mexicano en Estados Unidos y realizarán una vigilia con veladoras en Chihuahua.

Para mantener viva la memoria de Marisela Escobedo y exigir justicia al gobierno de Chihuahua, familiares y activistas preparan una serie de actividades a 10 años de su asesinato.

Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, precisamente cuando la mujer exigía justicia por su hija, Rubí Fraire Escobedo, víctima de feminicidio.

Este martes, en una rueda de prensa, familiares y miembros de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que entregarán un pronunciamiento en el Consulado Mexicano en Estados Unidos y realizarán una instalación con veladoras, por lo que invitan a la comunidad a sumarse a esta exigencia.

Marisela Escobedo: cinco años de impunidad

MÉXICO, DF: Al cumplirse hoy cinco años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo, activistas y sus familiares exiliados exigieron justicia al gobierno de Chihuahua y el cumplimiento de la recomendación emitida en 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide investigar a funcionarios públicos y ofrecer una disculpa pública a la familia de la activista.

En actos simultáneos en El Paso, Texas, y en Chihuahua, donde participaron familiares de víctimas de feminicidio y personas exiliadas en Estados Unidos debido a la violencia, se pidió también justicia por el asesinato de Rubí Marisol, la hija de Marisela, asesinada en 2008 a los 16 años de edad.

Ante la impunidad que prevalece ambos crímenes y la omisión del gobierno chihuahuense por dar cumplimiento a la recomendación 44/2013 de la CNDH, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) informó que se trabaja para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Gobierno de Coahuila aseguró en su momento que daría cumplimiento a la recomendación, pero no ha cumplido ni siquiera la parte más sencilla, que es ofrecer una disculpa pública a los familiares.

Tampoco ha investigado a los funcionarios públicos que cometieron omisiones en la investigación de ambos crímenes, dejaron sin protección a la activista en su momento, además de que desde hace dos años busca dar “carpetazo” al caso.

Crimen anunciado

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de permanecer varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.

Dos días antes de ser asesinada Marisela había advertido de las amenazas que pesaban en su contra.

Los videos de vigilancia captaron el momento en que un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno. Los guardias no abrieron las puertas y finalmente la mujer fue asesinada.

Para ese momento, Marisela –reconocida por sus compañeras activistas como un ejemplo de lucha– había recorrido un largo camino en la exigencia de justicia para su hija Rubí quien fue asesinada por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pero éste fue absuelto pese a que confesó el asesinato durante el juicio oral que se celebró en su contra.

Luego se logró rectificar esa decisión absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión, pero el fallo nunca se ejecutó.

Investigación ante la omisión

Al igual que miles de madres que exigen justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela se convirtió en investigadora y detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí, pero las autoridades ignoraron la información y no lo aprehendieron.

Inicialmente, Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, y tras la injusta sentencia solicitó al Cedehm que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.

Marisela realizó innumerables acciones para exigir justicia: en una ocasión marchó a la Ciudad de México y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, pero nunca accedió.

También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, donde pudo localizar nuevamente al asesino de su hija sin que la Fiscalía hiciera algo por detenerlo.

Ante la falta de respuesta de las diversas autoridades locales y federales, en diciembre de 2010 decidió realizar el plantón frente a las puertas del Palacio de gobierno de Chihuahua, donde finalmente perdió la vida.

El 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.

El hermano de Marisela, quien vio el rostro del asesino, negó que Jiménez Zavala hubiera sido el autor del crimen. Más aún, desde el exilio, el hijo de Marisela, Juan Frayre Escobedo, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza.

En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado, del que se presume formaba parte, y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad.

La recomendación

A principios de noviembre de 2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua de dar información del avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la Comisión, el Gobierno de Chihuahua es responsable de violar los derechos humanos de Marisela y de sus familiares, pues desde el primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.

El gobierno debió brindar a la brevedad la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de Marisela que sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.

Una semana después de recibir la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el gobernador chihuahuense dijo que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública, pero a la fecha ninguna de las dos acciones se ha llevado a cabo.

La recomendación de la CNDH resultado de la queja promovida por la propia Marisela por el feminicidio de su hija, siete meses antes de que fuera asesinada, también pedía realizar una investigación y sancionar a los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí, desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.

A la fecha nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y exfuncionarios que cometieron irregularidades.


Por ello, el Cedhem planea solicitar el apoyo de instancias internacionales para obligar al Estado a no dar “carpetazo” al asesinato de Rubí y Marisela.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
FECHA: 16 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423749

Enjuician a fabricante alemán; introdujo a México arma con la que mataron a Marisela Escobedo

MÉXICO, D.F: Una de las armas 9 mm fabricadas por Sig Sauer y enviadas a México de manera ilegal, fue la que utilizó José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, para quitarle la vida a la activista Marisela Escobedo, el 16 de diciembre de 2010.

De acuerdo con información del servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, Deutsche Welle (DW), por esa exportación ilegal de armamento, Sig Sauer enfrenta cargos criminales en su país.

La empresa alemana, destacó, enfrenta el segundo juicio debido a que el activista antiarmas, Jürgen Grässlin, presentó cargos en su contra después de que Jiménez Zavala –asesinado en su celda el pasado 31 de diciembre– confesó su participación en el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz, en la capital de Chihuahua.

Al dar a conocer la información, DW precisó que Escobedo, de 52 años, se convirtió en una destacada activista en Chihuahua después de que Sergio Barraza Bocanegra, su yerno, confesó haber asesinado a su hija Marisol Fraire Escobedo, de 16 años, pero fue absuelto por los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid.

Los jueces argumentaron no haber encontrado elementos de prueba para sentenciar al presunto asesino, miembro de Los Zetas, por lo que ordenaron su libertad.

El 30 de abril del 2010, Marisela Escobedo inició una serie de movilizaciones tras la liberación del asesino de su hija, ejecutada en enero de 2009 en Ciudad Juárez.

Siete meses después, el 16 de diciembre de 2010, la activista mantenía un plantón en la plaza Hidalgo, junto a Palacio de Gobierno. En esa ocasión Jiménez Zavala se le acercó y la amagó con una pistola.

Escobedo logró zafarse y corrió para refugiarse en Palacio de Gobierno, pero fue alcanzada por Jiménez Zavala, que le disparó a corta distancia. El Wiked, aprehendido el 7 de octubre de 2012, confesó su crimen: “Fui responsable de privar de la vida a la señora Escobedo por órdenes que yo tenía de la organización a la que yo pertenezco (La Línea)”.

Posteriormente el hombre fue ejecutado por su compañero de celda cuando se encontraba sujeto a proceso por el homicidio de la activista y había recibido una sentencia de prisión vitalicia por el crimen de 16 personas dentro de un bar de la ciudad de Chihuahua, el 20 de abril del 2012.


El sicario aseguraba ser responsable de la muerte de más de 200 personas en ejecuciones, enfrentamientos, o en sesiones de tortura a miembros de bandas rivales. Por lo menos 12 de esas víctimas fueron asesinadas con armas de Sig Sauer. No obstante, México se ha hecho de la vista gorda para enjuiciar a la empresa alemana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Llevarán caso Marisela Escobedo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

GUANAJUATO, Gto: El caso Marisela Escobedo Ortiz, la activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”.

De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH, en coordinación con el Cedehm.

“En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil. Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí, porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el caso de Rubí”, señala la abogada.

A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos.

Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en libertad “por falta de pruebas”.
En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.

“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola.

“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez.

Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte.
El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.

En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez como el asesino de Marisela.

Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM, sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”.

Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha, subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también con “juvenicidios”.

“Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil 500.

Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos los niveles en el país”, dice.

La simulación.

De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema judicial.

“Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores) estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único, realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”.

En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y para la rebatinga política.

“Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo niegan”, lamenta.

Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado, policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”, dice.

–¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta.

–Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos.

“La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”.

Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º constitucional.

“Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen gobierno”.

La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da pena ajena”.

Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre. Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”.

Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol.


“Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren vender”, remata.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.