Durante el acto de protesta, la periodista Norma Trujillo recordó que en noviembre de 2020 el presidente López Obrador dijo que “buscaría una estrategia legal para reabrir el caso”, pero después de cinco meses no han tenido respuestas, señaló.
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jueves, 29 de abril de 2021
Periodistas exigen reabrir investigación por asesinato de Regina Martínez
miércoles, 28 de abril de 2021
Regina Martínez: Nueve años de impunidad y cinco meses de silencio de AMLO, denuncian en Veracruz
Amigos, colegas, activistas y ambientalistas que reconocían el trabajo de Regina Martínez recordaron que, desde hace cinco meses, el presidente López Obrador se comprometió a reabrir la investigación del asesinato de la corresponsal de Proceso, y hasta hoy no se ha realizado diligencia alguna.
Amigos, colegas, activistas y ambientalistas que reconocían el trabajo de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, protestaron en la plaza Lerdo de Tejada para recordar que han pasado nueve años desde su asesinato y continúa impune.
También reprocharon que han pasado cinco meses desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a “reabrir” la carpeta de investigación y buscar a los responsables y hasta ahora no ha existido una sola diligencia para dar con los culpables de este homicidio, considerado un parteaguas en la prensa nacional.
jueves, 18 de marzo de 2021
Coalición internacional pide a la FGR atraer el caso de Regina Martínez
Las organizaciones que conforman “A safer world of the truth” presentaron un informe sobre el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, en la que solicitan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión realizar una investigación eficaz.
La coalición internacional “A safer world of the truth” (Un mundo más seguro para la verdad) conformada por tres organizaciones civiles defensoras de periodistas y libertad de expresión en el mundo, presentó un informe sobre el asesinato de la reportera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz hasta el año 2012, y solicitó a la Fiscalía General de la República la atracción y reapertura de la investigación.
Esta petición se suma a la que a fines de noviembre pasado se hizo directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por un grupo internacional de periodistas que, junto con Proceso, participaron en el “Proyecto Cartel”, investigación sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, su asesinato y la investigación manipulada que efectuó la Fiscalía en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
viernes, 28 de abril de 2017
Regina Martínez: Cinco años de impunidad
Hoy 28 de abril se cumplen cinco años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. En un principio, Javier Duarte se mostró dispuesto a investigar a fondo el crimen, pero las indagatorias se empantanaron. Luego vinieron las intimidaciones a los comunicadores de la entidad, incluido el reportero de este semanario coadyuvante en la investigación, Jorge Carrasco, y contra toda la labor de seguimiento informativo desplegada por la revista en el estado sin ley de Javier Duarte.
Javier Duarte se convirtió en referencia de pesadilla para el periodismo en Veracruz.
Para su gobierno, la muerte de periodistas de la entidad tuvo que ver sobre todo con la delincuencia organizada o con sus vidas personales. Nunca consideró siquiera la posibilidad de que esas muertes se hayan derivado del ejercicio crítico del periodismo hacia su gestión y de la descomposición de la vida pública local.
Proceso padeció directa y repetidamente esa descomposición. Nunca había sido tan agraviada. El asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril de 2012, fue el primero y gran daño que tuvo bajo la gestión duartista.
Para su gobierno, la muerte de periodistas de la entidad tuvo que ver sobre todo con la delincuencia organizada o con sus vidas personales. Nunca consideró siquiera la posibilidad de que esas muertes se hayan derivado del ejercicio crítico del periodismo hacia su gestión y de la descomposición de la vida pública local.
Proceso padeció directa y repetidamente esa descomposición. Nunca había sido tan agraviada. El asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril de 2012, fue el primero y gran daño que tuvo bajo la gestión duartista.
jueves, 28 de abril de 2016
Que los periodistas empiecen a reclamar sus derechos: a 4 años del asesinato de Regina Martínez en Veracruz
Regina Martínez fue la corresponsal de la Revista Proceso hasta que el 28 de Abril de 2012 fue asesinada en su casa, en dónde fue golpeada y ahorcada. El móvil que la procuraduría general del estado validó fue el de un robo o un crimen pasional.
Esta mañana, periodistas, familiares y compañeros de Regina, colocaron nuevamente una placa en la Plaza del centro histórico, frente a la catedral de Xalapa, que hace años lleva su nombre.
“Hoy se instituyó el premio Regina Martínez, que va dirigido a jóvenes que empiezan a hacer periodismo comprometido con la sociedad. Es un premio simbólico por lo que representaba Regina Martínez en Veracruz, que con su trabajo daba la oportunidad de expresarse a los más humildes, a campesinos, indígenas y también siguiendo casos de violaciones de derechos humanos”, relató Norma.
“Es un premio de periodistas a periodistas, que en este caso fue entregado a Miguel León Carmona, a él como periodista” por su compromiso ético y por seguir esta senda trazada por Regina.
El Colectivo Voz Alterna nació en el año 2012 y de a poco ha ido integrándose a lo que es hoy, uno de los medios independientes obligados del Estado y que puede leerse en facebook.
“El respaldo del Colectivo ha sido importante, pero lo que se necesita es hacer más periodismo. Nuestra exigencia es porque mejoren las condiciones de este gremio, que han sido muy precarias desde siempre. Es muy difícil que un periodista tenga prestaciones sociales, si acaso hay 4 medios en Veracruz que las ofrecen. A partir de ahí se crea un círculo vicioso entre el periodista, el empresario de los medios y el gobierno”
Bajos salarios, con un ritmo que exige entre 3 y 4 notas diarias, hace que para sobrevivir de una manera honesta, un reportero tenga que apelar necesariamente al multi-empleo, empobreciendo la tarea y la información que el resto consume.
“El empresario no aporta para hacer periodismo de investigación, mientras los reporteros atienden 2 o 3 trabajos, que en el diarismo, hace que tengan que entregar unas 8 notas mínimo por jornada. Eso genera una merma en la calidad de la presentación de la información, mientras el empresario cómodamente no paga lo que tiene que pagar y el gobierno transparenta sus apoyos por medio de la publicidad destinada a la difusión de su propia gestión. Ese es el círculo vicioso al que me referí.”
Relatan desde el Colectivo que el premio, más que para tener una presencia o un respaldo, busca empezar aunque sea de manera idealista, a tratar con (y reconocer) el trabajo de las nuevas generaciones. “Para que vayan haciéndose conscientes de sus derechos” y que empiecen también a exigirlos.
Además de la placa que remarcó ese bautismo popular del espacio público, en el piso de la Plaza Regina quedó estampado su nombre, así como el el de Ruben Espinosa, y Nadia Vera, fotoperiodista y activista cultural originarios de Xalapa, que fueron asesinados junto a otras 3 mujeres, en un departamento en la Colonia Narvarte, de la Ciudad de México, a dónde los dos se habían refugiado tras las constantes amenazas de que eran objeto en su ciudad natal.
Sobre la investigación del asesinato de Regina, puntualizaron que ha tenido serias inconsistencias y que muchos elementos y evidencias cosechados por la Fiscalía del Estado no han sido tomados en cuenta. Pero lo clave es que la investigación no ha seguido como motivo del crimen, su trabajo periodístico.
Es el mismo reclamo que se hace en relación a la investigación del homicidio de Ruben Espinosa y Nadia Vera, reclamo que es también levantado por familiares de estas víctimas y abogados vinculados al caso.
Fue muy emotivo, relata Norma, la actividad de esta mañana. Además de otros periodistas del estado, en la ceremonia estuvo también presente una organización civil llamada Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, muy cercana a Regina. Uno de sus integrantes compuso una canción para la reportera que entonó entre los presentes.
“Me gustaría destacar que la inseguridad que padecemos no se vive sólo en la capital o en el Puerto de Veracruz, hay compañeros de otras zonas que también son agredidos, por los que también se le pide al gobierno federal que ponga atención. No creemos que tengamos la prioridad, estamos exigiendo justicia como cualquier otro ciudadano de este país.”
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET
LINK: http://desinformemonos.org.mx/93244-2/
Regina Martínez: La herida sigue abierta
Desde hace más de mil 400 días, periodistas veracruzanos piden justicia por el asesinato impune de su compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. La lista de agravios en el sexenio del terror que encabeza el gobernador Javier Duarte ha afectado a otros 16 comunicadores; y aunque el miedo embarga al gremio, no cesa su reclamo. Lo que duele no es sólo la negligencia de las autoridades, sino también que muchos de los personajes del entorno del mandatario hayan sido premiados con ascensos.
XALAPA, VER: El tiempo se le agota al gobernador Javier Duarte de Ochoa –sólo le quedan siete meses de gestión– y los problemas se le multiplican. Inseguridad, extorsiones, levantones, desapariciones y asesinatos impunes, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Hoy jueves 28 se cumplen cuatro años de ese homicidio y las autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien presuntamente ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012.
Proceso tuvo acceso una sola vez a las diligencias ministeriales, según lo determinó en mayo de 2012 el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado –antecesora de la FGE–, Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien hoy es el líder estatal del PRI por recomendación de Héctor Yunes Landa, quien busca refrendar la gubernatura en los comicios del próximo 5 de junio.
Ya pasaron mil 400 días del homicidio de Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que “por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado.
La litigante Diana Coq Toscanini –excoadyuvante de Proceso en el homicidio de Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. Nadie lo detiene.
Según comentó el gobernador al reportero, El Jarocho “se ha escondido muy bien, pero lo vamos a encontrar”, mientras que el fiscal Luis Ángel Bravo respondió por escrito a un cuestionario que se le hizo llegar: la orden de aprehensión contra el otro coacusado ha sido boletinada a toda la República, incluso a la Policía Federal, y también está “alojada en Plataforma México”.
Y agregó: “Hay voluntad política y disposición jurídica. La FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos o mediáticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”.
Sin embargo, en el ámbito local, las inconsistencias no se han subsanado. La juez Beatriz Rivera, por ejemplo, nunca consideró las declaraciones de Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, un presunto operador de Los Zetas en Veracruz, pese a que aseguró (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011) que en el homicidio de Regina estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa (Proceso 1879).
Peor aún, según la toca 673-13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, El Silva fue detenido seis meses después de los hechos y sentenciado en 2013, en flagrante violación al debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión en su contra, como lo indican los artículos 14 y 16 constitucionales.
Incertidumbre gremial
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y tuiteros.
Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Rubencillo, como le decían sus compañeros, salió de Veracruz el 11 de junio de 2015, dos días después de colocar la placa de Regina Martínez para rebautizar la Plaza Lerdo con el nombre de su colega. Había decidido autoexiliarse tras detectar que policías vestidos de civil y empleados del gobierno estatal lo perseguían.
“Me voy antes que me peguen una madriza y me dejen más loco de lo que ya estoy”, le dijo a sus allegados antes de despedirse. “Mi exilio es temporal. Mira carnal –dijo a este reportero–, hay que estar tranquilos. Después de lo que pasó con Regina, serían muy estúpidos si se metieran conmigo o contigo”.
El fotoperiodista se fue a la Ciudad de México. Cuarenta y siete días después fue ejecutado junto a la activista cultural Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la estilista Jesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete.
El asesinato más reciente en el gremio veracruzano es el de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba y de El Buen Tono, quien el 8 de febrero pasado fue sacada de su domicilio en Mariano Escobedo por un comando armado. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera que va a Tehuacán, Puebla.
Alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales.
Inconsistencias e irregularidades
La investigación ministerial 019/2012/PC, el proceso penal 358/2012 y la toca 673-13 están plagados de inconsistencias y diligencias inverosímiles.
Según el expediente consultado sólo una vez por Proceso, la noche del 27 de abril de 2012 y la madrugada del día 28, el guardia de seguridad privada que vigilaba los alrededores de la calle Rodríguez Clara y la privada del mismo nombre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde vivía Regina, se reportó enfermo.
La patrulla asignada a la vigilancia del sector que incluye esa colonia, así como las de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, tampoco hizo su rondín en la calle Rodríguez Clara y privada del mismo nombre porque, según los uniformados responsables, el sector era muy extenso, por lo que decidieron hacer rondines aleatorios.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que durante el sexenio de Duarte fue transformada en la FGE, nunca incluyó la línea periodística crítica de Regina y decidió centrar las indagatorias en el entorno personal de la corresponsal de Proceso, una “persona altamente vulnerable” por ser mujer, entrada en años y vivir sola, según la investigación ministerial 019/2012/PC.
En su “disposición victimógena”, servicios periciales concluyó que Regina se encontraba en el “inicio de una relación”, porqué encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes nuevos, así como insumos propios de una persona que “inicia una relación”.
En abril de 2013, un año después del asesinato de Regina, el reportero de Proceso Jorge Carrasco, parte coadyuvante en el caso, recibió informes acerca de que exfuncionarios y colaboradores de Duarte, de la SSP y de la propia PGJE se reunieron para instrumentar “acciones hostiles” contra él por sus reportajes sobre el asesinato de Regina.
En esa reunión presuntamente convinieron en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en la Ciudad de México, donde, dijeron, ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
Los premiados
El jueves 28 se cumplen cuatro años de impunidad en torno al caso de Regina Martínez Pérez. Durante este periodo Proceso ha documentado las pifias de las autoridades estatales, así como los premios a varios personajes del entorno duartista.
Felipe Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador que entrampó el expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial.
Beatriz Rivera Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del TSJ.
Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de Los Zetas.
Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, declararon que Lezama Moo presuntamente recibía 80 mil pesos mensuales de la organización delincuencial a cambio de diligencias y favores cuando fungió como subprocurador en Córdoba.
Lezama Moo también se ganó el repudio de tuiteros, organizaciones y activistas sociales a raíz de una entrevista con reporteros de Xalapa en la que el funcionario aseguró que la mayoría de las desaparecidas eran gente que se “iba con el amante, otra novia o con el amiguito”.
El magistrado federal Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, que recayó con la toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, el gobierno de Duarte promovió a la esposa de Romero, María Dolores Silva Ovando, como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE), a propuesta de Duarte.
El magistrado Edel Álvarez, exlíder estatal del PRI, fue quien “revocó” la sentencia contra El Silva, lo que le permitió al inculpado estar libre durante nueve meses, fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente del PJE, Alberto Sosa Hernández, quien también dio curso legal a la investigación ministerial del expediente de Regina, se reeligió en diciembre de 2013.
Jorge Toss Capistrán, el juez federal que concedió “el amparo” en la segunda etapa del expediente, para que El Silva regresara a la cárcel, fue compensado, aunque de forma indirecta: uno de sus hermanos, Adolfo, es candidato del PRI a la diputación por Xalapa, mientras que otro, Leopoldo, pasó de ser un empleado en el PJE a juez de primera instancia.
Consuelo Lagunas, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, fue removida dentro de la FGE; hoy es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata.
Otros reacomodos: Braulio Salazar Conde, excomandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) asignado al caso Regina, hoy es delegado regional de la Policía Ministerial en la zona sur; Marco Antonio Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado en Denuncias en Contra de Periodistas y/o Comunicadores, fue ascendido a juez interino de Procedimiento Penal Oral en Xalapa; Norberto Pérez, jefe de grupo de la antigua AVI, fue enviado como comandante de la Policía Ministerial en la zona sur, y Crosbi González Montiel pasó de director de Servicios Periciales del Estado a subprocurador regional de Justicia.
En los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos homenajes dentro y fuera del país.
En Veracruz, sus amigos y colegas bautizaron en dos ocasiones la Plaza Lerdo con el nombre de la corresponsal de Proceso. Cada 28 de abril salen a las calles a exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas veracruzanos.
En enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y documentar sus denuncias, siempre puntuales.
Decenas de fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos y directores de medios de comunicación que asistieron al homenaje aplaudieron a Ana Lilia Velázquez, reportera de Notiver y Plumas Libres, cuando leyó: “Es un pequeño y perenne homenaje a la reportera solidaria, profesional, firme, discreta, fuerte e independiente. Así fue ella”,
Asimismo se leyó el mensaje del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en el que reiteró: “Como lo hicimos en su momento, clamamos por una justicia que no llega. Reiteramos nuestro rechazo a las investigaciones y a los resultados que dicen haber obtenido las autoridades de Veracruz y una vez más, desde este recinto (el Congreso local), volvemos a decir: ¡No les creemos!
“El asesinato de Regina Martínez hirió a Proceso en lo más profundo y provocó un dolor que ha sido compartido por el gremio periodístico de Veracruz, del país entero y de muchas partes del mundo.
“De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/438775/regina-martinez-la-herida-sigue-abierta
Hoy jueves 28 se cumplen cuatro años de ese homicidio y las autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien presuntamente ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012.
Proceso tuvo acceso una sola vez a las diligencias ministeriales, según lo determinó en mayo de 2012 el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado –antecesora de la FGE–, Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien hoy es el líder estatal del PRI por recomendación de Héctor Yunes Landa, quien busca refrendar la gubernatura en los comicios del próximo 5 de junio.
Ya pasaron mil 400 días del homicidio de Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que “por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado.
La litigante Diana Coq Toscanini –excoadyuvante de Proceso en el homicidio de Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. Nadie lo detiene.
Según comentó el gobernador al reportero, El Jarocho “se ha escondido muy bien, pero lo vamos a encontrar”, mientras que el fiscal Luis Ángel Bravo respondió por escrito a un cuestionario que se le hizo llegar: la orden de aprehensión contra el otro coacusado ha sido boletinada a toda la República, incluso a la Policía Federal, y también está “alojada en Plataforma México”.
Y agregó: “Hay voluntad política y disposición jurídica. La FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos o mediáticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”.
Sin embargo, en el ámbito local, las inconsistencias no se han subsanado. La juez Beatriz Rivera, por ejemplo, nunca consideró las declaraciones de Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, un presunto operador de Los Zetas en Veracruz, pese a que aseguró (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011) que en el homicidio de Regina estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa (Proceso 1879).
Peor aún, según la toca 673-13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, El Silva fue detenido seis meses después de los hechos y sentenciado en 2013, en flagrante violación al debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión en su contra, como lo indican los artículos 14 y 16 constitucionales.
Incertidumbre gremial
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y tuiteros.
Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Rubencillo, como le decían sus compañeros, salió de Veracruz el 11 de junio de 2015, dos días después de colocar la placa de Regina Martínez para rebautizar la Plaza Lerdo con el nombre de su colega. Había decidido autoexiliarse tras detectar que policías vestidos de civil y empleados del gobierno estatal lo perseguían.
“Me voy antes que me peguen una madriza y me dejen más loco de lo que ya estoy”, le dijo a sus allegados antes de despedirse. “Mi exilio es temporal. Mira carnal –dijo a este reportero–, hay que estar tranquilos. Después de lo que pasó con Regina, serían muy estúpidos si se metieran conmigo o contigo”.
El fotoperiodista se fue a la Ciudad de México. Cuarenta y siete días después fue ejecutado junto a la activista cultural Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la estilista Jesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete.
El asesinato más reciente en el gremio veracruzano es el de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba y de El Buen Tono, quien el 8 de febrero pasado fue sacada de su domicilio en Mariano Escobedo por un comando armado. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera que va a Tehuacán, Puebla.
Alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales.
Inconsistencias e irregularidades
La investigación ministerial 019/2012/PC, el proceso penal 358/2012 y la toca 673-13 están plagados de inconsistencias y diligencias inverosímiles.
Según el expediente consultado sólo una vez por Proceso, la noche del 27 de abril de 2012 y la madrugada del día 28, el guardia de seguridad privada que vigilaba los alrededores de la calle Rodríguez Clara y la privada del mismo nombre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde vivía Regina, se reportó enfermo.
La patrulla asignada a la vigilancia del sector que incluye esa colonia, así como las de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, tampoco hizo su rondín en la calle Rodríguez Clara y privada del mismo nombre porque, según los uniformados responsables, el sector era muy extenso, por lo que decidieron hacer rondines aleatorios.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que durante el sexenio de Duarte fue transformada en la FGE, nunca incluyó la línea periodística crítica de Regina y decidió centrar las indagatorias en el entorno personal de la corresponsal de Proceso, una “persona altamente vulnerable” por ser mujer, entrada en años y vivir sola, según la investigación ministerial 019/2012/PC.
En su “disposición victimógena”, servicios periciales concluyó que Regina se encontraba en el “inicio de una relación”, porqué encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes nuevos, así como insumos propios de una persona que “inicia una relación”.
En abril de 2013, un año después del asesinato de Regina, el reportero de Proceso Jorge Carrasco, parte coadyuvante en el caso, recibió informes acerca de que exfuncionarios y colaboradores de Duarte, de la SSP y de la propia PGJE se reunieron para instrumentar “acciones hostiles” contra él por sus reportajes sobre el asesinato de Regina.
En esa reunión presuntamente convinieron en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en la Ciudad de México, donde, dijeron, ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
Los premiados
El jueves 28 se cumplen cuatro años de impunidad en torno al caso de Regina Martínez Pérez. Durante este periodo Proceso ha documentado las pifias de las autoridades estatales, así como los premios a varios personajes del entorno duartista.
Felipe Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador que entrampó el expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial.
Beatriz Rivera Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del TSJ.
Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de Los Zetas.
Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, declararon que Lezama Moo presuntamente recibía 80 mil pesos mensuales de la organización delincuencial a cambio de diligencias y favores cuando fungió como subprocurador en Córdoba.
Lezama Moo también se ganó el repudio de tuiteros, organizaciones y activistas sociales a raíz de una entrevista con reporteros de Xalapa en la que el funcionario aseguró que la mayoría de las desaparecidas eran gente que se “iba con el amante, otra novia o con el amiguito”.
El magistrado federal Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, que recayó con la toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, el gobierno de Duarte promovió a la esposa de Romero, María Dolores Silva Ovando, como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE), a propuesta de Duarte.
El magistrado Edel Álvarez, exlíder estatal del PRI, fue quien “revocó” la sentencia contra El Silva, lo que le permitió al inculpado estar libre durante nueve meses, fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente del PJE, Alberto Sosa Hernández, quien también dio curso legal a la investigación ministerial del expediente de Regina, se reeligió en diciembre de 2013.
Jorge Toss Capistrán, el juez federal que concedió “el amparo” en la segunda etapa del expediente, para que El Silva regresara a la cárcel, fue compensado, aunque de forma indirecta: uno de sus hermanos, Adolfo, es candidato del PRI a la diputación por Xalapa, mientras que otro, Leopoldo, pasó de ser un empleado en el PJE a juez de primera instancia.
Consuelo Lagunas, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, fue removida dentro de la FGE; hoy es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata.
Otros reacomodos: Braulio Salazar Conde, excomandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) asignado al caso Regina, hoy es delegado regional de la Policía Ministerial en la zona sur; Marco Antonio Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado en Denuncias en Contra de Periodistas y/o Comunicadores, fue ascendido a juez interino de Procedimiento Penal Oral en Xalapa; Norberto Pérez, jefe de grupo de la antigua AVI, fue enviado como comandante de la Policía Ministerial en la zona sur, y Crosbi González Montiel pasó de director de Servicios Periciales del Estado a subprocurador regional de Justicia.
En los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos homenajes dentro y fuera del país.
En Veracruz, sus amigos y colegas bautizaron en dos ocasiones la Plaza Lerdo con el nombre de la corresponsal de Proceso. Cada 28 de abril salen a las calles a exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas veracruzanos.
En enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y documentar sus denuncias, siempre puntuales.
Decenas de fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos y directores de medios de comunicación que asistieron al homenaje aplaudieron a Ana Lilia Velázquez, reportera de Notiver y Plumas Libres, cuando leyó: “Es un pequeño y perenne homenaje a la reportera solidaria, profesional, firme, discreta, fuerte e independiente. Así fue ella”,
Asimismo se leyó el mensaje del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en el que reiteró: “Como lo hicimos en su momento, clamamos por una justicia que no llega. Reiteramos nuestro rechazo a las investigaciones y a los resultados que dicen haber obtenido las autoridades de Veracruz y una vez más, desde este recinto (el Congreso local), volvemos a decir: ¡No les creemos!
“El asesinato de Regina Martínez hirió a Proceso en lo más profundo y provocó un dolor que ha sido compartido por el gremio periodístico de Veracruz, del país entero y de muchas partes del mundo.
“De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/438775/regina-martinez-la-herida-sigue-abierta
Recuerdan a Regina Martínez a cuatro años de su asesinato, aún impune
Integrantes del grupo Decide –defensor de los derechos humanos y vejaciones a estudiantes—, del Colectivo Voz Alterna –que fundó el fotoperiodista asesinado, Rubén Espinosa—, así como amigos y colegas de Regina Martínez participaron en la recolocación, por tercera ocasión, de una placa de latón con el nombre de Plaza Regina para conmemorar el su cuarto aniversario luctuoso.
Además, sobre la plancha de concreto de la oficialmente llamada plaza Sebastián Lerdo de Tejada, activistas también escribieron: “Rubén Vive” y “Nadia Vive”, en alusión al multihomicidio de la Narvarte donde murieron asesinados el fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa y la activista cultural Nadia Vera, del que el próximo domingo se cumplen 9 meses y también continúa impune.
En el programa para conmemorar los 4 años del homicidio de Regina Martínez Pérez, el Colectivo Voz Alterna entregó el reconocimiento “Regina Martínez” al reportero de Blog Expediente, Miguel León Carmona, por su ética en el periodismo, por dar voz a las causas justas y documentar el dolor de las desapariciones forzadas.
Arantxa Arcos de AVC Noticias y Guadalupe López de El Heraldo de Xalapa leyeron una semblanza sobre la trayectoria de Regina Martínez quien siempre buscaba documentar las injusticias hacia los campesinos, los despojos de tierra, las negligencias en el sector salud y la corrupción que imperó en los sexenios de Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y el primer año de gobierno de Javier Duarte.
Con la voz entrecortada Guadalupe López recordó que el día que mataron a Regina, en el Congreso Local los diputados del PRI –liderados en ese entonces por Eduardo Andrade, hoy magistrado—le regatearon a la periodista veracruzana otorgarle un minuto de silencio en su memoria.
López señaló que si no hubiera sido por legisladores de oposición, a Martínez Pérez ni siquiera le hubieran guardado luto en el recinto legislativo donde por más de una década se le vio reporteando en sus pasillos.
“Hoy creo que el mejor homenaje que se le puede hacer, es que se le haga justicia. El sexenio duartista afortunadamente está por concluir, a Javier Duarte lo juzgará la historia, el próximo sexenio esperamos que cesen las agresiones contra los comunicadores”, expresó López frente a unos 50 asistentes al homenaje a Regina.
Norma Trujillo del Colectivo Voz Alterna recriminó que hay elementos en el asesinato que no han sido explorados, como el trabajo editorial de la periodista, además de que hay “un prófugo” pese a que la Fiscalía General del Estado ya dio por resuelto el caso.
Han pasado mil 460 días sin que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil, o la Fiscalía General del Estado (FGE) hayan podido dar con el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, presunto autor intelectual del asesinato de Martínez Pérez.
Según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012, la periodista fue ahorcada con una jerga de baño y golpes en diversas partes del cuerpo con una manopla; le robaron un teléfono celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo.
A cuatro años y con dudas e inconsistencias en el proceso penal, sólo se encuentra en la cárcel Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, purgando una condena de 38 años y 2 meses de prisión.
Actualmente se encuentra enfermo de VIH y custodios que trabajan en el penal de Pacho Viejo, aseguran que por órdenes de la dirección está aislado y en inactividad física (Proceso 2060).
En redes sociales, con los hashtag #ContemosLaHistoria y #NoLesCreemos, la agencia AVC Noticias empezó a circular contenido multimedia en el que explica paso a paso porqué se cae la teoría ministerial de que a Regina Martínez la mataron sólo por robarle.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438846/recuerdan-a-regina-martinez-a-cuatro-anos-asesinato-aun-impune
martes, 7 de julio de 2015
Fiscalía dejó de buscar a “El Jarocho”, presunto asesino de Regina Martínez
Diana Coq Toscanini, litigante que llevó el expediente de la periodista veracruzana asesinada y que hoy encabeza la defensa de Jorge Alberto Hernández, “El Silva”, también denunció que a su defendido lo mantienen incomunicado dentro del reclusorio y sin atención médica mensual, ello, pese a que es un enfermo seropositivo.
“El expediente se plagó de irregularidades y vicios”, expuso Diana Coq en rueda de prensa, en relación con la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012, con el cual se sentenció a “El Silva” a 38 años y dos meses de prisión como el presunto responsable del asesinato de la comunicadora.
Diana Coq fustigó que la FGE desistió de la orden de aprehensión contra “El Jarocho”, lo anterior pese a que Hernández Domínguez continúa paseando por Xalapa, incluso con visitas constantes a una comerciante del Pasaje Tanos –ubicado a un costado del palacio de gobierno donde despacha Javier Duarte–, con quien procreó una hija.
“El gobierno del estado intercedió para suspender la búsqueda del otro coacusado, y por ello actualmente “El Jarocho” tiene plena libertad de tránsito, pues se sabe hasta cuando viene a Xalapa”.
La abogada penalista expuso que las irregularidades que rodean las investigaciones en torno al asesinato de Regina Martínez ya fueron denunciadas ante la CNDH.
No obstante, advirtió que si este organismo hace caso omiso, llevarán el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para mostrar “las innumerables inconsistencias” del caso.
Coq Toscanini aseveró que el “estudio de la causa penal y de la propia averiguación previa” revelan que Jorge Alberto Hernández, “El Silva” es inocente, pues su incriminación sólo se hizo de “oídas” y no hay pruebas contundentes que demuestren que él participó en el asesinato de Regina Martínez.
“Su declaración confesa la hicieron con base en técnicas de tortura, y hoy lo tienen incomunicado y no le permiten tener abogado ni acceso a un médico para saber el avance de la enfermedad que padece”, expuso.
Han pasado mil 665 días desde que Regina Martínez fue asesinada dentro de su vivienda, donde policías ministeriales y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) la encontraron sin signos vitales en el interior del baño, pues sus victimarios la asfixiaron con una toalla, mientras que en el rostro presentaba una fuerte lesión en la mejilla, que le provocó una exposición del maxilar inferior.
El artero crimen hoy continúa impune, pues la aprehensión de “El Jarocho” en tres años no ha podido ser efectuada.
Diana Coq fustigó que pese a las irregularidades e inconsistencias en este homicidio y el seguimiento que se le dio a las investigaciones, el gobernador Javier Duarte insista en su retórica en el sentido de que “el homicidio está esclarecido”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
miércoles, 10 de junio de 2015
Crimen de Regina sigue impune; colocan nueva placa en su memoria
En esta ocasión, los periodistas la sellaron con cemento para evitar que la quiten como sucedió el pasado 7 de mayo, días después de encabezar una manifestación para exigir al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que se haga justicia.
El robo de la placa de latón coincidió con el homicidio del reportero de la K Buena, Armando Saldaña, quien se convirtió en el duodécimo periodista asesinado en lo que va de la administración.
Durante la colocación de la nueva placa, los reporteros de distintos medios de comunicación anunciaron que a partir de este miércoles comenzarán a recabar firmas entre distintos sectores de la sociedad para solicitar al cabildo del ayuntamiento de Xalapa que se cambie el nombre de la Plaza Lerdo por el “Plaza Regina Martínez”.
Algunos periodistas portaban cartulinas con mensajes en se sentido: “Será la Plaza Regina Martínez aunque no te guste”, decían.
La colocación de la placa y la protesta simbólica por los asesinatos de 12 comunicadores en lo que va de la gestión de Javier Duarte fue “monitoreada” por un ejército de orejas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
viernes, 8 de mayo de 2015
Desaparece en la madrugada placa en memoria de Regina Martínez
La placa fue colocada en la plaza por periodistas, activistas y amigos de la comunicadora asesinada hace tres años y cuyo crimen sigue impune. Sólo permaneció nueve días.
En la misma plaza, reporteros de Xalapa salieron a protestar hace un par de días por el homicidio del reportero de Crónica de Tierra Blanca, Armando Saldaña, el duodécimo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Javier Duarte.
La placa de la “Plaza Regina Martínez” ya había aguantado dos aguaceros y un ventarrón, estaba pegada con doble refuerzo de silicón y otro pegamento duro.
El hecho se da cinco días después que el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, envió un mensaje al gobernador Duarte en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU):
“No les creemos, no les creemos, no les creemos”, dijo en alusión al resolutivo que la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) –hoy Fiscalía General del Estado- dio sobre el caso Regina Martínez, el cual sostiene que el móvil del crimen de la periodista fue el robo, con tintes pasionales.
En mil 104 días, el gobierno de Duarte y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de resolver el caso, pues solo uno de los dos presuntos asesinos Jorge Antonio Hernández El Silva, está en prisión, mientras que José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho continua prófugo de la justicia.
Colegas de Regina Martínez consideraron que la placa pudo ser “despegada” por empleados del gobierno de Duarte en represalia por las recientes manifestaciones del gremio para exigir justicia, para los asesinatos impunes de periodistas.
Juan David Arcos, columnista del portal digital Letra Negro señaló que con el “robo” de la placa de la “Plaza Regina Martínez”, el gobierno de Duarte pretende “aplacar” la libertad de expresión, pero también la libertad de manifestación.
“Podemos responsabilizar a los gatos del gato, de quienes mandan en gobierno del Estado”, dijo.
Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz planteó al gobierno la posibilidad de acceder a los videos nocturnos de la Secretaria de Gobierno, C-4, Secretaria de Seguridad Pública y el circuito cerrado de Palacio de Gobierno, para saber quién se robó la placa.
“Sabemos que en Veracruz la justicia se hace a medias, y la placa les recordaba la verdad y la verdad, enfrente a tu casa duele, la culpabilidad que tienen y que después de 3 años no se ha hecho absolutamente nada”, expresó Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y la agencia AVC.
El pasado 28 de abril, un centenar de reporteros, activistas, académicos, estudiantes y campesinos recordaron a Regina Martínez, con una jornada de lectura de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso y así sus amigos y colegas honraron su memoria y trabajo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
lunes, 4 de mayo de 2015
Sobre caso Regina “no les creemos”: Rafael Rodríguez al gobierno de Javier Duarte
Negativa enfática de Rafael Rodríguez para referirse al resolutivo que dio la extinta Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía General del Estado– sobre el homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
Rodríguez Castañeda aludió a las mismas palabras con las que el propio Julio Scherer espetó al mandatario priista, un día después de que Martínez Pérez fuera privada de la vida en el interior de su vivienda y en donde el gobierno de Duarte y las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia resolvieron que el móvil del artero homicidio fue el robo.
El director de Proceso encabezó el homenaje a Scherer y a Leñero leyendo episodios y anécdotas de ambos periodistas y escritores, a los cuales bautizó como “Diálogos en el éter”, producto de una profunda amistad. Ahí, Rafael Rodríguez se asumió como un “compañero”, “amigo” y “alumno” de los fundadores de Proceso.
Detalló que de Scherer aprendió a vivir la vida de la mejor manera posible: con honestidad, libertad, amor y pasión.
Rafael Rodríguez recordó los embates que Julio Scherer sorteó desde las esferas del poder: desde la intolerancia del expresidente Luis Echeverría, la irritación sexenal de José López Portillo, hasta la estrategia orquestada de Carlos Salinas de “desplazar” al fundador de Proceso utilizando la figura de Vicente Leñero, plan estéril al que no cedió el escritor y dramaturgo mexicano.
En este homenaje realizado en el complejo Omega, sede de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), Castañeda fue acompañado del periodista de Proceso, Jenaro Villamil, del periodista Miguel Lorza y del organizador de la FILU, Germán Martínez Aceves.
Jenaro Villamil recordó que “Don Julio y Vicente” construyeron un medio crítico de referencia nacional, cuya herencia y tradición periodística hoy sólo es palpable en la labor que realiza Carmen Aristegui.
“Yo creo que si don Julio hubiera vivido el episodio que le tocó a Carmen Aristegui, éste le habría aconsejado: Ten siempre a un Leñero al lado, para que puedas despejar tus dudas”.
Miguel Elorza y Germán Martínez recordaron la labor periodística de Scherer y de Leñero, exaltaron el sello que el fundador de Proceso imprimía al periodismo, el que desnuda corrupción, el que exhibe la impunidad y los asesinatos sin castigo.
“A Scherer no le queda la mediocridad, fue un decano moral ante todo, contra la impunidad y la corrupción”, expuso Elorza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
viernes, 1 de mayo de 2015
Regina Martínez, a tres años: una placa, un prófugo, un caso inconcluso
Un grupo de ex colaboradores y activistas recordó a la periodista a más de mil días de su asesinato. Del lado de las autoridades, silencio en torno al caso.
Un día después de haber sido pegada con cinta adhesiva en un escalón de la plaza del centro de Xalapa, la placa con la leyenda “Plaza Regina Martínez” es invisible. No la ve el policía que da la vialidad en la zona, ni los devotos que acuden a la catedral, ni los turistas que se toman una fotografía, ni los manifestantes de otra protesta distinta.
Las flores amarillas que fueron colocadas junto al rectángulo de latón de 30 por 20 centímetros, ya no existen.
Regina Martínez, la periodista asesinada el 28 de abril de 2012 en Veracruz, también es invisible en el discurso gubernamental. En el día en que se cumplieron tres años de su asesinato, no hubo anuncios de algún nuevo avance del caso, no hubo conferencias para dar un balance, ni siquiera algún recordatorio o promesa de alguien del gobierno de Javier Duarte.
En Veracruz hay más de 250 medios de comunicación impresos. La colocación de la placa de Regina, homenaje de exclusiva iniciativa de algunos de sus ex colegas, fue cubierta por menos de una veintena de fotógrafos y reporteros, casi la misma cantidad que los periodistas asesinados en este estado en los últimos años.
Los activistas sociales… los familiares de otros muertos, son los que nutrieron el evento no oficial al que no acudió a tomar nota ninguna autoridad.
-Ah, Regina ¿es la que mataron no? La del periódico… ¿o ese es Manuel o Moisés? Ya ni sé – pregunta Claudia al comprar el periódico en el puesto de la esquina del restaurante donde trabaja, a una cuadra donde un día antes se colocó la placa.
-No Clau, Regina es la de la revista esta de Proceso. El que tu dices tiene menos que se lo echaron– responde el voceador.
En la portada del periódico local que Claudia se lleva en sus manos, se lee hasta abajo y a la izquierda el título de la nota “¡Justicia para Regina!”. Arriba, aparece una nota más grande con la fotografía de Javier Duarte titulada “Avanza nuevo modelo de justicia”. La de ocho fueron las calles de esta ciudad inundadas por la tromba de la semana.
En otras primeras planas, Regina también fue invisible.
Más dudas que certezas
Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz fue asesinada en su domicilio el 28 de abril del 2012. La mataron a golpes en el baño de su casa.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz descartó casi desde el inicio que el homicidio estuviera ligado con los artículos críticos de la reportera o su labor como periodista. En cambio, siguió una línea de investigación sustentada en un robo y asunto pasional e identificó a dos presuntos responsables, uno de los cuales no ha sido detenido.
La explicación oficial del caso y su progreso está lejos de convencer a familiares, colaboradores y amigos de Regina. En el evento de la colocación de la placa por los tres años del homicidio de la periodista, la corresponsal del periódico La Jornada, Norma Trujillo, declaró que la averiguación previa, cuyo expediente ya revisaron, estuvo centrado siempre en el móvil personal, no en el profesional.
El problema es que esa teoría, aun siendo la oficial, tiene preguntas sin responder. Por ejemplo, según lo revelado por los familiares y activistas, ni la huella dactilar ni el ADN encontrado en la escena del crimen coincide con el de alguno de los dos acusados. La Fiscalía, sustentó la acusación solo en la confesión de uno de ellos.
En agosto del 2013 el único detenido del caso, Jorge Antonio Hernández Silva, fue liberado por orden de una sala del Tribunal de Justicia que consideró que la sentencia que se le había impuesto estaba sustentado en un proceso mal integrado. Las autoridades tardaron un año en corregir el caso y recapturar a Hernández.
El otro involucrado en el homicidio y señalado como principal responsable, Adrián Hernández Domínguez, es buscado desde hace más de dos años sin ningún resultado.
Organizaciones como Artículo 19 o el Comité para la Protección de los Periodistas, insistieron en su momento para que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos para la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso y realizara una indagatoria independiente, luego de las fallas que a su juicio habían cometido las autoridades locales.
Como consecuencia la fiscalía federal inició una averiguación previa por su cuenta. El tema es que hasta ahora tampoco han llegado a una conclusión, pese a que el homicidio fue cometido hace tres años.
Según declaraciones de la fiscal especial de la PGR, Angélica Borbolla, citadas por el semanario Proceso, aún está pendiente un peritaje realizado sobre las publicaciones hechas por Regina, y no estaba descartada la hipótesis de que el homicidio tuviera que ver con su labor periodística.
“La verdad es que en Veracruz la apuesta es al olvido, aquí no hay justicia, menos si eres periodista. Así… es imposible no tener medio”, dijo un reportero de Xalapa a Animal Político que pidió no publicar su nombre.
Y de Moisés nada
En el acto que se realizó para recordar el tercer aniversario del homicidio de Regina estuvo presente Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez, quien confirmó ante los medios locales que a más de 120 días del homicidio de su papá la investigación está en un “punto muerto”.
El joven dijo, como ya lo había hecho anteriormente, que la Fiscalía General del estado no ha hecho prácticamente nada para dar con varios de los responsables que siguen prófugos, y en especial para detener al el exalcalde de Medellín Omar Cruz Reyes, quien fue desaforado el pasado 26 de marzo y tiene una orden de aprehensión.
De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde es el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez y el móvil fueron artículos críticos que publicaba el reportero en el semanario La Unión.
La Fiscalía impulsó un procedimiento de desafuero ante el Congreso local para poder actuar en contra de Cruz Reyes sin embargo, ya se cumplió un mes de que le fue retirada la protección constitucional sin que haya podido ser localizado.
Fuentes con conocimiento del caso en Veracruz señalaron a Animal Político, que no existía un seguimiento del alcalde que permitiera tenerlo ubicado y detenerlo en el momento en que perdiera el fuero.
A diferencia del caso de Regina Martínez, el homicidio de Moisés Sánchez no ha sido atraído por la PGR, situación que también ha sido recriminada por varias organizaciones y activistas.
De acuerdo con el informe llamado Estado de Censura, presentado el pasado mes de marzo por Artículo 19, Veracruz es la tercera entidad del país con más agresiones en contra de la prensa con un total de 41 casos.
Moisés y Regina, son dos de once periodistas asesinados en Veracruz solo durante la administración del gobernador Javier Duarte, según un recuento de la misma organización no gubernamental.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
Las flores amarillas que fueron colocadas junto al rectángulo de latón de 30 por 20 centímetros, ya no existen.
Regina Martínez, la periodista asesinada el 28 de abril de 2012 en Veracruz, también es invisible en el discurso gubernamental. En el día en que se cumplieron tres años de su asesinato, no hubo anuncios de algún nuevo avance del caso, no hubo conferencias para dar un balance, ni siquiera algún recordatorio o promesa de alguien del gobierno de Javier Duarte.
En Veracruz hay más de 250 medios de comunicación impresos. La colocación de la placa de Regina, homenaje de exclusiva iniciativa de algunos de sus ex colegas, fue cubierta por menos de una veintena de fotógrafos y reporteros, casi la misma cantidad que los periodistas asesinados en este estado en los últimos años.
Los activistas sociales… los familiares de otros muertos, son los que nutrieron el evento no oficial al que no acudió a tomar nota ninguna autoridad.
-Ah, Regina ¿es la que mataron no? La del periódico… ¿o ese es Manuel o Moisés? Ya ni sé – pregunta Claudia al comprar el periódico en el puesto de la esquina del restaurante donde trabaja, a una cuadra donde un día antes se colocó la placa.
-No Clau, Regina es la de la revista esta de Proceso. El que tu dices tiene menos que se lo echaron– responde el voceador.
En la portada del periódico local que Claudia se lleva en sus manos, se lee hasta abajo y a la izquierda el título de la nota “¡Justicia para Regina!”. Arriba, aparece una nota más grande con la fotografía de Javier Duarte titulada “Avanza nuevo modelo de justicia”. La de ocho fueron las calles de esta ciudad inundadas por la tromba de la semana.
En otras primeras planas, Regina también fue invisible.
Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz fue asesinada en su domicilio el 28 de abril del 2012. La mataron a golpes en el baño de su casa.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz descartó casi desde el inicio que el homicidio estuviera ligado con los artículos críticos de la reportera o su labor como periodista. En cambio, siguió una línea de investigación sustentada en un robo y asunto pasional e identificó a dos presuntos responsables, uno de los cuales no ha sido detenido.
La explicación oficial del caso y su progreso está lejos de convencer a familiares, colaboradores y amigos de Regina. En el evento de la colocación de la placa por los tres años del homicidio de la periodista, la corresponsal del periódico La Jornada, Norma Trujillo, declaró que la averiguación previa, cuyo expediente ya revisaron, estuvo centrado siempre en el móvil personal, no en el profesional.
El problema es que esa teoría, aun siendo la oficial, tiene preguntas sin responder. Por ejemplo, según lo revelado por los familiares y activistas, ni la huella dactilar ni el ADN encontrado en la escena del crimen coincide con el de alguno de los dos acusados. La Fiscalía, sustentó la acusación solo en la confesión de uno de ellos.
En agosto del 2013 el único detenido del caso, Jorge Antonio Hernández Silva, fue liberado por orden de una sala del Tribunal de Justicia que consideró que la sentencia que se le había impuesto estaba sustentado en un proceso mal integrado. Las autoridades tardaron un año en corregir el caso y recapturar a Hernández.
El otro involucrado en el homicidio y señalado como principal responsable, Adrián Hernández Domínguez, es buscado desde hace más de dos años sin ningún resultado.
Organizaciones como Artículo 19 o el Comité para la Protección de los Periodistas, insistieron en su momento para que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos para la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso y realizara una indagatoria independiente, luego de las fallas que a su juicio habían cometido las autoridades locales.
Como consecuencia la fiscalía federal inició una averiguación previa por su cuenta. El tema es que hasta ahora tampoco han llegado a una conclusión, pese a que el homicidio fue cometido hace tres años.
Según declaraciones de la fiscal especial de la PGR, Angélica Borbolla, citadas por el semanario Proceso, aún está pendiente un peritaje realizado sobre las publicaciones hechas por Regina, y no estaba descartada la hipótesis de que el homicidio tuviera que ver con su labor periodística.
“La verdad es que en Veracruz la apuesta es al olvido, aquí no hay justicia, menos si eres periodista. Así… es imposible no tener medio”, dijo un reportero de Xalapa a Animal Político que pidió no publicar su nombre.
Y de Moisés nada
En el acto que se realizó para recordar el tercer aniversario del homicidio de Regina estuvo presente Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez, quien confirmó ante los medios locales que a más de 120 días del homicidio de su papá la investigación está en un “punto muerto”.
El joven dijo, como ya lo había hecho anteriormente, que la Fiscalía General del estado no ha hecho prácticamente nada para dar con varios de los responsables que siguen prófugos, y en especial para detener al el exalcalde de Medellín Omar Cruz Reyes, quien fue desaforado el pasado 26 de marzo y tiene una orden de aprehensión.
De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde es el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez y el móvil fueron artículos críticos que publicaba el reportero en el semanario La Unión.
La Fiscalía impulsó un procedimiento de desafuero ante el Congreso local para poder actuar en contra de Cruz Reyes sin embargo, ya se cumplió un mes de que le fue retirada la protección constitucional sin que haya podido ser localizado.
Fuentes con conocimiento del caso en Veracruz señalaron a Animal Político, que no existía un seguimiento del alcalde que permitiera tenerlo ubicado y detenerlo en el momento en que perdiera el fuero.
A diferencia del caso de Regina Martínez, el homicidio de Moisés Sánchez no ha sido atraído por la PGR, situación que también ha sido recriminada por varias organizaciones y activistas.
De acuerdo con el informe llamado Estado de Censura, presentado el pasado mes de marzo por Artículo 19, Veracruz es la tercera entidad del país con más agresiones en contra de la prensa con un total de 41 casos.
Moisés y Regina, son dos de once periodistas asesinados en Veracruz solo durante la administración del gobernador Javier Duarte, según un recuento de la misma organización no gubernamental.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
martes, 28 de abril de 2015
“No queremos llegar a 4 años de impunidad en caso Regina”, exigen periodistas a Duarte
Durante la movilización para exigir justicia, los manifestantes decidieron rebautizar la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada que se ubica frente al Palacio de Gobierno llamándola “Plaza Regina Martínez”, en memoria de la periodista.
Ahí mismo, leyeron varios de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso. Algunos de los asistentes portaron cartulinas en las que se leían los siguientes textos: “Verdad y justicia para Regina Martínez”, “Regina, 3 años de impunidad”, “Fiscalía de la impunidad”, “3 años y nos falta Regina”, “Duarte, asesino de periodistas”.
Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en el estado de Guanajuato y amiga personal de Martínez, puso los puntos sobre las íes al afirmar que “no queremos llegar a cuatro años de impunidad”.
Con la mirada puesta en el Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Javier Duarte, Espinosa recordó las palabras con las que el fundador de este semanario, Julio Scherer espetó al gobernador, Duarte, un día después del asesinato de Regina Martínez: “No les creemos”.
“Regina tuvo falta de vanidad, a cambio tenía una rectitud y una calidad periodística intachable”, ponderó Verónica Espinosa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
domingo, 26 de abril de 2015
Regina, tres años de impunidad
El 28 de abril de 2012 la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada. Desde ese momento las irregularidades y las dudas se desataron. Pese a que hay un detenido, el crimen sigue impune: el acusado denuncia tortura, la Suprema Corte aún analiza la validez del proceso, las pruebas son endebles y contradictorias, hay un sospechoso prófugo y la versión oficial parece fabricada para darle carpetazo a un asunto que toca en lo más hondo la libertad de expresión, las garantías de informar y ser informado y el estado de derecho.
MÉXICO, D.F: Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió.
La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con el encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.
Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar.
Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la fiscalía especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.
Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea.
La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva El Silva y Hernández Domínguez El Jarocho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL)
La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con el encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.
Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar.
Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la fiscalía especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.
Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea.
La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva El Silva y Hernández Domínguez El Jarocho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL)
jueves, 22 de enero de 2015
Homicidio de Regina Martínez: mil días de impunidad
La madrugada del 28 de abril de 2012, la periodista fue asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz. Murió asfixiada.
El gobierno de Javier Duarte sostiene que el móvil fue el robo, pero con características de crimen pasional. A casi tres años de ocurrido, no ha podido encontrar al que señala como el principal responsable, José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho.
Sólo tiene en prisión a Jorge Antonio Silva Hernández El Silva, un analfabeta seropositivo al que responsabiliza de haber auxiliado al principal asesino.
El caso está lejos de resolverse. Silva Hernández, quien asegura que para inculparse fue torturado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aún tiene el recurso del amparo en contra de la resolución judicial que lo regresó a prisión.
Silva Hernández había sido exonerado en agosto de 2013 por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por considerar que la procuraduría estatal violó el debido proceso y los derechos fundamentales, al acusarlo sin pruebas directas como corresponsable del homicidio.
La versión del gobierno de Duarte es que la periodista era novia de El Jarocho, un delincuente con problemas de adicción y dedicado a la prostitución. Sostiene que Regina les fue a comprar cervezas la noche del viernes 27 de abril y que en las primeras horas del sábado 28 discutieron porque supuestamente ella le reclamó que no la visitaba.
El Jarocho la comenzó a golpear y la asfixió, con la presunta asistencia de Hernández Silva. Luego, sacaron objetos de la periodista. Pero Hernández Silva asegura que agentes de la PGJE lo obligaron a contar esa historia.
Con esa versión, la procuraduría de Veracruz evitó investigar si la muerte de la reportera estuvo vinculada con su trabajo periodístico.
En primera instancia, Silva Hernández había sido condenado a 38 años y dos meses de prisión por la entonces juez Tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, quien había avalado en su totalidad la versión de la PGJE.
La juez emitió su sentencia el 2 de noviembre de 2012, dos días después de que la Procuraduría le remitiera al acusado. En septiembre del año pasado, a propuesta de Duarte fue designada magistrada del TSJE.
Pero por decisión del Tribunal Superior, Silva Hernández fue exonerado en agosto de 2013 del asesinato y sólo acusado de robo. No obstante, Ángel Martínez, hermano de la periodista, respaldó la investigación de la procuraduría de Veracruz e impugnó esa libertad.
En junio del año pasado logró que la justicia federal, a través del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, validara la versión de la procuraduría estatal, anulara la exoneración y ordenara la recaptura de Silva Hernández.
Detenido en Tlaxcala, en octubre siguiente, regresó al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, colindante con Xalapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOREGE CARRASCO ARIAZAGA.
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