El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, en la mañanera de ayer, contra el periodista Jesús Esquivel, colaborador de Aristegui en Vivo y corresponsal en EU del semanario Proceso, debido a la publicación del libro “A sus órdenes, mi general”, el cual narra la aprensión del General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

AMLO descalificó la investigación realizada por el periodista, y dijo sobre Esquivel que “es muy tendencioso, no es confiable y no creo que actúe de manera independiente“.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el expediente del General Salvador Cienfuegos estaba “todo fabricado” y arremetió contra el libro “A sus órdenes, mi general”, del periodista Jesús Esquivel, en el que relata la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas”, declaró AMLO este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Las negociaciones del gobierno de México para lograr que Estados Unidos dejara ir a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional al que autoridades estadounidenses acusaban de proteger a narcotraficantes, exhiben el alto nivel de apoyo que las Fuerzas Armadas tienen en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señala el periodista J. Jesús Esquivel.

Los correos electrónicos, obtenidos por el grupo de hackers “Guacamaya”, contienen diversos reportes sobre la imagen del Ejército Nacional. Se trata de informes que indican cuántos comentarios, clasificados en positivos y negativos, se emitieron en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a raíz de la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda a finales de 2020 y su exoneración en enero de 2021.

Los informes enviados vía correo electrónico muestran los monitoreos realizados cada hora sobre las publicaciones de medios de comunicación y algunos análisis sobre la durabilidad del “enojo” en contra del Ejército.

La defensa de un miembro del cártel del H-2, condenado a cinco años por narcotráfico en Estados Unidos, criticó la liberación del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en noviembre de 2020, cuando fue entregado a las autoridades mexicanas tras haber sido detenido en octubre de ese año en Los Ángeles, California.

Así lo da a conocer el periódico Reforma en su edición de este lunes, en la que señala que los abogados de Deovaldo Gutiérrez Alfaro, quien perteneció al cártel del H-2 -encabezado por los hermanos Patrón Sánchez-, enviaron una carta el pasado 12 de diciembre a una jueza federal de Brooklyn, en la que calificaron como “una farsa” la negociación política que derivó en el regreso de Cienfuegos a México, bajo el compromiso de que se le investigaría.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) confirmó que, a raíz del caso de la acusación, arresto y eventual repatriación del general Salvador Cienfuegos Zepeda por delitos de narcotráfico, tiene pendiente la aprobación de visa de 12 agentes de la DEA para que puedan operar en territorio mexicano.

“Arbitraria, injusta y humillante”. Así calificó el general Salvador Cienfuegos calificó su detención en Estados Unidos por agentes de la DEA frente a su familia en octubre de 2020.

En una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario de la Defensa Nacional alegó inocencia de los cargos que se imputaban de vínculos con el narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó una nueva versión pública del expediente relacionado con el no ejercicio de acción penal en el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Cepeda.

Lo anterior luego de que, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), un solicitante interpusiera un recurso de revisión porque en su opinión no era posible comprobar si la primera versión oficial se testó correctamente.

A pesar de los dichos del abogado, documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desmienten que un integrante de la familia LeBarón haya obtenido un amparo para obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a reabrir la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Por el contrario, los documentos de la demanda presentada por Adrián LeBarón desde el pasado 11 de marzo, indican que el juicio de amparo se encuentra en la etapa de admisión y que se trata de un recurso legal de carácter administrativo, por lo que ni siquiera tendría repercusiones en materia penal en caso de que fuera otorgado.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval González informó que su antecesor, el general Salvador Cienfuegos Zepeda forma parte de su equipo de asesores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó iniciar una investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, argumentando que el expediente de la agencia del departamento de Justicia de los Estados Unidos, Administración de Control de Drogas (DEA), fue “fabricado” y está “plagado de inconsistencias”.

Las expresiones del fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre el trabajo de las agencias estadunidenses fueron abordadas hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una reconvención:

Es mejor definir reglas claras en la cooperación “sin estridencias”.

Lo anterior, luego de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llevaron una investigación contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos.

“Tienen que definirse bien las reglas de cómo va a ser la cooperación”, dijo y enfatizó que no se va a permitir ninguna “intermisión indebida por parte de las agencias de Estados Unidos”.

La asociación civil TOJIL solicitó audiencia a un juez federal para controvertir la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La solicitud fue presentada a las 10:50 horas de este lunes por la abogada Estefanía Medina Ruvalcaba -representante de la organización- al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

Salvador Cienfuegos Zepeda “está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas reales en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, y por ello “se rajó” y no lo llevó a juicio.

El Fiscal General anunció que solicitará un juicio internacional en contra de la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de todas aquellas las instituciones involucradas en el caso del exsecretario de Defensa Nacional para saber exactamente por qué se retiraron los cargos de los que se le señalaba.

La organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad presentó formalmente ante un juez federal una solicitud de audiencia con la finalidad de que se revise la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no proceder penalmente en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con los registros judiciales, la solicitud se presentó esta mañana ante el juez administrador del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte a las 10:50 de la mañana por las abogadas Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba, apoderadas legales de la referida organización, en calidad de víctimas.

Más de trescientas organizaciones de la sociedad civil pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador remueva al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Lo anterior, por la decisión de la institución de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Invocan el artículo 102 constitucional, apartado A, fracción IV, que dice textualmente: El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

La transparencia del expediente estadunidense, remitido a México, sobre el general Salvador Cienfuegos era necesaria porque comprometía el prestigio del país y la autoridad moral del gobierno, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) por no ejercer acción penal y el casi inmediato respaldo presidencial, abrió una amplia polémica en el país en distintos temas, entre estos, un daño a la relación binacional a partir de que el gobierno de la República transparentó el expediente remitido por el Departamento de Justicia, un asunto que fue ampliamente abordado en la conferencia de prensa de este lunes.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar la investigación de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, causó la ira del gobierno de Estados Unidos que, vía Nicole Navas Oxman, vocera del Departamento de Estado, amenazó con reiniciar el enjuiciamiento.

La fiscalía de Brooklyn acusó al general mexicano de traficar drogas y lavar dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando presuntamente protegió al H-2, un capo surgido de las cenizas del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en declive desde 2010 tras la captura y muerte de sus líderes.