La noche del pasado 24 de abril, Ramiro Licea Muñoz, un joven de 20 años de Reynosa, estaba en casa de unos conocidos disfrutando de una carne asada cuando cuatro sujetos armados aparecieron de la nada y empezaron a repartir golpes mientras despojaban a los invitados de sus pertenencias.

“Uno me amagó con su arma y me golpeó hasta tirarme de la silla”, testificaría ante las autoridades uno de los presentes en la fiesta, que por motivos de seguridad se omite su nombre.

Un familiar de uno de los detenidos acusados de la masacre de Reynosa, que estaba reportado como desaparecido, y otro familiar de una activista de un colectivo de búsqueda, que había dado a conocer la ficha de desaparición, sufrieron en los últimos días detenciones arbitrarias que estarían vinculadas al caso.

Según una denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentada ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), ambos estuvieron privados de su libertad durante varias horas, el primero el domingo y el segundo el jueves.

Francisco García Cebeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró hoy que todas las acciones para investigar y detener a los responsables de la masacre de inocentes en Reynosa hasta ahora han sido realizadas por el gobierno estatal.

Cabeza de Vaca y su gabinete de Seguridad ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre avances en la investigación de los asesinatos contra ciudadanos inocentes por un grupo de unos doce sicarios sucedidos el pasado sábado 19 del presente mes en la ciudad fronteriza de Reynosa.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, planteó que la masacre del sábado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas, pudo haber sido cometida por un grupo paramilitar y no de la delincuencia organizada, “que esté operando directamente bajo órdenes de funcionarios del gobierno del Estado”.

Esto contradice directamente la versión difundida por el Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios. Según la versión oficial de las autoridades tamaulipecas la matanza fue llevada a cabo por grupos criminales confrontados.

Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas por los hechos violentos perpetrados en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio que cobraron la vida de 15 personas, informó la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Según detalló la dependencia en un comunicado público, uno de los implicados fue detenido en flagrancia y otros dos ya fueron plenamente identificados.

El Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (GOPES) detuvo a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, de los cuáles dos fueron identificados como parte del grupo armado que disparó contra la población de Reynosa el pasado sábado, con un saldo de 19 personas muertas, 15 civiles y cuatro presuntos delincuentes.

Los detenidos forman parte del grupo “Los Ciclones”, presuntamente vinculado a la masacre de Reynosa. Durante el operativo fue abatido un hombre al que se identificó como el comandante Wilmer, parte de este grupo.

La organización civil Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que las autoridades estatales y federales de policía tardaron entre 60 y 90 minutos en atender los llamados de auxilio que pobladores realizaron al 911 el pasado sábado 19, cuando integrantes del crimen organizado asesinaron a 15 personas indefensas en Reynosa, Tamaulipas.

“De acuerdo con testimonios recabados, durante más de una hora se generaron angustiosos llamados de auxilio a las autoridades al 911, y otros más fueron compartidos por mensajes de Whatsapp o redes sociales para denunciar los ataques armados. Pero ninguna autoridad federal o estatal respondió a estos llamados”, denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La Fiscalía General de Tamaulipas (FGE) no tiene duda de que lo sucedido el fin de semana en la ciudad de Reynosa, en la que perdieron la vida 19 personas, 14 de ellos civiles, tuvo la intención de sembrar el terror entre la población.

“Entraron disparando a diestra y siniestra. Se metieron a algunas tiendas, robaron a algunas personas; ingresaron a un taller mecánico, les quitaron los teléfonos y robaron algunos vehículos; todo con la intención de causar terror en la sociedad”, afirmó el fiscal Irving Barrios.