La empresa Aleatica afirmó, a través de un posicionamiento público, que el Viaducto Bicentenario es una vía elevada que no afecta bienes de la nación, se construyó y se opera con base en una concesión otorgada por el Gobierno del Estado de México, e insistió en que su título es vigente y está en regla.

Afirmó que la autopista se construyó con una inversión de la compañía, y sugirió que no utiliza ningún tramo federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el gobierno del Estado de México otorgó una concesión ilegal para la explotación del Viaducto Bicentenario desde el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador, conducta que se extendió a los mandatos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.

El asunto fue denunciado por el abogado Paulo Díez y este miércoles se concluyó que el Gobierno del Estado de México nunca obtuvo una concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación propiedad de la Nación.

La empresa española OHLA anunció que está dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer las acusaciones que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la relacionarían junto al expresidente Enrique Peña Nieto con la comisión de delitos electorales y patrimoniales.

El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense acusó “uso faccioso de las instituciones del Estado, concretamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, en la denuncia entablada por la empresa Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., filial de OHL-Aleatica, contra Paulo Díez, abogado de Infraiber, por supuestos ataques a las vías de comunicación.

Durante la sesión de este jueves, desde la tribuna parlamentaria, el diputado Faustino de la Cruz señaló que no es la primera ocasión en que la Fiscalía estatal utiliza, “presumiblemente de forma facciosa”, sus atribuciones, e indicó que parece realizar diligencias e investigación a petición de parte de los poderes fácticos y no de los ciudadanos.

El Juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, quien lleva la investigación del llamado Caso Lezo, dictó este lunes auto de apertura de juicio oral contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, el empresario Javier López Madrid y otras cuatro personas por la trampa en la adjudicación de las obras de un tren a la localidad de Navalcarnero, informó elDiario.es.

Al margen de los presuntos actos de corrupción entre OHL (hoy Aleatica) y el Gobierno del exgobernador mexiquense (2005-2011) Enrique Peña Nieto, de que Aleatica no tiene derecho de explotar el Viaducto Bicentenario y que la concesión que mantiene desde 2008 –hasta el año 2038– debería ser revocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la 4T, existe una incapacidad financiera por parte de la empresa para cubrir la deuda bancaria derivada de la construcción de la vía sobre uso de suelo federal.