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Autoridades violentaron derechos humanos en proyecto Tajamar: CNDH

A raíz de la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar), en el estado de Quintana Roo, que vulneró el derecho a un ambiente sano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a diversas autoridades.

Los involucrados en dicha recomendación son: el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; el procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alejandro Alonso Reyes, y el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba.

Juez da Tajamar a los ciudadanos y exige restauración a Semarnat; se triunfó contra el abuso: ONGs

La semana pasada un Tribunal Colegiado determinó que la Semarnat debe abstenerse de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fonatur para la construcción del desarrollo hotelero en el Malecón Tajamar. Ahora está obligada a restaurar las zonas de mangle afectadas y no podrá emitir una nueva autorización para ese u otro proyecto. Los activistas involucrados en la lucha por el manglar aseguran que el caso “es un icono que simboliza el abuso de poder, la ilegalidad, el desarrollo no sustentable, la destrucción de la naturaleza, y la destrucción de los valores éticos y morales que queremos dejarles a los jóvenes y los niños”.

Los cancunenses están de fiesta. Celebran que tras una larga batalla, Tajamar regresa a las manos de los ciudadanos y reverdece, no se convierte en una plancha más de cemento e infraestructura para turistas. Festejan que su derecho a un medio ambiente sano por fin se respeta.

SinEmbargo realizó una visita a Cancún, Quintana Roo, y observó que las 57 hectáreas de manglar que estuvieron a punto de convertirse en un enorme complejo turístico, reverdecen nuevamente después de que la madrugada del 4 de enero de 2016, un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Exigen castigo y desaparición de Fonatur por destrucción de manglar Tajamar

El movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” exigió que el gobierno federal desaparezca el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que castigue a los responsables de la destrucción de los humedales en el polígono, luego de que un tribunal en Quintana Roo ordenara la reconstrucción de la zona afectada y obligara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a abstenerse de ejecutar la autorización para remover el manglar de Tajamar y construir el proyecto “Malecón Cancún”.

Los integrantes del movimiento aseguraron que la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito “deja muy mal parada” a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a su titular, Guillermo Haro Belchez, pues mientras la dependencia absolvió a Fonatur de la violación de condicionantes de la autorización de impacto ambiental, el funcionario negó que en Tajamar hubiera manglares y que el sitio, destruido en enero de 2016, no fuera un humedal.

Un incendio destruye parte del manglar Tajamar; Profepa dice que fue imprudencial

El incendio afectó tres hectáreas del manglar. Activistas señalan que fue provocado pues se busca la explotación comercial de la zona.


Un incendio destruyó cerca de tres hectáreas de manglar de la zona del Malecón Tajamar.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció que el incendio fue imprudencial, dadas las características y pruebas halladas en el lugar.

La dependencia detalló en un comunicado que inspeccionó desde el 19 de marzo de 2017 por la noche la zona del incendio en  el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y constató el resultado de la quema de residuos vegetales en estado seco, en dos puntos situados en el extremo norte de la Calle Rambla.

La Profepa emitió resolución de Tajamar tras las elecciones para proteger al PRI, acusan activistas

De acuerdo con activistas, el caso de Tajamar no está perdido. Lo único que pasó, dicen, es que dentro de este proceso se perdió la confianza la Profepa porque no cumplió su trabajo a tiempo y además espero el término de las elecciones para anunciar que el desmonte en la zona fue “legal” y proteger al PRI, partido que gobierna en Quintana Roo. “Nadie puede entrar al manglar”, aseguraron, y esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. “Esto sigue en proceso, y primero tendrán que resolverse 20 amparos más los que se acumulen”, afirmaron.

La remoción de vegetación en Tajamar, realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el 16 de enero de 2016, se llevó a cabo bajo el amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente, dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el martes pasado. Pero Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución tuvo tintes políticos de cara a las elecciones del pasado domingo 5 de junio.
“Evidentemente, la Profepa esperó a que pasaran las elecciones porque si hubieran sacado la resolución antes se hubiera entendido que el Gobierno de Quintana Roo, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), estaba a favor de la destrucción en Tajamar y en contra de la ciudadanía”, acusó.
La activista expuso que la Profepa está blindando a Fonatur contra posibles demandas de tipo penal y civil de los compradores de los terrenos en el manglar, “porque con este resolutivo le quitan a Fonatur todo el riesgo de que tuvieran que regresar el dinero [a los empresarios], ya que ellos cumplieron con todo”.

Domínguez aclaró que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, el Manglar Tajamar no se encuentra en riesgo.
“Queremos aclararle a la sociedad que esto no quiere decir que el caso se perdió. Quiere decir que dentro del proceso perdimos total confianza en Profepa porque no cumplió con su trabajo”, subrayó. Nadie puede entrar al manglar. Esto no quiere decir que mañana pueden empezar a construir. Esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. Esto sigue en proceso, y primero tendránn que resolverse 20 amparos más los que se acumulen”, agregó.

El 26 de enero pasado, funcionarios de la dependencia federal se presentaron en el terreno de 59 hectáreas, o sea, 10 después de lo que ambientalistas calificaron como un “ecocidio”, donde especies fueron enterradas vivas, otras sufrieron heridas y el resto quedó en medio de un manglar devastado, sin hábitat.

Por ello, la representante de Salvemos Manglar Tajamar, criticó el actuar de la dependencia.

“La Profepa asegura que realizó una profesional vigilancia, pero en realidad pasaron 10 días de la devastación para que ellos visitaran Tajamar, para que ellos realizaran una visita de inspección, después de 10 días claro que las cosas habían cambiado completamente y por supuesto que no pudieron hacer una inspección adecuada, correcta ni fidedigna”, dijo.

Los abogados analizan en este momento las acciones que emprenderán ante el resolutivo de 641 páginas que les entregó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:

“Es importante analizar pros y contras de cada uno de los procedimientos de apelación, aunque tenemos procedimientos para poder hacerlo. Vamos a tomarnos el tiempo, esto lo acaban de entregar y merece la pena hacerlo con calma y tenemos 15 días para hacerlo, la semana entrante estaremos viendo qué es lo más conveniente”, comentó.
RIDÍCULA, RESOLUCIÓN DE PROFEPA: ONGS

Ante la resolución de la Profepa, en la que aseguró que el desmonte del manglar Tajamar fue legal, Greenpeace México y Salvemos Manglar Tajamar consideraron que “es una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar y dé por hecho que el Fonatur actuó dentro del marco legal cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso”.

Mediante un comunicado, los activistas acusaron que con sus acciones, la Procuraduría cada vez pierde más credibilidad:
“En un país donde las propias instituciones de Gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, señaló.
Aunado a esto lamentaron que el organismo justifique los daños al ecosistema primordial para la conservación de los mares, donde vive una gran cantidad de especies y que además funge como barrera natural contra las inundaciones, por lo que actúa como un muro contra huracanes.

“Contar con manglares sanos es proteger también la vida en los océanos”, aseguraron.

En 2007, la Ley General de Vida Silvestre protegió el manglar por su valor ecosistémico, pero eso nada importó porque dos años antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fonatur obras en Tajamar y éste decidió ejecutarlo una década después, pese a que el marco legal mexicano cambió y ya protege la zona, subrayaron las organizaciones.

“El criterio de la Profepa es obsoleto ya que toma consideraciones de hace una década pese a que la legislación se ha actualizado para brindar mayor protección a este tipo de ecosistema, y al mismo tiempo, la visión y entendimiento por parte de la sociedad en general, la sociedad científica e inclusive el sector gubernamental cambió dándole al manglar un estatus de ecosistema esencial para la ecología y bienestar de las comunidades costeras de todo el país que hoy las autoridades intentan minimizar”, acusaron.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052374

El desmonte de Tajamar “fue legal” y no hubo daño alguno: Profepa; es ofensivo: ecologistas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resolvió que la remoción de vegetación en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar en Cancún, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización vigente. La obra enfrenta a ecologistas y autoridades en esa ciudad, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el “verde” “ecologista” Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del manglar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que la remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún, en Quintana Roo, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente.
“Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)“, indicó la agencia ambiental.

Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, acusó en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución “es ofensiva para la inteligencia de los cancunenses. Es muy desafortunada y nada confiable”.

La activista comunicó que ayer por la tarde fue citada para comparecer, donde autoridades de la Profepa le entregaron un resolutivo de más de 150 páginas, mismas que hoy analizarán en reunión con abogados y activistas  involucrados en el caso Tajamar.

Después de ello, determinarán qué acciones emprenderán, aunque afirmó que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, Tajamar no se encuentra en riesgo.

Los inconformes cuentan con quince días para presentar  recursos de revisión y apelación, informó Domínguez.

Por su parte, Greenpeace consideró una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar Tajamar por considerar que se trata de un acto legal, cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso.
“En un país donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental, se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, subrayó la organización.

En un pronunciamiento emitido hoy, Greenpeace destacó que México firma convenios internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad pero permite la destrucción en Tajamar donde habitan especies en diferentes categorías de riesgo catalogadas en la NOM-059 para la protección ambiental y para completar la ironía en este marco de catástrofe, Cancún será la sede de la 13 Conferencia de las partes del Convenio de la Diversidad Biológica a finales de este año.

La Profepa dijo en un comunicado que tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, agentes de la dependencia en el estado de Quintana Roo realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero, “instaurándose un procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la autorización en materia de impacto ambiental otorgada en julio de 2005”.

Adicionalmente, la dependencia consideró las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante su delegación en Quintana Roo, “las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo”.

Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales en relación con la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción de vegetación, y en fecha posterior a ese acto.

Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, “acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar”.
“Por todo lo anterior, la Profepa resolvió que la remoción de vegetación se realizó al amparo de la autorización en materia de impacto ambiental vigente al momento de su ejecución, así como que no existieron indicios de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, apuntó.

La madrugada del sábado 16 de enero, policías municipales y estatales ingresaron a los terrenos ubicados en el Malecón Tajamar para reanudar la construcción de unos desarrollos inmobiliarios promovidos por el Fonatur.

Ciudadanos han denunciado que en la zona hay especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059.


El Proyecto Malecón Tajamar enfrenta a ecologistas y autoridades en Cancún, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo.

El conflicto viene por el hecho de que los permisos para remover la vegetación fueron emitidos antes del decreto promulgado en 2007 por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que protege el manglar e impide la construcción de cualquier proyecto en zonas donde se encuentre este tipo de ecosistema.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el verdeecologista Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del Manglar Tajamar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.

Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.

El Malecón Tajamar, ubicado en la cabecera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, se colocó en el ojo público luego de que el 90 por ciento de sus terrenos fueran devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.

SinEmbargo publicó una nota en enero pasado donde reveló que la dependencia entregó Tajamar a empresas ligadas a políticos.

En el caso de la Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.

Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab.


Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051863

Un estudio irregular de Semarnat dejó sin protección el manglar Tajamar

En mayo de 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales divulgó un estudio oficial en el que detallaba los argumentos técnicos y científicos para justificar la separación de Tajamar.

En mayo de 2005, las autoridades federales mexicanas presentaron los argumentos científicos que justificaban la creación del área natural protegida Manglares de Nichupté, en Quintana Roo, una reserva ecológica dentro de la cual quedarían resguardados los manglares de la zona, amenazados por la expansión del complejo turístico de Cancún.

En ese momento, sin embargo, ante la opinión pública pasó desapercibido un hecho que, 10 años después, vendría a generar la indignación del país entero: al establecerse la reserva natural de Nichupté, se había dejado sin protección una franja de 70 hectáreas de manglar que, inmediatamente, fue lotificada y vendida en el mercado inmobiliario.

Esa franja de 70 hectáreas de manglar es hoy conocida como Tajamar, zona en donde la Secretaría de Turismo y un grupo de inversionistas privados planean construir ahí un complejo turístico, que albergará centros comerciales, auditorio de convenciones, residencias y departamentos particulares, un malecón, una basílica e, incluso, un parque público, para todo lo cual será talado y rellenado el manglar original, obras detenidas, hasta ahora, sólo por la oposición de la ciudadanía.


Para conocer cuáles fueron los argumentos técnicos y científicos empleados por las autoridades federales, para justificar la separación de Tajamar del resto de los manglares que se convertirían en reserva ecológica, Animal Político solicitó una copia del estudio oficial divulgado en mayo de 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a continuación te presentamos algunas irregularidades detectadas.



1. Generación espontánea

El documento que contiene estos argumentos científicos se denomina “Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Manglares de Nichupté”, y en su caráturla va estmpado el logotipo tanto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como de su área encargada de las reservas naturales, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En el estudio, sin embargo, se aclara que este documento no fue elaborado por especialistas de ninguna de estas dependencias de gobierno, sino que fue realizado por la “empresa” Ecología y Restauración SC.
Cuando se consultó a Semarnat y a Conanp bajo qué criterios eligieron a esta empresa para que realizara dicho estudio, y bajo qué términos fue contratada, la respuesta fue que “no se localizó documento alguno que acredite que esta dependencia del Ejecutivo Federal haya realizado la contratación” referida.

Según el “memorandum F00.9 DRPYyCMUJR.-036/2016”, escrito en hoja foliada con los logotipos tanto de Semarnat como de Conanp, quien contrató a la empresa Ecología y Restauración SC para elaborar el estudio ambiental no fue, en realidad, ninguna autoridad ambiental, sino “el Fondo Nacional de Fomento al Turismo”.

Este solo hecho representa una violación el artículo 45 del “Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas”, según el cual, la única autoridad facultada para realizar o para encargar la realización de estos estudios es, precisamente, la Semarnat, nunca una autoridad turística.

Pese a ello, siguiendo la información proporcionada por autoridades ambientales, se consultó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (que pertenece a la Secretaría de Turismo federal) bajo qué criterios eligió a la empresa Ecología y Restauración, y cuáles fueron los acuerdos establecidos para su contratación; sin embargo, el Fonatur, nuevamente, informó que “no se han realizado contrataciones” con dicha firma.

Fue así como tanto las autoridades turísticas como las ambientales, ambas a nivel federal, negaron la paternidad del “Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del Área Natural Progegida Parque Nacional Manglares de Nichupté”, aunque sí respaldan sus resultados.

Tampoco proporcionaron alguna explicación oficial sobre la forma en que ese estudio llegó a manos de las autoridades federales, o cómo se verificaron sus resultados.

No obstante, en 2008, usando como base dicho “estudio”, el entonces presidente Felipe Calderón decretó la creación del área natural protegida Manglares de Nichupté, dejando a Tajamar a merced del mercado inmobiliario, .

2.- Empresa fantasma

Aunque la empresa Ecología y Restauración SC elaboró el estudio gubernamental sobre los manglares de Nichupté, esta firma no ha sido proveedora autorizada del gobierno federal, al menos de 2002 a la fecha, tal como revelan los registros de prestadores de bienes y servicios que ha contratado el gobierno desde entonces, y que pueden consultarse a través del sistema Compranet, de la Secretaría de la Función Pública.

Por esta misma razón, en las bases de datos del gobierno no existen registros sobre la dirección, teléfono o nombre de algún responsable de esta empresa, que permitan verificar su existencia.

En el estudio de Semarnat-Conanp sobre los manglares de Nichupté, la empresa Ecología y Restauración SC se presenta, también, como ECO RED, y afirma haber realizado en el año 2000 el proyecto de restauración de las Laguna de Bojórquez, también en Cancún.

A través de una búsqueda en internet, pudo localizarse una empresa denominada Ecología y Restauración SC, sin embargo, no cuenta con oficinas y el número telefónico que se proporciona es, en realidad, el de un domicilio particular ubicado en el Estado de México, en el que negaron cualquier vínculo con esta empresa.

También a través de internet, se localizó una segunda firma denominada ECO RED SA de CV (segundo nombre usado por Ecología y Restauración SC, en el estudio de Semarnat), que se atribuye la restauración ambiental de la misma Laguna Bojórquez.

Ante esta coincidencia, Animal Político se comunicó con ECO RED SA de CV para saber si se trata de la misma empresa que elaboró el estudio gubernamental sobre los manglares de Nichupté, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.

Cabe destacar que, al igual que Ecología y Restauración SC, la empresa ECO RED SA de CV tampoco es proveedor autorizado del gobierno, no cuenta con oficinas, ni con teléfono de atención al público.

3.- Errores técnicos

Según el artículo 45 del “Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas”, un requisito obligatorio para el establecimiento de cualquier reserva natural es que antes se realice un “estudio previo justificativo”, que fundamente “el tipo de área natural protegida que se pretenda declarar”.

Pero en el caso de Nichupté, este apartado legal no fue respetado.

Como ya se mencionó, esta reserva natural recibió la categoría de “Área de Protección de Flora y Fauna” en 2008, sin embargo, el estudio realizado no justifica dicho estatus, sino que, como señala su mismo título, contiene argumentos técnicos para crear un “Parque Nacional”.

Este mismo Reglamento obliga a que el estudio realizado contemple las “razones que justifiquen el régimen de protección” asignado al área natural, sin embargo, el documento presentado por Semarnat-Conanp no establece ninguna razón para crear un “parea de protección de flora y fauna”.

Así, en los hechos, las autoridades federales nunca cumplieron con el requisito de presentar un estudio acorde con la figura legal que finalmente fue asignada a la reserva ecológica de Nichupté.

La diferencia entre ambas categorías es amplia: mientras que en un área de protección de flora y fauna está permitida la explotación comercial de los recursos naturales, en un parque nacional está prohibida toda actividad productiva, ya sea el turismo o la explotación económica de recursos naturales.

Por otra parte, el mismo Reglamento establece que, independientemente de la categoría que se pretenda asignar a una reserva ecológica, los estudios previos justificativos deben señalar el “estado de conservación de los ecosistemas” de la zona.

Según la misma Ley General de Equilibrio Ecológico, es el grado de conservación o deterioro lo que define si si un área natural puede ser declarada reserva ecológica o no. Por lo tanto, para exlcuir a Tajamar del resto de la zona protegida, debían presentarse pruebas científicas de que el deterioro de esa franja había anulado su condición de manglar.

No obstante, el estudio de Semarnat-Conanp –elaborado por Ecología y Restauración SC– no establece cuál es el estado de conservación de la parte del manglar Nichupté que hoy se conoce como Tajamar y, por lo tanto, tampoco aporta elementos técnicos o científicos que justificaran excluir esa franja de manglar del resto de la zona protegida.


Por el contrario, imágenes satelitales de la región evidencian que el manglar de Tajamar se mantuvo en buen estado de conservación al menos hasta 2010, cuando comenzó el “desmonte” del manglar, con autorización de Semarnat.



Esas imágenes prueban que, para 2008, Tajamar era una sección sana del manglar Nichupté, y que no existían razones científicas para excluirlo de la reserva ecológica.


A continuación, se presenta de forma íntegra el estudio previo justificativo de Nichupté, elaborado por Ecología y Restauración SC, proporcionado a Animal Político por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Semarnat.

Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Manglares d…



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/un-estudio-irregular-de-semarnat-dejo-sin-proteccion-el-manglar-tajamar/

Tajamar, turismo depredador avalado por autoridades ambientales

La Semarnat sí tuvo conocimiento previo de la “irremediable pérdida” de mangle y de especies de fauna en Tajamar, revela la manifestación de impacto ambiental. Ante el aval de autoridades ambientales a la depredación, la sociedad presentó 14 amparos contra el proyecto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tenía conocimiento de la “irremediable pérdida” de mangle y de especies de fauna en Tajamar, Quintana Roo, revela la manifestación de impacto ambiental modalidad particular. Anteproyecto Malecón Cancún (MIA-P), de la que Contralínea tiene copia.

El sitio, de más de 70 hectáreas, comenzó a urbanizarse desde 2006. Éste alberga 62 especies vegetales y es hábitat de 32 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pese a ello, la autoridad ambiental no encontró inconveniente respecto de la construcción del megaproyecto inmobiliario Malecón Cancún.


Por la arbitrariedad y la destrucción, registrada a mediados de enero de 2016, la sociedad civil ha presentado 14 amparos en contra del proyecto de los cuales se han obtenido dos suspensiones definitivas y una provisional. Con ello se imposibilita a autoridades y particulares a ejecutar cualquier obra en el manglar Tajamar.
La manifestación de impacto ambiental

Elaborada por la empresa Ingeniería del Medio Ambiente, SA de CV (Imasa), a petición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la MIA-P fue ingresada para su evaluación el 10 de febrero de 2005 al Centro Integral de Servicios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.

En una de las 445 fojas que integran el expediente se lee: “Se señala a la autoridad ambiental que el predio que ocupa el proyecto formará parte de una zona urbana donde el espacio natural será reemplazado en su totalidad”.

Cinco meses después, el 28 de julio de 2005, mediante el oficio S.G.P.A.lDGIRADEI.1855.05, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) emitió la autorización condicionada.

La DGIRA no encontró inconveniente alguno en aprobar la construcción del proyecto inmobiliario Malecón Cancún sobre un predio que contenía 37.61 hectáreas de vegetación hidrófila; 11.49 hectáreas de vegetación terrestre; y 9.66 hectáreas de espejos de agua y terracería.

Sitio de 58.76 hectáreas que además, según la propia manifestación, albergaba 62 especies vegetales, entre ellas el manglar de Conocarpus-Rhizophora, el manglar mixto inducido y el manglar primario, con estatus de protección especial de conformidad con la Norma 059 de la Semarnat (NOM-059-SEMARNAT-2010).

La poligonal es también hábitat de 32 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En el predio, según documentó la propia empresa Imasa, destaca la presencia constante de la iguana rayada (Ctenosaura similis), la rana leopardo (rana berlandieri) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreleti) que cuentan con estatus de protección. Entre las especies más comunes también están los anolis (Anolis sericeus y Anolis sagrei), que habitan principalmente en las zonas con tierra firme.

En el caso de las aves, observaron con frecuencia al carpintero cheje (Melanerpes aurifrons), la garcita blanca (Egretta thula), la garcita verde (Butorides virescens), el garzón blanco (Casmerodius albus), la paloma alablanca (Zenaida asiática), la papamosca triste (Myiarchus tuberculifer) y al vireo manglero (Vireo pallens).

Mientras que las especies de mamíferos más frecuentes son el tlacuache (Didelphis virginiana) y el mapache (Procyon lotor).

En suma, Imasa contabilizó nueve especies bajo algún estatus de protección: siete con categoría de protección especial y dos con categoría de especie amenazada.

No obstante los hallazgos, la manifestación concluyó que “las especies con algún estatus de protección registradas cuentan con una amplia distribución en la entidad; de tal manera que los cambios a nivel regional y en el sitio con seguridad no afectarán sus poblaciones y, en consecuencia, no se verán amenazadas por la realización del proyecto”.
Devastación de Tajamar, desde 2006

Un año después, cuando la Semarnat autorizó para el proyecto el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, siendo todavía titular José Luis Luege Tamargo, inició la dotación de infraestructura. En el lugar se construyeron vialidades, guarniciones y banquetas; se instaló el drenaje sanitario y pluvial; electrificación, alumbrado público, y la lotificación de los terrenos en venta.

Las obras dieron inicio el 22 de mayo de 2006, tal como le informó Guillermo Guzmán Núñez, subdirector de Proyectos y Estrategia de Desarrollo del Fonatur, al biólogo Ricardo Juárez Palacios, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

En el oficio SPED/GGN/028-2007 –del cual Contralínea posee copia–, Guzmán Núñez comunicó además que, debido a la necesidad de gestionar la totalidad de las autorizaciones para su construcción, los trabajos relacionados a la urbanización del proyecto llevan un avance del 20 por ciento en terracerías.

En la misiva de dos páginas, fechada el 15 de enero de 2007, el funcionario del Fonatur refirió que para continuar la construcción de las obras, se requeriría tiempo adicional, por lo que le solicitaba la ampliación de la vigencia de la autorización por un periodo de 24 meses.

De no obtenerse dicha ampliación, “se ocasionarían perjuicios de carácter ambiental, económico y social, ya que esta zona se encuentra en proceso de transformación”.

Al respecto, abundaba: “el área donde se construirán las calles se encuentra a nivel de terracería, lo cual, presenta oportunidades para la invasión de terrenos y su ocupación sin control de la disposición de desechos. En el aspecto económico, se convertiría en una pérdida de 30.48 millones de pesos invertidos hasta la fecha; al no concluir con la dotación de los servicios a los lotes para su comercialización y posterior ocupación, se dejarían de crear empleos asociados a la construcción y la operación de esta zona urbana; asimismo en lo social, la ciudad de Cancún perdería la opción de tener una ventana hacia el Sistema Lagunar Nichupté y de concentrar los servicios de la administración pública municipal”.

No fue la única ocasión que el Fonatur solicitó ampliaciones o modificaciones a la Semarnat. Al argumentar “mediciones más precisas del mismo polígono”, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo pidió –mediante el oficio SPED/JFAJ/508-2007, del 11 de julio de 2007– la aprobación de la Semarnat para aumentar la superficie de 58.76 hectáreas a 74.24, mismo que le fue otorgado.

Según informó el propio Fondo, 2 años después, en 2009, se aprobó la ampliación del plazo de vigencia de la autorización en materia de impacto ambiental y de uso de suelo, con fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2016.
La prisa del turismo depredador


Así, 23 días antes de que vencieran ambas autorizaciones, la madrugada del 16 de enero de 2016, se reanudaron las obras de desmonte y chapeo en Tajamar bajo estricto resguardo policial.

Durante 4 días, maquinaria pesada entró y arrasó con más del 90 por ciento de la reserva ambiental, acusó la asociación Salvemos al Manglar Tajamar. De acuerdo con la organización, a las 4 de la madrugada del sábado 16 de enero, alrededor de 50 camiones con material, pipas de agua y retroexcavadoras ingresaron al manglar Tajamar para rellenar, devastar y tratar de “rescatar” la flora y fauna que ahí existía.

A través de su perfil en Facebook, Salvemos al Manglar Tajamar denucnió que a pesar de que la Dirección de Ecología dijo haber supervisado el rescate de flora, “todos somos testigos de que esto es falso y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no concluyó con el rescate de fauna, ya que se detectó la presencia de cocodrilos días después de la devastación del lugar”.

El reinicio de las obras fue dado a conocer por el gobierno de Quintana Roo, que explicó que un juez federal dejó sin efecto la suspensión provisional contra dichos trabajos.

No obstante, en noviembre de 2015, el juez Cuarto con sede en Cancún concedió la suspensión definitiva de las obras a favor de 113 niños que promovieron un amparo en contra de la devastación del manglar. La resolución, sin embargo, fijaba una fianza de 20 millones 985 mil 643.89 pesos a los menores, con el objetivo de compensar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a las 22 empresas que edificarían proyectos turísticos en ese lugar.

Hasta el momento, la sociedad civil ha presentado 14 amparos en contra del proyecto Malecón Tajamar de los cuales se han obtenido dos suspensiones definitivas por parte de un juez y una provisional, lo que imposibilita las obras en el manglar Tajamar.
El proyecto

El desarrollo Malecón Cancún forma parte de una cartera de negocios del Fonatur denominado Proyecto de Plan Maestro Malecón Cancún, orientado a generar supuestas alternativas inmobiliarias cercanas a la ciudad de Cancún.

De los estudios de mercado inmobiliario presentados en el Plan Maestro Malecón Cancún, se establece que para 2020 se requerirán en ese destino turístico alrededor de 10 mil viviendas para estratos socioeconómicos medios, por lo que el proyecto podrá satisfacer hasta el 50 por ciento de esta demanda.

Propiedad del Fondo, se localiza en la transición entre la zona turística y urbana de la ciudad de Cancún, con frente a la Laguna Nichupté. El Sistema Lagunar Nichupté es una laguna costera integrada por la Laguna Nichupté; cuatro lagunas periféricas: Bojorquez, Caleta, del Amor y Río Ingles; y dos canales de comunicación con el Mar Caribe, Cancún (Playa Linda) y Nizuc.

En su conjunto, el sistema abarca un área de 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Dicho cuerpo de agua se encuentra protegido del Mar Caribe por una barra de arena, la Isla de Cancún, sobre la que se encuentra construida la zona hotelera.

El Sistema Lagunar Nichupté es utilizado para la recreación de los visitantes y como vía de navegación de embarcaciones menores, con fines básicamente turísticos. En su margen colindante a la zona hotelera se ubican el mayor número de instalaciones náuticas, que operan en ese centro turístico, así como también restaurantes, hoteles, villas y centros comerciales, que aprovechan el cuerpo de agua como escenario natural.

Fonatur ha pretendido desde 1992 instrumentar proyectos de desarrollo en el predio denominado Malecón Cancún. La MIA-P es una actualización del proyecto Malecón Cancún dictaminado como procedente, mediante el oficio D.O.D.DGNRE.4110372, el 5 de agosto de 1992 por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, del Instituto Nacional de Ecología. En éste se había autorizado la construcción de infraestructura urbana para un desarrollo habitacional, turístico, comercial y actividades de dragado.

Según el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la región denominada Sistema Lagunar Nichupté, Cancún, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del gobierno de Quintana Roo, el 30 de noviembre de 1994, se asignaba al área donde se pretendía desarrollar el proyecto el estatus de Aprovechamiento para Desarrollo Urbano y Turístico de Densidad Baja (Unidad Territorial de Gestión Ambiental T-20).

Corresponde a estas unidades una política ecológica de aprovechamiento, con una vocación de uso de suelo apta para desarrollo urbano y turístico de densidad baja (hasta 150 habitantes por hectárea), con criterios de ordenamiento ecológico.

El proyecto Malecón Cancún –un desarrollo inmobiliario promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a ubicarse en el municipio de Benito Juárez– será operado por Fonatur como desarrollo primario (urbanización y dotación de servicios) para posteriormente comercializar lotes urbanizados y servicios a promotores inmobiliarios que los venderán con infraestructura para uso habitacional de densidad baja, de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Sistema Lagunar Nichupté.

Su proceso de desarrollo se planteó en tres etapas: urbanización, lotificación y construcción. De éstas, las dos primeras se evaluaron en la manifestación de impacto ambiental modalidad particular, la tercera etapa correspondiente a la construcción quedó sujeta al cumplimiento de los requisitos ambientales que las autoridades soliciten o requieran, en su momento, a cada uno de los adquirientes de los lotes.

De acuerdo con la descripción incluida en la MIA-P, la vialidad se integrará por 3.3 kilómetros de red primaria, 1.4 kilómetros red secundaria, seis glorietas de 15 metros de diámetro en promedio.




Fuente: Contralínea

Autora: Elva Mendoza

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/02/28/tajamar-turismo-depredador-avalado-por-autoridades-ambientales/