Un juez federal declaró injustificada la ausencia de Ricardo Anaya en la audiencia que se llevó a cabo hoy en el reclusorio norte para ser imputado por el caso de los supuestos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética, y autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a proceder conforme considere para garantizar que acuda a la audiencia inicial.

Además, le negó a la defensa del excandidato presidencial la petición de más tiempo para intentar justificar porque el exdiputado no acudió, esto luego de que su abogado defensor, Eduardo Aguilar, dijo que “no sabía” porque no había acudido su representado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso del proceso penal que enfrenta el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, “ojalá y se aplique la ley” para acabar con “el influyentismo”.

Dijo que las imputaciones contra su adversario político las hizo el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya y tienen su origen en el reparto de dinero a legisladores para que aprobaran la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal del Reclusorio Preventivo Norte la detención y encarcelamiento preventivo del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortes, con el argumento de que existe un riesgo fundado de que escape para no enfrentar el proceso en su contra por el caso de los supuestos sobornos de Odebrecht.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión de Anaya: si se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero se pedirá al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.

La audiencia de Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecería por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, se aplazó hasta el 14 de febrero luego que el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia diera positivo a COVID-19, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecerá en audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, podría quedar preso en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en el de soborno de 6 millones de pesos que presuntamente recibió para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado.

El excandidato presidencial comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva justificada, como lo hizo la semana pasada con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

En su declaración final en la que acusó al excandidato presidencial Ricardo Anaya de recibir 6 millones 800 mil pesos por haber aprobado la reforma energética, y que fue utilizada por la FGR para armar el caso que presentó ante un juez, Emilio Lozoya no reveló las fechas precisas en la que supuestamente se acordaron y realizaron los pagos, ni tampoco explicó de dónde provino el dinero y cómo es que se entregó.

De hecho, en dicho testimonio el exdirector de Pemex ya no refiere que el dinero proviniera de transferencias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht. En lo único que insiste, en más de 8 ocasiones, es que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray supo y autorizó la entrega de los recursos.

Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México, compareció ante un Juez federal durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca formularle una imputación por el supuesto recibimiento de un soborno de 6.8 millones de pesos que Emilio Lozoya le otorgó para la aprobación de la Reforma Energética.

La audiencia virtual dio inicio hora y media más tarde de lo previsto, momentos después el Juez de Control en el Reclusorio Norte aprobó inmediatamente un receso para verificar si, como expresó su defensa, la Fiscalía le otorgó más de mil hojas de investigación que no eran de su conocimiento el pasado viernes 1 de octubre.

El excandidato del PAN a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, compartió el último capítulo de su serie contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el cual destacó que el actual mandatario busca encarcelarlo por 30 años, por lo que llevará a cabo una larga estrategia legal para defenderse.

Durante un video difundido en sus redes sociales, Anaya aseguró que ha expuesto que las acusaciones en su contra son falsas y que AMLO solamente busca afectarlo.

Este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial del panista Ricardo Anaya, que en agosto pasado se pospuso ante la falta de acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

La diligencia será en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de manera virtual, donde el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, lo imputará por la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, informó esta mañana que después de 12 peticiones y tres mandatos judiciales, tuvo acceso al expediente integrado en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), en el que habría encontrado diferentes inconsistencias.

Sin cargo público y despojado de la injerencia que tuvo en el PAN, el queretano de 42 años inició la cuarta semana de agosto con una tanda de comunicaciones difundidas en video y texto en sus redes sociales, acusando una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dice, quiere encarcelarlo para evitar su postulación a la Presidencia en 2024.

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, quien intenta desde el extranjero enfrentar un proceso de corrupción, denunció que aunque ha pedido varias veces tener acceso a la carpeta de investigación en su contra, no la ha tenido.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el panista destacó que tiene el derecho a saber de qué lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que “van 11 veces que ha pedido el acceso a la carpeta”.

El notario público Salvador Cosío Gaona, a quien en 2008 le falsificaron su nombre, firma y sello para tratar de presuntamente eludir responsabilidades de Ricardo Anaya y algunos de sus familiares en el entramado de una nave industrial en Querétaro, asegura que el panista es un “delincuente” y solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar la querella que presentó en su contra.

“Me consta que cometió un delito y un delito se vuelve un crimen y eso los comete un delincuente o un criminal, entonces para mí el señor Anaya es un delincuente y debe responder por lo que hizo”, dijo en entrevista Cosío Gaona, titular de la notaría pública ocho ubicada en Zapopan, Jalisco.

El Instituto Nacional de Migración (INAMI) dio a conocer que hasta ahora ninguna autoridad ha solicitado que se libre una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés, el excandidato presidencial que enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. 

A través de sus redes sociales, el organismo confirmó también que el exdirigente nacional panista que aspira a contender por la Presidencia en el 2024 salió del país el 5 de julio último por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dejó México desde principios de julio, y desde entonces no ha regresado al país, de acuerdo con la Fiscalía General de República (FGR).

Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que en la audiencia realizada este jueves −en la que se presentó de manera virtual para conocer los cargos en su contra−, los fiscales informaron al juez que el panista habría salido del país a través de un vuelo con destino a Texas, Estados Unidos, y que no había reingresado a territorio nacional.

Un grupo de legisladores panistas acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de Ricardo Anaya Cortés, para exigir la entrega del expediente de acusaciones en contra del excandidato presidencial.

Los senadores Julen Rementería, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda, Kenia López, Víctor Fuentes, así como el diputado Juan Carlos Romero Hicks, todos miembros de la Comisión Permanente, aseguraron al salir de la institución que les fue negado el acceso a la carpeta de investigación.

Ricardo Anaya Cortés había dado a entender que no atendería la cita de un Juez federal que lo busca por las acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero siempre sí acudió. Fue por Zoom, una plataforma de videoconferencias. El dato fue confirmado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con un breve reporte del órgano, esta mañana dio inicio la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos, según declaró en 2020 el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

El empresario Javier Garza Calderón, fundador de la asociación civil Empresarios por la Cuarta Transformación, denunció ayer que Ricardo Anaya busca vender una casa de su propiedad que posee en Atlanta, Estados Unidos.

En un mensaje que subió a sus redes sociales, detalló que el excandidato presidencial del PAN literalmente está rematando su propiedad al venderla a mitad de precio de su valor real.

Carolina Martínez Franco, quien es esposa de Ricardo Anaya Cortés, se hizo de una casa en el exclusivo fraccionamiento Club Campestre en Querétaro un mes después de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le habría entregado seis millones 800 mil pesos al panista para que votara a favor de la Reforma Energética, reveló esta mañana el diario Milenio.

De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, quien tuvo acceso a la declaración patrimonial de Ricardo Anaya realizada en 2015, la cual es parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada a partir de la denuncia de Emilio Lozoya, el panista declaró que dicho inmueble, de 846 metros cuadrados de terreno, fue una “donación” de la madre de su esposa.