La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo que interpuso la revista Proceso para ser reconocida como víctima indirecta en el caso del asesinato hace 11 años y medio de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez que sigue sin esclarecerse. El propósito del amparo era que el Estado mexicano reconociera los efectos adversos que tienen los asesinatos de periodistas en la labor de los medios de comunicación y en la libertad de expresión.

Con el fallo de cuatro ministros de la Primera Sala, el máximo tribunal del país negó la posibilidad de sentar un precedente jurídico a favor de la libertad de expresión y de concretar un innovador mecanismo para investigar los asesinatos de periodistas en México, donde la impunidad es de 95%.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Proceso para que la revista sea reconocida como víctima en el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez para aportar pruebas y coadyuvar con el Ministerio Público Federal.

Por unanimidad de cuatro votos –la ministra Margarita Ríos no estuvo presente en la sesión–, la Primera Sala de la Corte cerró la puerta a que los medios de comunicación coadyuven de manera más proactiva con los ministerios públicos para investigar y esclarecer los homicidios de sus periodistas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar el amparo tramitado por Proceso con el que la revista busca ser reconocida como víctima en el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez, ocurrido hace 11 años, para tener acceso a las investigaciones y coadyuvar con el Ministerio Público federal.

Regina Martínez Pérez fue asesinada el 28 de abril de 2012. Antes de su muerte —y desde el inicio de su carrera periodística— se dedicó a investigar temas como la corrupción, la desaparición forzada, el crimen organizado y el arrebato de tierras a comunidades indígenas en Veracruz. Si bien este y muchos estados más de la República siguen sometidos por las mismas problemáticas, las bases que sentó Regina Martinez para evidenciarlas y denunciarlas siguen dejando eco en el ámbito periodístico en México.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que son delitos federales, ha mantenido el caso abierto, pero información clave sobre lo que realmente le sucedió a Martínez la ha dejado fuera del ojo público, sin absolutamente ningún progreso o resultado.

El asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, marcó un antes y un después en las condiciones de seguridad y libertad para ejercer el periodismo en México, concluyeron integrantes del gremio en la presentación del libro “En la boca del lobo. Una conversación sobre el costo de silenciar a la prensa”.

La periodista fue doblemente silenciada, al ser asesinada y después al cerrar su caso como un asunto “pasional”, que además deja un pendiente desde el Poder Judicial que ha negado reconocer a Proceso como víctima y que sea el Estado el responsable del asesinato de Regina Martínez.